Sentencia Definitiva N° 231/2025

TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE TERCER TURNO. MINISTRAS FIRMANTES: Dras. Mónica Pereira Andrade, María del Carmen Corujo Milán y Lina Fernández Lembo.- MINISTRA REDACTORA: Dra. Lina Fernández Lembo.- VISTOS: Para dictado de sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “SERRANO CACERES JUAN C/PRODOMUS SRL Y OTRO. PROCESO LABORAL ORDINARIO (Ley 18572)”, IUE 2-128372/2024, venidos a conocimiento de este Tribunal por los agravios deducidos contra la sentencia definitiva de primera instancia, Nro 31/2025, dictada por la Señor Juez Letrado del Trabajo de la Capital de 21 turno, Dra. Rossana Canclini. . RESULTANDO: 1) El referido pronunciamiento, falló en lo medular, amparando parcialmente la demanda y en su mérito condenando a Prodomus y Mides este último en forma solidaria a abonarle al actor Juan Serrano Cáceres, la suma liquidada en el Considerando 7, $ 194.384, 50, fs. 294, suma que se encuentra actualizada con sus intereses legales multa debiendo sumarse a su pago el 10% de daños y perjuicios sobre los rubros de naturaleza salarial, debiendo actualizarse hasta su efectivo pago, sin especial condena. 2) Compareció a fs. 297 el Ministerio de Desarrollo Social MIDES, invocando que la recurrida le causa agravio: Por haber asumido competencia la sede A quo, reconociendo que existen posiciones divididas en el punto. Por la solidaridad y la falta de legitimación pasiva. Dice que Mides ejercitó debidamente el derecho a ser informado como se prueba con la documentación aportada en la contestacion de la demanda. Por la legitimación pasiva, porque afirma que durante el proceso quedó demostrado que la codemandada PRODUMUS SRL era quien contrató al trabajador. Lo que fue reconocido por el actor. Y que no tuvo el actor dependencia del MIDES. Estando confesado que el actor recibía órdenes de su empleador. Y que por ello debió acogerse la excepción de carencia de legitimación. Por afirmar que la sentenciante debió considerar los descuentos legales aunque puede entenderse que se difieran a la etapa de liquidación. Pide la revocatoria de la apelada. 3) Se confirió traslado del recurso. 4) A fs. 318 y ss obra comparecencia de la parte contraria a la recurrente quien expresa que no procede hacer lugar a los pretendidos agravios del contrario, por las razones que expresa en el escrito respectivo. 5) Por providencia de 2 de setiembre de 2025, se franqueó la alzada concediéndose la apelación. 6) Recibidos los autos pasaron a estudio sucesivo por imposibilidad material de realizar estudio conjunto por carencia de recursos materiales adecuados a ello. Una vez cumplido el estudio se acordó la presente, que se dicta según lo acordado en el día de la fecha. CONSIDERANDO: 1) La Sala con el número de voluntades legalmente exigidas, unanimidad de sus integrantes naturales, considera que corresponde tener por desistido al recurrente, por cuanto el escrito recursivo no logra articular agravios en sentido técnico. 2) Así, respecto de la cuestión competencial, la apelante no hace sino reiterar los argumentos expresados en su propuesta inicial, sin ningún agregado tendiente a aportar más argumentos que evidencian error de la sentenciante para la presente segunda instancia. Además el escrito recursivo hace referencia a que sería errónea la consideración de la Señora Juez al atribuirle responsabilidad solidaria sustentando dicha conclusión en que su parte no había cumplido con lo dispuesto en los artículos 4to y 6to de la ley, pero al momento de fundamentar el porqué sería errónea la conclusión a la que arribó la Señora Juez A quo, el Mides solo remite a su respuesta inicial de expectativa y reitera los hechos que introdujo en la demanda, sin aportar elementos concretos que configuren un embate crítico fundamentado en las resultancias probatorias de autos, de modo tal de demostrar el error que dice padece la impugnada. En omisión argumental similar incurre el MIDES, al referir a que en la demanda había invocado carencia de legitimación de su parte basado en que quien había contratado al actor era PRODOMUS. Basta la simple lectura del escrito pretendidamente recursivo, contratado ello con la lectura de los fundamentos de la sentencia, para advertir que la sentencia dictada en el grado anterior en profundidad los argumentos de la parte demandada al apelar. Respecto de la legitimación de la demandada la A quo realiza un análisis preciso basado en que responde el MIDES en base a las leyes de tercerización, mientras que al apelar sin siquiera considerar dichos argumentos el MIDES se limita a reiterar una vez más que no fue empleador directo del actor. Lo que resulta absolutamente irrelevante para considerar que estemos ante un agravio en sentido técnico, porque el fundamento de la condena no se basó en atribuirle al Mides la calidad de empleador directo, sino una responsabilidad de fuente legal. El desajuste de lo que expresa la recursiva es suficiente para evidenciar la falta absoluta de crítica razonada de los fundamentos de la sentencia que su parte pretende apelar. Sin éxito. El desajuste entre el contenido de la sentencia y los argumentos expresados en el escrito que pretende impugnarla es total, y la parte condenada ningun análisis hace los fundamentos de la sentencia. Por lo tanto estamos ante una no apelación. Lo mismo ocurre respecto de no considerar la sentencia apelada eventuales descuentos o retenciones. Lo