Sentencia Definitiva N° 234/2025

TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE TERCER TURNO MINISTRAS FIRMANTES: Dras. Lina Fernández Lembo, María del Carmen Corujo Milán y Mónica Pereira Andrade.- MINISTRA REDACTORA: Dra. Mónica Pereira Andrade.- VISTOS: Para Sentencia Definitiva de Segunda Instancia estos autos caratulados: “TORRES, ZAHORI c/ MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA y otros- PROCESO LABORAL ORDINARIO (LEY 18.572)”, IUE 2-5190/2025, venidos a conocimiento de la Sala en virtud de los recursos de apelación interpuestos contra la Sentencia Definitiva N°48/2025 de 30 de junio de 2025, dictada por el Sr. Juez Letrado de Trabajo de la Capital de 5° Turno, Dr. Luis Fourment. RESULTANDO: 1) La Sentencia recurrida, a cuyo correcto relato de antecedentes cabe remitirse, desestimó las excepciones opuestas. Y amparó parcialmente la demanda y en su mérito, condenó a PRODOMUS SRL, ANTEL y MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (MIDES) (como responsables solidarios) y al MINISTERIO de INDUSTRIA ENERGIA y MINERIA (MIEM) (como responsable subsidiario), al pago al actor de los montos y conceptos detallados en la Sentencia, más reajustes e intereses, desde su exigibilidad hasta su efectivo pago, más 10% por daños y perjuicios preceptivos y la multa. Dispuso se tenga presente lo expresado en el numeral 105. 2) A fs. 330/335 compareció el representante de la parte co-demandada MIDES interponiendo recurso de apelación contra la referida Sentencia, deduciendo agravios porque se desestiman las excepciones de incompetencia de la Sede e inadecuación del trámite, falta de legitimación pasiva y por la condena solidaria. También se agravia por la falta de sustanciación de los rubros, la condena por IPD y por montos nominales. Y el porcentaje fijado por daños y perjuicios preceptivos. 3) A fs. 341/346 comparece la representante de la co-demandada ANTEL interponiendo recurso de apelación contra la referida Sentencia, deduciendo agravios por la atribución de responsabilidad solidaria a su respecto; el acogimiento de rubros no acreditados y falta de sustanciación de la demanda. Por la condena al pago de la multa y daños y perjuicios. 4) Por decretos N°1547/2025 y 1611/2025 se confirió traslado de los recursos interpuestos, siendo evacuados por la representante de la parte actora a fs. 352/357 solicitando se confirme la sentencia recurrida. 5) Por providencia N°1882/2025 se franquearon los recursos de apelación, con efecto suspensivo, ante el Tribunal de Apelaciones de Trabajo que por turno corresponda. 6) Recibidos los autos en el Tribunal, se dispuso el pasaje de los mismos a estudio de las Sras. Ministras, el que se llevó a cabo en forma sucesiva por imposibilidad material y técnica de realizarse en forma simultánea. Una vez reunido el número de voluntades legalmente requerido (art. 61 Ley 15.750) se acuerda el dictado de Sentencia en el día de la fecha. CONSIDERANDO: 1) La Sala por la voluntad coincidente de sus integrantes naturales, adopta solución en los términos, por los fundamentos y con el alcance que a continuación se expresan. 2) Por una razón de orden lógico se analizará en primer término el agravio de la parte co-demandada MIDES por la desestimatoria de la excepción de incompetencia de la Sede en razón de materia e inadecuación del trámite. El agravio no es de recibo. Cabe establecer que el recurso reitera los contenidos de la contestación de demanda, lo cual deja en evidencia la insuficiencia del planteo revisivo. En efecto, desde el punto de vista adjetivo o procesal, el recurso planteado por el MIDES no está debidamente fundado, por cuanto la administración estatal no analiza ni critica la Sentencia de Primera Instancia y sólo se limita a transcribir citas jurisprudenciales y doctrinarias, reiterando argumentos expuestos en la contestación de demanda que no fueron recibidos en la Sentencia, sin agregar ni un solo fundamento o razón para demostrar el error en el razonamiento del sentenciante