Sentencia Definitiva N° 236/2025

Sentencia Nro. 236/2025 - IUE: 2-55053/2025 Montevideo, 13 de octubre de 2025 Ministra Redactora: Dra. Gabriela Rodríguez Marichal Ministras Firmantes: Dra. Cecilia Schroeder Rius Dra. Analía García Obregón Dra. Gabriela Rodríguez Marichal VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia, estos autos caratulados: “AA c/ MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA y otro - AMPARO”, IUE: 2-55053/2025, venidos a conocimiento de la Sala en virtud del recurso de apelación deducido por el codemandado Ministerio de Salud Pública contra la sentencia No. 58/2025, dictada por la Sra. Jueza Letrada de Feria, Dra. Lola Gómez, encargada del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 13er. Turno. RESULTANDO: I. Por el referido pronunciamiento de fecha 7 de julio de 2025, se dispuso: “Ampárase la excepción de falta de legitimación pasiva deducida por el Fondo Nacional de Recursos. Ampárase la demanda deducida y en su mérito, condénase al Ministerio de Salud Pública a suministrar a la Sra. AA, el fármaco NIROGACESTAT, en plazo de 5 días, de acuerdo a las indicaciones de su médico tratante y durante todo el tiempo que éste lo indique. Practíquense los desgloses pertinentes, expídanse testimonios y oportunamente, archívese. Todo sin especial condenación procesal.” II. Contra dicha decisión se alzó el Ministerio de Salud Pública interponiendo recurso de apelación en escrito obrante de fojas 355 a 359, agraviándose, en sustancia, por considerar que no incurrió en ilegitimidad manifiesta, habiendo cumplido los cometidos que tiene a su cargo, dictando el marco normativo que asegura el acceso a los prestadores de salud y al elenco de prestaciones médicas determinadas por el Poder Ejecutivo, iniciando diversos procesos de actualización del PIAS y FTM, estableciendo un régimen de financiación solidario, garantizando a toda persona la posibilidad de acceder a un prestador privado y creando un prestador de salud público (ASSE) encargado de proporcionar asistencia a quienes carecen de recursos suficientes para acceder a uno privado; la prestación reclamada no se encuentra incluida en el FTM para la patología de la actora, citando lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 7 de la Ley 18.335 y en los artículos 6, 45 y 46 de la Ley 18.211; carece de atribuciones como órgano dispensador de medicamentos, no pudiendo suministrarlos directamente a la población; se desconoce que, por sí, carece de facultades para definir la inclusión de fármacos en el FTM; la condena impuesta omitió considerar la escasez de recursos económicos y su necesidad de priorizar y racionalizar, garantizando la sustentabilidad del sistema. Solicitó que, en definitiva, se revoque la recurrida y se desestime la demanda en todos sus términos. III. Sustanciada la impugnación deducida, de fojas 363 a 371 comparece la parte actora evacuando el traslado conferido, abogando por su rechazo e interponiendo excepción de inconstitucionalidad. IV. Por sentencia No. 966/2025 del 7 de agosto de 2025, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionales el inciso segundo del artículo 7 de la Ley No. 18.335 y el inciso final del artículo 45 de la Ley No. 18.211 y en consecuencia, inaplicables a la parte actora. V. Franqueada la alzada, se elevaron los autos, que fueron recibidos en la Sala el 8 de octubre de 2025, pasando los mismos a estudio simultáneo, dictándose la providencia No. 638/2025, requiriéndose información a las partes sobre si la accionante ha recibido el fármaco indicado, dosis, fechas y efectos en su estado de salud, adjuntando la documentación respaldante. Cumplido lo requerido y completado el estudio pendiente, se acordó sentencia, designándose redactora. CONSIDERANDO: I. El Tribunal, por unanimidad, confirmará la recurrida, sin especiales condenas procesales, por los fundamentos que se pasan a exponer. II. Como se ha expresado por esta Sala, a la hora de resolver un accionamiento de la naturaleza del que se ventila infolios, deben valorarse principalmente las alegaciones y pruebas concretas de cada caso en particular, no la genérica consideración de medicamentos o tratamientos, ni la fundamentación abstracta en las normas y principios constitucionales generales sobre el derecho a la salud e igualdad, circunstancia que explica que no todas las decisiones deban ser monolíticas ni a favor ni en contra de una u otra de las partes en litigio, sino, adecuándose a las concretas