Sentencia Definitiva N° 288/2025

Sentencia Nro. 288/2025 - IUE: 2-84767/2025 Montevideo, 14 de octubre de 2025 TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE CUARTO TURNO. Ministro redactor: Dr. Guzmán López.- Ministros firmantes: Dra. Mónica Besio Dr. Alvaro França.- AUTOS: “AA C/ MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y OTRO. AMPARO. IUE 2-84767/2025”.- I) El objeto de esta instancia está determinado por el recurso de apelación interpuesto por parte actora contra la Sentencia Definitiva No 97/2025 de fecha 25 de setiembre de 2025 (fs 89), por la cual el Sr. Juez Letrado en lo Civil de 14o Turno, Dr. Darwin Rampoldi, desestimó la demanda instaurada. II) La parte actora interpuso recurso de apelación (fs 108), formulando agravios contra la misma. Expresó que el decisor de primer grado entendió que correspondía desestimar la demanda en virtud del rol del Estado en las políticas de salud, del valor de la prueba testimonial y de la evidencia científica de mayor valor del FNR en contraposición con la presentada por el amparista. Señaló que sobre el rol del Estado conviene precisar que a contrario de lo sostenido en la impugnada, el Estado no cumplió la obligación contenida en el art. 44 de la Constitución. Que el MSP es el obligado a preservar la salud y vida de los ciudadanos. Que ante la grave enfermedad que padece el accionante, el MSP debió explicitar en forma clara y precisa los motivos por los cuales no accedió a financiar los medicamentos. Que no hay razón técnica, científica o económica que haya sido fundada y probada por el MSP que lo exima de un actuar manifiestamente ilegítimo, ya que en el caso de los fármacos NIVOLUMAB e IPILIMUMAB se encuentran registrados e incluidos en el FTM y respecto de los cuales tanto la bibliografía nacional como internacional los consideran indicados para el tratamiento de la patología que padece el actor. Que para el Magistrado bastaría con que los fármacos no se encuentren en el FTM para librar de toda responsabilidad al MSP sin importar los derechos fundamentales que se encuentren vulnerados, lo que es inaceptable. La situación del actor encuadra a la perfección en la tutela prevista en el art. 44 de la Constitución. Manifestó que no se comparte lo expuesto por el Magistrado cuando señaló que, no alcanza con la declaración testimonial de la médica tratante para amparar la pretensión de financiación del fármaco. Que en el caso no fueron controvertidos la patología del amparista ni la indicación médica ni los beneficios que reporta dicha indicación. Que el silencio de los demandados es absoluto al respecto. Indicó que tampoco se comparte lo sostenido en la impugnada en cuanto a que el estudio fase III alegado por el FNR resulta aplicable al caso. Que dicho estudio no es aplicable. El estudio fase III al que refiere el FNR basa su protocolo de cobertura de la combinación de los fármacos NIVOLUMAB - IPILIMUMAB, no es aplicable a la situación clínica del actor, ya que se trata de un estudio científico que avala la utilización de dicha combinación para una primera línea de tratamiento, cuando el paciente aún no ha recibido ningún tipo de tratamiento. Que el actor ya recibió una primera línea de tratamiento (financiada por el FNR) en base a PEMBROLIZUMAB, que era el único fármaco que se encontraba disponible en esa oportunidad para su patología. Que frente a la evidencia científica del estudio fase III en el que la médico tratante fundó su indicación, y que sí resulta aplicable a la situación clínica del amparista, tiene como base, pacientes que hubieren progresado a una primera línea de tratamiento con inmunoterapia, concluyendo que el mejor tratamiento para una segunda línea es la combinación de NIVOLUMAB - IPILIMUMAB por ser el que ha demostrado tener mayores beneficios en sobrevida global y sobrevida libre de progresión. Solicita se revoque la recurrida y se condene a ambos demandados a la obligación de entregar los medicamentos indicados. III) El demandado FNR evacuó el traslado conferido (fs 119) abogando por la confirmatoria de la impugnada, mientras que el MSP no evacuó el traslado conferido. IV) Primeramente y antes de ingresar al objeto de esta instancia corresponde señalar que se promovió en autos por parte del actor AA acción de amparo a los efectos que se condenara al M.S.P y al F.N.R. a suministrarle la combinación de medicamentos NIVOLUMAB - IPILIMUMAB, de acuerdo con las indicaciones del médico tratante, por todo el tiempo que éste lo determine. Expresó tener 71 años de edad y ser portador de