Sentencia Definitiva N° 235/2025

TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE TERCER TURNO MINISTRAS FIRMANTES: Dras. Gabriela Rodríguez Fagián, Mónica Pereira Andrade, y María del Carmen Corujo Milán.- MINISTRA REDACTORA: Dra. María del Carmen Corujo Milán.- VISTOS: Para dictado de sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “LESCANO, LAURA C/ ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PRIMERA DE SOCORROS MUTUOS PROCESO LABORAL ORDINARIO (LEY 18.572)”, IUE 2-112250/2024, venidos a conocimiento de este Tribunal, en función de los agravios deducidos contra la Sentencia Definitiva de primera instancia Nro. 29/2025 del 10 de Junio del 2025, dictada por la Señora Juez Letrado de Trabajo de 1er Turno, Dra. María Isabel Rodríguez, obrante a fs. 195/210. RESULTANDO: 1) El referido pronunciamiento, a cuyo relato de antecedentes cabe remitirse en lo medular falló “Amparase parcialmente la demanda y en su mérito, condenase a la Asoc. Española Primera en Socorros Mutuos a abonar a la actora la suma de $ 186.671, reajustes e intereses legales desde la fecha de la exigibilidad de cada rubro y hasta su efectivo pago, 10% en concepto de daños y perjuicios preceptivos más un 10% en carácter de multa legal.” 2) A fs. 212 comparece la parte actora quien dedujo recurso de apelación, manifestando que le agravia que se desestimara el despido común y se entendiera la configuración de abandono de trabajo. Afirma que el Telegrama Colacionado nunca fue entregado, como surge de la constancia de retorno agregada por la demandada y por tanto nunca fue recibido, que tampoco se envió un segundo telegrama, o mensaje a su teléfono de contacto, siendo una trabajadora de 15 años de antigüedad. Y que se debe considerar que tanto el abandono como la renuncia son circunstancias excepcionales. Aduce que la actora no concurría a trabajar por justa causa, porque se comprobó con la documentación adjunta que estaba padeciendo problemas de salud graves, estando mucho tiempo certificada. Refiere a que de la Historia Laboral surge que tiene aportes por los meses de marzo a junio del 2024, lo que puede determinar que no hay abandono de trabajo y que la empresa no desconoció las certificaciones médicas adjuntas a la demanda. Agrega que de la documentación agregada al expediente surge que la actora al momento de la baja el 17 de junio se encontraba suspendida hasta el 19 de Julio del 2024, de lo que fue notificada el 20 de Marzo del 2024. Reafirma que no existió voluntad de abandonar su puesto de trabajo y que es la demandada quien debe demostrar que el despido no estuvo vinculado ni directa ni indirectamente con la enfermedad del trabajador. Otro punto es que la actora reclama licencia no gozada y salario vacacional desde el 2019 hasta el egreso y la demandada solo dice deber 67 días y en su contestación 60 días, incumpliendo con el deber de la correcta contradicción. Agrega que no hay recibos de ninguna de las licencias reclamadas, salvo 5 días en el mes de marzo 2024 a fs. 117, pero no hay documentación que acredite que haya cobrado o gozado la licencia que reclama desde el 2019 al egreso. Aduce que lo que enumera e individualiza la juez no son recibos de licencia, sino un recibo de aguinaldo a fs. 101, igual a 108, a fs. 109 es la liquidación de egreso, a fs. 113 el salario vacacional de 5 días, a fs. 116 el salario de mayo y a fs. 117 aguinaldo. Refiere a que no se valoró que en el recibo de liquidación la demandada dice deber 66 días + 1 sin determinar a qué años corresponde y en el ítem salario vacacional dice 57 días + 1, por lo que la liquidación no sería correcta. Otro agravio es el referente a las suspensiones que fueron dispuesta con abuso de poder, se le imponían sanciones contra faltas cuando estaba certificada, le notificaban sanciones en enero, o marzo para cumplir en junio, siendo sancionada con 47 días en 6 suspensiones. 