Sentencia Interlocutoria N° 216/2025

+ Sentencia Nro. 216/2025 - IUE: 2-61606/2024 Montevideo, 14 de octubre de 2025 TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE CUARTO TURNO.- Ministro Redactor: Ministros Firmantes: Dr. Guzmán López. Dra. Mónica Besio. Dr. Alvaro França. AUTOS: “AA Y OTRO C/ MINISTERIO DEL INTERIOR. DAÑOS Y PERJUICIOS. IUE 2-61606/2024”.- I) El objeto de la instancia. El objeto de la instancia está determinado por el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la Sentencia Interlocutoria No 80/2025 de fecha 26 de febrero de 2025 (fs 105) dictada por la titular del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Rivera de 6to Turno Dra. Valentina Rivadavia. En la providencia impugnada, la A Quo se declaró incompetente para entender en el asunto en base a lo dispuesto en el art. 10 de la LOT y art. 384 de la ley 16.320, en su mérito ordenó la remisión de los autos al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo que por turno corresponda. II) La parte actora interpuso recurso de apelación formulando agravios (fs 111). Expresó que en obrados la acción instaurada contra el M. del Interior es una acción personal y conforme lo dispuesto en el art. 21, 26 y 27 de la LOT la obligación debe cumplirse en Rivera que es donde se planteó el proceso. Que es en Rivera donde el actor cumplía funciones, recibía órdenes del comando de Jefatura de Policía de Rivera, era donde cobraba su salario y donde además contrajo la enfermedad que determinó la incapacidad por el cual fue declarado por la parte demandada. Que la parte demandada cuenta con oficinas - Jefatura Departamental en Rivera - lugar de donde dependía el accionante y era presupuestado, lugar donde se generó el hecho ilícito que da lugar al presente reclamo. Señaló que las disposiciones establecidas en la ley 16.320 en su art. 384 refieren a la citación, emplazamiento y las sucesivas notificaciones, las que deben ser practicadas en el domicilio del Ministerio en la calle Mercedes 933 de la ciudad de Montevideo, pero esa norma no refiere a la competencia territorial, sino que es de carácter procesal. Agregó que trasladar el litigio a Montevideo supondría una injusticia que afecta el derecho de los justiciables, ya que todo funcionario público que pretenda hacer valer su derecho debería concurrir y litigar sólo en Montevideo, lo que violentaría el acceso a la Justicia de los ciudadanos, ya que aquellos funcionarios que carecen de medios económicos se las haría imposible acceder a la Justicia. Peticiona se revoque la impugnada y se disponga se sigan adelante las actuaciones ante el Juzgado Letrado de Rivera competente. III) La parte demandada no evacuó el traslado del recurso que le fuera conferido. IV) Se franqueó la correspondiente alzada, se remitieron los autos a esta Sede y previo pasaje a estudio, se acordó el dictado de decisión anticipada. V) La Sala arribará a decisión revocatoria del fallo apelado en virtud de las razones que se expondrán. VI) La demanda promovida ante la Sede judicial letrada de Rivera de 6to Turno. La demanda fue presentada por AA y BB, ambos por sí y en representación de su hijo menor CC. En la misma se señala que el co actor Sr. AA es funcionario policial en situación de retiro y prestó servicios como Policía Ejecutivo en Jefatura de Policía de Rivera. Que en el ejercicio de la función policial en ocasión de realizar tareas de limpieza de un basural en el parador policial de la ciudad de Rivera, cursó un cuadro de Meningitis viral al haber estado en contacto con orina de roedores, adquiriendo dicha patología y las secuelas que de ella derivan, las que persisten al día de hoy. Que luego de diversos estudios realizados y dictámenes de médicos especialistas, la Junta Médica Departamental de la Jefatura de Policía de Rivera lo declaró incapaz en forma absoluta y permanente para todo trabajo con existencia de nexo causal. Señaló que se configura en el caso responsabilidad del Estado por