Sentencia Definitiva N° 236/2025

. SENTENCIA DEFINITIVA. TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE 4º TURNO MINISTRA REDACTORA: DRA. SYLVIA DE CAMILLI HERMIDA. MINISTROS FIRMANTES: DRA. SYLVIA DE CAMILLI HERMIDA, DRA. MÓNICA IVANOVICH OUJO Y DR. ADOLFO FERNÁNDEZ DE LA VEGA MÉNDEZ. VISTOS EN EL ACUERDO: Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “MORENO FERIA, ANGIE Y OTROS C/ SOSA BASALO, JOSE Y OTROS - PROCESO ORDINARIO C.G.P.” IUE 2-112364/2024, venidos en apelación del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Maldonado 9º Turno a cargo del Dr. Mario Hugo Gabin Sasson. RESULTANDO: 1) La Sala acepta el relato de antecedentes procesales que se consignan en la sentencia apelada, procediendo al dictado de la presente. 2) Por sentencia definitiva de primera instancia Nº50/2025 de fecha 13 de junio de 2025 (fs. 133-137), se condena a LOGIZUR GROUP SAS y a JOSÉ LUIS SOSA BASALO a abonarle a ANGIE FERIA la suma de $ 417.360, a CELIA MARISOL BRAVO DE LOS SANTOS $ 1.037.400, a MARÍA VICTORIA BÁEZ $ 459.678, a MARÍA PAULA FERNÁNDEZ $ 279.218, a LUCÍA MAGALI SILVA PEREIRA $ 674.983 y a SERGIO ANDRÉS DA ROSA $ 199.440, más los reajustes e intereses de acuerdo al DL 14.500, y se ampara la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la Intendencia Departamental de Maldonado. 3) El representante de la parte actora, interpone recurso de apelación (fs. 140-146) contra la referida sentencia, agraviándose, en síntesis, por cuanto: Amparó la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la Intendencia Departamental de Maldonado, por considerar que la concesión del restaurante del Cerro San Antonio y del servicio de aerosillas no son cometidos departamentales. Esta parte entiende que en el caso de marras se da una situación de subcontratación, debido a que los elementos del caso concuerdan totalmente con lo expresado en el art. 1 de la ley 18.251. Además, el a quo no hizo valer las funciones que cumplen los principios del Derecho Laboral, como es el principio de primacía de la realidad, en el sentido de que, más allá de que entienda que lo que hacía el concesionario no es de previsión legal de la Intendencia, los actores estaban en calidad de subcontratados en el concepto de la ley 18.251. 4) Por decreto Nº 1113/2025 de 17 de julio de 2025 (fs. 147), se dispuso el traslado del recurso de apelación por el término legal, resultando evacuado por la Intendencia Departamental de Maldonado a fs. 150-151 vto. abogando por la confirmatoria de la sentencia de primera instancia. 5) Por providencia Nº 1320/2025 de 13 de agosto de 2025, se dispuso franquear la recurrencia para ante el Tribunal de Apelaciones del Trabajo que por turno corresponda (fs. 152). 6) Recibidos los autos en el Tribunal el 8 de setiembre de 2025, se dispuso el pase a estudio por su orden (fs. 159-160). Dejándose constancia que el Colegiado estuvo desintegrado desde el 10 al 13 de setiembre de 2025, por licencia de dos de sus miembros. Asimismo, se procede al dictado de la presente decisión anticipada, por configurarse los requisitos del art. 200.1 del C.G.P. CONSIDERANDO: I) La Sala por la unanimidad de sus voluntades naturales irá a confirmar la sentencia apelada, por los fundamentos que seguidamente se expondrán. II) La parte actora, centra sus agravios en el acogimiento de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el representante de la Intendencia Departamental de Maldonado (I.D.M.). Aduce la apelante, que la recurrida, incurrió en una errónea valoración de la prueba y aplicación del derecho, por cuanto, contrariamente a lo expuesto en la resistida, en el caso, se habría verificado una hipótesis de subcontratación, por lo que la I.D.M. debió de ser responsabilizada conforme a las previsiones de la ley 18.251. A nuestro juicio, tales agravios, no merecen ser recepcionados, por resultar plenamente compartible la