cual incluso la recurrente admite que puede no corresponder a la presente etapa. Entonces no hay expresión de agravios ni escrito de apelación fundado, con el alcance que requiere el articulo 253.1 C.G.P. Basta con la simple lectura del escrito recursivo y por el modo en que la demandada pretendió estructurar su memorial de agravios, para considerar que la parte incumple con el requisito de que la apelación debe ser fundada. Ello, con el alcance que la jurisprudencia de las Salas especializadas otorga a dicha exigencia. De larga data la doctrina y jurisprudencia han establecido las pautas para analizar lo requerido en el artículo 253.1 C.G.P. Aplican por lo tanto al ocurrente, las consideraciones vertidas en caso análogo, por diversos Tribunales de Apelaciones, ante la carencia de fundamentación del recurso de apelación, como se verifica en autos; “Ha tenido oportunidad de señalar esta misma Sala y otras de las materias civil y laboral que: “la expresión de agravios debe ser un examen crítico del pronunciamiento recaído, que examine los fundamentos de la decisión y analice concretamente el supuesto de error “in iudicando”, para concluir fundamentando la necesidad de que el fallo sea revisado. Ello, debido a que el reexamen en la alzada no se justifica únicamente mediante la reiteración de pretensiones deducidas y mantenidas a lo largo del juicio sino también por la referida impugnación crítica que ponga en entredicho la decisión de primer grado atacando sus bases fácticas y jurídicas (antecedente sent. Nº 47/00; AJL., 2000, c. 66; PALACIO, Manual de Derecho Procesal, t. 2, p. 138-139; 352/02; AJL. 2002, c. 30; 438/02; AJL. 2002, c. 32; 147/03; AJL. 2003, c. 58). SEF-0014-000171/2014, BJN pública) “En la misma línea se ha considerado: “Que liminarmente entiende la Sala que en el recurso promovido se reiteran los contenidos del escrito de contestación y de alegato, lo cual deja en evidencia la insuficiencia del planteo revisivo.- Es sabido que “la expresión de agravios constituye una necesidad, puesto que constituirá la medida de la apelación (‘la pretensión de la segunda instancia’), dentro del régimen dispositivo que nos rige. Inclusive en el Derecho positivo uruguayo (Código General del Proceso) se establece que todo escrito (introductorio) de apelación debe ser fundado y que si así no lo fuera se ‘tendrá por desistido’ (Vescovi, Derecho Procesal, tomo VI volumen 2 página 127).- La Jurisprudencia vernácula al respecto precisa que “La expresión de agravios no constituye una simple fórmula carente de sentido, sino que exige un análisis pormenorizado de la sentencia que causa perjuicio a la parte, por medio de una crítica razonada del pronunciamiento antecedente, demostrando los motivos que se tienen para considerarla errónea, refutando en forma clara y concreta las conclusiones de hecho o aplicación de derecho. En consecuencia, debe reputarse como una inobservancia a la carga de fundar el recurso de apelación, la mera disconformidad con la sentencia; con lo cual no existe fundamento alguno para modificar las conclusiones del primer grado.” (cfm. sentencia del T.A.C. de 1er. Turno Nro. 67/97 citada en la R.U.D.P. Nro. 3-4/1998, summa 264, página 385).- (cf. de esta Sala: SEF-0014-000171/2014, BJN pública). Esta Sala especializada de 3er Turno en Sentencia Nº 47 de 2/3/2000 con diferente integración (Dres. Piatniza, Molinari y Gómez Franco) en criterio compartido por quienes suscriben la presente se afiliaba al criterio de referencia. En cuanto al alcance que corresponde asignar al articulo 253.1) C.G.P y a la exigencia de que el recurso sea “ fundado” nada obsta actualmente y luego de la entrada en vigencia de la ley 18572 y modificativa posterior, a la aplicación de los dispuesto por la disposición establecida en el Código General del proceso en el punto. Pues también la ley especial, 18572, en su texto contiene la exigencia de que el recurso de apelación tiene que ser “fundado” para ser admisible. (articulo 17 inciso lro.) lo que remite al concepto de “fundado” desarrollado por la doctrina y jurisprudencia en base al ya mencionado artículo 253.1 C.G.P. Ante la carencia de fundamentación la consecuencia jurídica no es otra que tener al recurrente por desistido del recurso en los puntos afectados por la carencia referida. Situación que es la que se verifica en estos autos. Y es suficiente por sí para sellar negativamente la suerte del agravio”. Las razones antedichas determinan la sinrazón de la apelación planteada. Lo que conlleva implícitamente la integra confirmatoria de la sentencia apelada. La conducta procesal de las partes no amerita especiales condenas procesales en costos en el grado. Las costas de oficio. Por los fundamentos expuestos y lo dispuesto en las normativas precitadas y lo dispuesto en los artículos 197 y 198 C.G.P, 17 y 18, 30 y 31 Ley 18572, el Tribunal; FALLA: CONFIRMASE LA SENTENCIA APELADA. SIN ESPECIALES CONDENAS PROCESALES EN COSTOS, COSTAS DE OFICIO. NOTIFÍQUESE Y OPORTUNAMENTE DEVUÉLVANSE LAS ACTUACIONES A LA SEDE DE ORIGEN. REGISTRE LA SECRETARÍA DE LA SALA LOS DÍAS INHÁBILES Y LAS LICENCIAS DE QUE HUBIERAN HECHO USO LOS FIRMANTES DE LA PRESENTE Y REMÍTASE COPIA DE LA PRESENTE POR MEDIO IDÓNEO A QUIEN DICTÓ LA SENTENCIA IMPUGNADA. DRA. LINA FERNÁNDEZ LEMBO- MINISTRA. DRA. MÓNICA PEREIRA ANDRADE- MINISTRA. DRA. MARÍA DEL CARMEN CORUJO MILÁN- MINISTRA. ESC. VERÓNICA LAMELA SANTURIO- SECRETARIA LETRADA SUBROGANTE.-