Tribunales de Apelaciones · Tribunal Apelaciones Trabajo 1ºT
Sentencia Definitiva N° 245/2025
15 de octubre de 2025
Se ampara parcialmente la excepción de prescripción en segunda instancia.
- Ficha (IUE)
- 2-115633/2023
- Procedimiento
- Proceso laboral
- Materia
- Derecho laboral
- Importancia
- Media
- Resultado (estimado)
- Confirma en parte
- Derecho laboral › Proceso laboral › Excepciones previas al proceso laboral › Prescripcion
- Derecho laboral › Proceso laboral › Excepciones previas al proceso laboral › Falta de legitimacion pasiva
Texto de la sentencia
SENTENCIA DEFINITIVA
TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE PRIMER TURNO
Ministra Redactora: Dra. María Gabriela Rodríguez Fagián Ministros Firmantes: Dr. Julio Posada Xavier, Dra. Ana Karina Martínez Larrosa y Dra. María Gabriela Rodríguez Fagián.
VISTOS EN EL ACUERDO:
Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “DI ROCCO, HUGO C/ CARVALHO, DOMINGO Y OTROS, PROCESO LABORAL ORDINARIO (LEY 18.572)”, IUE: 2-115633/2023, venidos a conocimiento de esta Sala en virtud del recurso de apelación deducido por la parte demandada contra la sentencia definitiva de primera instancia Nro. 38/2025 de fecha 17 de junio de 2025, dictada por la Sra. Jueza Letrada de Primera Instancia de Ciudad de la Costa de 5º Turno, Dra. Sophía Sánchez Mezón.
RESULTANDO:
1) La Sala acepta el relato de antecedentes procesales que se consignan en la sentencia apelada procediendo al dictado de la presente.
2) Por sentencia definitiva de primera instancia Nro. 38/2025 (fs. 364 a 403) se falló: “Desestímase la excepción de falta de legitimación pasiva del codemandado Ariel Domingo Carvalho y ampárase la excepción de falta de legitimación pasiva de la codemandada María del Huerto Pensotti. Desestímase la excepción de prescripción, incompetencia y la defensa de falta de requisito de conciliación previa. Amparando parcialmente la demanda y en su mérito condenando a Ariel Domingo Carvalho y GCB Construcciones y Montajes a pagar al actor Hugo Di Rocco la suma de $ 730.711, más los reajustes e intereses legales correspondientes hasta su efectivo pago. Sin especial condena procesal en el grado. Consentida o ejecutoriada, cúmplase, expídase testimonio si se solicitare y oportunamente archívese. Notifíquese electrónicamente a las partes”.
3) Con fecha 17 de julio de 2025 compareció el codemandado Domingo Carvalho interponiendo recurso de apelación contra la sentencia definitiva dictada en autos (fs. 406 a 423), agraviándose de la solución de primera instancia en los siguientes puntos: a) en cuanto desestimó en forma total la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por su parte; b) por la desestimatoria de la excepción de prescripción; c) porque no se valoraron los acuerdos transaccionales y desistimientos formulados por el actor que abarcan la totalidad de la pretensión; d) por no haberse descontado del crédito o suma objeto de condena los importes percibidos por el actor por vía de transacción y e) porque tampoco se descontó de la suma objeto de condena, lo que el actor cobró de licencia, salario vacacional y aguinaldo por los aportes que sí se realizaron al BPS en el período considerado.
4) Por decreto Nro. 933/2025 de fecha 21 de julio de 2025 (fs. 424), se ordenó conferir traslado del recurso interpuesto a la contraparte por el plazo de 10 días; traslado que no fue evacuado por el accionante, pese a que fue debidamente notificado según resulta de fs. 425 de la providencia Nº 933/2025 que ordenó conferirle traslado.
5) Sustanciado el recurso, por providencia N.º 1148/2025 (fs. 427), se dispuso el franqueo del mismo con efecto suspensivo para ante el Tribunal de Apelaciones del Trabajo que por Turno corresponda.
