Sentencia Interlocutoria N° 55/2025

SENTENCIA INTERLOCUTORIA TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE PRIMER TURNO Ministro Redactor: Dr. Julio Alfredo Posada Xavier. Ministros Firmantes: Dra. María Gabriela Rodríguez Fagián. Dr. Julio Alfredo Posada Xavier. Dra. Ana Karina Martínez Larrosa VISTOS: Para sentencia interlocutoria de segunda instancia estos autos caratulados: “PASEK OTERO, JOSE C/ FUST AFSSI, TEOFILO Y OTROS – PROCESO LABORAL ORDINARIO (LEY 18.572)” IUE: 2-98510/2024 venidos a conocimiento de esta Sala en virtud del recurso de apelación deducido por las codemandada contra la sentencia interlocutoria de primera instancia Nº 85/2025 del 15 de agosto de 2025 (fs. 690 a 692) dictada por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia de Dolores de 1er.Turno Dr. Dany Atahídes Díaz. RESULTANDO: 1º) Que por la recurrida a cuya relación de antecedentes cabe remitirse se desestimó la excepción de incompetencia territorial opuesta en autos. 2º) El día 19/08/2025 interpone recurso de apelación la parte codemandada Cooperativa de Transporte Unidos de Young (COTUDY) (fs. 701 a 708) agraviándose por: a) La nulidad de la interlocutoria por ser dictada fuera de plazo. b) el rechazo de la excepción de incompetencia territorial. 3º) El mismo día 19/08/2025 también dedujo recurso de apelación la codemandada Cooperativa Agravia Nacional de Responsabilidad Limitada (COPAGRAN) (fs. 710 a 712), agraviándose en términos similares a la anterior y lo mismo sucede con las codemandadas ADP S.A. y Agronegocios del Plata S.A. (fs. 713 a 716) y la codemandada Marcel Faust, Mauricia Merlina Ramírez y Matgroup S.A. a fs. 717 a 719, abogando todos por la nulidad de la interlocutoria impugnada o en su defecto que se revoque la misma y se ampare la excepción de incompetencia en razón de territorio opuesta. 4º) Por auto Nº 91/2025 del 29/08/25 (fs. 720) se confirió traslado del recurso de apelación, evacuándolo la parte actora el día 3/09/2025 (fs. 727 730) abogando por el rechazo de los agravios y la confirmación de la recurrida. º) Por auto Nº 96/2025 del 3/09/25 (fs. 732) se concedió el recurso de apelación con efecto suspensivo disponiéndose la elevación de las actuaciones. 6º) Recibidos los autos por este Tribunal el día 23/09/2025 (fs. 742), se dispuso el pase a estudio por parte de los Ministros y se fijó fecha para el acuerdo. Concluido el estudio y celebrado el acuerdo correspondiente se procede a dictar resolución. CONSIDERANDO: I) Todas las codemandadas apelantes plantean la nulidad de la interlocutoria No. 85/2025 por haberse dictado fuera del plazo legal, lo que no es de recibo. En efecto, no existe texto legal alguno (ni el Código General del proceso ni en las Leyes 18.572 y 18.847) que establezcan que la consecuencia de dictarse una sentencia fuera de plazo sea la nulidad de la misma. En efecto, lo relevante es determinar si ese acto, aunque irregular ha logrado el fin al que estaba destinado, salvo que hubiera provocado indefensión (art. 110 inciso 2º. del C.G.P. Por otra parte mal puede sostenerse que se ha generado indefensión cuando precisamente además de la nulidad se ha deducido el recurso de apelación contra la misma. Precisamente el mismo art. 110 del C.G.P. en su inciso 1º. Establece que “No puede anularse un acto procesal sino cuando un texto expreso de la ley lo autorice. Puede ser anulado, no obstante, cuando carece de los requisitos indispensables para la obtención de su fin”. Y es claro que la interlocutoria No. 85/2025 impugnada tiene todos los requisitos indispensables para la obtención de su fin. La Suprema Corte de Justicia en tal sentido ha dictado innumerables sentencias afirmando que la sentencia dictada fuera de plazo, no determina la nulidad de la misma. Así, en reciente fallo No. 546/2024 se expresó: “No obstante ello, la consecuencia jurídica de tal omisión no es la declaratoria de nulidad de especie alguna. En el proceso civil, a diferencia de lo que sucede en el proceso penal de 1980 (art. 90 del CPP 1980 y art. 20 de la Ley No. 9.594), la consecuencia jurídica, sin texto expreso que así lo establezca, no puede ser la nulidad de este acto procesal. Las dilaciones injustificadas no pueden, en modo alguno, servir de base para anular el acto procesal que lejos de beneficiar a los justiciables los perjudicaría irremediablemente”. “Y ello, porque la anulación no satisface, bajo ningún punto de vista, los intereses de las partes en obtener una sentencia tempestiva, ya que deberían aguardar nuevamente el transcurso de plazos de estudio y dictado de sentencia por un Tribunal subrogante para resolver el fondo del asunto. En puridad, el recurrente lo que pretende, al señalar el incumplimiento…es derribar una decisión