Sentencia Definitiva N° 289/2025

Sentencia Nro. 289/2025 - IUE: 254-300/2020 Montevideo, 15 de octubre de 2025 TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE CUARTO TURNO. Ministra Redactora: Dra. Mónica Besio. Ministros Firmantes: Dr. Guzmán López Montemurro. Dr. Álvaro França. AUTOS: “AA C/ INTENDENCIA MUNICIPAL DE FLORES – DAÑOS Y PERJUICIOS” - IUE: 254-300/2020.- I) El objeto de la instancia está determinado por el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la Sentencia Definitiva No 2/2025, del 26 de febrero de 2025, dictada por la titular del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Flores de 2o Turno, Dra. Erika Armendano, la que desestimó la demanda. Sin especial condenación. II) La parte actora, a fs. 563 y sig., interpuso recurso de apelación, formulando agravios. Manifiesta que la recurrida le agravia al desestimar la demanda en todos sus términos al concluir que, no se probaron los extremos expuestos en la misma y porque desestima los montos reclamados por concepto de daño moral y lucro cesante. La impugnada no hace una valoración profunda de la prueba, criterio de la sana crítica, máxime que se trata de una situación de acoso laboral, cuya prueba no es sencilla dado el entorno en el cual se da, debiendo ser la misma analizada, teniendo presente dicho entorno y la dificultad de la prueba, ya que los compañeros de trabajo se niegan a dar testimonio por temor a represalias de los empleadores. Se deben aplicar criterios de razonabilidad, de sentido común, de equidad, de la lógica, de la experiencia, como se ha hecho en sentencias que acogen este tipo de demandas. No comparte lo expresado por la Sra. Juez “a quo” en cuanto a que, el relato de los hechos fue escueto, ni que la actora se ausentara del lugar de trabajo, y sostiene que la misma desde el comienzo denunció la situación de acoso por parte de sus compañeros, la persecución y hostigamiento, lo que afectó seriamente su salud mental. Hizo referencia a los elementos probatorios, acompañados con la demanda (documentos de fs. 1 y sig. y de fs. 8, descargos por las faltas a su función y nota dirigida al Asesor de RR.HH, Psc. BB en la que da cuenta del acoso sufrido en su lugar de trabajo, de las consultas médicas y diagnóstico de estrés laboral (documentos de fs. 109, certificados médicos de fecha 4/5/2016). No surge acreditado que la demandada hubiera utilizado ningún mecanismo en su defensa para investigar la situación de acoso que sufría y venía denunciando desde tiempo atrás. Entiende que está probado que sufrió acoso por parte de sus compañeros, y que la accionante previamente a su cese se lo comunicó a las autoridades. Cita que en su caso se han vulnerado varios derechos inherentes a la personalidad humana, Art. 7 de la Constitución, tales como el derecho a ser protegido en el goce del trabajo. La falta de legislación sobre el tema, no puede ser un elemento determinante para resolver una cuestión tan delicada. Refiere que en la recurrida se hizo mención a que el clima laboral no era el mejor, y sostiene que no entiende cómo se concluyó que se trataba de cuestiones personales y no laborales como se afirma en la recurrida. No existían protocolos, ni procedimientos establecidos en la Intendencia de Flores para denuncias de este tipo. Cita declaraciones testimoniales de las cuales entiende que surge que, existían temas puntuales en la relación por cuestiones laborales, que la actora había puesto en conocimiento de uno de sus jefes. Sostiene que los testimonios de los testigos CC y DD (fs. 452 y 454 a 456) citados en la recurrida, son tachables, ya que eran compañeros que acosaban a la actora y siguen siendo funcionarios municipales, y además de sus dichos surge que tienen odio y enemistad con la misma. Que no surge de autos que se hubiera iniciado una investigación administrativa, ni que se hubiera atendido la situación como se sostiene en la sentencia; la juez actuante reconoce que no había protocolo de actuación al respecto y que ello debería ser revisado, a pesar de lo cual desestima la demanda. En la demanda se analizaron todas las irregularidades en que incurrió la demandada y que dejaron a la actora en indefensión. Solo una investigación administrativa con las garantías del debido proceso habría permitido tomar medidas urgentes en protección de la actora y llegar a la verdad de los hechos. No se tomó en cuenta tampoco el informe de la Junta Departamental, que concluyó en la existencia de acoso laboral y que recomendó al Intendente el reintegro de la actora a su puesto de trabajo. Le agravia asimismo lo expresado respecto de los daños reclamados, daño moral y lucro cesante, sostiene la recurrente que la