a quo. Compulsada la apelación, no se advierte ni un sola referencia a la decisión de primera instancia, sino que la misma se limita a citar sentencias, sin explicar cómo las mismas pueden llegar a incidir o demostrar el error en el razonamiento y conclusión a la que arribó el Sr. Juez a quo. Asimismo, el escrito recursivo dentro de lo que tituló como agravios por el tema de la competencia, articula hechos y cita jurisprudencia en torno al tracto procesal seguido en el expediente bajo la estructura del proceso ordinario del CGP, sin referencia alguna a lo decidido en la Sentencia de Primera Instancia. Desde este punto de vista considera la Sala que la parte incumple con el requisito de que la apelación debe ser fundada. Doctrina y jurisprudencia han establecido las pautas para analizar lo requerido en el artículo 253.1 del CGP. Ha tenido oportunidad de señalar esta Sala y otras de las materias civil y laboral que: “la expresión de agravios debe ser un examen crítico del pronunciamiento recaído, que examine los fundamentos de la decisión y analice concretamente el supuesto de error “in iudicando”, para concluir fundamentando la necesidad de que el fallo sea revisado. Ello, debido a que el reexamen de la alzada no se justifica únicamente mediante la reiteración de las pretensiones deducidas y mantenidas a lo largo del juicio, sino también por la referida impugnación crítica que ponga en entredicho la decisión de primer grado, atacando sus bases fácticas y jurídicas (antecedentes de la Sala Sentencias 47/2000, AJL 2000 caso 66; 352 y 438/2002, AJL 2002 casos 30 y 32; 147/2003, AJL 2003 caso 58). En la misma línea se ha considerado: “Que liminarmente entiende la Sala que en el recurso promovido se reiteran los contenidos del escrito de contestación y de alegato, lo cual deja en evidencia la insuficiencia del planteo revisivo. Es sabido que “la expresión de agravios constituye una necesidad, puesto que constituirá la medida de la apelación (‘la pretensión de la segunda instancia’), dentro del régimen dispositivo que nos rige. Inclusive en el Derecho positivo uruguayo (Código General del Proceso) se establece que todo escrito (introductorio) de apelación debe ser fundado y que si así no lo fuera se ‘tendrá por desistido’ (Vescovi, Derecho Procesal, tomo VI volumen 2 página 127).- La Jurisprudencia vernácula al respecto precisa que “La expresión de agravios no constituye una simple fórmula carente de sentido, sino que exige un análisis pormenorizado de la sentencia que causa perjuicio a la parte, por medio de una crítica razonada del pronunciamiento antecedente, demostrando los motivos que se tienen para considerarla errónea, refutando en forma clara y concreta las conclusiones de hecho o aplicación de derecho. En consecuencia, debe reputarse como una inobservancia a la carga de fundar el recurso de apelación, la mera disconformidad con la sentencia; con lo cual no existe fundamento alguno para modificar las conclusiones del primer grado.” (cfm. sentencia del TAC de 1er. Turno Nro. 67/97 citada en la R.U.D.P. Nro. 3-4/1998, summa 264, página 385; Sent. de esta Sala SEF-0014-000171/2014, BJN pública). Ante la carencia de fundamentación, la consecuencia jurídica es tener al recurrente por desistido del recurso en los puntos afectados por la carencia referida. Situación que se verifica en estos autos y es suficiente para desestimar el agravio en relación a la competencia de la Sede y trámite dado al expediente. 