Texto de la sentencia
Sentencia Nro. 657/2025 - IUE: 2-86545/2023 Montevideo, 15 de octubre de 2025 Ministra Redactora: Dra. Gabriela Rodríguez Marichal Ministras Firmantes: Dra. Analía García Obregón Dra. Cecilia Schroeder Rius Dra. Gabriela Rodríguez Marichal
VISTOS:
Para sentencia interlocutoria de segunda instancia, estos autos caratulados: “AA y otros c/ SOCIEDAD TELEVISORA LARRAÑAGA S. A. – DAÑOS Y PERJUICIOS” IUE: 2-86545/2023,venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia interlocutoria No. 894/2025, dictada por el Sr.
Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 1er. Turno, Dr. Ignacio Rivero Wyszynsk.
RESULTANDO:
I.
Por el referido pronunciamiento del 7 de abril de 2025 (fojas 93 a 99), en lo que interesa a la instancia, se dispuso:
“Amparase la excepción de caducidad y en su mérito se ordena la clausura el presente proceso.
Costas y costos por su orden.”
II.
Contra dicha decisión se alzaron los accionantes, interponiendo recurso de apelación en escrito obrante de fojas 100 a 102, agraviándose, en lo medular, por considerar que no ha operado la caducidad; la recurrida consideró datos que no son correctos para determinar el inicio del cómputo del plazo; es errónea la interpretación de la normativa aplicable (artículo 14 de la Ley No. 16.099); todo daño, con independencia de su origen o del agente que lo cause, presenta una connotación actual y, en muchos casos, el carácter de daño continuado, no existiendo justificación para establecer un plazo más breve que el previsto para otros supuestos de responsabilidad; el plazo previsto en el artículo 14 refiere al derecho de respuesta, no a otras acciones; la decisión realiza una distinción sin sustento normativo que vulnera su derecho a obtener un fallo sobre el fondo del asunto.
Piden que se revoque la recurrida, rechazándose la excepción de caducidad.
III.
Sustanciada la impugnación deducida, de fojas 106 a 108 comparece la demandada, Sociedad Televisora Larrañaga S. A. (Canal 12) y evacuando el recurso en traslado, aboga por su rechazo, expresando, en síntesis, que ha sido correcta la interpretación del artículo 14 de la Ley No. 16.099, que prevé la caducidad de acciones vinculadas a noticias o manifestaciones emitidas en un medio de prensa, determinando el plazo para accionar en 90 días, como lo admite la jurisprudencia que cita.
IV.
Franqueada la alzada (fojas 110), el expediente fue recibido en esta Sala (fojas 113vuelto), pasando los autos a estudio el 28 de julio de 2025 (fojas 115), culminado el cual, en sesión del 10 de octubre de 2025 (fojas 119), se acordó sentencia por unanimidad, designándose redactora.
CONSIDERANDO:
I.
El Tribunal, por decisión anticipada adoptada al amparo de lo establecido por el artículo
200.1 del Código General del Proceso, confirmará la recurrida, sin especiales sanciones procesales, por los fundamentos que se exponen a continuación.
II.
AA, BB, CC, DD y EE, promovieron demanda contra Sociedad Televisora Larrañaga S. A., reclamando por concepto de daño moral la suma de U$S 10.000 respecto a la niña FF y de U$S 8.000 para los demás, en virtud de las imágenes emitidas el 1 de setiembre de 2023 en segmento del noticiero Telemundo, de tres minutos y quince segundos de duración, relativo al hallazgo de un cuerpo calcinado en el Parque Guaraní, en el que se incluyeron los rostros de los demandantes, sus domicilios y el vehículo del Sr. DD, sin aplicar ningún tipo de censura, pixelado o difuminado, así como la información de que los mismos habían brindado datos a la policía sobre el hecho investigado.
Los accionantes sostienen que la difusión de dichas imágenes e información infringió sus derechos de imagen y privacidad y además los expuso a un riesgo cierto de represalias por parte de los autores del crimen, configurando un abuso del derecho a informar por carecer de justificación en el interés general de la noticia.
Señalan que, a diferencia de este segmento, en otro emitido por el mismo canal el 5 de setiembre de 2023, relativo a la detención de tres personas por el mismo hecho, se difuminaron los rostros de policías, vecinos y detenidos, lo que demuestra que existían medios técnicos para preservar la identidad de los involucrados.
La demandada, Televisora Larrañaga S. A. (Canal 12), compareció contestando la demanda y oponiendo la excepción de caducidad, expresó que conforme al artículo 14 de la Ley No. 16.099 las acciones civiles derivadas de la actividad de los medios de comunicación caducan a los noventa días desde la fecha de emisión, plazo que en el caso se encuentra ampliamente vencido al haberse promovido la demanda el 21 de mayo de 2024.
La sentencia impugnada amparó la excepción de caducidad, ordenando la clausura del proceso, por considerar que ha operado la caducidad establecida en el artículo 14 de la Ley No. 16.099, que además de regir el derecho de respuesta, se aplica a todas las acciones civiles originadas en publicaciones o emisiones por cualquier medio de comunicación pública, que afecte a la persona por información inexacta o agraviante.
III.
La Sala comparte las conclusiones expuestas en la recurrida, que será confirmada, no siendo de recibo los agravios articulados como sustento de la apelación para resolver en sentido diverso.