situación ha causado daño moral importante a la actora y que el monto reclamado está conforme a las pautas jurisprudenciales. Peticiona se revoque la recurrida, y se haga lugar a la demanda de autos en todos sus términos. III) La parte demandada, a fs. 584 y sig., evacuó el traslado, abogando por la confirmatoria de la recurrida, desestimándose el recurso interpuesto. IV) Se franqueó la correspondiente alzada, se remitieron los autos a esta Sede, recibidos los mismos se pasaron a estudio, se acordó resolver la cuestión anticipadamente (Art. 200.1 del C.G.P) y se dispuso el dictado de la presente sentencia en legal forma (fs. 588 y sig.). V) La Sala confirmará la sentencia impugnada por no ser de recibo los agravios incoados por la parte actora apelante, en mérito a los fundamentos que se expresarán seguidamente. La actora en sus agravios sostiene en síntesis que, en la recurrida se incurrió en error en la valoración de la prueba, se vulneró el principio de la sana crítica y en la interpretación y aplicación del derecho. Entiende el Tribunal que, la Sra. Juez “a quo” valoró correctamente la prueba allegada a la causa, no habiendo violado el principio de la sana crítica, ni tampoco incurrió en errónea interpretación y/o aplicación del derecho, de la prueba allegada a la causa no surge acreditado que la Administración, la Intendencia de Flores, haya incurrido en responsabilidad, no habiéndose probado que respecto de la actora hubiera existido acoso laboral, ni que la demandada hubiera incurrido en accionar u omisión ilícita. Como se expresara, la recurrida desestimó la demanda por daños y perjuicios por acoso laboral promovida en autos en todos sus términos. El Art. 24 de la Constitución de la República, dispone: “El Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y, en general, todo órgano del Estado, serán civilmente responsables del daño causado a terceros en la ejecución de los servicios públicos, confiados a su gestión o dirección.”, lo cual tiene relación con el factor subjetivo de atribución de responsabilidad administrativa; la citada norma determina cuándo surge la responsabilidad de la Administración y que para la determinación del factor de atribución de responsabilidad de la misma debe recurrirse al concepto de “falta de servicio”, por lo cual se debe entonces probar la falta de servicio, que el mismo funcionó mal, no funcionó o funcionó tardíamente. Es así que el Tribunal tiene reiteradamente admitido desde larga data, en posición que se mantiene en su actual integración, que en el ámbito general de la responsabilidad del Estado (Art. 24 de la Constitución), se afirma que ésta no es objetiva, sino que deriva de la falta de servicio público (por haber funcionado mal, tardíamente, no haber funcionado) e indirectamente en la falta de sus funcionarios, ya sea por la violación de la regla de derecho o por culpa (Conf.: Dr. Daniel Martins en La responsabilidad de la Administración y de los funcionarios en la Constitución Uruguaya R.D.P.P., T. XXX pág. 195 y sig.), lo que ha llevado a sustentar la opinión de que: “... en caso de la responsabilidad del Estado por hecho ajeno, se requiere hecho ilícito del funcionario. Jamás va a responder el Estado (aun cuando se sostenga, lo que es correcto, el criterio de que la responsabilidad vicaria es objetiva) si no existe un hecho ilícito del dependiente (De Cores en A.D.C.U. T. XXI pág. 411; de la Sede Sents. 271/2003 entre otras). Asimismo ha sostenido que la responsabilidad del Estado (Arts. 24 y 25 de la Carta Magna) por actos, hechos u omisiones administrativas, adoptándose el criterio de la falta de servicio como criterio nuclear de ésta, no implica un régimen de responsabilidad objetiva que determine que aquél deba ser responsabilizado aún por los daños causados por su actividad lícita, o sin que exista dolo, culpa grave o negligencia de su parte. VI) Entiende la Sala que en relación al caso de autos la Administración, no incurrió en falta de servicio público, por no haber funcionado, por haber funcionado mal o tardíamente. La actora en su demanda reclamó, en suma que se condenara a la Intendencia de Flores al pago de las sumas reclamadas por concepto de daño moral y lucro cesante, con más reajustes e intereses, costas y costos. Si bien no es potestad del Poder Judicial declarar la nulidad de un acto administrativo, lo que compete al T.C.A, el juez puede analizar la legitimidad del acto administrativo en los casos como el de autos, en los cuales se invoca y reclama la reparación de daños y perjuicios derivados de una actividad, de un accionar que se invoca como ilegítimo. En la demanda de autos la actora expresó, en breve síntesis, que se desempeñó como funcionaria de la Intendencia de Flores desde marzo del año 2008 hasta el 31/8/2016, cuando por Resolución No 12.173.2016 se dispuso: “Considerase a la funcionaria AA, (No 1841), como renunciante al cargo, a partir del 1o/6/2016.”, habiéndose dispuesto asimismo en dicha resolución la agregación por cuerda del expediente administrativo No 160649. 