3) Por auto 1036/2025 del 25 de Junio del 2025 se confirió traslado del recurso de apelación. 4) A fs.235 y ss. La parte demandada evacua el traslado de la apelación. 5) Por providencia 1220/2025 del 5/8/2025 se franqueó la alzada concediéndose el recurso de apelación (fs. 240). 6) Recibidos los autos en este Tribunal pasaron a estudio, sucesivo, por imposibilidad material de efectuar estudio conjunto (artículo 17 Ley 18.572) por carencia de medios técnicos adecuados a ello. Por abstención de la Dra. Fernández (fs. 246), se procedió a realizar sorteo de integración, recayendo la designación en el Sra. Ministra del Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 1er Turno, Dra. Gabriela Rodríguez Fagián. Una vez reunido el número de voluntades legalmente requerido (artículo 61 Ley 15.750) se acordó la presente sentencia, en los términos en que se dicta en el día de la fecha. CONSIDERANDO: 1) La Sala integrada por las Dras. Gabriela Rodríguez Fagián, Mónica Pereira y María del Carmen Corujo, adopta solución confirmatoria parcial de la sentencia apelada, por los fundamentos que se exponen. 2) La parte actora se agravia por diferentes puntos de la sentencia, procediéndose a analizar cada uno de ellos. El primer agravio que se expresa está vinculado a que se desestimó el despido común y se entendió configurado el abandono de trabajo. Fundamenta su recurso afirmando que el Telegrama Colacionado que le fuera enviado por la demandada y que se encuentra agregado a fs. 54 nunca fue entregado, como surge de la constancia de retorno agregada por la demandada y que luce a fs. 55. Por tanto nunca fue recibido, no habiendo sido enviado un segundo telegrama, o mensaje a su teléfono de contacto, intimándole el reintegro a su trabajo, no considerando que es una trabajadora que presto servicios durante 15 años. Agrega que además se debe valorar que tanto el abandono como la renuncia son circunstancias excepcionales y que no concurrió a trabajar por justa causa, porque se comprobó con la documentación adjunta que estaba padeciendo problemas de salud graves, estando mucho tiempo certificada. Refiere a que de la Historia Laboral surge que tiene aportes por los meses de marzo a junio del 2024, lo que puede determinar que no hay abandono de trabajo y que la empresa no desconoció las certificaciones médicas adjuntas a la demanda. Agrega que de la documentación agregada al expediente surge que la actora al momento de la baja el 17 de junio se encontraba suspendida hasta el 19 de Julio del 2024, de lo que había sido notificada el 20 de Marzo del 2024. Reafirma que no existió voluntad de abandonar su puesto de trabajo y que es la demandada quien debe demostrar que el despido no estuvo vinculado ni directa ni indirectamente con la enfermedad del trabajador. Como se señala en la sentencia la actora sostiene que el vínculo finalizó por despido y que al momento de verificarse el mismo se encontraba enferma por lo que le corresponde la indemnización especial y la demandada sostiene que no se produjo un despido directo, ni indirecto sino que la actora dejó de concurrir al trabajo. Veamos cuales han sido los hechos. Según la Historia Laboral de fs. 3 el ingreso fue el 16/11/2011 al 24/6/2024 y es cierto que figura que trabajo 23 días en el mes de junio del 2024 (fs. 4) También figura que estuvo en el subsidio por enfermedad del 7/2023 al 12/2023 (fs. 4) A fs. 21 el BPS informa que la actora se certificó por los siguientes periodos: del 26/6 al 29/6/2023, - a fs. 22 por el periodo 29/6/2023 al 28/7/2023, a fs. 23 por el periodo 28/7/2023 