El programa cuyo contenido motiva este proceso fue emitido por el noticiero Telemundo en su edición del mediodía, el 1° de setiembre de 2023.
La demanda se presentó el 21 de mayo de 2024 (fojas 37 y 47 vuelto), esto es, cuando ya había vencido el plazo de caducidad de noventa días previsto por el artículo 14 de la Ley No. 16.099, que resulta aplicable a este juicio civil y dispone: “Se operará la caducidad de las acciones mencionadas transcurridos que sean noventa días desde la publicación o emisión de que se trate.” El Tribunal con anterior integración, que la actual comparte (conforme sentencia No.
512/2024), en caso de similares aristas y en términos trasladables mutatis mutandis, expresó:
“En resolución No 685/2007, esta Sala expuso sobre la caducidad de pretensiones indemnizatorias como la que se dedujo en autos, conceptos que por resultar plenamente trasladables a este caso procederá a transcribir:
“Tal como se señalara por el Tribunal en diversas ocasiones (v.g. resolución No 155/2002 y sentencia No 21/2003), por las Salas Homólogas de 1o A.D.C.U. T. XXII, c. 101) y 7o Turnos (sentencia No 134/1998), y por la Suprema Corte de Justicia en sentencia No 158/2004, el texto de la norma citada no distingue entre la acción civil indemnizatoria y el derecho de respuesta para establecer el plazo de caducidad, por lo cual abarca a ambos (Cf.
A.D.C.U. T. XXII, c. 11020 y T. XXXI, c. 770).
Como se señalara en la resolución No 155/2002, ‘... limitar la caducidad expresamente establecida al ejercicio del derecho de respuesta, no sólo contraría la letra de la ley – en cuanto su art. 14 refiere a acciones (penales o civiles) y no a derecho (de respuesta) – sino que, además, el establecer un plazo único para todas las acciones a que pudiere dar lugar un mismo hecho resulta una solución aceptada por el texto legal, a la vez que atiende a su espíritu, por cuanto es razonable sostener que al establecer un período breve para el ejercicio de la acción, se consideró las particularidades de la actividad.
A la vez, también resulta razonable sostener que si en 90 días debe necesariamente el presunto damnificado ejercitar el derecho de respuesta, en el mismo plazo contará con los elementos necesarios para accionar penal o civilmente, por cuanto lo requerido es lo mismo para ambas conductas: el hecho imputado y, con él, la ilicitud por un lado, y la verdad y el daño por otro.
No se justifica, por ello, otorgar plazos diferentes y más largos para acciones civiles y penales si se atiende a que, como se ha señalado reiteradamente, dadas las características de la actividad, quienes la ejercen están permanentemente expuestos a ser sujetos pasivos de un reclamo...
Porque si se atiende a la diversidad de fotos, noticias e informaciones que diariamente publica un diario, sin duda que guardar elementos de defensa (periodista, fuentes, testigos...) por cuatro años, de cada una de ellas, resulta harto dificultoso.
La noticia divulgada un día pierde vigencia al otro, es un cambio permanente.’ No resultan convincentes los argumentos basados en la historia fidedigna de la sanción, cuando los textos legales son tan contundentes como el art. 14 de la Ley No. 16.099, cuya vocación de aplicación a todos los accionamientos derivados de la eventual comisión de ilícito por medio de la prensa, puede perfectamente explicarse como derogatoria de las normas generales en materia de responsabilidad civil, por la especialidad de la temática que regula; y cuyo breve plazo guarda consonancia con la inmediatez de la actividad de los medios masivos de comunicación.
No parece razonable que si están en juego el honor individual y demás derechos de la personalidad e intimidad, eventualmente afectados por una publicación, se espere cuatro años para reclamar indemnización.
La noticia es inmediata a los hechos, lleva ínsita la noción de novedad, y sabido es que los titulares de hoy están en la papelera el día de mañana. Todo lo relativo a la actividad de comunicación tiene una connotación presente, actual, de tiempo breve, que se compadece con la brevedad del plazo para reclamar, que como es de caducidad, se soluciona con la simple presentación de la demanda.” (sentencia No. 155/2009).
Por consiguiente, se confirmará la sentencia de primer grado en cuanto amparó la excepción de caducidad de la acción y ordenó la clausura del proceso.
IV.
La conducta procesal de los litigantes ha sido correcta, por lo cual no se impondrán sanciones procesales (artículo 56 del Código General del Proceso y artículo 688 inciso 2o del Código Civil).
Por todo lo expuesto y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 197, 198, 200, 256 y 257 del Código General del Proceso y demás normas concordantes y complementarias, el Tribunal,
FALLA:
CONFÍRMASE LA SENTENCIA IMPUGNADA, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN
PROCESAL.
ESTABLÉCESE EN LA SUMA DE $ 30.000 LOS HONORARIOS POR EL
PATROCINIO LETRADO DE CADA PARTE GRAVADA EN LA SEGUNDA INSTANCIA, A
LOS SOLOS EFECTOS FISCALES.
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y DEVUÉLVASE CON COPIA
PARA EL SR. JUEZ ACTUANTE.
Dra. Analía García Obregón Dra. Cecilia Schroeder Rius Dra. Gabriela Rodríguez Marichal Ministras Esc. Mónica Falótico Secretaria Subrogante
Fuente: Base de Jurisprudencia Nacional del Poder Judicial. Los nombres de las partes figuran anonimizados en el original.