MELANOMA METASTASICO BRAF MUTADO tal como surge del informe de su médica la Dra. Laura Cawen quien lo asiste en el CASMU. Que en julio de 2021 se realizó resección de MELANOMA MALIGNO cutáneo de pie derecho, en 2022 se realizó vaciamiento inguinal derecho, se mantuvo en controles, en 2023 se constató metástasis en pierna derecha por lo que inició tratamiento con Vemorafenib y Cobimetinib pero debió suspenderse por intolerancia digestiva y mialgias intensa, en setiembre de 2024 se constató recaída de la enfermedad por lo que inició tratamiento con PEMBROLIZUMAB. Actualmente se constató progresión de la enfermedad y en setiembre de 2025 se planteó tratamiento sistémico en base a NIVOLUMAB - IPILIMUMAB, siendo que ambos fármacos se encuentran registrados en nuestro país e incorporados al FTM para la patología que padece. Indicó que el melanoma es un tipo de cáncer de piel que se origina cuando los melanocitos comienzan a crecer fuera de control. Que el estudio SWOG 1616 fue un ensayo clínico que evaluó el tratamiento con IPILIMUMAB solo o en combinación con NIVOLUMAB. Los resultados sugirieron un beneficio en supervivencia libre de progresión, con la combinación de ambos fármacos. Que carece de medios económicos para adquirir los fármacos en forma particular, y los demandados le han negado la cobertura, por lo que debió promover la presente acción judicial. Agregó que el MSP y FNR actúan con ilegitimidad manifiesta al incumplir el artículo 44 inciso segundo de la Constitución, el que justamente obliga al Estado a proporcionar en forma gratuita los medios de prevención y de asistencia a indigentes o carentes de recursos suficientes; no es posible legislar limitando lo expresamente establecido en la Constitución. El FNR es administrado por una Comisión Honoraria Administradora, la cual está compuesta por el MSP, y precisamente es dicha Comisión del FNR la que determina las afecciones, técnicas y medicamentos que están cubiertos por el FNR, por lo que ambos demandados actúan con ilegitimidad manifiesta al no otorgar el medicamento a la reclamante. Peticionó en definitiva que se acoja la acción de amparo instaurada y se condene a los demandados (MSP y FNR) al suministro del medicamento solicitado. V) Se franqueó la correspondiente alzada, se remitieron los autos a esta Sede y previo pasaje a estudio, se acordó el dictado de decisión anticipada. VI) La Acción de Amparo tiene como finalidad obtener la protección de un derecho o libertad expresa o implícitamente reconocidos por la Constitución, inherente a la personalidad humana o derivados de la forma republicana de gobierno, y que aparece lesionado o amenazado con ilegitimidad manifiesta por un acto, hecho u omisión de la autoridad o de particulares, en la medida que no existan otros medios tutelares con similar eficacia. El amparo “....es un instituto de carácter excepcional, residual, y heroico reservado para las delicadas y extremas situaciones en las que por falta de otros medios legales, peligra la salvaguarda de los derechos fundamentales." (Néstor Pedro Sagües en Acción de Amparo, pág. 166 y sig.) ". Integra con el “habeas corpus” el vasto mundo de las garantías de los derechos humanos sin las cuales estos serían ilusorias declaraciones platónicas, y lo integra en el sitial privilegiado de prestar la protección en el momento más dramático, aquel en que, por ser inmediata la agresión y causar daño irreparable, no es posible esperar el lento suceder de los procedimientos corrientes de prevención (Conforme: Pellegrini, Grinover, Ada en “A tutela preventiva das libertades habeas corpus e mandato de seguranca- Revista do Proceso, Tomo 22 citada por Luis A. Viera en “Ley de Amparo”, pág. 11). En nuestro derecho la Acción de Amparo ha sido instituida para la protección de los derechos constitucionalmente reconocidos que puedan resultar lesionados por actos u omisiones que aparezcan manifiestamente como ilegítimos (Art. 7 de la Constitución de la República, Art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos), y se encuentra regulada por la Ley 16.011, como una protección amplia en dos sentidos: en cuanto se tutelan todos los derechos o libertades reconocidos expresa o implícitamente por la Constitución y en cuanto refiere a todo acto, hecho u omisión. Procede el amparo no solo en caso de lesión, alteración o restricción de un derecho o libertad sino también en caso de amenaza que produzca o vaya a producir un daño irreparable, es un medio de carácter residual y limitado a los casos en que exista ilegitimidad manifiesta. El