Sentencia Interlocutoria N° 202/2025

Sentencia Nro. 202/2025 - IUE: 41-140/2023 Montevideo, 15 de octubre de 2025 VISTOS: Para sentencia interlocutoria de segunda instancia estos autos caratulados “PROVIMAR LTDA. Concurso Necesario Ley 18.387. Incidente de Calificación” (I.U.E. 41-140/2023), venidos a conocimiento merced a la apelación tramitada desde fs. 319 contra la resolución No. 1016/2025 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 2o Turno, dictada a fs. 311-316. CONSIDERANDO: 1) La decisión mencionada, a cuya relación de antecedentes se remite este pronunciamiento por acompasarse a las resultancias de obrados, declaró Culpable el Concurso de PROVIMAR LTDA, e inhabilitó a DANIEL LAFFITTE XIMÉNEZ a administrar bienes ajenos o a representar a terceros por el tiempo de 5 (cinco) años, condenándole a cubrir la totalidad del déficit patrimonial en beneficio de la masa pasiva; imponiéndole además las costas de la instancia. 2) Se alza el Doctor BERNARDO P. BERRO en representación de PROVIMAR LTDA. en términos de fs. 319-327. Se agravia por cuanto se declaró culpable el Concurso de PROVIMAR LTDA. en función de las presunciones del artículo 194 numerales 1o y 2o de la Ley No. 18.387. Considera que las presunciones mencionadas son hipótesis de culpabilidad y no de causalidad, debiendo configurarse cuando hubiere actos u omisiones que hubieren provocado o agravado la insolvencia, agregando que necesita analizarse la conducta del deudor concursado para determinar si la misma causó o agravó la insolvencia, y que al no existir una presunción de causalidad debe probarse si se provocó o no la crisis por quien fuere indiciado. Expresa que las dificultades financieras se suscitaron en época de la epidemia de COVID-19, que hizo cerrar la empresa por veintitrés meses según fuere decretado por el gobierno nacional, lo que no pudo superarse a partir de marzo de 2022 cuando se reabre la operativa, dejándose de percibir ingresos por más de U$S 23.000.000. La sentencia pondera la incidencia de la pandemia para aminorar las sanciones a DANIEL LAFFITTE, pero ninguna conducta suya se identifica con la provocación o la agravación de la insolvencia. Plantea que la empresa no operó con maniobras ni manejo indebido de su gestión. Entiende que la doctrina y la jurisprudencia considera que los arts. 193 y 194 de la Ley No. 18.387 establecen presunciones de culpabilidad legales a secas, pero para calificarse el concurso como culpable se requiere haber obrado con dolo o culpa grave por el deudor, administradores o liquidadores, destacando que a partir de marzo de 2022 la empresa tenía su deuda garantida realmente por una propiedad de LAFFITTE y con garantías por cesiones de créditos, y que aunque la empresa venía facturando bien en 2024, un acreedor solicitó el Concurso de la apelante. Manifiesta que si bien LIDECO planteó como hecho nuevo que la deudora no había aportado los títulos de los padrones a ser subastados, aduce que esta información fue falsa, pues solicitó un plazo para presentarlos, cumpliéndose con presentar en término de treinta días que le fuere concedido los títulos del padrón No. XX. Peticiona la revocatoria del Concurso de PROVIMAR LTDA. como fortuito, y que se archiven las actuaciones. 3) Conferido traslado (fs. 329), comparece la LIGA DE DEFENSA COMERCIAL en calidad de Síndico y contestado el recurso contrario (fs. 331- 334). Señala que sólo apeló PROVIMAR LTDA, no así DANIEL LAFFITTE. Considera que la apelada no realiza una fundamentación crítica de la sentencia que dice cuestionar, reiterando dichos expuestos en actos procesales anteriores. Expresa que la resolución fue apegada a Derecho y que carece de errores, sin que haya la deudora o LAFFITTE desmentido sus fundamentos. Sostiene que LAFFITTE como administrador de PROVIMAR LTDA. incumplió flagrantemente con el deber de cooperar con los órganos del Concurso, habiéndose verificado las circunstancias que conforman las presunciones. Aboga por la confirmación de la recurrida. 4) Franqueada la apelación y recibidos los autos, previo pasaje a estudio por su orden se conforman las voluntades necesarias para emitir un pronunciamiento en alzada (arts. 203 y 204 del Código General del Proceso, artículos 61 y 62 de la Ley No. 15.750, arts. 250 y 253 de la Ley No. 18.387; fs. 335 y siguientes). CONSIDERANDO: I) Por su naturaleza y características, las cuestiones sometidas a conocimiento son pasibles de anticipada dilucidación, conforme a los artículos 200.1 y 344.1 inciso 2o del Código General del Procero más el art. 253 de la Ley No. 18.387. II) Como bien lo destaca la Sindicatura a fs. 331 v.