2o (según resulta del testimonio de resolución agregado a fs. 56 y 290 de autos), que la demandada no realizó una correcta investigación administrativa como hubiera correspondido atento a la denuncia de acoso laboral, máxime cuando la misma fue presentada en dos oportunidades y relacionó la situación, que entendió de acoso laboral por parte de sus compañeros de la División Tránsito en la que se desempeñaba, lo cual invocó que deterioró su salud, debiendo requerir en varias oportunidades atención médica. Refirió que presentó ante la Intendencia notas a los efectos de denunciar los hechos, que se realizara una investigación administrativa sobre los hechos de acoso laboral denunciados y se la reintegrara a un lugar de trabajo acorde a su estado de salud. Señaló que venía sufriendo una serie de actitudes por parte de algunos de sus compañeros de trabajo, las que constituyen sin duda un caso de acoso laboral, lo que le causó serios perjuicios emocionales, habiéndose lesionado su derecho a la integridad moral, personal o dignidad, derecho reconocido por el Art. 7 de la Constitución, situación que hacía imposible la continuación de la relación de trabajo, por hostigamiento permanente. VII) En primer término, resulta procedente señalar, como se refiriera en la recurrida (Considerando II a fs. 559), que en la demanda la actora no efectuó un relato, una narración precisa de los hechos ocurridos en los que basa la demanda de autos, habiéndose limitado a reiterar en su libelo que sufrió una situación de acoso laboral por parte de compañeros de trabajo de la División Tránsito en la cual se desempeñaba como funcionaria de la demandada, que se han dado situaciones no apropiadas para mantener buena relación laboral, que venía sufriendo una serie de actitudes por parte de algunos compañeros que constituyen a su entender un caso de acoso laboral, que se trató de una situación insostenible de acoso laboral y que era imposible la continuación de la relación de trabajo, etc.. Pero ni en la demanda, ni en las notas que invoca en la misma que fueran presentadas ante la Intendencia de Flores (obrantes de fs. 1 a 7 y a fs. 8), determinó específicamente quién o quiénes fueron las personas, compañeros de trabajo o superiores jerárquicos, que habrían incurrido en las conductas que entiende constituyen acoso laboral, ni en qué consistieron específicamente dichas conductas, lo que era de su carga manifestar expresa y claramente, en cumplimiento estricto de la Teoría de la Sustanciación. A dicho respecto el Art. 117 nal. 4 del C.G.P establece que la demanda debe contener: “La narración precisa de los hechos en capítulos numerados, la invocación del derecho en que se funda y los medios de prueba pertinentes, conforme con lo dispuesto en el artículo siguiente.”, adhiriéndose así a la Teoría de la Sustanciación en virtud de la cual se exige justamente la narración precisa, detallada, de los hechos, de las distintas circunstancias que sirven de fundamento a la pretensión, lo cual permitirá no solo que la parte contraria pueda pronunciarse categóricamente sobre la veracidad de los hechos invocados (Art. 130.2 C.G.P), sino que el juez se expida respecto de la pretensión, en mérito a que el Art. 198 C.G.P dispone que las sentencias deben expedirse “.... sobre las cosas litigadas por las partes con arreglo a las pretensiones deducidas....”. Como señala Palacio, en virtud del principio dispositivo se confía a la actividad de las partes tanto el estímulo como la aportación de los materiales sobre los cuales ha de versar la decisión del Juez, manifestándose en: iniciativa, disponibilidad del derecho material, impulso procesal, delimitación del "thema decidendum", aportación de los hechos y aportación de la prueba (Manual de derecho procesal civil T. I pág. 71-74 de la 4a. ed.). Dicha carga no fue estricta y suficientemente cumplida por la actora, sin perjuicio de lo cual la demandada contestó la demanda y formuló sus defensas. Según fuera relacionado en forma correcta en la sentencia impugnada (Considerando II a fs. 559), de la prueba allegada a la causa, resulta que la actora presentó oportunamente ante la Intendencia de Flores, las dos notas citadas y otras en similares términos. En efecto, la actora en tres notas fechadas el 14/3/2016 dirigidas respectivamente al Intendente de Flores - Sr. EE-, a la