amparo en definitiva constituye una garantía de aquellos Derechos Humanos amenazados o eventualmente lesionados. Si bien no tiene una regulación expresa en nuestra Constitución, surge de una interpretación sistemática de los artículos 7, 72 y 332 de la misma. El instituto protege todos los derechos que surgen expresa o implícitamente de la Carta. La acción podrá ser deducida por cualquier persona contra todo acto, omisión o hecho de las autoridades estatales o paraestatales o particulares que en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con ilegitimidad manifiesta cualquiera de sus derechos y libertades reconocidos por la Constitución (Art. 1o de la ley 16.011). Se trata de una acción residual en virtud de que sólo procederá cuando no existan otros medios judiciales o administrativos que permitan obtener el resultado perseguido, o que de existir, resulten claramente ineficaces. VII) En doctrina, el Dr. Daniel OCHZ se ha referido a los Procedimientos de Amparo Sanitario, ha expuesto en tal sentido: “.... Parámetros hermenéutico a emplear en casos de amparo sanitario..... En este tipo de conflictos entraña una verdad innegable que justicia retardada es justicia denegada, por ello la jurisdicción ha de proceder con sentido tutelar considerando el dato objetivo según el cual tratamientos de esta naturaleza no pueden ser discontinuados in mengua gravísima de la salud del paciente. En supuestos en que existe adecuadamente acreditada la prescripción médica fundada del fármaco, su entrega debe ser inmediata, y si media oposición, se impone la medida cautelar in límine Litis... La negación injustificada de un tratamiento farmacológico prescripto a un paciente grave por el equipo médico tratante, configura un supuesto de trato cruel e inhumano subsumible en el concepto de tortura sicológica, que padece obviamente el paciente pero también su entorno.... La relación médico paciente debe quedar adecuadamente resguardada de intromisiones indeseables que la desnaturalizan...” (Daniel Ochz. La Acción de Amparo. p. 142 y siguientes). La Constitución contiene valores, principios y normas que pueden ser aplicadas directamente por los Tribunales, es la primera fuente de Derecho. Se trata de la efectividad o cumplimiento de la Constitución en el orden pragmático (praxis) que muestre que ella constituye un marco vinculante. El hecho de que las normas constitucionales necesiten del concurso del legislador para concretarlas y hacerlas operativas no quiere decir que pierdan todo su carácter normativo. Hay reglas de Derecho que no están acompañadas de un sistema coactivo específico para asegurar su aplicación forzosa y el mejor ejemplo es el de las normas constitucionales. En el ordenamiento jurídico uruguayo la cuestión anotada se conoce por la múltiple presencia de normas programáticas en la Constitución de la República, que aunque reclaman de normas legales reglamentarias para su operatividad, tienen inequívoco carácter normativo constitucional, son ius normans. Son normas cuya virtualidad y eficacia jurídica quedan supeditadas a la adopción de normas jurídicas consecuentes pero debe reconocerse que aun cabe su aplicación directa. La Constitución reconoce derechos individuales y derechos sociales y proclama las promesas de conductas protectoras. En las situaciones allí comprometidas la promesa de cumplimiento de la Constitución es garantía de abstención de turbar e impedir la libre acción de terceros respecto al disfrute de determinados bienes o respecto al desarrollo de determinadas actividades personales o cualidades naturales. (Conforme Brito. Revista de Derecho. Universidad de Montevideo. Año 2006. No 10. P. 101 y stes.). El abandono del paradigma del Estado de Derecho legal para dar paso al Estado de Derecho Constitucional trajo consigo un mayor protagonismo del P. J. en la tutela de los Derechos Humanos de recepción constitucional, a partir de la toma de conciencia de su operatividad directa, sin necesidad de transitar previamente por la vía de la expresa ratificación legal o de la reglamentación burocrática de su efectiva aplicación. El núcleo del constitucionalismo moderno consiste en haber concebido una norma suprema, fuente directa de derechos y obligaciones, inmediatamente aplicable por todos los operadores jurídicos, capaces de imponerse frente a cualquier otra norma, y sobre todo, con un contenido preceptivo amplio de valores, principios y Derechos fundamentales. Los Jueces pueden hacer que el espíritu de la Constitución viva en sus sentencias, pueden ponerse