6) Recibidos los autos por este Tribunal con fecha 16 de setiembre de 2025 (fs. 434), con fecha 18 de setiembre de 2025 se dispuso el pasaje a estudio de los Sres. Ministros y se fijó fecha para el acuerdo (fs. fs. 435).
7) Producido el estudio, se acordó sentencia y en el día de la fecha se procede a su dictado.
CONSIDERANDO:
I) La Sala por la voluntad unánime de sus integrantes naturales, procederá a confirmar la muy correcta sentencia de primera instancia, salvo en cuanto desestimó íntegramente la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por el codemandado Domingo Carvalho y en cuanto no dispuso descontar del monto objeto de condena a este codemandado, lo percibido por el actor por las transacciones celebradas, aspectos en lo que se revocará la sentencia y en su lugar, se amparará parcialmente la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por Ariel Domingo Carvalho en lo que refiere al período comprendido entre 13/12/2019 al 31/7/2021, debiendo reliquidarse los rubros amparados con exclusión de dicho período. Se dispondrá, asimismo, que deberá descontarse del monto total objeto de condena lo percibido por el actor por concepto de las transacciones celebradas con los restantes demandados.
II) El caso de autos.
El Sr. Hugo Di Rocco inició demanda laboral contra Domingo Carvalho, María Pensotti, GCB Construcciones y Montajes, Gastón Carvalho, Andrés Porto, María Soledad y Rodrigo Echevarría reclamado una serie de rubros salariales, más la indemnización por despido. Indicó, que fue contratado con fecha 13 de diciembre de 2019 por los codemandados Domingo Carvalho y María Penzotti, quienes revestían la calidad de empleadores directos por ser titulares de la empresa GCB Construcciones y Montajes. Señaló, que desempeñó sus labores dentro del Grupo 9 (Industria de la Construcción) subgrupo 1, ejerciendo tareas como capataz, de lunes a viernes en el horario de 7 a 17 horas. Afirmó, además, que concurría a todas las obras de los demandados que se estuvieran ejecutando, indicando que no estuvo inscripto en el BPS. Refirió también, que durante la vigencia de la relación laboral formó parte del conjunto de trabajadores que llevó a cabo diversas obras o construcciones para los codemandados Andrés Porto y para Rodrigo y María Soledad Echevarría. Para el codemandado Andrés Porto laboró en dos obras que se efectuaron durante todo el período de vinculación, en tanto para los codemandados Echevarría, dijo haber laborado un total de 20 jornales en el mes de febrero del año 2022.
Indicó, asimismo, que la relación laboral llegó a su fin en diciembre de 2022, dado que cuando se disponía a reincorporarse luego de su licencia, no lo admitieron en la nueva obra ubicada en la calle José María Guerra; por lo que se configuró el despido. Invocó respecto del resto de los demandados, la aplicación de las leyes de tercerización, peticionando su condena solidaria. Reclamó, en definitiva, el pago de los rubros licencia, salario vacacional, aguinaldo por todo el período, desgaste de ropa y herramientas, indemnización por despido, más lo que denominó “sub aportación”.
A su turno el codemandado Domingo Carvalho contestó la demanda en términos de controversia y a su vez, interpuso excepción de falta de legitimación pasiva, excepción de prescripción, a la par, que controvirtió la fecha de ingreso y egreso denunciadas por el actor, alegando que recién comenzó a trabajar para él en agosto del año 2021. Negó que la codemandada María Pensotti hubiera mantenido relación laboral alguna con el actor. Negó, asimismo, que el trabajador se haya desempeñado como capataz, invocando que se desempeñó como oficial sanitario (categoría VIII). Señaló, además, que el accionante se desempeñó para él recién a partir de agosto de 2021 y no lo hizo de manera continua e ininterrumpida hasta diciembre de 2022 como invocó, negando que él ostentara la calidad de empleador en las obras en que el Sr. Di Rocco fue contratado de manera directa por los propietarios de las mismas. Controvirtió también el monto del jornal invocado, así como la procedencia de los diversos rubros pretendidos, solicitando que se desestime la demanda en todos sus términos.