al 4/8/2023 a fs.24 del 5/8/2023 al 9/8/2023 a fs.25 del 1/9/2023 al 13/9/2023 a fs.26 del 11/10/2023 al 10/11/2023 a fs.27 del 3/11/2023 al 30/11/2023 a fs.28 del 30/11/2023 al 13/12/2023 a fs.29 del 13/12/2023 al 27/12/2023 a fs.30 por el periodo 27/12/2023 al 3/1/2024 a fs. 31 por el periodo 4/1/2024 al 10/1/2024 a fs. 34 por el periodo 11/1/2024 al 16/1/2024 a fs. 35 del 17/1/2024 al 2/2/2024 a fs. 36 del 28/6/2024 al 12/7/2024 a fs. 38 del 26/6/2024 al 28/6/2024 a fs. 39 del 26/5/2024 al 25/6/2024 a fs. 40 del 23/5/2024 al 25/5/2024 a fs. 41 del 20/5/2024 al 22/5/2024. El BPS a fs. 174 informa que la actora fue evaluada por los servicios médicos del BPS en que se le indica la suspensión condicional del subsidio por enfermedad y se le autorizó hasta el 27/12/2023 a efectos del beneficio económico. Pero el prestador de salud la siguió certificando hasta el 12/7/2024. O sea que queda claro que la actora por más que continúo certificándose, no lo estaba para el BPS en virtud de lo informado por este, que no validó dichas certificaciones. La Sala debidamente integrada coincide en cuanto a que el Telegrama de fecha 17/6/2024 que se encuentra agregado a fs 54, por el cual se intimó el reintegro al trabajo a la actora, fue dirigido al domicilio que esta proporcionó a la demandada el día 30/1/2024 según constancia de Actualización de Datos Personales que luce a fs.58 y que además es el mismo domicilio denunciado por la Sra. Lescano al momento de promover la demanda a fs.42, o sea que se trata de su domicilio actual, y que esta fue avisada de la existencia del telegrama pero el mismo no fue levantado, conforme a la constancia de fs. 55. Pero como lo señala la Dra. Rodríguez Fagián en su voto, si bien, esto parece que podría ser suficiente en cualquier otra situación o en cualquier otro caso para considerar que la trabajadora incurrió en abandono de trabajo, en el presente caso y dadas las particularidades de la trabajadora, esto es; con múltiples ausencias por enfermedad al cabo de los últimos años y con una patología bastante grave (esclerosis múltiple de evolución monofásica con un brote único en el 2006 fs. 85), que la demandada no podía desconocer, porque ya en el año 2019 había dispuesto la realización de una Junta Médica a efectos de definir la aptitud y el pronóstico laboral de la Sra. Lescano (fs. 83), surgiendo claramente que en el 2019 ya tenía dicha enfermedad y que se encontraba con licencia médica desde el año 2017 (fs. 88), pudo alertar a la empleadora en el sentido de que a pesar del aviso del TCC que surge a fs. 55 la accionante no estuviera en condiciones de pasar a retirarlo, o bien de que se le hubiera extendido las certificaciones como de hecho ocurrió, a pesar de no haber sido validadas por el BPS. Y sobre todo cuando lo que esta en juego es la fuente laboral. El abandono de trabajo si bien es una forma de extinción del vínculo laboral, por su naturaleza no siempre emerge de forma clara, porque no hay una voluntad expresa del trabajador como en él caso de la renuncia. Se ha de considerar que en materia de relaciones laborales rige el principio de continuidad, que tiene como fin atribuirle la mayor duración a los contratos de trabajo o sea a darle estabilidad al trabajador teniendo en cuenta que es su fuente principal de ingresos. No debemos olvidar que los principios han sido definidos como “líneas directrices que informan algunas normas e inspiran directa e indirectamente una serie de soluciones por lo que pueden servir para promover y encausar la aprobación de nuevas normas, orientar la interpretación de las existentes y resolver los casos no previstos.” (Pla Rodríguez “Los Principios del Derecho del Trabajo”). Lo contrario al principio mencionado