en directo coloquio con ella y escuchar sus sugerencias, pueden traducirlas día a día a la realidad de las relaciones humanas. El medio judicial más idóneo para la protección del Derecho a la vida y a la salud de los habitantes es el Amparo. La protección efectiva del Derecho a la vida o a la salud de las personas, no pueden depender en el Estado de Derecho Constitucional y Social, de su capacidad económica o situación de privilegio que le posibilite afrontar sin esfuerzo el costo del tratamiento médico indicado para la curación de la enfermedad, o la sobrevida en condiciones que contemplen la dignidad inherente a su ser existencial. Es carga del Estado probar que el acogimiento del amparo en los casos excepcionales acarreará consecuencias disvaliosas sobre el bienestar colectivo. En la ponderación entre los derechos constitucionales, principios y valores que están en juego, parece razonable concluir que la actuación judicial en la protección del Derecho a la Vida y a la Salud no puede ser obstaculizada por la alegación de intereses generales o fiscales difusos, y sin respaldo en elementos de convicción que permitieren inferir su concreta afectación, ni supeditada a la satisfacción de requisitos reglamentarios o burocráticos cuya desmesurada extensión temporal no encuentra justificación razonable alguna. (Cfme Van Rompaey. Reflexiones sobre el Derecho a la Salud y su Judicialización. Judicatura T. 52. P. 145 y stes). El derecho a la salud es un derecho humano fundamental, derivado de los derechos a la vida y a la dignidad humana (Arts. 7, 44 y 72 de la Constitución, art. 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos). Si bien nuestra Carta Magna no refiere expresamente “al derecho a la salud”, su reconocimiento constitucional deriva por ser un derecho inherente a la personalidad humana, conforme lo reconoce el art. 72 de la norma. El art. 44 de la Constitución expresamente consigna “El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país. Todos los habitantes tienen el deber de cuidar de su salud así como el de asistirse en caso de enfermedad. El Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y asistencia tan sólo a los indigentes o carentes de recursos suficientes”. De lo expuesto, surge sin dudas que en la pretensión formulada en autos (que trata de la entrega de un medicamento para mejorar la salud del paciente), están en juego derechos constitucionalmente reconocidos, derecho a la salud, derecho a la vida, derecho a una mejor calidad de vida, derecho a la sobrevida digna, cuya protección puede hacerse valer como la de cualquier otro derecho inherente a la personalidad humana, en un accionamiento de amparo como el de autos (Art. 1 de la ley 16.011). VIII) La Sala habrá de revocar parcialmente la impugnada por considerar que los agravios articulados por la actora son parcialmente de recibo, conforme se analizará a continuación. El Art. 1° de la Ley 16.011 requiere que la ilegitimidad del acto lesivo sea manifiesta, dicho calificativo "manifiesta" significa que el agravio invocado "debe sobresalir y mostrarse fehacientemente, en forma que la necesidad de prueba sea mínima y que su producción pueda efectuarse sin deterioro de la celeridad y sumariedad del proceso amparista..." (Conforme Luis Alberto Viera en Ley de Amparo, pág. 22). La parte actora es titular del derecho subjetivo a la vida y a la salud, los que revisten rango constitucional, Art. 44 y 72 de la Constitución, siendo asimismo recogidos y protegidos por el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que fuera ratificado por nuestro país por la Ley 13.751, por el Protocolo de San Salvador que amplía la Convención Americana sobre Derechos Humanas ratificada por el Art. 1o de la Ley 16.519, y por lo establecido por las Leyes N° 18.211 y 18.335. Corresponde señalar que no se ha controvertido que la parte actora padezca la enfermedad invocada, y tampoco se controvirtió la imposibilidad de la accionante de acceder a su costo al medicamento indicado. El diagnóstico y la evolución de la enfermedad del reclamante surgen acreditados en la historia clínica agregada y de la declaración de la médica tratante Dra. Laura Cawen. La combinación de medicamentos solicitada en este litigio, fueron aprobados por el MSP para su comercialización en el país y se encuentran incorporados al FTM. La médica tratante Laura Cawen declaró ante la sede judicial (registrado en sistema audire a fs 86) y explicó las bondades que tendría el suministro de la combinación de fármacos indicada para el tipo de patología