También el codemandado Andrés Porto contestó la demanda en términos de controversia, cuestionando la aplicación de las leyes de tercerización a su respecto y negando por ello, que en el caso se configure una hipótesis de subcontratación. En consonancia con su defensa, y por invocar no tener participación personal ni directa en los hechos, asumió actitud de expectativa. Sin perjuicio de ello, realizó precisiones en cuanto a la falsedad de las alegaciones del actor, indicando que es falso que el mismo hubiera desempeñado tareas como capataz en la obra de su propiedad a partir de diciembre de 2019 y que a su vez en el período indicado en la demanda lo haya hecho en dos obras, dado que la única obra que llevó a cabo es la ubicada en la calle Mendoza y Capitán Tula. Realizó precisiones también en cuanto a la liquidación realizada por el actor y abogó también por la desestimatoria de la demanda a su respecto por carecer de legitimación pasiva.
De igual modo, los codemandados María del Huerto Pensotti y Gastón Carvalho también contestaron la demanda abogando por su falta de legitimación pasiva, dado que según indicaron, nunca contrataron, despidieron, impartieron directivas u órdenes al actor, ni le abonaron su salario, siendo su única vinculación con los hechos denunciados, ser la esposa e hijo del codemandado Domingo Carvalho.
III) La sentencia de primera instancia desestimó la excepción de prescripción, de incompetencia y la falta de cumplimiento del requisito de la conciliación previa y amparó la excepción de falta de legitimación pasiva de María del Huerto Pensotti, además de desestimar la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Domingo Carvalho. En mérito a ello, amparó parcialmente la demanda y condenó exclusivamente a Domingo Carvalho a abonarle al actor por los rubros salariales reclamados más la indemnización por despido, la suma de $ 730.711 incluidos daños y perjuicios preceptivos (10%) y multa legal, más reajustes e intereses.
Contra tal decisión se alzó el codemandado Domingo Carvalho, agraviándose tal como fuera relacionado en los resultandos de la presente sentencia, por los siguientes puntos: a) por desestimarse en forma total la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por su parte; b) por la desestimatoria de la excepción de prescripción; c) porque no se valoraron los acuerdos transaccionales y desistimientos formulados por el actor que abarcan la totalidad de la pretensión; d) por no haberse descontado del crédito o suma objeto de condena los importes percibidos por el actor por vía de transacción y e) porque tampoco se descontó de la suma objeto de condena lo que el actor cobró de licencia, salario vacacional y aguinaldo por los aportes que sí se realizaron al BPS en el período considerado.
IV) Acorde a lo expuesto, corresponde analizar cada uno de los agravios articulados por el codemandado Domingo Carvalho en el orden en el que fueron planteados en su recurrencia.
Pero antes de ello corresponde realizar una puntualización previa, y es que conforme surge de fs. 40 y 41 de estos obrados, el actor alcanzó un acuerdo transaccional con los codemandados María Soledad Echevarría y Rodrigo Echevarría por el período en que prestó tareas para éstos en la obra de su propiedad, por la suma de $ 13.000, acuerdo que fuera homologado por la sede a-quo por providencia Nº 209/2024 (fs. 42).
De igual forma, de fs. 289 y 290 resulta, que el actor también alcanzó un acuerdo transaccional con los codemandados Andrés Porto y Gastón Carvalho, en virtud del cual el codemandado Porto se obligó a abonarle al actor la suma de U$S 3.000 por el reclamo formulado contra él y contra el codemandado Gastón Carvalho, acuerdo que también fue homologado por providencia Nº 1599/2024 (fs. 291).
