Sentencia Definitiva N° 235/2025

SENTENCIA DEFINITIVA TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE 4º TURNO MINISTRO REDACTOR: DR. ADOLFO FERNÁNDEZ DE LA VEGA MÉNDEZ MINISTROS FIRMANTES: DRA. SYLVIA DE CAMILLI HERMIDA, DRA. MÓNICA IVANOVICH OUJO Y DR. ADOLFO FERNÁNDEZ DE LA VEGA MÉNDEZ. VISTOS EN EL ACUERDO: Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “SILVA GONZÁLEZ, ANA C/ SOCIEDAD FILANTRÓPICA SANTA FE – HOGAR DE ANCIANOS DE RIVERA - DESPIDO ABUSIVO” IUE 2-118142/2024, venidos en apelación del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Rivera de 5º Turno a cargo del Dr. Agustín González. RESULTANDO: 1) La Sala acepta el relato de antecedentes procesales que se consignan en la sentencia apelada, procediendo al dictado de la presente. 2) Por sentencia definitiva de primera instancia Nº9/2025 de fecha 16 de julio de 2025 (fs. 142-157), se condena a la SOCIEDAD FILANTRÓPICA SANTA FE a abonar a ANA SILVA GONZÁLEZ, la suma de $564.225, más reajustes e intereses desde la exigibilidad de los respectivos rubros y hasta el efectivo pago. 3) Los representantes de la pare demandada, interponen recurso de apelación (fs. 160-165 vto.) contra la referida sentencia, agraviándose, en síntesis, por cuanto hizo lugar al despido indirecto condenando a esta parte al pago de la indemnización por despido y sus incidencias, en el entendido de que existió un ius variandi excesivo por parte del empleador que colocó en grave crisis a la relación laboral existente entre las partes y ello fue suficiente para que la trabajadora se considerara indirectamente despedida. No se comparte lo concluido por el a-quo, en virtud de que no resulta demostrado en estas actuaciones que se haya tomado decisión alguna que pudiera perjudicar a la actora, no existe prueba de comunicación de cambios en las tareas y sobre todo, resulta demostrado que nunca se llevaron a cabo los presuntos cambios funcionales, porque intimada a retomar sus tareas la actora no se presentó a trabajar. La Sede de primera instancia invierte la carga de la prueba y pretende que esta parte acredite el ejercicio no abusivo del “ius variandi”, que no se realizó en la especie, en tanto no se realizó ninguna modificación en el contrato laboral con la actora, exigiéndose lo que se conoce como “prueba diabólica”. La parte actora tenía la carga de la prueba de acreditar los incumplimientos suficientes para un despido indirecto y no logró cumplir con ello. Como se reconociera en la contestación de la demanda, lo que se realizó fue una reunión informal entre miembros de la Comisión Directiva y la actora, a partir de la cual con posterioridad no se tomó ninguna resolución que pudiera perjudicar a la actora, siendo que en la Planilla de Trabajo permanece con el mismo cargo y remuneración hasta su egreso. A la actora se le envía un telegrama colacionado intimándosele su reintegro a sus tareas habituales, lo que no cumplió, por lo cual corresponderá que se le tenga por configurado el abandono de trabajo. 4) Por decreto Nº301/2025 de 31 de julio de 2025 (fs. 167), se dispuso el traslado a la parte actora del recurso de apelación por el término de diez días, resultando evacuado a fs. 170-175, abogando por la confirmatoria de la sentencia de primera instancia. 5) Por providencia Nº339/2025 de 19 de agosto de 2025, se tuvo por evacuado el traslado conferido y habiéndose interpuesto en tiempo y forma recurso de apelación contra la sentencia definitiva de autos se dispuso franquear el mismo con efecto suspensivo para ante el Tribunal de Apelaciones del Trabajo que por turno corresponda (fs. 176). 6) Recibidos los autos en el Tribunal el 8 de setiembre de 2025, se señaló fecha de acuerdo y se dispuso el pase a estudio de conformidad con lo establecido en el art. 17 de la Ley 18.572 en la redacción dada por el art. 6 de la Ley 18.847 (fs. 182-183). Dejándose constancia que el Colegiado se encontró desintegrado del 10 al 13 de setiembre de 2025 inclusive y los días 9 y 10 de octubre de 2025 por licencias de sus miembros. CONSIDERANDO: I) La Sala por la unanimidad de sus voluntades naturales irá a confirmar la sentencia apelada, por los fundamentos que seguidamente se expondrán. 