adversa a la pretensión ejercitada”. “Como señaló Véscovi, nuestro Código General del Proceso estableció como principio que el fin del proceso es la efectividad de los derechos sustanciales. Y luego, mas adelante, justamente tratando las nulidades dispone que “no puede anularse un acto procesal sino cuando un texto expreso de la ley lo autorice” y que “la anulación no procede, aún en los casos establecidos precedentemente, si el acto, aunque irregular ha logrado el fin al que estaba destinado”. Y, para suprimir una causa muy común de anulación, el de las sentencias dictadas fuera de plazo, dispuso que la sanción fuera sustituida por una multa al Juez, manteniéndose su resolución sin anularse. Como es natural, en defensa de la validez de los actos como suprema garantía para los justiciables”. En el mismo sentido el Similar de 4º Turno en sentencia No. 82/2023 del 10/05/223 (en B.J.N.) manifestó: “En primer lugar, corresponde considerar el agravio relativo a la nulidad pretendida por la parte recurrente por haberse dictado la sentencia definitiva fuera de plazo, cuya total improcedencia es clara. Porque, sabido es, que en nuestro régimen legal no hay nulidad sin texto legal específico que la establezca (art. 110 del CGP), siendo que la Ley 18.572, siguiendo el mismo criterio que el CGP, no establece la nulidad de la sentencia dictada fuera de plazo. Tampoco se dan los otros supuestos que establece la norma legal para que pueda producirse nulidad, ya que por dictarse fuera de plazo, la sentencia no produce indefensión, ni deja de producir el fin para el que estaba previsto, tal como ha establecido invariablemente la jurisprudencia en casos similares. "El fin del proceso es la efectividad de los "derechos sustanciales, por lo que debe preferirse el fondo "sobre la forma. (Cf. Véscovi, "La anulación de las sentencias "por los Tribunales, R.U.D.P., 4/94, pág. 417)". Como estableciera el TAT de 2º turno en sentencias Nos. 48/2017 y 2093/2019: “Con relación al agravio por la alegada nulidad insubsanable de la Sentencia, el Tribunal lo rechazará en razón de que no hay en el régimen legal vigente ninguna disposición que determine que una sentencia dictada fuera de plazo legal fuere nula. …No existe en una sentencia dictada fuera del plazo indefensión alguna para cualquiera de las partes, lo que descarta la nulidad opuesta por la recurrente, lo que lleva al rechazo del agravio.”. De acuerdo a los fundamentos expuestos, se desestimará la nulidad planteada por las recurrentes de la interlocutoria No. 85/2025 del II) En segundo lugar, se agravian las codemandadas por el rechazo de la excepción de incompetencia en razón de materia. En lo sustancial sostienen que erra la recurrida al no aplicar como corresponde la norma del art. 21 de la Ley No. 15.750. La codemandada Cooperativa de Transportistas Unidos de Young refiere que el primer criterio de atribución de competencia previsto en el citado art. 21 de la ley 15.750 es el lugar de cumplimiento de la obligación y como tal debe entenderse el lugar donde “habitualmente” presta funciones el trabajador y recibo el pago de salarios y acorde a ello, entiende que ese lugar es donde está ubicado el establecimiento de trabajo. Sin embargo este criterio no tiene en cuenta la peculiaridad e la situación de autos, dado que las prestaciones y la actividad o cumplimiento de las obligaciones por parte del trabajador (chofer de camión semirremolque, Grupo 13, Subgrupo 7 de los Consejos de Salarios) no se cumplen en un solo lugar o dentro de un establecimiento, sino en diversos lugares. Por otra parte, la ley tampoco distingue como lugar de cumplimiento de la obligación el lugar habitual de desempeño o más común de desempeño. Y tampoco es posible acudir al lugar donde se abonan los salarios desde que los mismos no se abonan en un lugar físico determinado, sino a través de una transferencia bancaria, lo que determina que tal criterio para establecer el lugar de cumplimiento de las obligaciones no sea aplicable. Ahora bien, asiste razón a la apelante que en realidad la ciudad de Young es el lugar de cumplimiento de la obligación porque era desde allí donde el trabajador salía conduciendo el vehículo y era a su vez el punto de arribo, aunque sea claro que no siempre allí se cumplían las prestaciones emergentes del contrato de trabajo. Indica la apelante también que en Young es el lugar donde el empleador tiene su domicilio y era allí donde debía cumplir con la obligación de pago de salario. Y se opone a considerar competente al Juzgado de la ciudad de Dolores en razón de que ese era solo un lugar o punto “circunstancial” de los diversos traslados y trayectos realizados por el accionante y además señala que el lugar de residencia del