Directora de Tránsito -Esc. FF- y al Asesor de RR.HH de la demandada -Psc. BB - (fs. 248, 249 y 8, respectivamente), todas ellas con idéntico texto, expresó que estaba siendo sujeto de acoso laboral, que había solicitado verbalmente en otras oportunidades cambio de ambiente laboral, lo que reiteraba en dicho acto, solicitando cambio de tareas y de lugar, en el cual cumplir funciones. Dichas notas dieron lugar a la formación del Axp. Adm. No 160649 (fs. 244 a 253), en el cual se dispuso se pasara a informe del Sr. Asesor de RR.HH de la demandada -Psc. BB. Éste informó que con fecha 3/5/2016 se había celebrado una reunión con presencia de la actora, el Intendente, la Directora Gral. Administrativa de la Intendencia en calidad de Directora Gral. de la misma y el Asesor de RR.HH, en la cual la actora había manifestado las mismas inquietudes de las notas antes referidas, ante lo cual se le concedió hiciera los horarios que solicitara, de 8:00 a 12:30 y de 15:30 a 17:30 para cubrir Escuelas que le fueron asignadas en ese momento. Y que al día siguiente, con fecha 4/5/2016 mediante llamado telefónico la pareja de la actora le comunicó que la misma no pudo ingresar a trabajar probablemente por un estado de ansiedad presentado a la hora de su ingreso, a lo que le manifestó que fuera a la urgencia de su servicio de salud, a efectos de certificar la situación planteada. Que posteriormente no se recibió respuesta de la funcionaria, ni certificación médica, sino hasta el día 24/5/2016 cuando se presentó en el despacho del informante a efectos de plantear que iba a renunciar a su trabajo (fs. 251). En la nota de fecha 20/7/2016 (fs. 1 a 7 y fs. 270 a 276), presentada en el Exp. Adm. No 1841, formado ante la no presentación de la actora a su trabajo, la misma evacuando la vista que le fuera conferida, se expidió en términos similares a los ya referidos en notas citadas, en cuanto al acoso laboral invocado, asimismo refirió los caracteres del concepto de acoso laboral, citó doctrina y en suma solicitó se realizara una investigación administrativa sobre los hechos denunciados y se la reintegrara a un lugar de trabajo acorde a su estado de salud. De ninguna de las notas referidas surge específica y claramente cuáles fueron los hechos ocurridos, por los cuales la actora entendía que había sido objeto de acoso laboral, ni tampoco por parte de quién, si era por parte de compañeros o superiores, no identificó quiénes serían los que la acosaban, ni en qué consistían los actos de acoso. VIII) La Sala en anteriores pronunciamientos ha expresado: “Conforme enseña Correa Freitas, “la doctrina en general es coincidente en cuanto a que el acoso moral, y específicamente el acoso sexual, comenzó a ser difundido a partir de la década de los 80', cuando el psicólogo alemán Heinz Leyman propuso el concepto de ‘mobbing’ referido específicamente para el acoso en los lugares de trabajo. El vocablo inglés ‘mobbing’ significa ‘atacar, atropellar, asediar’. De tal manera que se sostiene que el ‘mobbing’ ‘consiste en actitudes hostiles, frecuentes y repetidas en el lugar de trabajo, dirigidas a una misma persona’. Otra expresión que está directamente relacionada con el acoso moral, es el llamado ‘bulling’, cuyo concepto está asociado al abuso de un jerarca hacia un subordinado en el lugar de trabajo.... La Directiva de la Unión Europea de fecha 14 de mayo de 2001, define al acoso moral como el ‘comportamiento negativo entre compañeros o entre superiores o inferiores jerárquicos, a causa del cual el afectado es objeto de acoso y ataque sistemático durante mucho tiempo, de modo directo o indirecto, por parte de una o más personas, con el objetivo y/o efecto de hacerle el vacío.’ En la doctrina uruguaya, Ana Sotelo Márquez da el siguiente concepto jurídico de acoso moral en el trabajo, que es descriptivo pero que contiene los elementos esenciales: ‘toda vez que estamos ante hechos, actos u omisiones reiterados o no del empleador o de cualquiera de sus dependientes, por los cuales se configura la violación del derecho a la dignidad, derecho a la integridad moral, a la intimidad, a la imagen, a un medio de trabajo adecuado, entre otros; mediante maltrato, injuria, amenaza, hostigamiento o cualquier otro tipo de conducta degradante produciendo un daño.’ La jurisprudencia nacional ha definido al acoso moral como ‘toda conducta reiterada en un período de tiempo más o menos prolongado, efectuada por una o varias personas y dirigidas generalmente contra otra, que tenga por finalidad o efecto un trato objetivamente degradante con la consiguiente lesión de la integridad moral de la persona afectada y la degradación de un ambiente de trabajo’. Por su parte, el Tribunal de Apelaciones de Trabajo de Segundo Turno, expresa que ‘Por ‘mobbing’ o acoso en el lugar de trabajo hay que entender: cualquier manifestación de una conducta abusiva y especialmente los comportamientos, palabras, actos, gestos, y escritos que puedan atentar contra la personalidad, la dignidad o la integridad física de un individuo o que puedan poner en peligro su empleo o degradar el clima de trabajo’... (‘El acoso moral en la función pública’, Correa Freitas, Ruben, Publicado en: LJU Tomo 149, Cita Online: UY/DOC/63/2014).” (Sentencia Definitiva No 215/2021, entre otras). Se comparte asimismo lo expresado por el T.A.C de 2o Turno, en sentencia cuyas consideraciones resultan aplicables en autos en cuanto a que: “...‘Como afirma Marcela Andrea Jefferson Cerda en su tesis sobre ‘El acoso Psicológico en el Trabajo. Su Trato y Reconocimiento por el Derecho Chileno: ‘En términos simples, según la Real Academia de la Lengua Española, acoso significa ‘perseguir, castigar, importunar a alguno con molestias y trabajos’; no obstante, el acoso Psicológico involucra actitudes bastante más perturbadoras, como las que expusimos, pues podrían enmarcarse en una serie de actuaciones denigrantes, incluso aterrorizantes, provocando en la mayoría de los casos una serie de trastornos físicos, psíquicos y sociales en quién los padece’. ‘La condición de superior jerárquico en la empresa no legitima de modo alguno al empresario para maltratar a sus trabajadores, al contrario estas conductas son repudiadas por el legislador, la misma ley a fijado las formas de perseguirlas y restablecer el derecho de los individuos a no ser sometidos a tratos inhumanos o vejatorios (como lo es la exposición por el acoso Laboral)’. ‘La protección del trabajo y la persona del trabajador están en íntima relación con el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica’. En materia netamente laboral, aunque la ley no lo señala expresamente, se rechazan todo tipo agresiones de las cuales pudieren ser víctimas los trabajadores incluidas todas aquellas actuaciones que hemos descrito como acoso, puesto que como explicamos dichas conductas constituyen un incumplimiento grave de las prestaciones a que obliga el contrato de trabajo (el deber general de protección)’. ‘Del mismo modo afirmamos que deben repararse otros daños que hayan derivado de los malos tratos de los que fue víctima el trabajador, ya no sólo los materiales, ni las enfermedades que le ocasionaron esos tratos, sino también creemos que debe reparase aquel sufrimiento padecido a causas de estas verdaderas torturas a las cuales se vio sometido ‘la víctima o demás personas a quienes el accidente o enfermedad haya causado daño podrán reclamar al empleador o terceros responsables del accidente, también las otras indemnizaciones a que tengan derecho, con arreglo a las prescripciones del derecho común, incluso el daño moral’ (cfm. Universidad Católica de Temuco. Escuela de derecho. El acoso Psicológico en el Trabajo. Su Trato y Reconocimiento por el Derecho Chileno. Profesor Guía: Luís Iván Díaz García. Alumno: Marcela Andrea Jefferson Cerda, fecha: 2 de noviembre de 2004) (cfm. TAT 1er S 58/2007). Y como señalara, el TAT 2o en sentencia 171/2010: ‘El concepto de acoso moral (o mobbing) proviene del campo de la Psicología de trabajo, para definir aquellos comportamientos hostiles, vejatorios o de persecución psicológica realizados por colegas (mobbing horizontal) o por el empleador (mobbing vertical) dirigidos a marginar y aislar al sujeto pasivo en el ámbito de trabajo o provocar un despido o renuncia. El fenómeno produce en la víctima del acoso un estado de malestar psicológico y la aparición de enfermedades psicosomáticas o típicamente desórdenes de adaptación y en los casos más graves depresión, estrés postraumático y psicosis. El acoso moral o ‘mobbing’ tiene un carácter sistemático, receptivo y recurrente. El acosador frecuentemente es el empleador o un subordinado que ejerce una posición jerárquica sobre la víctima. Señala María José Romero que el elemento intencional es que proporciona uniformidad a los diferentes comportamientos susceptibles de integrar el acoso moral (Ariel Nicoliello y Natalia Golotuzzo en ‘Acoso moral en el trabajo, prevención y reparación’ en Revista de Derecho Laboral, Volumen 50 No 226, Junio 2007 páginas 355 a 375)’. En conceptos trasladables de éste Tribunal: ‘El acoso moral en el trabajo es el ejercicio extralimitado de un poder (jurídico o de hecho) en el entorno laboral, mediante el uso sistemático, recurrente, progresivo, de la fuerza intimidatoria, que atenta contra la integridad moral (auto identificación de la persona que le da su