es la existencia del despido, la renuncia o el abandono del puesto de trabajo. Y con relación al abandono el Tribunal ha expresado en sentencias anteriores como la 239/023 “el abandono implica un modo de manifestar el trabajador voluntad rescisoria que le sea atribuible a su libre voluntad. “De la Cueva señala en tal sentido, que cuando los patrones niegan el despido deben de probar que el trabajador egresó voluntariamente de la empresa, tesis que no destruye el principio que el que afirma está obligado a probar, ya que si el obrero exige el cumplimiento del contrato, lo único que tiene que comprobar es la existencia del mismo y que está fuera de servicio, porque la prueba del despido es prácticamente imposible (Cfr. “Derecho Mexicano del Trabajo”, págs. 685 y 686). “Debe trasuntar en forma eficaz y eficiente la voluntad inequívoca de aquel de prescindir de su fuente principal de ingreso y ser la prueba cabal y segura (Cfr. “Anuario de Jurisprudencia Laboral” Años 1996-1997, c. 604).Por tanto debe haber una voluntad libre y no condicionada, tomada sin vicios del consentimiento”. Es por ello como lo señala la Dra. Rodríguez en su voto de la necesidad del empleador de poner en funcionamiento mecanismos para demostrar su voluntad de mantener en este caso a la trabajadora en su puesto de trabajo. Y si bien la demandada cursó un telegrama colacionado, este no fue entregado, sino que simplemente tiene una constancia de “aviso” de la existencia del mismo, por lo que si la demandada estaba interesada en mantener el vínculo, pudo desplegar otros mecanismos o forma de comunicación con la actora, cuando contaba con datos actualizados de la misma y se trataba de una trabajadora con una antigüedad de más de una década en la empresa. Incluso se puede apreciar que el actuar de la demandada no fue del todo claro, en tanto en la nota de fs 56 fechada el 24/6/2024 la Gerencia de Recursos Humanos informa a la Gerencia General que la actora no se ha presentado a trabajar, ni entregó ningún tipo de justificativo de sus inasistencias, que se procedió al envió de un telegrama intimando el reintegro de actividades, adjuntándose acuse de recibo (lo que en paridad no es real, pues solo hay un acuse de aviso), señalando que a la fecha no se ha presentado a trabajar. El día 2/7/2024 el Consejo Directivo Resolvió la baja por abandono del cargo (fs. 57), sin embargo la baja ante el BPS se le dio el 24/6/2024 según surge de la Historia Laboral a fs. 4, o sea que se le dio de baja el día que la Gerencia informó y no cuando se adoptó la resolución, lo que en definitiva es una contradicción en una empresa del porte de la demandada, dar de baja en una fecha anterior a la toma de la resolución de desvinculación. La voluntad del abandono no surge clara por lo que la Sala debidamente integrada entiende que corresponde el pago de la indemnización por despido común. En cuanto al despido especial se considera que no corresponde en tanto si bien la actora pudo pensar que estaba certificada, en los hechos no lo estaba, y además por tanto no estaba amparada al Seguro de Enfermedad. En lo que respecta a la liquidación del rubro la parte actora parte de una suma que es la correspondiente al último recibo de $ 50.692 (fs.116), el que se compone de un salario base de $31.573, más partidas adicionales como Antigüedad, Decreto 513/87 (el que estableció una partida de $51 que se liquidaría mensualmente y se aumentaría en la misma oportunidad que el salario mensual), productividad y compensación por nocturnidad. La demandada en su liquidación de fs. 135 solo toma la partida mensual de $ 31.574, a lo que le adiciona las alícuotas correspondientes a licencia, salario vacacional y aguinaldo, más la productividad y el complemento de la Ley 16713, omitiendo incluir la compensación por nocturnidad y la antigüedad. Por lo que considera la Sala que corresponde partir del salario base que fija la parte actora de $ 50.692 que incluye el salario y partidas, pero no se tomara en cuenta la base de cálculo de $ 52.692, porque no sé sabe de dónde obtiene esos $ 2000 de más. Por tanto la liquidación sería la siguiente: Salario base $ 50.692 Incidencias: Aguinaldo:$ 4.224 Licencia: $ 2.805 Sal. Vac: $ 2.805 Total $ 60.526 x 6 = $ 313.986.