1.II. Que la parte demandada se agravia, por cuanto la recurrida ampara la pretensión de condena al pago de la indemnización por despido indirecto, aduciendo que teniendo la trabajadora la carga de la prueba de los hechos constitutivos del incumplimiento grave de la empresa a sus obligaciones laborales invocado, en el caso, la pretensora no llegó a acreditar que realmente se le hubiera rebajado la categoría y el salario, ni ello llegó a resolverse y comunicársele, sino que lo único probado en autos es que al vencimiento del seguro de paro se le intimó el reintegró a sus tareas habituales. En el despido indirecto, creación de la doctrina más recibida recogida por la jurisprudencia, a diferencia del despido común, es el trabajador el que pone fin a la relación laboral, pero, basado en el incumplimiento del empleador que impide la continuación de una relación laboral, por cuanto resulta de estricta justicia concluir que quien provoca el retiro del trabajador no hace sino otra cosa que despedirlo. De ahí, que la doctrina destaque que, para la configuración del despido indirecto, es necesaria la concurrencia de los siguientes elementos: a) incumplimiento del empleador, b) decisión del trabajador de considerarse despedido, c) retiro del trabajador de la empresa (cfr. Plá Rodríguez en "Revista de Derecho Laboral", Tomo XXIV, N°122, pág. 288 y ss.). Establece el autor citado que el despido indirecto se configura siempre que el empleador viola el contrato de trabajo, señalando a título de ejemplo los casos de suspensiones inmotivadas, discriminatorias o excesivamente prolongadas, el atraso en el pago de salarios, el pago de salarios inferiores a los que correspondan, la rebaja en la retribución, el ejercicio abusivo del ius variandi, la infracción de normas legales o reglamentarias en materia de higiene o seguridad, la alteración rescisiva del contrato, etc. Y explica que la equiparación de estos hechos con el despido no solo deriva de la aplicación de la regla del "non adimpleti contractus", sino del hecho de que, de no aplicarse este criterio, sería muy fácil eludir las disposiciones que limitan o sanciona el despido: se tomarían aquellas medidas que tornaran insostenible la continuación para el trabajador en la empresa para que se viera obligado a retirarse del trabajo. Por ello, la única forma de que se cumplan realmente las disposiciones legales en torno al despido es declararlas aplicables tanto en los casos de despido abierto, expreso o declarado como en todas las hipótesis que han sido denominadas genéricamente situaciones de despido indirecto (cfr. "Curso de Derecho Laboral", Tomo II, vol. 1, pág. 249). Desde el punto de vista procesal la jurisprudencia vernácula es conteste en que de conformidad con lo dispuesto por el art. 139 del C.G.P. recae sobre el trabajador la carga de la prueba del despido, o sea, en el caso del despido indirecto, de acreditar que la ruptura de la relación laboral se debió a que el empleador cometió un incumplimiento grave o intolerable de sus obligaciones, que tornó insoportable su mantenimiento (Cfr. "Anuario de Jurisprudencia Laboral" Año 1992, c. 693; Años 1996-1997, c. 818, 863 y 886; Año 1998, c. 414 y 422; Año 1999, c. 511 y 512; Año 2000, c. 525, 529 y 535; Año 2001, c. 388; "La Justicia Uruguaya" suma 135.013). Del contexto probatorio de marras, analizado a la luz de sana crítica, a criterio de la Sala resulta evidenciado que, tal como entendiera la recurrida, se han justificado suficientemente los hechos constitutivos del despido indirecto invocado por la actora, conclusión que los agravios no llegan a enervar. En efecto, tal como señala la apelada, el testigo Sr. Hermes Dos Santos, nada menos que integrante de la Comisión Directiva, afirma en su testimonio de fs. 111 que en una reunión de la Directiva en la que estaba presente, por resolución, en mayoría, se había dispuesto que cuando la actora se reintegrara del seguro