falta de servicio, por habérsele confiado al accionante la realización de tareas de limpieza sin proporcionar elementos mínimos necesarios e imprescindibles para cumplir la tarea sin ningún tipo de riesgos para la salud. La parte actora reclama reparación del Estado en la persona del M. del Interior por los daños y perjuicios invocados. VII) El Tribunal considera de recibo los agravios de la parte actora y resolverá que la sede competente para entender en el asunto es la del Departamento de Rivera. En el caso la distinguida decisora de primer grado, entendió que correspondía entender en el asunto al Juzgado Letrado en lo Contencioso Administrativo de Montevideo, en atención a lo dispuesto en el art. 10 de la LOT (que establece que la competencia de los tribunales solo es prorrogable de lugar a lugar) y en el art. 384 de la ley 16.320. El art. 384 de la ley 16.320 consigna que cuando se demanda al Estado, la citación y emplazamiento deberán entenderse con el órgano máximo de cada Poder del cual emane el acto, hecho u omisión que da mérito al litigio, agregando que cuando se trate de demandas referidas al Poder Ejecutivo (asuntos que corresponden a algún Ministerio), la citación y emplazamiento que deban hacerse a domicilio, se practicará en la sede de la Dirección General de Secretaría del Ministerio correspondiente. No hay controversia que el caso planteado en estos obrados refiere a una acción personal promovida contra el M. del Interior. Si bien la Sala reconoce la existencia de posiciones bien fundadas, que entienden como lo hizo la sentenciante de primer grado que la competencia en casos como el planteado en obrados, es de los Juzgados Letrados de Montevideo (la propia Sala así lo entendió con otra integración en Sentencia No 163/2021), lo cierto es que con la nueva integración del Tribunal y en atención a la interpretación de la norma procesal que debe realizarse conforme lo establecido en el art. 14 del CGP con el fin de garantizar el acceso a la justicia de todo reclamante, se entenderá que la sede competente es la de Rivera, conforme a continuación se expondrá. El artículo 21 de la LOT (ley 15.750) consigna que en los juicios en donde se ejerciten acciones personales, conocerá el Tribunal del lugar en que deba cumplirse la obligación, y a falta de designación del lugar, a elección del demandante, el del domicilio del demandado o el lugar donde nació la obligación, si hallándose en él este último puede ser emplazado. El artículo 26 de dicho cuerpo normativo consigna que cuando el demandado fuese persona jurídica, se tendrá por domicilio para fijar la competencia del tribunal, el lugar donde tenga asiento su administración, mientras que el art. 27 agrega que si la persona jurídica tuviere establecimientos, agencias u oficinas en diversos lugares, podrá ser demandada ante el tribunal del lugar donde exista el establecimiento, agencia u oficina que intervino en el hecho que da origen al juicio. Jurisprudencia que comparte este Tribunal ha señala do sobre el art. 384 de la ley 16.320 que la norma refiere únicamente al emplazamiento, por lo que no se alteran otros principios ya sean de índole adjetivos o sustanciales, la norma no modifica de modo alguno las reglas de distribución de competencia de los Tribunales (Cfme Sentencia No 39/2012 del TAC 2do, No 31/2013 del TAC 5to). La Sala considera que como bien sostiene el apelante, el artículo 384 de la ley 16.320 (en la que la decisora de primer grado basa y funda su resolución) no modifica la competencia de los Tribunales establecida en la LOT ya que no regula fuero competencial. En efecto, lo establecido en dicha norma refiere exclusivamente a donde debe realizarse el emplazamiento, cuando se demanda a alguno de los Ministerios que conforman el Poder Ejecutivo. En el caso dicha norma fue cumplida porque el emplazamiento al M. del Interior se verificó en la calle Mercedes ZZ de la ciudad de Montevideo (sede de la Dirección General de Secretaría del