-332 y la resolución No. 1173/2025 del Juzgado de primera instancia actuante a fs. 328, solamente apeló la resolución en abordaje la concursada PROVIMAR LIMITADA; no así el señor y también concursado (ver decreto del Asiento remitente No. 3377/2022 a fs. 260-266) DANIEL LAFFITTE, sin perjuicio de las resultancias que se dirimen a través del expediente I.U.E. 41-141/2025. Por ende, el ámbito de esta etapa se circunscribe a analizar únicamente los reproches que realizó PROVIMAR LTDA respecto a su interés directo, personal y legítimo de lesión (arts. 11, 197, 198, 242, 248 y 257 del Código General del Proceso; art. 253 de la Ley No. 18.387). Puede resumirse el objeto de sucumbencia en el cuestionamiento que el apelante realizó “en tanto se califica de culpable el concurso de Provimar Ltda. en virtud de las presunciones relativas previstas en el art. 194 num. 1ero y 2do de la Ley 18.387”. Lo que amerita tener presente que la sentencia apelada se articula en base a tres supuestos. A saber: a) No haber solicitado el deudor la declaración judicial de concurso (arts. 7o, 10 y 194 num. 1o de la Ley No. 18.387); b) No haber asistido a la Junta de Acreedores (art. 194 num. 2o de la Ley No. 18.387); c) No haber cumplido el deber de cooperación con los órganos concursales, no facilitándoles la información necesaria o conveniente para el interés del concurso (art. 194 num. 2o de la Ley No. 18.387). III) Es menester precisar que si bien el acápite del art. 194 de la Ley No. 18.387 refiere a hipótesis de presunciones legales de culpabilidad concursal a secas (del Tribunal, sentencia No. 99/2023), el inciso 1o del mismo las refiere como presunciones de “existencia de culpa grave del deudor, salvo prueba en contrario”. Por tanto, el deudor sólo podrá contrarrestar y probar que no existieron los hechos propuestos como fundamento de las presunciones articuladas para la calificación culpable (arts. 1602 inc. 2o, 1603 y 1604 inc. 4o del Código Civil) y según la plataforma fáctica que consideró la sentencia para la determinación de culpabilidad del concurso (arts. 197 inc. 2o del Código General del Proceso y 253 de la Ley No. 18.387). IV) No es controvertido como hecho, lo que exime a esta altura de prueba (arts. 137 y 139 del Código General del Proceso, art. 253 de la Ley No. 18.387), que PROVIMAR LTDA. no solicitó su propio Concurso dentro del término de treinta días en que sabía o debía conocer su estado de insolvencia (Considerando II “a”). Si bien la deudora achaca deber su Concurso a la iniciativa de SCOTIABANK URUGUAY S.A. (fs. 32 y 297 v.), admite que lo que ella llama “situación patrimonial caracterizada por un pasivo mayor que el activo” era en verdad “una situación de dificultad financiera para cumplir puntualmente con el pago a sus acreedores” (fs. 293 v.), “situación que no pudo superarse a partir de marzo de 2022 cuando la empresa reabre...” (fs. 294) y en donde la propia concursada reconoce una “ausencia de ingresos durante veintitrés -23- meses (por un monto mayor a los U$S 23.000.000)” (fs. 323). Esto es, legalmente una situación de insolvencia, caracterizada como una problemática del “deudor que no puede cumplir con sus obligaciones” (art. 1o de la Ley No. 18.387). Y en la cual, para botón de muestra, ya no podía satisfacerse (pues tenía la deuda vencida con más de tres meses, art. 4o lit. 3o de la Ley No. 18.387) al acreedor que pidió el Concurso Necesario de PROVIMAR LTDA. (fs. 32-37 v. y 283-283 v.; ver informe de la intervención provisoria y de su asesor contable a fs. 183), circunstancia que ya habilitaba para la concursalidad: “La presunción relativa [del estado de insolvencia] se vincula al incumplimiento de al menos una obligación exigible del deudor. El legislador nada expresa con relación a la cuantía de la o las obligaciones incumplidas. De modo que, aun cuando hubiere una sola obligación incumplida, por más insignificante que sea, podrá encuadrar en la previsión legal.” (GERMÁN Daniel, “Concurso y estado de insolvencia”, La Ley Uruguay, 2017, p. 58). Queda claro entonces, que esta omisión notoria es razón