Realizadas estas precisiones, ahora sí corresponde ingresar a considerar cada uno de los agravios y cuestionamientos articulados por el codemandado Domingo Carvalho.
V) Y en primer lugar, dicho codemandado se agravió porque se haya desestimado en forma total la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por su parte.
Fundando su agravio expresó el recurrente, que la sentencia le otorgó legitimación pasiva por todo el período que el trabajador indicó en su demanda, siendo que desde el 19 de setiembre de 2019 al 31 de julio de 2021 el Sr. Di Rocco no trabajó para él, sino para la Sociedad Civil Samara. Refirió concretamente, que el actor no formuló reclamo contra él por ese período, pues según se desprende de la demanda, el trabajador no ejerció pretensión contra él por tiempo o período en que trabajó para la Sociedad Civil Samara que surge de su historia laboral. Señaló en tal sentido, que el actor fue por demás claro y afirmó en su escrito inicial, que el reclamo contra los empleadores directos (GCB Construcciones; Domingo Carvalho, Gastón Carvalho y María Pensotti) era solamente por las dos obras en las que trabajó que eran propiedad de Andrés Porto y por los 20 jornales que trabajó en febrero de 2022 en la obra de Rodrigo y María Soledad Echevarría; por lo que la sentencia incurrió en extra petita, extralimitando la pretensión del actor, quien no formuló reclamo contra él por el tiempo en que trabajó para la referida Asociación Civil, al punto que la misma ni siquiera fue mencionada en la demanda.
En primer término, entiende la Sala, que el actor incurrió en una importante incongruencia en su demanda. Es decir, por un lado, afirmó que fue contratado por Domingo Carvalho y María Pensotti el 13 de diciembre de 2019, quienes según indicó eran los titulares de la empresa GCB Construcciones y Montajes, dando a entender de este modo, que el trabajo se desarrolló para éstos desde 2019 hasta su despido acaecido según explicó, en el mes de diciembre de 2022. Sin embargo, y pese a que afirmó que concurría a “todas las obras” que estaban ejecutando los demandados, quien según explicó “tercerizaban” sus servicios para otras empresas principales, sólo identificó tres obras o construcciones, a saber: las dos obras en las que afirmó haber laborado y fueron realizadas por el codemandado Andrés Porto, ubicadas una, en la zona de Cabari y General Flores y la otra, en la calle Mendoza y Capitán Tula, y la otra obra realizada para Rodrigo y María Soledad Echevarría, en el barrio Viñedo de la Tahona, según lo indicado a fs. 17.
Es más, surge de la demanda, que el actor señaló que las obras realizadas para Andrés Porto se efectuaron “durante todo el período en el que el trabajador se encontraba ejerciendo labores para la empresa GCB Construcciones y Montajes” (fs. 17 de la demanda). Por tanto, cabe inferir, que dichas obras se iniciaron en diciembre de 2019 que fue la fecha en que el actor indicó que se inició el vínculo con el apelante y GCB Construcciones y Montajes.
No obstante, el codemandado Andrés Porto alegó y probó de manera fehaciente que ello no fue así, sino que recién en enero del año 2021 le entregaron la posesión del bien inmueble ubicado en Pedro de Mendoza y Capitán Tula que había adquirido (ver documentos de fs. 77 a 81) y que recién en setiembre/octubre de 2021 el actor ingresó a la obra que se desarrollaba en ese inmueble. En efecto, el contrato de obra celebrado entre el Sr. Porto y el codemandado Domingo Carvalho es de fecha 20 de enero de 2021 según resulta de fs. 72, y tiene una modificación pactada el 15 de abril de 2021 (fs. 73); por lo que es imposible que antes de esa fecha el accionante haya laborado para el codemandado Porto y, por consiguiente, para su empleador el Sr. Domingo Carvalho.