equilibrio) (Lydia Guevara, El Acoso moral en el trabajo, www.enach.transnet.cu). Es una conducta abusiva que atenta por su repetición contra la dignidad o integridad psicológica o física de una persona (o grupo de personas), poniendo en peligro su posición de trabajo o deteriorando el ambiente laboral. Es un comportamiento abusivo, malicioso o insultante, un abuso de poder destinados a debilitar, humillar, denigrar o injuriar a la víctima. (Di Cataldo Godoy, Mobbing laboral, www.estudio-dictaldo.com.ar). Por su parte Marie France Irigoyen lo define ‘el acoso moral o es una conducta abusiva que se manifiesta mediante comportamientos palabras, actos gestos o escritos que pueden atentar contra la personalidad, dignidad o la integridad psíquica o física de una persona con el fin de poner en peligro su empleo o degradar su ambiente de trabajo’. Esta definición añade a la Ley nuevas notas características: el acoso moral se define fundamentalmente como una conducta abusiva ‘en la que una persona está haciendo un uso ilegitimo de sus atribuciones o facultades. Se hace hincapié en las formas múltiples en que se manifiestan comportamientos, palabras, escritos gestos actos. El acoso moral atenta contra la ‘dignidad de la persona’ un concepto que como vemos adquiere un claro significado jurídico, puesto que suele tratarse de un derecho reconocido en la mayor parte de los ordenamiento jurídicos aunque con frecuencia de forma muy indeterminada. El enjuiciamiento de una conducta como acoso es independiente de cuál sea la real voluntad e intencionalidad del sujeto agresor. Para constituir acoso la conducta del agresor se ha de considerar por el juzgador como arbitraria e injusta y no ha de responder a las necesidades reales del proceso producido de la empresa ni tampoco a una situación excepcional de fuerza mayor, estado de necesidad o defensa propia del presunto agresor’ (cfm. Manuel Velásquez, El acoso en el trabajo)’. Por otra parte resulta obvio que el mentado poder directivo no se erige en derecho absoluto alguno, encontrándose diáfanamente conectado a una sucesión de lindes entre los cuales destacan sobremanera los genéricos deberes de respeto tanto a la buena fe como a la dignidad del trabajador’. Los comportamientos calificables de mobbing más habituales que refieren las víctimas son: asignar trabajos sin valor o utilidad alguna, rebajar a la persona asignándole trabajos por debajo de su capacidad profesional o sus competencias habituales, ejercer contra la persona una presión indebida o arbitraria para realizar su trabajo, desvalorar sistemáticamente su esfuerzo o éxito profesional o atribuirlo a otros factores o a terceros, evaluar su trabajo de manera inequitativa o de forma sesgada, amplificar y dramatizar de manera injustificada errores pequeños o intrascendentes, menospreciar o menoscabar personal o profesionalmente a la persona, asignar plazos de ejecución o cargas de trabajo irrazonables, restringir las posibilidades de comunicarse, hablar o reunirse con el superior (cfm. Vicenta Ángeles Zaragoza Teuler. Dignidad, Mobbing y Derecho Laboral” -Sentencia 125/2009-.” (Cfm sentencia No. 5-100019/2012 de la Sala).” (TAC 2o Sent. No 66/2016). IX) La parte actora se agravia y entiende en síntesis, que en la recurrida no se ha efectuado una correcta valoración de la prueba allegada a la causa, que la misma debió valorarse conforme a las reglas de la sana crítica, como lo establece el Art. 140 del C.G.P, el cual dispone que: “Las pruebas se apreciarán tomando en cuenta cada una de las producidas y en su conjunto, racionalmente, de acuerdo con la regla de la sana crítica, salvo texto legal que expresamente disponga una regla de apreciación diversa...”. La sana crítica no somete al juzgador a reglas que prefijen el valor de las pruebas, sino que le da libertad para apreciar su eficacia persuasiva, con el único límite de exigir la razonabilidad de su juicio, que debe consiguientemente, ser ajustado a las leyes de la lógica, de la común experiencia y adecuadamente explicitado, de modo de permitir el control de su logicidad (Cfe.: de la Rúa: "El recurso de casación, etc.", No 69 a 75; Couture: "Estudios... etc." T. II, p. 181 a 227). A juicio del Tribunal y analizada la prueba conforme la regla referida no resulta acreditado en autos el acoso laboral que invocara la actora en su demanda y en el que fundara el reclamo por concepto de daños y perjuicios, máxime cuando ni en la propia demanda, ni en las notas presentadas ante la Administración, las que fueran antes relacionadas, la actora precisó en qué consistieron los actos de acoso, ni identificó a las personas que los habrían cometido. No surge de la prueba aportada que la