- Suma que deberá ser actualizada con intereses y reajustes desde su exigibilidad hasta su efectivo pago, más un 10% por concepto de multa. 3) La parte actora también se agravia por el monto de la licencia y del salario vacacional ya que reclama el pago desde el año 2019 y la demandada reconoce deber en el recibo 67 días, pero en la contestación solo 60 días, por lo que señala que no se cumplió en forma con la debida contradicción, además de no realizar la operación aritmética correspondiente. Agrega que no hay recibos de ninguna de las licencias reclamadas, salvo 5 días en el mes de marzo 2024 a fs. 117, pero no hay documentación que acredite que haya cobrado o gozado la licencia que reclama desde el 2019 al egreso. Aduce que lo que enumera e individualiza la juez no son recibos de licencia, sino un recibo de aguinaldo a fs. 101, igual a 108 y a fs. 109 es la liquidación de egreso y a fs. 113 el salario vacacional de 5 días, a fs. 116 el salario de mayo y a fs. 117 aguinaldo. Refiere a que no se valoró que en el recibo de liquidación la demandada dice deber 66 días + 1 sin determinar a que años corresponde y en el ítem salario vacacional dice 57 días + 1, por lo que la liquidación no sería correcta. La actora en su demanda dice que se le debe la licencia del 2019 al 2024 o sea 100 días, más 9 jornales de antigüedad, lo que hace un total de adeudo de 109 jornales. La Sala considera que la parte demandada no planteó una controversia efectiva sobre el punto, porque si bien señalo en su contestación que no estaba de acuerdo con la cantidad de días o jornales liquidados, no explicó en modo alguno porqué entendía que solo debía 60 jornales de licencia y 60 de salario vacacional, no explicitando cuándo y en qué fechas la trabajadora gozó de esos jornales de licencia. No acompañó ningún recibo que acreditara el efectivo pago de la licencia y el salario vacacional. Lo único que agregó fueron recibos de salarios sin firmar y que por tanto no resultan válidos para acreditar pago alguno, sobre todo porque no acompañó el comprobante de transferencia bancaria que acredite que los 5 días de salario vacacional que surge del recibo de fs. 113 fueron efectivamente abonados. Le asiste razón a la parte recurrente cuando expresa que los recibos que indica la Sra. juez “a quo” a fs. 101, 108, 113, 116 y 117 no corresponden al pago de licencias, y el recibo de fs. 109 es el correspondiente a la liquidación a diciembre del 2023 que incluye Licencia, Salario Vacacional, y aguinaldo, donde figura que se le abono 66 días de licencia. Por lo que el Tribunal revocara la recurrida en el punto y se estará a los 109 días de licencia peticionados por la parte actora, en cuanto a la liquidación se tomara como base de cálculo la misma suma que para el despido o sea de $ 50.692 /30 x 109 = $ 184.180.93 Licencia: $ 184.180.93 Sal. Vac: $ 150.798,15 Sumas que deberá actualizarse con intereses y reajustes desde la exigibilidad hasta su efectivo pago, más el 10% por concepto de multa y 10% por daños y perjuicios. 