que presenta el accionante, aclarando que no hay otra opción terapéutica posible que brinde los mismos beneficios. IX) Los agravios formulados por la actora ante la desestimatoria de la condena impetrada al FNR serán amparados conforme lo ya resuelto por la Sede en Sentencia No 245/2025. La Sala ha señalado en anteriores pronunciamientos, que la decisión de primera instancia que ampara el reclamo, no desaplica leyes que no han sido declaradas inconstitucionales y que regulan el suministro de medicamentos en el país. El artículo 44 de la Constitución obliga al Estado a proporcionar gratuitamente los medios de prevención y asistencia (en este caso combinación de medicamentos) a la parte actora que no tiene recursos suficientes para adquirirlo en forma particular. En efecto, se comparte a este respecto lo expresado por el T.A.C. de 2o Turno en cuanto a que: “...en materia interpretativa de derechos humanos rige el principio pro homineo como lo denomina Karlos Castilla, “pro persona” tiene por finalidad acudir a la norma más protectora y/o preferir la interpretación de mayor alcance al reconocer un derecho , o bien, en sentido complementario aplicar la norma más restringida al establecer limitaciones (Cfm Castilla, Karlos (2009). El principio Pro persona en la Administración de Justicia. Cuestiones Constitucionales pp65-83). Dicho principio se basa en que los derechos inherentes a la persona humana deben ser protegidos frente al accionar u omitir ilegítimos del Estado, de forma que se permita asegurar para todos los niveles el respeto de los derechos humanos. Tiene dos reglas principales: 1) Preferencia interpretativa, en virtud de la cual se debe realizar una interpretación extensiva de las mismas para la consagración de derechos ,y restringida para establecer las exoneraciones previstas en las normas. 2) Preferencia de normas: cuando existan dos normas que regulen un determinado tema debe darse preferencia a la norma más protectora, independientemente del rango de las normas. Asimismo en el caso de restricción de derechos se debe buscar la norma que mejor proteja los derechos humanos involucrados. Este principio no conlleva a una derogación de normas, sino que constituye un criterio de aplicación e interpretación que busca la norma que mayor protección ofrezca, esto es la que consagre mejores o mayores protecciones para las personas, por encima de las reglas de jerarquía y temporalidad a fin de lograr la conservación de las normas más favorables para el ejercicio de los derechos humanos. Y de una interpretación conforme a los preceptos antes mencionados podemos concluir que conforme a la normativa aplicable la actora tiene en tanto titular del derecho humano fundamental a la salud derecho a gozar del mayor nivel posible de bienestar físico y mental posible y el Estado tiene la obligación de asistirlo.” (T.A.C. 2o, Sentencia Definitiva No 77/2019 de fecha 15/5/2019). Respecto al criterio a aplicar en materia de solución de conflictos que afectan derechos humanos como el de autos, en reciente sentencia No 228/2020, el TAC 1er turno (con la integración del redactor de la presente providencia), se ha señalado que es un criterio interpretativo firme en materia de derechos humanos el Principio Pro Hominen o Pro Persona, que opera como una directriz de preferencia indicando que prevalece la regulación que mejor tutela el derecho en cuestión (Cfme SAGÜES, Néstor P. La interpretación de los derechos humanos, p.6; RISSO, Martín. Algunas garantías básicas de los derechos humanos, 2a. ed. Bogotá, 2011, p.49),y no puede caber duda que precisamente en el caso prevalece la norma constitucional del art. 44.2 sobre las leyes de menor jerarquía. Teniendo en cuenta que según el art. 44 de la Carta la obligación del Estado se extiende a proporcionar asistencia no sólo a los indigentes sino también a aquellos que carezcan de recursos para cubrir los costos de la atención médica, en aplicación del principio pro homine, el Estado no puede desconocer el mandato constitucional citado, derechos respecto de los cuales la Constitución no autoriza ni habilita limitación de especie alguna. La Sala ha expresado en anteriores pronunciamientos, con otra integración, (Sent. 144/2015) que: “la interpretación de las normas legales y reglamentarias aplicables debe considerar la supremacía constitucional y debe ser conforme a las disposiciones, principios y valores constitucionales. La Suprema Corte de Justicia, ha expresado: “Y el acogimiento de la demanda puede fundamentarse, obviamente, en la aplicación