actora hubiera sido objeto de conductas como las referidas en el numeral precedente. En efecto, de la declaración de parte de la actora (fs. 512 y vlto.), resulta que el problema de relacionamiento que la misma refiere en las notas que presentara con fecha 14/3/2016 ante el Intendente de Flores y otras autoridades de la Intendencia demandada (las que fueran ya referidas en el nal. VII), fue con tres compañeros de trabajo de menor grado y de menor antigüedad, quienes le decían “alcahueta”, y que la demandada le concedió lo solicitado en cuanto al cambio de horario y cubrir escuelas en los horarios requeridos. De la declaración del testigo Psc. BB, Asesor de RR.HH de la demandada, surge que la actora le planteó un problema de mal relacionamiento con sus compañeros de trabajo, no un problema de acoso, sino de mal relacionamiento, a lo cual se buscó una solución, se planteó cambio de horario para que no tuviera contacto con las personas con las cuales tenía mal relacionamiento, lo cual reiteró en varias oportunidades en su declaración (fs. 443 vlto. a 445). El testigo GG, quien trabajó junto con la actora hasta que la misma dejó de trabajar en la Intendencia, oportunidad en la que salían juntos con otros compañeros, declaró que nunca presenció destrato, burlas, acoso hacia la Sra. AA de parte de otros compañeros o que le hablaran mal, notó que solo hablaban de temas de trabajo, era un trato profesional, no personal, pero no sabe el motivo, refirió que sintió comentarios que había ocurrido algo frente a un jefe, que la actora había “vendido” a unos inspectores, pero dijo que no sabe si eso pasó o no (fs. 445 a 446). El testigo Sr. HH, quien se desempeñó como Jefe de Tránsito, dependencia en la cual trabajaba la actora, declaró que la actora había tenido algunas palabras con otra compañera de trabajo, y que otros no querían trabajar con la actora, que ella se sintió incómoda, que el testigo en la oficina no percibió situación rara de trabajo en la oficina, que era normal, nunca presenció que le hubieran faltado al respecto a la Sra. AA, que la actora se quejó antes de irse y se le había conseguido nuevo horario de trabajo, que ella cesó porque no se presentó más a trabajar, y que era una excelente funcionaria (fs. 450 a 451 vlto.). El testigo Sr. II quien también fuera Jefe de Inspectores, declaró que hubo un problema entre la actora y otros dos inspectores, un roce por un procedimiento, solo vio un cambio de palabras, no presenció que le faltaran al respeto, la maltrataran o le hablaran mal a la actora (fs. 453 a 454). La testigo DD, inspectora de tránsito declaró que la actora comenzó a tener problemas no en cuanto al trabajo, si no en lo personal con “chismes” de sus compañeros, que no vio que a la actora se le hubiera faltado el respeto o insultado (fs. 454 vlto. A 456). JJ, quien también fue inspectora y compañeras de la actora declaró en síntesis que no presenció que los compañeros de trabajo le faltaran al respeto a la actora y que el trato era solo laboral, se actuaba de manera normal (fs. 456 vlto. a 457 vlto.). El testigo Sr. CC declaró que tenía mal relacionamiento con la actora porque “se inventaba historias interpersonales fuera del trabajo”, que en horario de trabajo trataba lo laboral, que fuera de ello no hablaba con la misma, que nadie la insultó o maltrató, que si en lo laboral requería apoyo se lo brindaba (fs. 452 a 453). A juicio de la Sala de la prueba reseñada no surgen elementos que permitan concluir en la existencia del acoso laboral invocado, máxime cuando la actora nunca determinó de manera precisa en qué consistió el mismo. De las declaraciones referidas se extrae que el vínculo, el relacionamiento de la actora con sus colegas, Inspectores de Tránsito, en la mayoría de los casos se limitaba a lo laboral, y que era el correcto y esperado, más allá de que no fuera un vínculo de amistad, lo cual no permite concluir que se estuviera ante una situación de acoso laboral, con los caracteres que fueran relacionados en el nal. VII, sino de situaciones de más o menos afinidad entre compañeros, las que pueden darse en cualquier ámbito laboral, sin que ello hubiera llegado a constituir una situación de acoso. Entiende la Sala que los testigos citados en tanto su vínculo funcional con el organismo demandado, se trata de testigos cuyo testimonio resulta ser necesarios en virtud de que fueron quienes trabajaban con la actora y quienes podían dar testimonio de la situación planteada en el sector en el cual se desempeñaba la misma. X) Asimismo de la prueba allegada, de los expedientes administrativos ya citados (nal. VI), resulta que la demandada ante la situación planteada por la actora, y aún