Y producto de esta inconsistencia, cabe entender, que el período inicial de la supuesta relación laboral no fue trabajando en la obra para Andrés Porto. Pero cabe observar, que de la demanda no surge que el actor haya identificado otras obras en las que hubiera laborado. Y mucho menos indicó que hubiera trabajado para el demandado Carvalho durante el desarrollo de la obra para la Sociedad Civil Samara en la que figura en BPS que trabajó desde el 19/9/2020 y el 31/7/2021 (fs. 12 y fs. 229 y 230). Y justamente en esta omisión e inconsistencia de la demanda se ampara el apelante para alegar que no tiene o no revestía legitimación pasiva cuando el actor fue contratado en forma directa para otras personas jurídicas.
Si bien el Tribunal comparte con la recurrida, que parece existir una confusión por parte del codemandado Domingo Carvalho entre el sistema de aportes de la construcción (por administración directa) y la responsabilidad del empleador. Y ello por cuanto los titulares de una obra por administración directa si bien son responsables de los rubros que se generen y de los aportes al BPS, ello no obsta ni determina que, si en la realidad de los hechos hay un empleador, el mismo por su condición de empleador y titular de la empresa de construcción, debe responder también. En el período comprendido entre diciembre de 2019 hasta julio de 2021 bien pudo haber ocurrido eso, especialmente en el período que el actor figura en BPS trabajando en la obra de la Sociedad Civil Samara.
Pero en el caso se presenta el gran inconveniente de que el accionante no identificó que en su trabajo en la obra de la Sociedad Civil Samara hubiera laborado para Domingo Carvalho, con el inconveniente, además, de que en el BPS no figura empresa contratista en dicha obra. Es más, el apelante Domingo Carvalho también aportó su historia laboral, donde figura con aportes como dependiente en la obra de la Sociedad Civil Samara entre abril de 2020 y junio de 2021, reingresando en agosto de 2021 y egresando en octubre de 2021 (fs. 46).
En relación a esta obra en particular, el testigo Jorge Maldonado identificó la obra de Samara como un edificio en Punta Carretas, y recordó, que en dicha obra trabajó el accionante haciendo sanitaria, informando, además, que el patrón en dicha obra era Domingo Carvalho, que era quien les pagaba el sueldo y los contrataba, agregando a su vez, desconocer el vínculo existente en Domingo Carvalho y la Sociedad Civil Samara, que como vimos, era la que realizaba los aportes (fs. 313 in fine). Algo similar puede inferirse de lo afirmado por el testigo José Ruiz a fs. 317 in fine y fs. 318 al aludir a la obra de Punta Carretas.
No obstante, y a pesar de lo referido por los testigos, el Tribunal no puede dejar de atender a la contradicción u omisión del actor de mencionar esa obra y de invocar fundadamente que dicha sociedad civil (Samara) fue la que contrató a la empresa de Domingo Carvalho y que éste en dicho lugar también oficiaba o fungía como empleador al igual que en las restantes obras en las que dijo haber laborado para él, nada de lo cual fue argumentado por el actor en su escrito pretensivo. Por lo que desde esta perspectiva, se releva o advierte una clara deficiencia argumental o un importante defecto en la carga de la sustanciación de la demanda, que es imposible que este Tribunal pueda desatender. Es decir, el actor bien pudo no demandar a la Sociedad Civil Samara, lo que sí hizo en el caso de Andrés Porto y los hermanos Echevarría, pero claramente debería haber alegado el trabajo en dicha obra en particular y la calidad de comitente de la Sociedad Civil Samara, explicando a su vez, la situación o el vínculo de la misma con el apelante en ese período de tiempo, lo que no hizo.
Y en este punto cabe precisar, que la Sala no puede en este sentido atender a lo afirmado por los testigos, pues como es sabido, los hechos del proceso deben ser introducidos por las partes, no pudiendo los deponentes suplir en modo alguno la actividad alegatoria que corresponde o es privativa de los litigantes.