al caso de principios generales del derecho de recepción constitucional (arts. 7 y 72 de la Carta) que conforman derechos humanos inherentes a la dignidad de la persona y valores superiores de rango normativo preeminente en relación con las normas legales y reglamentaciones que regulan la función pública. Señala Guastini (cit. por A. Castro, Judicatura, No 44, p. 74) que la función de la Constitución es moldear las relaciones y, por tanto, uno de los elementos esenciales del proceso de constitucionalización del orden jurídico es precisamente la difusión en el seno de la cultura jurídica de la idea de que toda norma constitucional, independientemente de su estructura o de su contenido normativo, es una norma jurídica genuina, vinculante y susceptible de producir efectos jurídicos. Y como sostiene la Dra. Castro de la visión meramente legalista se produce una reorientación ideológica y teórica - que en esencia es un viraje político – jurídico - hacia una visión constitucionalista del derecho que implica la sujeción del legislador, el administrador y el juez a las normas constitucionales. Y, precisamente en el caso, la operatividad directa de los derechos, principios y valores de raigambre constitucional, no habrá de verse como puro arbitrio judicial, sino como el fruto de una argumentación jurídica que respeta la eficacia vinculatoria de los principios constitucionales, descartando su carácter meramente programático, en la búsqueda de la justicia del caso concreto, finalidad esencial de la función jurisdiccional” (Sent., No 130/2007; Sent. de la S.C.J. comentada por Castro Alicia Argumentación y Constitucionalismo en la fundamentación de sentencias...” Anuario, T. XXXIX, pág. 842).”. En el caso surge que por Ordenanza No 887 de fecha 27 de setiembre de 2024 el MSP incorporó al FTM los fármacos NIVOLUMAB/IPILIMUMAB para el melanoma avanzado irresecable o metastásico, es decir para la patología que padece el reclamante, en dicha resolución se señaló que el fármaco será financiado por el FNR. El codemandado FNR al contestar la demanda señaló que a pesar de que la combinación de medicamentos se encuentra en el FTM para ser financiado por el FNR, conforme pauta de cobertura establecida por el organismo, no es financiado en casos (como el del actor) donde anteriormente el paciente ha recibido el fármaco PEMBROLIZUMAB, y porque además dicha combinación solo cuenta con un ensayo clínico fase II. La Sala no comparte dicha defensa. Esta Sala ha señalado en Sentencia Definitiva No 112/2023 ante un caso similar y para el caso del fármaco Atezolizumab, aplicable al caso “mutatis mutandis”, (Sentencias No 114/2022 y No 44/2023), en las cuales se sostuvo en conceptos trasladables a este caso que: “La negativa del FNR en proporcionar el medicamento a la parte actora es manifiestamente ilegítima, por cuanto el FNR es una persona pública no estatal, que tiene el deber de fundar adecuada y razonablemente los actos que dicta, deber inherente a la forma republicana de gobierno, que habilita el derecho del particular a controlar la legalidad de la actuación. En el caso, el demandado FNR no da explicación alguna respecto de la evidencia científica que posee para no otorgar el fármaco en casos de tratamiento en segunda línea, a pesar que el MSP lo incorporó al Anexo III del FTM sin limitación alguna. El FNR no acreditó que el MSP estableciera pautas de cobertura del fármaco referido, por lo que debe concluirse que si el actor no adquiere en forma gratuita el fármaco Atezolizumab se debe al establecimiento de un protocolo que el propio organismo determina, y no surge probado en autos cual es la evidencia científica que ampara su establecimiento. En definitiva, si el Estado - MSP autorizó la financiación del medicamento Atezolizumab a cargo del FNR, este último organismo debe entregárselo sin costo al paciente en forma urgente porque éste lo necesita y porque de otro modo estaría violentando la Constitución (art. 44.2) basándose en un protocolo interno de rango inferior a la Carta Magna. El Derecho a la Vida (y su correlativo Derecho a la Salud) no es un Derecho más reconocido constitucionalmente, es el Derecho de rango constitucional por excelencia, el primero de los Derechos (sin él, no existen los demás), y como tal, cualquier afectación o vulneración al mismo, debe ser rápidamente corregido a nivel judicial. El Estado a través del Ministerio pertinente, esto es el Ministerio de Salud Pública (encargado de preservar la salud de los habitantes del país), está constitucionalmente obligado a proteger el Derecho a la salud, Derecho a la vida, Derecho a una mejor calidad de vida, Derecho a una sobrevida digna, etc, está obligado a asegurar a los pacientes carentes de recursos suficientes, los medios de prevención y asistencia necesarios. En la especie, el MSP aseguró a la accionante estos medios de prevención y asistencia indicados por el equipo médico tratante (por lo que nada se le puede reclamar al respecto) y por tanto si el FNR no suministra el fármaco, incurre (por omisión) en manifiesta ilegitimidad.”