circunstancias del caso a resolución. III. La Sra. AA, de 29 años, portadora de un tumor desmoide, diagnosticado en diciembre de 2022, promovió demanda dando detalles de la enfermedad y de los tratamientos recibidos desde el diagnóstico, no obstante los cuales la enfermedad se encuentra en progresión, por lo que su médica tratante, Dra. Melisa Camaño, le indicó el fármaco Nirogacestat. Presentó sin éxito peticiones administrativas ante los demandados. El precio del Nirogacestat en las dosis indicadas, que debe recibir cada 28 días, asciende a U$S 29.600, afirmando la accionante que no puede hacerse cargo de su financiación, ya que es estudiante, no tiene trabajo y vive junto a su madre y hermanos en una casa edificada en un terreno propiedad de su padre, contando el núcleo familiar con un único ingreso proveniente del trabajo de su madre, que es empleada doméstica. El fármaco no se encuentra registrado en nuestro país, habiéndose fundado en tal circunstancia la defensa del Ministerio de Salud Pública, quien entiende que no ha incurrido en ilegitimidad manifiesta alguna al negar su suministro. El Fondo Nacional de Recursos opuso su falta de legitimación pasiva, por considerar que, de acuerdo al marco normativo que regula su actuación, no puede suministrar un medicamento no registrado ni incluido bajo su cobertura en el FTM. No ha sido objeto de controversia la enfermedad que padece la accionante, ni la pertinencia, idoneidad y urgencia en el suministro del medicamento indicado y la evidencia científica que respalda sus beneficios, todo lo que además resulta demostrado con el informe (fojas 298 y 299) de la médica oncóloga tratante, Dra. Melisa Camaño y de su declaración recibida en audiencia, además del dictamen pericial favorable realizado por la Dra. Noelia Silveyra, que no fue objeto de impugnación ni cuestionamiento alguno. La Dra. Silveyra, en un detallado dictamen, concluyó que: “la indicación realizada es correcta y se encuentra ajustada a la evidencia científica y guías internacionales.” (fojas 341 a 343). Por otra parte, al ser requerida por el Tribunal, el 10 de octubre del año en curso, la actora agregó informe expedido por su médica tratante, donde se señala que ha iniciado el tratamiento con el fármaco Nirogacestit con excelente tolerancia, sin efectos adversos hasta el presente, se encuentra asintomática, alimentándose sin ningún tipo de restricción. Agrega que se revirtieron los síntomas luego de 15 días de iniciado el tratamiento y concluye: “se mantiene el tratamiento indicado a la misma dosis ya que tanto la respuesta como la tolerancia han sido excelentes.” IV. La Sala, con la voluntad unánime de sus integrantes naturales, considera que la prueba rendida en los presentes, en particular la que da cuenta de los efectos positivos de la medicación en esta paciente concreta(que viene recibiendo el fármaco indicado con excelente tolerancia y respuesta), amerita la decisión confirmatoria a la que se arriba, que difiere en relación con las Dras. Schroeder Rius y García Obregón, de la expuesta en casos de medicamentos no registrados para la patología del reclamante. Además, como se dijo, el dictamen pericial favorable, no ha sido objeto de impugnación o cuestionamiento alguno y da cuenta de los efectos positivos de la medicación requerida en pacientes que se encuentran en la situación de la amparista, contando la indicación con respaldo científico que avala sus beneficios, lo que coadyuva con la decisión anunciada. Ante las particularidades del caso concreto, se considera que los agravios del Ministerio de Salud Pública, no son de recibo, por lo que, como viene de indicarse, se confirmará la condena a su respecto. V. El demandado Ministerio de Salud Pública no controvirtió las manifestaciones realizadas por la actora en cuanto a su diagnóstico, el tratamiento recomendado para su enfermedad, que carece de recursos económicos suficientes para solventarlo personalmente por su alto precio y dosis y que la medicación solicitada resulta la única posibilidad de tratamiento en el estadío actual de su enfermedad, siendo de probada eficacia, contando la indicación con respaldo científico como fue relevado por la médica tratante deponente en autos, así como por la pericia diligenciada, que también da cuenta de la eficacia del medicamento solicitado. Nada expresó el Ministerio de Salud Pública respecto a la existencia de razones de carácter científico que obsten el tratamiento indicado para la patología