3) Continuando el análisis de los agravios en un orden lógico la parte co-demandada MIDES se agravia por que se desestima la excepción de falta de legitimación pasiva. Considera la Sala que no le asiste razón. Lo expresado por la recurrente en cuanto a que PRODOMUS SRL contrató a la actora y que ésta trabajó bajo la dependencia de la referida co-demandada, no tiene incidencia en lo decidido, puesto que en supuestos de tercerización los trabajadores dependientes de una empresa, desempeñan tareas en beneficio de otra que responde en calidad de garante (art. 1 Ley 18.099), como ocurre en el caso de autos. Todo el agravio de su falta de legitimación pasiva es en realidad estéril, porque se basa principalmente en alegar que MIDES no era el empleador del actor, sin advertir que el referido Ministerio no fue llamado a juicio como “empleador”, sino como “garante” y en el marco de las Leyes de Tercerizaciones. En la apelación reedita los argumentos que expuso al contestar la demanda, defensa que carece de interés, porque no fue condenado como empleador, sino en el marco de las leyes de tercerización y bajo una hipótesis de subcontratación. Y la hipótesis de subcontratación en virtud de la cual fue llamado a juicio, fue reconocida al contestar la demanda al expresar: “Surge de la argumentación de la plataforma fáctica planteada en autos que, en la especie se dieron las notas caracterizantes de la subcontratación…” (fs. 180). Y por tanto que resultan aplicables las leyes 18.099 y 18.251 que regulan la subcontratación laboral. El argumento es, además, contradictorio con lo que expresa luego en la apelación al alegar haber ejercido los controles previstos en la Ley 18.251, incurriendo en postura incompatible. La falta de legitimación carece de todo fundamento en la apelación y procede declarar desistido al recurrente. 4) Otro agravio de la parte co-demandada MIDES lo constituye la condena solidaria dispuesta en el grado anterior. Expresa que ejerció el derecho a ser informado en los meses en que el actor trabajó conforme a la normativa vigente. El agravio no es de recibo. La Sala comparte los fundamentos de la Sentencia para disponer la condena solidaria en cuanto expresa que: “La responsabilidad de MIDES debe ser también solidaria porque nada dijo respecto del mes de abril de 2024 no acreditó el derecho a ser informado respecto de dicho mes (no aportó el recibo de salario del mes de abril). Y ello a pesar de que de la demanda se puede interpretar que el actor trabajó dicho mes en sus dependencias” (fs. 319). Por lo que no se ha demostrado cumplir con un efectivo control, dice que controló, pero no fundamenta nada concreto. Para este agravio es también aplicable lo referido en cuanto a que, ante la carencia de fundamentación, la consecuencia jurídica es tener al recurrente por desistido del recurso en los puntos afectados por la carencia referida. 5) La parte co-demandada MIDES se agravia por la falta de sustanciación de la demanda por no presentar una liquidación por cada co-demandada donde prestó servicios, que le impidió ejercer su defensa. El agravio no es de recibo. Cabe establecer que la Sentencia reconoció que el actor no cumplió adecuadamente la carga de la debida sustanciación de los hechos, ni la liquidación detallada de los rubros por cada organismo demandado (fs. 315). Pero el Sr. Juez A quo hizo un estudio minucioso de los actos de proposición iniciales y las resultancias del expediente para determinar que le correspondía a cada co-demandado, en términos enteramente compartibles por la Sala. 6) El referido Ministerio se agravia por la condena de la indemnización por despido. Señala que la condena es ultrapetita, porque la suma total impuesta a MIDES, ANTEL y MIEM asciende a $ 159.438 (equivalente a $ 53.146 para cada uno), cuando el reclamo de la actora por este concepto fue de $ 70.326 para todas las co-demandadas. El agravio no es de recibo. Cabe establecer que la Sentencia a fs. 324 en el numeral 105 expresó: “Se aclara que le corresponde al actor una unidad de despido y sus incidencias, lo que asciende a $ 53.146,2. Por lo tanto, si percibe la IPD de cualquiera de las co-demandadas no podrá pretenderlo de las restantes, de lo contrario estaría recibiendo más de lo que corresponde”. Lo que también consignó en el fallo. Por lo que a ello habrá de estarse confirmando la Sentencia en el punto. 