En tal escenario y frente a lo defectuoso del planteo del actor, la Sala entiende que corresponde amparar el agravio y acoger, por tanto, la excepción de falta de legitimación pasiva del apelante por el período comprendido entre el 13 de diciembre de 2019 al 31 de julio de 2021, disponiéndose a los efectos de que la sentencia guarde coherencia interna, que deberán reliquidarse los rubros objeto de condena, descontando el período por el que se acoge la falta de legitimación pasiva del apelante.
En ese marco y a partir de considerar que el período trabajado para el demandado Domingo Carvalho se extiende desde agosto de 2021 a diciembre de 2022 (16,5 meses), la liquidación de los rubros objeto de condena deberá realizarse sobre la base de la liquidación practicada por la sentencia (con la única modificación del periodo considerado), el que en “principio” y dado que a la liquidación que sigue deberán también descontarse los montos percibidos por el actor en mérito a las transacciones alcanzadas con el resto de los demandados, la liquidación sería la siguiente:
Licencia: jornales generados 27,5 x $ 2.824 = $ $77.660 Salario Vacacional: $ 77.660 Aguinaldo: $ 59.304 x 16,5 meses = $ 978.516 + incidencia de licencia y salario vacacional $ 113.901 = $ 1.092.417: 12= $ 91.035.
Desgaste de ropa: $ 353 valor hora oficial x 8 x 21= $ 59.304 x 5% x 16,5 = $ 48.926 Desgaste de herramienta: $ 19.570.
Total de rubros salariales: $ 314.851, más daños y perjuicios preceptivos (10%) y 10% de multa legal, más reajustes e intereses.
IPD: 29 jornales x $ 3.595,38 = $ 104.266, más 10% de multa legal, reajustes e intereses.
VI) En segundo lugar, el codemandado Domingo Carvalho se agravió por la desestimatoria de la excepción de prescripción.
Y en apoyo de su cuestionamiento por la desestimatoria de la excepción opuesta, desarrolló o desplegó idénticos fundamentos a los articulados en el agravio anterior, esto es; le reprochó a la sentencia que hubiera tenido por acreditado que el actor laboró para él desde setiembre de 2020 a julio de 2021, desestimando, en definitiva, la prescripción por todo lo reclamado con anterioridad a julio del año 2021.
En tal marco y frente a idénticos fundamentos y dado que la Sala ya amparó la excepción de falta de legitimación pasiva del Sr. Domingo Carvalho por el período anterior a agosto de 2021, carece de objeto la prescripción opuesta, dado que por dicho período el apelante no corresponde que sea responsabilizado dada su falta de legitimación pasiva, resultando por tanto, totalmente estéril y carente de objeto determinar la prescripción de la acción por dicho período, si antes se concluyó que el apelante sólo tiene legitimación pasiva a partir de agosto de 2021.
VII) Por otra parte, el apelante también dedujo agravios porque el fallo impugnado no consideró ni valoró los acuerdos transaccionales suscritos por el actor con el resto de los demandados, ni valoró tampoco los desistimientos de la pretensión presentados en autos y oportunamente homologados, en virtud de los cuales, existió un desistimiento total y absoluto de la pretensión de la parte actora respecto de todos los demandados.
En opinión de la Sala no le asiste razón al recurrente. En su versión, de los acuerdos transaccionales suscritos por el trabajador, tanto con Rodrigo y María Soledad Echeverría y luego con Andrés Porto y Gastón Carvalho resulta, que el Sr. Di Rocco desistió en forma expresa de la pretensión de la totalidad de los períodos y montos reclamados en el presente proceso.