de paro pasaría de ser encargada a desempeñarse como auxiliar de servicio a los efectos de reducirle su salario. Si bien los testigos Adriana Patricia Notejane, Mónica Da Silva y Carlos Enrique Gonzálvez, resultan testigos de oídas en relación a la situación laboral de la actora, a nuestro juicio ha quedado probado que la Comisión Directiva de la demandada adoptó una resolución respecto a esta según lo declarado por el Sr. Dos Santos (fs. 111). El mismo, no refiere a que se haya resuelto hacerle una simple propuesta de cambio a la actora con pago de indemnización por despido parcial, como pretende la demandada en su contestación. Se trata de un testigo necesario y presencial, por tratarse de un integrante de la Comisión Directiva y cuyo valor convictivo no se encuentra enervado. Tampoco esta agrega el acta de la reunión para desmentir al testigo y acreditar sus aseveraciones realizadas en la contestación. En lo que hace a la Planilla de Control de Trabajo, como indica la Dra. Ivanovich en su fundado voto, la misma se realiza conforme a lo declarado por la empleadora y en el caso, la que luce a fs. 75 fue realzada el 3 de octubre de 2023 y contiene sólo las personas activas y egresos de un mes (4 de setiembre al 3 de octubre de 2023) e incluso los datos expuestos respecto a la actora (“ENCARGADA (DESDE 13/02/2023))”, ni siquiera se condicen con el resto de la prueba documental y lo señalado por la propia demandada. De acuerdo a lo que viene de decirse, no caben dudas que la resolución de modificar los extremos de la relación laboral con la actora existió, llamando poderosamente la atención, que contando la demandada con las Actas de la Comisión Directiva no las haya agregado al proceso a efectos de determinar, no un hecho negativo, sino la resolución efectivamente adoptada por la misma. A su vez, la demandada admitió la existencia de la mencionada reunión de la Comisión Directiva con la actora, haciendo énfasis en la situación económica del Hogar y la necesidad de modificar el contrato de trabajo (fs. 80). Por ende, existiendo una decisión al respecto, resulta lógico y razonable que se le haya comunicado a la actora, la que se encuentra en consonancia con las necesidades de la demandada. No se trató de un mero anunció sino una decisión concreta adoptada por el órgano de administración de la Sociedad Filantrópica Santa Fe. Como corolario de lo expuesto, es razonable entender que lo que se comunicara a la actora en la reunión que se mantuviera a fines de octubre, por parte de algunos integrantes de la Comisión con ella, fue la resolución de su degradación de categoría con la consiguiente rebaja salarial dispuesta a la que refiere el testigo Dos Santos. Lo que implica un evidente ejercicio de ius variandi abusivo, ya que el cambio resultaba perjudicial para la trabajadora en lo laboral y en lo económico. Por lo cual, al no aceptarlo, le asistía el derecho de considerarse indirectamente despedida desde que se le hace la comunicación del mismo, sin esperar a su reintegro al vencimiento del seguro de paro, careciendo de relevancia la posterior intimación de reintegro, a realizar las tareas (no identificando cuáles, fs. 75 y 76), la que resulta extemporánea, pues ya la trabajadora se había dado por indirectamente despedida y lo había comunicado a la empleadora. Todo lo que conlleva desestimar los agravios y confirmar la recurrida. III) No se establecerá especial imposición de costas y costos en el grado. Por tales fundamentos, disposiciones legales citadas y en los arts. 17, 18, 28, 29 y concordantes de la Ley N°18.572 del 13.9.2009, art. 7 de la Ley N°18.847 del 15.11.2011, el Tribunal, FALLA: CONFÍRMASE LA SENTENCIA APELADA. SIN ESPECIAL IMPOSICIÓN DE COSTOS Y COSTAS EN EL GRADO. HONORARIOS FICTOS: CINCO BASES DE PRESTACIONES Y CONTRIBUCIONES. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE Y DEVUÉLVASE. DRA. SYLVIA DE CAMILLI HERMIDA MINISTRA PRESIDENTE DRA. MÓNICA IVANOVICH OUJO MINISTRA DR. ADOLFO FERNÁNDEZ DE LA VEGA MÉNDEZ MINISTRO ESC. VERÓNICA LAMELA SANTURIO SECRETARIA LETRADA