. Debe recordarse, que la resolución administrativa frente a la petición del medicamento debió adecuarse a las normas de jerarquía superior priorizando el derecho a la salud y respetando la prescripción médica (salvo error o absurdo evidente de la misma, lo que no es del caso como antes se relacionó) ya que sabido es que todo acto administrativo debe desenvolverse de acuerdo la Constitución y la Ley donde toda violación de las mismas o de los principios que las informan, invalida el reglamento y el juez debe desaplicarlo. De seguirse el criterio de la recurrente F.N.R la cobertura del fármaco que el M.S.P en cumplimiento de sus altos cometidos puso de cargo del F.N.R quedaría librada al criterio de la Persona Pública No Estatal lo cual, a juicio del Tribunal, no resulta de recibo. Se recuerda que Ley 18.335 establece: “El Estado garantizará en todos los casos el acceso a los medicamentos incluidos en el formulario terapéutico de medicamentos”. Este artículo de por si revela la ilegitimidad manifiesta de la omisión de la parte accionada. La Constitución es norma de normas y su Art. 44 no puede desconocerse en base a criterios utilitaristas que desatienden que toda persona es un fin en sí mismo, dejándola sin la necesaria cobertura farmacológica indicada, lesionándose su derecho a la salud. En definitiva, la Sala considera que la negativa del F.N.R al suministro de los medicamentos NIVOLUMAB e IPILIMUMAB incluidos en el FTM de su cargo para la patología que tiene la parte actora, en base a un protocolo que elaboró internamente en contradicción con la incorporación del fármaco al FTM dispuesta por el MSP que no específica línea de tratamiento alguna, resulta ilegítima en forma manifiesta. Debe concluirse de este modo que el FNR no asegura a la parte accionante los medios de prevención y asistencia indicados por el equipo médico tratante de la actora, a pesar que el MSP en cumplimiento de normas constitucionales, ha incorporado el fármaco sin limitación alguna para el tipo de patología que padece el reclamante. El FNR no logró probar la pertinencia y evidencia científica que posee para denegar la combinación de medicamentos al actor cuando su equipo médico tratante ha acreditado que es la única opción terapéutica que dispone para mejorar calidad de vida, por lo que de este modo incurre en ilegitimidad manifiesta. Por todo lo expuesto, el agravio articulado por la actora sobre el amparo de la excepción de falta de legitimación pasiva del FNR será amparado, correspondiendo la revocatoria de la impugnada y condena al referido codemandado a la entrega de los medicamentos solicitados. X) Los agravios formulados por la actora ante la desestimatoria de la condena impetrada contra el MSP, serán desestimados. La combinación de medicamentos impetrada en este litigio fueron incorporados por el MSP al FTM para ser financiado por el FNR conforme se explicitó en el numeral anterior, por lo que debe concluirse que dicho organismo cumplió la obligación contenida en el art. 7, 42 y 72 de la Constitución, por lo que mal puede atribuírsele ilegitimidad manifiesta alguna. Por lo expuesto, se habrá de desestimar el agravio articulado por la actora que pretendía condena al MSP. XI) No existen méritos para la imposición de especiales condenas procesales en el grado (Art. 688 C.C. y Art. 56 C.G.P.). Por los fundamentos expuestos, disposiciones enunciadas y aplicables, el Tribunal FALLA: Revócase parcialmente la sentencia impugnada en cuanto desestimó la demanda instaurada contra el FNR, sin especiales sanciones procesales en el grado, y en su lugar condenase al referido demandado Fondo Nacional de Recursos a entregar al actor AA los medicamentos NIVOLUMAB e IPILIMUMAB en plazo de 24 horas de acuerdo a las indicaciones de su médico tratante y durante el tiempo que éste lo determine. Notifíquese personalmente y oportunamente devuélvase con copia en la forma de estilo. Dr. Guzmán López.-MINISTRO Dra. Mónica Besio.-MINISTRA Dr. Alvaro França.-MINISTRO Esc. Adriana León.-SECRETARIA