Sin embargo, se aprecia error en lo planteado por el recurrente en cuanto alude o menciona “desistimiento” para referirse a los acuerdos celebrados por el trabajador con los propietarios de las obras, dado que de autos resulta, que lo celebrado fueron transacciones, obviamente que considerando lo generado por el trabajador en los respectivos períodos en que laboró en las obras de cada uno de ellos. Por ello es importante tener presente y partir de la base, de que el proceso respecto de dichos demandados culminó por transacción y no por desistimiento. Pero aún considerando el término empleado por el impugnante, sólo puede interpretarse que el desistimiento operó con respecto a la pretensión esgrimida contra cada uno de los demandados con los que transó, y en el entendido de que éstos pagaron una suma para desligarse del proceso, sin reconocer responsabilidad por los montos o rubros generados.
Y si bien no puede concluirse que el vínculo fuera de tercerización, en tanto tales demandados eran los propietarios de las obras, cabe entender que la responsabilidad de los titulares de las obras por los jornales y por los aportes a los trabajadores, es similar a la de una empresa principal en un régimen de tercerización, que no sustituye la responsabilidad del empleador o titular de la empresa constructora que claramente es el recurrente.
Por eso mismo, es que no verificó desistimiento de toda la pretensión como postula el recurrente. Los acuerdos son claros en este punto. Así, en el acuerdo suscrito con los Sres. Echevarría surge en forma diáfana, que lo acordado con ellos “no alcanza a los codemandados de este proceso (Domingo Carvallo, María Pensotti, GCB Construcciones y Montajes, Gastón Carvalho y Andrés Porto)” (fs. 40 vto.in fine), además de quedar consignado, que el desistimiento refiere únicamente respecto de la pretensión contra María Soledad y Rodrigo Echeverría (fs. 41).
Del mismo modo, la transacción de fs. 289 y 290 celebrada con los demandados Porto y Gastón Carvalho deja en claro, que solicitan que en función del acuerdo transaccional se tenga al actor por desistido de la pretensión exclusivamente respecto de los codemandados Andrés Porto y Gastón Carvalho.
En síntesis, las transacciones celebradas por el actor no impiden en modo alguno responsabilizar por los créditos adeudados al actor al apelante, sin perjuicio de descontar como abordaremos en el próximo agravio, lo percibido mediante transacción.
Por todo cuanto viene de exponerse el agravio no resulta de recibo.
VIII) Íntimamente relacionado con este aspecto, el co demandado apelante también articuló agravios por que la sentencia de primera instancia no ordenó descontar del crédito o de la suma objeto de condena, los importes recibidos por el actor a través de los acuerdos transaccionales. Y en este punto señaló concretamente el Sr. Domingo Carvalho, que la sentencia debió disponer que se descontaran las sumas de $ 13.000 y de US$ 3.000 efectivamente percibidas por el trabajador conforme a las transacciones arribadas, verificándose de este modo y producto de la omisión de la sentencia, un enriquecimiento injusto por parte del actor.
En este aspecto, este Colegiado entiende que le asiste plena razón al apelante, compartiendo por ello todo lo argumentado en el escrito de apelación, máxime además, cuando en la audiencia celebrada el 21 de noviembre de 2024 (fs. 295), el juez subrogante solicitó al actor que aclarara el monto del reclamo en virtud de los acuerdos transaccionales celebrados, y éste afirmó en forma expresa, que del total de la condena pretendida corresponde restarle los U$S 3.000 abonados en virtud del acuerdo con Andrés Porto y Gastón Carvalho, así como los $ 13.000 recibidos fruto del acuerdo celebrado con María Soledad y Rodrigo Echeverría (fs. 295 vto.).
En tal escenario se concluye, que corresponde el amparo del agravio, por lo que corresponderá descontar de la suma objeto de condena, los importes percibidos por el actor en mérito a las transacciones celebradas, debiendo a tales efectos convertirse la suma en dólares a pesos uruguayos al momento de su pago, que perfectamente puede considerarse que se produjo al momento de presentarse el acuerdo para su homologación en noviembre de 2024 (fs. 289 y 290).