4) El ultimo agravio de la parte actora es el referente a las suspensiones señalando que fueron dispuestas con abuso de poder, que se le imponían sanciones contra faltas cuando estaba certificada, le notificaban sanciones en enero, o marzo para cumplir en junio, siendo sancionada con 47 días en total en 6 suspensiones. Alega que es necesaria la existencia de faltas para la aplicación de una sanción y que por tanto hubo abuso de poder disciplinario. Reclama 25 días de suspensiones. Las sanciones que surgen a fs. 11 a 20 son las siguientes: - En Febrero del 2021 (fs.11) la sancionan con 3 días de suspensión para cumplir en Noviembre del 2021. - En Abril (fs.12) la sancionan con 8 días de suspensión para cumplir en febrero del año 2022. - En Octubre del 2021 (fs13) los suspenden con 5 días para cumplirse entre el 7/3/2022 al 11/3/2022.- - en Diciembre 2021 (fs14) la suspenden con 9 días entre el 19/4/2022 al 29/4/2022 - En Marzo del 2024 (fs. 15) le notifican una sanción el día 5 para cumplir entre el 12/3 al 15/3 y del 18/3 al 19/3 total 6 días. - En Marzo del 2024 (fs17) la suspenden por 3 días desde el 7/5 al 9/5/2024. - En Marzo el 20/3/2024 le notifican 6 días de suspensión entre el 10/5 y del 13/5 al 17/5 (fs. 18) El mismo día el 20/3 la suspenden por 9 días (fs.19) entre el 3/6 al 7/6 y del 10/6 al 13/6 y nuevamente ese día la suspenden (fs.20) 14 días del 1/7 al 5/7, del 8/7 al 12/7 y del 15/7 al 19/7. - En Mayo del 2024 (fs. 16) le dan 9 días de suspensión del 7/5 al 10/5 y del 13/5 al 17/5. A fs. 82 la demandada agregó un listado de las sanciones desde el 2013 al 2018. A fs. 95 hay un listado de las sanciones impuestas en el 2024 por faltas sin aviso, comprende la del 28/12/2023 al 5/1/2024 que según fs. 96 estaba certificada desde el 4/1 al 10/1 y de fs. 97 desde el 27/12. La sala confirmará la recurrida en tanto como lo señala la sentencia la parte actora no especifica qué días en concreto son esos 25 días que reclama. Pero además se debe considerar que todo lo que se dice al momento de apelar no se dijo en oportunidad de presentar la demanda, por lo que resulta extemporáneo y no puede considerarse (art. 257.2 del CGP). Existe una falla en la carga de la alegación en cuanto a especificar cuáles de dichas sanciones fueron indebidas y por ello considera indebido el descuento por esos 25 días. Vescovi en Derecho t IV citado en la pág. 91 del CGP comentado y anotado dice que “las partes deben presentar en el proceso las afirmaciones concretas que contienen o demuestran los presupuestos abstractos del precepto jurídico que las beneficia y si omiten dicha afirmación, han de experimentar el perjuicio derivado de no poder explicarse legalmente por el juez, aquella norma que las favorece pág. 91 CGP anotad. Por lo que al no cumplirse con la debida alegación la Sala integrada confirmará el punto. 5) La conducta procesal de las partes no amerita la imposición de condenas procesales en el grado, las costas de cargo de la demandada según lo dispuesto por los artículos 56 C.G.P, 688 Código Civil y 337 Ley 16226). Por tales fundamentos, normas citadas; arts. 197, 198, 253 y 257 C.G.P y 17 y 18 ley 18572, el Tribunal, FALLA: CONFÍRMASE PARCIALMENTE LA SENTENCIA RECURRIDA SALVO EN CUANTO: DESESTIMA EL DESPIDO COMÚN EN QUE SE LA REVOCA Y SE CONDENA A LA DEMANDADA A SU PAGO CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS CONSIDERANDOS Y EN CUANTO AL MONTO DE LOS RUBROS LICENCIA, Y SALARIO VACACIONAL EN QUE SE LA REVOCA Y SE CONDENA A SU PAGO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS CONSIDERANDOS. SIN ESPECIAL CONDENACIÓN EN COSTOS Y COSTAS DEL GRADO. NOTIFÍQUESE Y OPORTUNAMENTE DEVUÉLVASE HONORARIOS FICTOS 3 BPC A LOS EFECTOS TRIBUTARIOS.- DRA. MARÍA DEL CARMEN CORUJO MILÁN- MINISTRA. DRA. MÓNICA PEREIRA ANDRADE- MINISTRA. DRA. GABRIELA RODRÍGUEZ FAGIÁN- MINISTRA INTEGRANTE. ESC. VERÓNICA LAMELA SANTURIO- SECRETARIA LETRADA SUBROGANTE.-