suficiente para presumirle gravemente culpable a PROVIMAR LTDA. en su crisis empresarial (art. 194 num. 1o de la Ley No. 18.387). La pandemia de COVID-19 puede haber influido para provocar la crisis empresarial como bien lo reconoce la Sindicatura cuando a fs. 171 v. afirma que entre marzo de 2020 a febrero de 2022 la empresa estuvo cerrada, habiendo enviado a Seguro de Desempleo a sus dependientes y habiendo sufrido ínterin la voladura del techo por un temporal (fs. 171 v.). Pero no se ha demostrado por el apelante (lo cual era su carga; ver Considerando III) que hubiera sido la única causa, ni siquiera que fuera la causa eficiente, que hubiere llevado unívoca e inequívocamente a la situación de insolvencia. V) Tampoco se ha debatido que no compareció a la Junta de Acreedores el Director o administrador o representante original societario de PROVIMAR LTDA., y además concursado, DANIEL LAFFITTE (fs. 270-275). No surge de obrados acreditado ningún impedimento para LAFFITTE, que le dispensara por tal omisión. Se configura también así la hipótesis de presunción de culpabilidad grave del art. 194 num. 2o de la Ley No. 18.387 (Considerando II “b”). Según estableciera la citada sentencia No. 99/2023 de este Colegiado, “La inasistencia a la Junta de Acreedores es relevada como presunción simple o relativa de culpabilidad (sentencias Nos. SEI 00005-000005/2015, SEI 0008- 000032/2018 y 29/2019 del T.A.C. 7o. Sentencia No. i-152/2013 del T.A.C. 2o)”. VI) Como hecho nuevo interpuesto oportunamente por la Sindicatura (art. 121.2 del Código General del Proceso; art. 253 de la Ley No. 18.387) se explicitó que PROVIMAR LTDA. fue rebelde a entregar los títulos de los inmuebles que debían ser rematados en ocasión de la liquidación, pese a que le fuere ello intimado (fs. 303 v.-304, 306-308). Al respecto, PROVIMAR LTDA. aduce haber sido “colaborativa” con la Sindicatura, por haber solicitado un término de treinta días para presentarlos y haber entregado tan sólo uno: “los títulos de propiedad del inmueble padrón nro. XX” (fs. 326 v.). Si se tuvo que presentar por la recurrente “de los padrones que deben ser rematados en el escenario de la liquidación” uno solo de los títulos que le fueren intimados (fs. 303 v. y 326 v.), o sea que la deudora tuvo que proceder por requerimiento compulsivo judicial previo (fs. 306-308) y no procedió espontáneamente para hacer la entrega, no puede sostenerse que se haya sido “colaborativa” con el organismo concursal, en el estándar que necesita el deber de cooperación estatuido por los arts. 53 y 194 num. 2o de la Ley No. 18.387). Cierto es que esa intimación judicial se practicó en el Concurso personal de DANIEL LAFFITTE y no en el de PROVIMAR LTDA. (fs. 306-306 v.; ver sentencia apelada en su Considerando 8. a fs. 314). Pero lo cierto es que la renuencia de la deudora, rayana en la falta de colaboración y no obstante cómo se valore en el Concurso del propio LAFFITTE, no resulta “incidenter tantum” una actitud indiferente para este presente Concurso de PROVIMAR LTDA., por cuanto en estos autos LAFFITTE es socio Director de PROVIMAR LTDA.. Y no le fue indiferente tampoco para esta sociedad concursada dicha situación, por cuanto trata especialmente la cuestión en estos obrados (fs. 326 v.). Se configura también así la hipótesis de presunción de culpabilidad grave del art. 194 num. 2o de la Ley No. 18.387 (Considerando II “c”). VII) Todo anima a mantener enhiesto el dispositivo atacado, cuyos fundamentos no han sido conmovidos por el embate recursivo. Analizada la conducta procesal de las partes, se cargará no sólo las costas de precepto a la parte perdidosa apelante sino también los costos; por cuanto ésta litigó con carencia total de razón, ante hechos claros que ponían de manifiesto y conforme a Derecho su culpabilidad grave en la crisis empresarial (arts. 57 -en redacción del art. 508 de la Ley No. 20.075-, 198 y 261 del Código General del Proceso, art. 688 del Código Civil, arts. 250 y 253 de la Ley No. 18.387). Por estos fundamentos el Tribunal FALLA: Confírmase la resolución apelada, con costas y costos a cargo de PROVIMAR LTDA.. Notificada y ejecutoriada, devuélvase a la Sede de origen con las actuaciones de estilo. Dra. Ma. Cristina Cabrera - Ministra Dr. Edgardo Ettlin - Ministro Dra. Loreley B. Pera - Ministra Esc. Beatriz Crudeli - Secretaria Letrada