En mérito a lo que viene de señalarse, estos descuentos deberán efectivizarse respecto de las sumas que fueron reliquidadas por este Tribunal en el considerando V) de la presente sentencia.
IX) Por último, el apelante se agravió porque la sentencia tampoco hubiera dispuesto descuento alguno respecto de lo que el actor cobró por concepto de licencia, salario vacacional y aguinaldo por los aportes que sí se hicieron en el BPS durante el período.
Este agravio no resulta atendible, en primer lugar, porque ni siquiera señaló el recurrente, cuáles fueron los aportes que se le efectuaron al actor en virtud de los cuales habría percibido o cobrado los referidos rubros ante el BPS.
Pero sin perjuicio de ello, cabe observar, que en todo caso el único período a considerar sería desde agosto de 2021 a diciembre de 2022. Y en ese período según resulta de la Historia Laboral del actor, éste contó únicamente con lo aportado por Gastón Carvalho entre agosto de 2021 a marzo de 2022, pero por Industria y Comercio y no por Construcción (fs. 9); por lo que en función de ello y no rigiendo en este caso el sistema de aporte unificado de la Construcción previsto en el decreto ley 14.411, es imposible que el BPS le abonara suma alguna al Sr. Di Rocco por concepto de licencia, salario vacacional y aguinaldo; todo lo que naturalmente conlleva la desestimatoria del agravio.
X) La actuación de las partes no merece condenas accesorias especiales, siendo las costas de la instancia de cargo del demandado apelante y los costos en el orden causado.
Por los fundamentos expuestos, normas legales citadas, artículos 17 y 18 de la ley 18.572, su modificativa ley 18.847 y artículos 197 y 198 del CGP, el Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 1º Turno, FALLA:
CONFIRMASE LA SENTENCIA APELADA, SALVO EN CUANTO DESESTIMÓ INTEGRAMENTE LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACION PASIVA INTERPUESTA POR DOMINGO CARVALHO Y EN CUANTO NO DISPUSO DESCONTAR DEL MONTO OBJETO DE CONDENA A ESTE CODEMANDADO, LO PERCIBIDO POR EL ACTOR POR LAS TRANSACCIONES CELEBRADAS, ASPECTOS EN LO QUE SE REVOCA Y EN SU LUGAR, AMPARASE PARCIALMENTE LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA INTERPUESTA POR DOMINGO CARVALHO EN LO QUE REFIERE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13/12/2019 AL 31/7/2021, ESTANDO A LA RELIQUIDACIÓN DE LOS RUBROS CON EXCLUSIÓN DE ESE PERIODO QUE SURGE DEL CONSIDERANDO V) DE LA PRESENTE SENTENCIA. DISPONESE, ASIMISMO, QUE DEBERÁ DESCONTARSE DEL MONTO TOTAL DE CONDENA (CON EXCLUSIÓN DEL PERIODO YA REFERIDO) LO PERCIBIDO POR EL ACTOR POR CONCEPTO DE LAS TRANSACCIONES CELEBRADAS CON LOS RESTANTES DEMANDADOS.
COSTAS DE LA INSTANCIA DE CARGO DEL DEMANDADO APELANTE Y SIN ESPECIAL CONDENACIÓN EN COSTOS.
NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y FECHO DEVUÉLVASE A LA SEDE DE ORIGEN.
HONORARIOS FICTOS, 3 BASES DE PRESTACIONES Y CONTRIBUCIONES.
DR. JULIO ALFREDO POSADA XAVIER
PRESIDENTE
DRA. ANA KARINA MARTINEZ LARROSA
MINISTRO
DRA. MARIA GABRIELA RODRIGUEZ FAGIAN
MINISTRO
ESC. ADRIANA AGUIRRE MEDEROS
SECRETARIA LETRADA
Fuente: Base de Jurisprudencia Nacional del Poder Judicial. Los nombres de las partes figuran anonimizados en el original.