de la accionante. En su impugnación el Ministerio de Salud Pública se agravió por entender que no se configura ilegitimidad manifiesta puesto que, al no encontrarse el fármaco registrado ni incluido en el FTM, no correspondería hacer lugar a lo requerido, reiterando lo expresado en la contestación a la demanda, en el sentido de que ha cumplido con los cometidos que el ordenamiento jurídico pone a su cargo. Asimismo, señaló que no ha sido omiso, en la medida que ha ejercido sus competencias regulatorias y definido la inclusión de prestaciones en el FTM en base a criterios científicos y de costo- eficacia, criterio que expresa ha sido convalidado por el máximo órgano del Poder Judicial. Sin embargo, en autos, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionales el inciso segundo del artículo 7 de la Ley No. 18.335 y el inciso final del artículo 45 de la Ley No. 18.211 y por ende inaplicables a la parte actora, por entender que limitan en forma indebida el artículo 44 de la Constitución. Cabe recordar, que la Ley No. 18.211 es la que crea el Sistema Nacional Integrado de Salud, estableciendo en su artículo 45: “Las entidades públicas y privadas que integren el Sistema Nacional Integrado de Salud deberán suministrar a su población usuaria los programas integrales de prestaciones que apruebe el Ministerio de Salud Pública, con recursos propios o contratados con otros prestadores integrales o parciales públicos o privados. Los programas integrales de prestaciones incluirán: A) Actividades de promoción y protección de salud dirigidas a las personas. B) Diagnóstico precoz y tratamiento adecuado y oportuno de los problemas de salud- enfermedad detectados. C) Acciones de recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos, según corresponda. D) Acceso a medicamentos y recursos tecnológicos suficientes. La reglamentación de la presente ley definirá taxativamente las prestaciones incluidas, que serán descriptas en términos de sus componentes y contarán con indicadores de calidad de los procesos y resultados, conforme a los cuales la Junta Nacional de Salud auditará la atención brindada a los efectos de autorizar el pago de cuota salud a los prestadores” Por su parte, la Ley No. 18.335, que regula los derechos y obligaciones de pacientes usuarios de los servicios de salud, en su artículo 7 preceptúa:“Todo paciente tiene derecho una atención en salud de calidad, con trabajadores de salud debidamente capacitados habilitados por las autoridades competentes para el ejercicio de sus tareas o funciones. Todo paciente tiene el derecho a acceder a medicamentos de calidad, debidamente autorizados por el Ministerio de Salud Pública e incluidos por este en el formulario terapéutico de medicamentos, y a conocer los posibles efectos colaterales derivados de su utilización. Todo paciente tiene el derecho a que sus exámenes diagnósticos, estudios de laboratorio y los equipos utilizados para tal fin cuenten con el debido control de calidad. Asimismo tiene el derecho de acceso a los resultados cuando lo solicite.” Por consiguiente, atento a la inconstitucionalidad declarada en autos, al hecho de que el demandado no se fundó en ningún criterio científico específico y la prueba irrefutable rendida en la causa que da cuenta de los beneficiosos efectos del fármaco en pacientes como la accionante y en ella en particular, cabe concluir que, en el presente caso, la negativa del Ministerio de Salud Pública a proporcionar el mismo resulta manifiestamente ilegítima. Se reclama la tutela efectiva de derechos reconocidos por la Constitución como son el derecho a la salud y a la vida. Nuestra Constitución mandata, como norma de máxima jerarquía interna, una visión del Derecho conforme a sus preceptos, no puede admitirse un enfoque entonces de la situación de la actora, en que están en juego el derecho a la salud y la vida, una respuesta genérica y carente de respaldo probatorio alguno, atento a la magnitud del elemento daño irreparable. Nos encontramos frente a una prescripción médica, con historia clínica a la vista, seguida de la declaración testimonial, no acreditada como sospechosa o la existencia respecto a la médica de conflicto de interés alguno (artículos 157 y 158 del Código General del Proceso), avalada además por un dictamen pericial favorable, no impugnado ni cuestionado en forma alguna, en la cual se indica el fármaco como la mejor opción científica para el caso que nos ocupa, por lo que la negativa (basada