valoración probatoria realizada por el Sr. Juez a quo, así como la interpretación y no aplicación al punto objeto de agravios de la normativa en materia de tercerizaciones, arribando a la conclusión que, en nuestra opinión, los agravios no logran conmover. En efecto, resulta de elementales reglas de experiencia, que en un contrato de concesión de un espacio público de la I.D.M., en el caso, la cima y ladera del Cerro San Antonio, sito en el Municipio de Piriápolis, con el objeto que un tercero explote por un restaurante o parador y una actividad de esparcimiento como el paseo en aerosilla, a cambio de un precio o canon, no hay triangulación, subcontratación o tercerización alguna. De ahí que, no resultan de recibo los agravios esgrimidos por la parte actora, por la correcta recepción en el grado anterior de la excepción de falta de legitimación pasiva causal de la I.D.M. Al respecto, este Colegiado ya se ha expedido en casos análogos, en cuanto a que no rige la responsabilidad solidaria y/o subsidiaria establecida en las leyes Nos. 18.099 y 18.251, ya que no existe una relación triangular, ni mucho menos subcontratación. Mientras en una situación de subcontratación es el comitente quien paga por la realización de una obra o servicio, en el caso concreto, cuando la I.D.M. celebra con la empleadora de los actores un contrato de concesión para que explote por su cuenta y riesgo un parador y un servicio de paseo en aerosillas, no es precisamente quien paga por ello, sino que por el contrario, recibe el pago de un precio o canon que le deberá abonar el concesionario por hacerlo. Por otra parte, la explotación del parador donde funcionaba el restaurante, así como la actividad de paseo en aerosilla, donde trabajaban los actores, como bien releva la resistida, no integra el cometido normal de la I.D.M., consistente en gobernar el departamento de Maldonado, como eleva con acierto el Sr. Juez a quo a fs. 135. Tampoco, la actividad gastronómica y de esparcimiento que realizaba la empresa concesionaria, encarta en la actividad accesoria que las leyes de tercerización prevén, pues no se trata de vigilancia, seguridad, mantenimiento o limpieza, servicios que, a juicio del Dr. Adolfo Fernández de la Vega y quien redacta, encuentran taxativamente establecidos en el art. 1° de la ley 18.251, al definir la figura de la subcontratación. En suma, cabe concluir que, en un contrato de concesión de un espacio público para gastronomía y esparcimiento, no hay triangulación alguna. En el sub lite, el concesionario en vez de alquilar un local a un particular optó, para llevar a cabo su emprendimiento comercial, por licitar un espacio público en la cima del Cerro San Antonio, un lugar que, según elementales reglas de experiencia, tiene una vista panorámica de singular belleza y es muy visitado por los turistas. Pero ello, no incide para nada, en las relaciones laborales de dicho concesionario con el personal que contrata, como es el caso de los actores, siendo la I.D.M., totalmente ajena a la relación de trabajo sobre la que se edifica el reclamo de autos. Como corolario de todo lo expuesto, corresponde rechazar los agravios deducidos y confirmar la recurrida en cuanto al amparo de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la codemandada, Intendencia Departamental de Maldonado. III) No se establecerá especial imposición de costas y costos en el grado. Por tales fundamentos, disposiciones legales citadas y en los arts. 198, 200 y 204 del C.G.P. el Tribunal, FALLA: CONFÍRMASE LA SENTENCIA DEFINITIVA APELADA. SIN ESPECIAL IMPOSICIÓN DE COSTOS Y COSTAS EN EL GRADO. HONORARIOS FICTOS: CINCO BASES DE PRESTACIONES Y CONTRIBUCIONES. NOTÍFIQUESE Y DEVUÉLVASE. DRA. SYLVIA DE CAMILLI HERMIDA MINISTRA PRESIDENTE DRA. MÓNICA IVANOVICH OUJO MINISTRA DR. ADOLFO FERNÁNDEZ DE LA VEGA MÉNDEZ MINISTRO ESC. VERÓNICA LAMELA SANTURIO SECRETARIA LETRADA