trabajador era en Young, que la obligación nació en Young, que la parte empleadora tiene allí su domicilio y que era el lugar donde el actor cumplía sus obligaciones pues iniciaba y culminaba sus tareas en dicho lugar. Y similares argumentos esgrimen las demás codemandadas recurrentes, esto es, que el actor se domicilia en Young que allí también tienen su domicilio los codemandados, que se lo contrató en Young y que la prestación de los servicios la cumplió en su mayor parte en Young. III) Pues bien, el art. 21 de la ley No.1 5.750 establece diversos criterios de atribución de competencia, estableciendo, en primer término y como criterio más importante el lugar de cumplimiento de la obligación y como criterios secundarios o residuales y a falta de designación expresa o implícita de lugar de cumplimiento de la obligación, a elección del demandante, el del domicilio del demandado o el del lugar donde nació la obligación. Como viene de decirse, en el caso de autos no resulta acreditada la existencia de un lugar de cumplimiento de las obligaciones contractuales, ni en forma explícita ni implícita, puesto que en la medida que el actor se desempeñaba como chofer de camión de transporte carretero a nivel nacional, recorriendo o transitando o bien cargando o descargando en variados lugares del país, es claro que no existe un lugar designado de cumplimiento de las tareas o prestaciones propias del contrato de trabajo, lo que determina que el criterio principal de atribución de competencia (lugar de cumplimiento de la obligación), no sea un criterio que pueda ser aplicable, más aún cuando no es fácil determinar el lugar de cumplimiento de la obligación por parte del empleador (lugar del pago de salarios), desde que la modalidad de retribución del actor se hacía por trasferencia bancaria según él mismo lo indicó. Como consecuencia de lo anterior, cabe acudir a alguno de los criterios subsidiarios, secundarios o residuales previstos en el citado art. 21 de la ley 15.750, ya sea el domicilio del demandado o el lugar de nacimiento de la obligación, a elección de demandante. Y en cualquiera de ambos casos es claro que ello determina que el juzgado competente sea el de la ciudad de Young por allí domiciliarse la demandada, conforme surge de los propios términos de la demanda, en la que se solicitó el emplazamiento de su empleadora formal (Mauricia Melina Ramírez González en la ciudad de Young, surgiendo asimismo que el Sr. Teófilo Marcel Faust Fassi a quien se señaló como empleador de hecho, también se domicilia en Young y ello sin perjuicio de considerar que, dado que tanto la parte empleadora como el trabajador se domicilian en Young, es evidente que la contratación se verificó en esa ciudad del departamento de Río Negro, por lo que cabe concluir que el nacimiento de la obligación también se produjo en la ciudad de Young, lo que determina que sea la Sede Letrada de dicha ciudad la competente para entender en el caso planteado en autos. El Tribunal advierte asimismo que la solución antedicha resulta más favorable al trabajador, siendo una aplicación clara del principio de protección del trabajo y de acceso a la justicia en efecto, no cabe duda alguna que se trata de la solución más favorable al mejor desarrollo del proceso, en tanto el accionante no se tendrá que trasladar a otra ciudad para litigar, pudiendo hacerlo en el mismo lugar de se domicilia, lo mismo las demandadas y además Young es el lugar donde se domicilian la mayoría de los testigos ofrecidos en la demanda y escrito ampliatorio (de los 7 propuestos 6 se domicilian en Young) por lo que tramitar el juicio en la ciudad de Young facilitará claramente el acceso de los mismos al Tribunal. IV) Las costas serán de oficio, no existiendo mérito para una condena en costos (arts. 57 del C.G.P. y 688 del C.Civil). Por lo expuesto, los fundamentos expresados, las normas legales citadas y lo establecido por los artículos 197, 198 y 344 del C.G.P. EL TRIBUNAL RESUELVE: NO HACER LUGAR A LA NULIDAD PLANTEADA DE LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nº 85/2025 DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2025 DE FS. 690 A 692, Y REVOCASE LA MISMA Y EN SU LUGAR AMPARASE LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA EN RAZÓN DE TERRITORIO DECLARÁNDOSE COMPETENTE PARA ENTENDER EN ESTOS AUTOS AL JUZGADO LETRADO DE LA CIUDAD DE YOUNG QUE POR TURNO CORRESPONDA, A QUIEN SE REMITIRÁN ESTAS ACTUACIONES. HONORARIOS FICTOS: TRES BASES DE PRESTACIÓN Y CONTRIBUCIÓN. NOTIFÍQUESE Y OPORTUNAMENTE DEVUÉLVASE A LA SEDE DE ORIGEN. DR. JULIO ALFREDO POSADA XAVIER PRESIDENTE DRA. MARIA GABRIELA RODRIGUEZ FAGIAN MINISTRO. DRA. ANA KARINA MARTINEZ LARROSA MINISTRO ESC. ADRIANA AGUIRRE MEDEROS SECRETARIA LETRADA