M. del Interior). El artículo 14 del CGP consigna que para interpretar la norma procesal, el tribunal deberá tener en cuenta que el fin del proceso es la efectividad de los derechos sustanciales. En caso de duda se deberá recurrir a las normas generales teniendo presente los principios generales de derecho y especiales del proceso, y la necesidad de preservar las garantías constitucionales del debido proceso y de la defensa en el mismo. La doctrina ha señalado al comentar la norma mencionada ut supra, que al referirse a la interpretación, el legislador ha consignado a texto expreso un criterio básico que debe presidir toda la tarea interpretativa: que el fin del proceso, es la efectividad de los derechos sustanciales. Ello implica como destaca Klett, que el tribunal cuando interpreta una norma deberá tener muy claro cuál es la finalidad del proceso y deberá ser extremadamente cauteloso para establecer una interpretación que le impida expedirse sobre el fondo del asunto. Es que toda la filosofía del Código apunta a un saneamiento rápido y ágil de las cuestiones procesales, con el fin de que el mismo pueda culminar con un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión. Ingresando en el estudio de las pautas concretas previstas en la norma en estudio, debe señalarse que los autores coinciden en afirmar que no guardan un orden prioritario, como ocurría en el C. Civil, sino que el sistema instaurado se presenta con mayor laxitud en una suerte de cierta horizontalidad coordinada entre principios generales y especiales y garantías constitucionales. Mediante el criterio de razonabilidad se ha querido resaltar que, si bien el respeto a la ley es de esencia del Estado de Derecho, una interpretación literal conlleva el riesgo de atentar contras las conexiones lógicas, sistemáticas y axiológicas que existen en todo ordenamiento jurídico. (CGP Anotado y Comentado. Véscovi y otros. T. I. p. 275 y siguientes). La Sala entiende que conforme lo establecido en el art. 21, 26 y 27 del a LOT ut supra referidos, debe interpretarse según lo establecido en el art. 14 del CGP, que la Sede competente es el Juzgado Letrado de Rivera y no el de Montevideo. En efecto, como bien sostiene el recurrente fue en Rivera donde el actor cumplía funciones, donde recibía órdenes del comando de Jefatura de Policía de Rivera, donde existen oficinas del M. del Interior (Jefatura Departamental), y donde en definitiva contrajo la enfermedad (hecho ilícito invocado que motiva el litigio) que generaron los daños y perjuicios reclamados cuya reparación pretende a través de esta vía judicial. Conforme interpretación de la norma procesal (artículos 21, 26 y 27 de la LOT) en base a la regla fijada por el art. 14 del CGP, teniendo presente que el M. del Interior no evacuó el traslado del recurso que le fuera conferido, y teniendo presente fundamentalmente que el fin del proceso es la efectividad de los derechos sustanciales, se considera que es en la Sede Letrada de Rivera donde a la parte reclamante se le garantiza el derecho de acceso a la Justicia correspondiente, y no en la Sede de Montevideo donde dicho acceso puede verse perjudicado o limitado ante carencias de medios económicos correspondientes. Por todo lo expuesto, se habrá de revocar la impugnada y se entenderá que corresponde entender en el litigio al Juzgado Letrado de Primera Instancia de Rivera de 6to Turno. VIII) Las costas y costos de la instancia serán abonados por el orden causado, (Art. 57 CGP y 688 C.C.). Por los fundamentos expuestos, el Tribunal RESUELVE: Revocase la Sentencia Interlocutoria impugnada, sin especial condenación en la instancia y en su lugar desestímase la excepción de incompetencia debiendo entender en el asunto la sede judicial de Rivera de 6to Turno. Notifíquese personalmente y oportunamente devuélvase con copia en la forma de estilo. Dr. Guzmán López.- MINISTRO Dr. Alvaro França.- Dra. Mónica Besio.- Esc. Adriana León.- MINISTRO MINISTRA SECRETARIA