en argumentos formalistas) del Ministerio de Salud Pública resulta manifiestamente ilegítima. Además, al ser requerido por el Tribunal, la actora informó, adjuntando informe médico, que viene recibiendo el fármaco con excelente tolerancia y respuesta, por lo que, en este caso, a diferencia de otros en los que se solicitan medicamentos no registrados, entiende el Tribunal que existe evidencia, consistente en los resultados que se vienen obteniendo, que da cuenta de la eficacia del medicamento solicitado. Considera, asimismo, el Tribunal que no puede fundarse el Ministerio accionado en que ha actuado de conformidad a lo establecido en la Constitución y la Ley, ni en que carece de atribuciones para suministrar directamente medicamentos a la población, cuando la reclamante se encuentra comprendida y amparada en la disposición contenida en la oración final del inciso segundo del artículo 44 de la Constitución, en la medida que ha acreditado que se trata de una persona que carece de recursos económicos suficientes para financiar el tratamiento indicado, disponiendo la norma citada: “El Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan sólo a los indigentes o carentes de recursos suficientes”. Por lo tanto, es la Constitución la que le impone al Ministerio demandado la obligación de proporcionar gratuitamente a quienes, como la actora, no cuentan con recursos económicos suficientes, los medios de prevención y asistencia, no pudiendo admitirse la defensa ensayada cuando despliega una conducta contraria a la que le impone el mandato constitucional. El Ministerio demandado no invoca ni acredita razón científica alguna para contrarrestar la prueba rendida en la causa que da cuenta de los beneficios de la medicación indicada, pese a que estaba gravado con la carga de demostrar “los hechos modificativos, impeditivos extintivos de aquella pretensión” controvertida de su adversario (artículo 139.1 del Código General del Proceso). Ni la ausencia de registro del medicamento ni la circunstancia de que el fármaco no haya sido incluido en el Formulario Terapéutico de Medicamentos, pueden impedir en este caso en concreto el acceso a la mejor opción terapéutica disponible para atacar la enfermedad que se padece, cuando surge plenamente acreditado el beneficio y pertinencia de la misma. Lo que aquí se pretende es el suministro concreto de un medicamento, por lo tanto al cumplirse con la condena impuesta en modo alguno se está violando la normativa invocada en su defensa por el Ministerio accionado. La negativa del Ministerio de Salud Pública resulta genérica, sin realizar un estudio de la situación personal de la paciente. El derecho a la vida, la salud de la persona, elevados al rango de norma constitucional fundamental no puede quedar supeditado a alegaciones genéricas como la de infolios. Se entiende entonces que ha existido ilegitimidad que reviste la nota de manifiesta en el actuar del Ministerio de Salud Pública, así como inexistencia de otros medios judiciales administrativos que permitan obtener el mismo resultado que el amparo y en su mérito corresponde confirmar en todos sus términos la condena recaída a su respecto en el grado anterior. VI. Cabe precisar que la sentencia definitiva apelada en cuanto ampara la excepción de falta de legitimación pasiva del Fondo Nacional de Recursos, ha quedado firme en este punto al no haberse deducido agravios por la parte actora. VII. Se distribuirán costas y costos del grado por su orden entre los litigantes (artículos 56 del Código General del Proceso y 688 inciso 2o del Código Civil). Por todo lo expuesto y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 7, 44, 72 y 332 de la Constitución de la República, la Ley 16.011, los artículos 137, 139.1, 140, 141, 154, 184, 197198 del Código General del Proceso y demás normas concordantes y complementarias, el Tribunal FALLA: TÉNGASE PRESENTE LO INFORMADO POR LA PARTE ACTORA EN SU COMPARECENCIA DE FECHA 10 DE OCTUBRE. CONFÍRMASE LA SENTENCIA DEFINITIVA APELADA, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN EN COSTAS Y COSTOS. ESTABLÉCESE EN LA SUMA DE $ 30.000 LOS HONORARIOS POR EL PATROCINIO LETRADO DE LA PARTE GRAVADA EN LA SEGUNDA INSTANCIA, A LOS SOLOS EFECTOS FISCALES. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y DEVUÉLVASE CON COPIA PARA LA SRA. JUEZA ACTUANTE. Dra. Cecilia Schroeder Rius Dra. Analía García Obregón Dra. Gabriela Rodríguez Marichal Ministras Esc. Mónica Falótico Secretaria subrogante