7) La parte co-demandada MIDES se agravia por la condena por montos nominales. Expresa que la Sentencia establece montos nominales, pero corresponde considerar los descuentos correspondientes por razones de orden público. El agravio no es de recibo. La Sala ha entendido que los descuentos son el cumplimiento de la obligación del patrono cuando alguna norma proveniente de otros sectores del orden jurídico, diversos al laboral le imponen abonar con dinero obtenido por el actor con su trabajo, al empleador, el retener los montos para abonar con ese dinero créditos que gravan al trabajador. Los pagos los hace en puridad a nombre del actor, aunque la Ley le obligue a ello en determinados casos al pago de tributos y contribuciones de seguridad social. Sea como obligado subsidiario o como agente de retención. Pero en la presente etapa del proceso de conocimiento, el cálculo debe recaer sobre los montos adeudados al trabajador, y estos se calculan sobre la base de montos nominales salariales, tal la contrapartida al trabajador por su desempeño, con independencia de lo que el propio trabajador o el patrono deba pagar con ese dinero. Es responsabilidad de los empleadores y otros obligados al pago de créditos laborales el efectuar las retenciones que correspondan por imperio de normas ajenas al proceso laboral. Pero el cálculo del monto a retener para efectuar esos pagos es ajeno al objeto del proceso laboral. Será en todo caso el empleador o los sujetos responsables quienes deberán responder ante el trabajador y ante los organismos recaudadores si no retienen y abonan el monto correspondiente. 8) La parte co-demandada MIDES se agravia por el porcentaje fijado por daños y perjuicios preceptivos, ya que no se acreditaron cargas familiares por la actora. El agravio no es de recibo. El art. 4° inc. 3 de la Ley 10.449 de 12/11/1943 establece: “Por el solo hecho de ser condenado al pago de salarios de acuerdo con este artículo… el patrono o empresario deberá los daños y perjuicios emergentes del no cumplimiento de su obligación, los que serán fijados por el Juez de la Sentencia definitiva, teniendo en cuenta: el número de familiares a cargo del obrero o empleado perjudicado; el tiempo de trabajo durante el cual el trabajador dejó de percibir el salario mínimo correspondiente, y la diferencia entre la tasa de los salarios acordados al trabajador según la planilla y la mínima señalada en el certificado a que se refiere el inciso anterior...”. La Sala considera razonable el porcentaje fijado, teniendo presente los parámetros jurisprudenciales para casos similares. 9) La co-demandada ANTEL se agravia por la responsabilidad solidaria que le es atribuida. Expresa que el nivel de control exigido excede la razonabilidad y la naturaleza de la relación de tercerización. El agravio no es de recibo. La Sala comparte lo argumentado por la Sentencia en cuanto funda la condena solidaria en que releva que el organismo ni siquiera aportó los recibos de salario del actor, documentación básica para controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales por parte del empleador. Y señala que el ejercicio del derecho a ser informada no fue cumplido con la diligencia media del buen hombre de negocios (fs. 319). Afiliándose el Tribunal al criterio doctrinario del control razonable que excluye la simple recepción de documentación por parte del empleador directo. La falta de argumentos del escrito de contestación de la co-demandada en cuanto a controles específicos y la ausencia de prueba susceptible de acreditar controles efectivos vinculados a la situación del expediente, determina considerar, que la responsabilidad de la co-demandada ANTEL ha de ser solidaria por los rubros condenados en autos. La Sala ha sostenido: “La recepción de la documentación referida por las co-demandadas no acredita que hubieran actuado de acuerdo al parámetro de “buen hombre de negocios” en la elección y mantenimiento de sus proveedores de obras, servicios y mano de obra” (Cf. Rosembaun y Castello, obra citada, pág. 158). Los autores de referencia destacan que la empresa “no obraría diligentemente si de la documentación exhibida por estos últimos (alude a los proveedores) se desprendiese que existen irregularidades fácilmente constatables las cuales pasaron inadvertidas para la empresa principal por haberse limitado a requerir la documentación, sin haber realizado un estudio o examen normal o razonable de la misma” y concluyen que “no basta con aportar los documentos mencionados en el art. 4° de la Ley 18.251, sino también acreditar que ha realizado un control razonable de los mismos”. (TAT 3° SEF-0014-000171 de 20/6/2016, AJL 2016 c. 724). Procede entonces confirmar la Sentencia apelada en punto al alcance de la responsabilidad de la codemandada ANTEL. 10) En el agravio referido a la falta de sustanciación de la demanda y la liquidación de los rubros, se estará a lo establecido para la co-demandada MIDES en el agravio relativo al punto. 11) También refiere ANTEL que los rubros multa y daños y perjuicios por su naturaleza punitiva, reparatoria exceden el marco de la responsabilidad por tercerización. El agravio no es de recibo. Las leyes 18.099 y 18.251 implantaron un sistema de responsabilidad que abarca todas las obligaciones laborales sin distinción, por lo que comprende tanto a las obligaciones salariales como indemnizatorias, entre las que se encuentra la indemnización por despido. Cabe tener presente que art. 7 de la Ley 18.251 define las obligaciones laborales alcanzadas por la responsabilidad como aquellas derivadas de la relación de trabajo que surgen, entre otras, de las normas internacionales ratificadas y leyes, por lo que siendo el despido una obligación laboral consagrada legalmente ante la ruptura unilateral del vínculo laboral por el empleador, la misma se encuentra en el presupuesto de la norma. Por tanto, la co-demandada ANTEL resulta responsable en el pago de este rubro. En cuanto a la condena al pago de la multa, se fundamenta en que el art. 1 de la Ley 18.099 establece la responsabilidad de la empresa principal por “las obligaciones laborales”, expresión amplia que comprende todos los créditos laborales, incluidos los daños y perjuicios que preceptivamente se generan siempre que se condene al pago de rubros salariales y la multa que también preceptivamente se genera siempre que se adeuden rubros laborales. A su vez, el art. 29 de la Ley 18.572 dispone: “La omisión en el pago de los créditos laborales generará automáticamente, desde su exigibilidad, un recargo del 10% (diez por ciento) sobre el monto del crédito adeudado”. La norma no distingue entre los diferentes sujetos obligados al pago de los créditos laborales, por lo que no existe fundamento alguno para excluir a la empresa principal responsable en el pago de los créditos laborales generados mientras el trabajador de desempeñó en su beneficio al pago de la misma. En suma, la responsabilidad incluye los créditos laborales y sus accesorios. No hay fundamento para una interpretación restrictiva contraria a la regla in dubio pro operario. 12) La conducta procesal de las partes no amerita la imposición de especiales condenas en costos, siendo las costas de cargo de la demandada condenada (arts. 337 Ley 16.226, 56.1 CGP y 688 Código Civil). Por tales fundamentos, disposiciones legales citadas y así como en los arts. 17 y 18 de la Ley N°18.572, artículo 198 del Código General del Proceso el Tribunal, FALLA: DECLÁRASE POR DESISTIDO AL APELANTE MIDES DEL RECURSO INTERPUESTO EN LO RELATIVO A LA COMPETENCIA DE LA SEDE EN RAZÓN DE LA MATERIA, LEGITIMACIÓN PASIVA Y ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD. CONFÍRMASE LA SENTENCIA RECURRIDA EN LOS RESTANTES PUNTOS DE AGRAVIO DE LAS CO-DEMANDADAS MIDES Y ANTEL. SIN ESPECIAL CONDENA PROCESAL EN COSTOS EN EL GRADO, SIENDO LAS COSTAS DE CARGO DE LA PARTE DEMANDADA. HONORARIOS FICTOS 5 BASES DE PRESTACIONES Y CONTRIBUCIONES A LOS EFECTOS TRIBUTARIOS QUE CORRESPONDIEREN. DRA. MÓNICA PEREIRA ANDRADE- MINISTRA. DRA. LINA FERNÁNDEZ LEMBO MINISTRA. - DRA. MARÍA DEL CARMEN CORUJO MILÁN- MINISTRA.- ESC. VERÓNICA LAMELA SANTURIO- SECRETARIA LETRADA SUBROGANTE.-