cuando no existía en ese momento protocolo de actuación frente a situaciones de presunto acoso laboral, procedió a convocarla y tener una reunión personal con la misma a la que asistió el propio Intendente, la Directora Gral. de la Intendencia y el Asesor de RR.HH, concediéndole a la misma ante su solicitud, el horario y lugar de trabajo que solicitó, a pesar de lo cual no se presentó a trabajar y en definitiva se la consideró como renunciante a su cargo a partir del 1/6/2016, según Resolución No 12.173.2016 de fecha 31/8/2016 (fs. 130 y fs. 290 de autos). En efecto, del Exp. Adm. No 161161 (obrante de fs. 254 a 306) resulta que la actora desde el día 18/4/2016 no se presentó a trabajar, sin haber dado aviso, ni presentado solicitud de licencia. Si bien en primer término se dispuso la instrucción de sumario, Res. No 11.360.2016 (fs. 264), la misma fue dejada sin efecto ante lo informado por la Asesoría Jurídica en cuanto a que de conformidad con los Art. 57 y 58 del Dec. Dptal. No 3195 - Estatuto del Funcionario Municipal -, ante la ausencia injustificada del funcionario durante más de 20 días continuos, se configuraría en el caso abandono del cargo el cual debidamente comprobado se considera como renuncia del mismo (informe de fs. 265), y se dispuso conferir vista a la funcionaria. La vista fue evacuada por la actora a fs. 270 y sig. acompañando únicamente un certificado de fecha 14/4/2016 del que resulta que en esa fecha concurrió a realizarse el estudio PAP, dos certificados médicos de fecha 4/5/2016 de los que surge que concurrió a consulta en esa fecha y que se le dio pase a policlínica de psiquiatría y un tercer certificado sin fecha del cual resulta la anotación “Cuadro ansioso reactivo a su entorno laboral”. De dichos certificados no resulta que se le hubiera otorgado a la actora licencia médica por no poder concurrir a su lugar de trabajo por razones de salud, no habiendo la funcionaria acreditado que hubiera concurrido al Servicio Médico de la Intendencia a los efectos de certificar su ausencia por motivos de salud; dicho Servicio informó que la actora no constaba con certificación médica a partir del 18/4/2016 (fs. 279). La actora tampoco justificó su inasistencia en debida forma cuando como se refiriera, se le confirió vista en el expediente, dictándose en definitiva en mérito a las normas antes referidas, la Res. No 12.173.2016, por la cual se la consideró como renunciante a su cargo a partir del 1/6/2016 (fs. 290), resolución que quedó firme, la cual no fue impugnada por la actora. De dicho expediente resulta en definitiva que, la actora no acreditó en legal forma, mediante la certificación médica respectiva, que se hubiera encontrado imposibilitada de concurrir a su lugar de trabajo por razones que implicaran acoso laboral, el certificado de fs. 268 refiere a cuadro ansioso reactivo a entorno laboral y el de fs. 269 a stres laboral, pero no le prescriben licencia por dicho motivo. La misma no se presentó a trabajar aún luego de que se le había concedido el horario y lugar de desempeño que había solicitado como fuera ya antes referido. Si bien la actora posteriormente a lo resuelto por la Intendencia acudió ante la Junta Departamental de Flores a plantear su situación y la Junta resolvió por Res. No 19.541 de fecha 24/9/2018 (fs. 341), tener por probada la existencia de claros indicios de acoso laboral hacia la actora y sugerir al Intendente su reintegro, la Intendencia tuvo presente lo resuelto por dicho cuerpo, sin perjuicio de lo cual ordenó el archivo (fs. 345), teniendo presente lo informado oportunamente por el Asesor Jurídico y las declaraciones recibidas en el ámbito administrativo por la Intendencia (fs. 317 a 337), de las cuales no resulta la existencia del acoso laboral invocado. A lo que se debe agregar lo antes referido en cuanto a lo informado por el Servicio Médico de la Intendencia y la no presentación de certificación médica respectiva que justificara su inasistencia por razones de salud. En mérito a los fundamentos expuestos no resulta procedente acoger la demanda instaurada, por lo que se confirmará la recurrida. XI) La conducta de las partes en el proceso ha sido correcta, por lo que no existen méritos para la imposición de especiales condenas procesales en el grado (Art. 688 C.C. y Art. 56 C.G.P.). Por los fundamentos expuestos, disposiciones enunciadas y aplicables, el Tribunal FALLA: Confírmase la sentencia recurrida. Sin especiales sanciones procesales en el grado. Notifíquese personalmente. Oportunamente, devuélvanse. Fíjanse los H.F.P en 15 B.P.C Dra. Mónica Besio. MINISTRA Dr. Guzmán López Montemurro. MINISTRO Dr. Álvaro França. MINISTRO Esc. Adriana León. SECRETARIA