Sentencia Interlocutoria N° 451/2025

Sentencia No. 451/2025 Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Segundo Turno Ministro redactor: Dra. Rosario Sapelli Ministros Firmantes: Dra. Patricia Hernández. Dr. Pablo Benitez y Dra. Rosario Sapelli Montevideo, 15 de octubre de 2025 V I S T O S: Para Sentencia interlocutoria en segunda instancia en autos caratulados: “INFANTINO, FERNANDO C/ SZEINBAUM, MARTIN y otros – EJECUCION DE CONTRATO Y COBRO DE MULTA”, IUE: 33–10/2025, venido a conocimiento de este Tribunal en mérito al recurso de apelación interpuesto por el codemandado Martín Szeinbaum contra la interlocutoria N° 3746/2024, del 30 de octubre de 2024, dictada por el Señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 16° Turno, Dr. Hugo Fabián Rundie Mintegui R E S U L T A N D O: I.- La apelada ((fs.517/524), a cuya exacta relación de antecedentes procesales útiles se hace remisión, no hace lugar a la acumulación solicitada y en su mérito, dispone que se prosigan las actuaciones conforme a derecho en los expedientes acordonados en forma separada y que se devuelvan los expedientes a los juzgados remitentes, con costas y costos de la incidencia a cargo del perdidoso. II.- El codemandado, Sr. Martín Szeinbaum interpuso recurso de apelación respecto de la sentencia interlocutoria N° 3746/2024 dictada en autos, en los términos que surgen de la pieza escrita que luce en fs. 530/559. En síntesis, sostuvo el recurrente, que en obrados se procura la acumulación de las causas identificadas con IUE 2-28993/2022, IUE 2-28998/2022 e IUE 2-101678/2023. Que el demandado apeló la sentencia dictada, sosteniendo, en síntesis, que el fallo recurrido incurre en error al desestimar la acumulación de autos promovida. Alega que en esta instancia no corresponde pronunciarse sobre la validez o invalidez de los negocios jurídicos involucrados —en particular, la promesa de compraventa celebrada el 30 de mayo de 2017 entre Exquisita Havanna S.A. y el Sr. Martín Szeinbaum, respecto del inmueble padrón N.º XX de Punta del Este—, sino determinar si corresponde el dictado de una única sentencia que resuelva sobre la validez o nulidad de dicho negocio y su eventual aptitud para producir el efecto invocado por Saal e Infantino como acto de aceptación tácita de herencia. Sostiene que el presupuesto esencial de la acumulación radica en la eventual contradicción o imposibilidad de ejecución de las sentencias, lo que en el caso podría ocurrir, razón por la cual debió accederse a la acumulación para evitar fallos condicionados o dependientes de otras decisiones judiciales. Cuestiona el criterio del a quo al entender que, si el actor resultara ganancioso en otro proceso, la ejecución del fallo dependería de lo que se resolviera sobre la acción simulatoria, lo cual importaría una sentencia de condena “en latencia”, figura inexistente en nuestro ordenamiento procesal. Señala que conforme al art. 11.3 del C.G.P., las únicas sentencias condicionales posibles son las de futuro, sin que la condición pueda consistir en otro pronunciamiento judicial. Sostiene además que el fallo omitió ponderar que existe identidad causal entre los procesos, ya que tanto la pretensión de Saal e Infantino como la de Santin derivan del mismo negocio jurídico —la referida promesa de compraventa—, por lo que el núcleo fáctico y jurídico es común. Aduce que el aquo erró al negar la acumulación por falta de identidad subjetiva, cuando el art. 323 num. 4 del C.G.P. expresamente admite la acumulación entre partes distintas, siempre que exista conexión causal. Cita doctrina en apoyo de la procedencia de la acumulación aun sin coincidencia de partes, cuando los hechos son comunes y las decisiones podrían ser incompatibles. Agrega que los hermanos Martín y Ariel Szeinbaum no fueron parte de los contratos invocados por los otros actores, pero los hechos que éstos alegan —actos que implicarían aceptación tácita de la herencia— son los mismos, lo que impone una decisión única, ya que no puede admitirse que alguien sea heredero frente a unos y no frente a otros. Destaca asimismo la aplicación del art. 218 del C.G.P., conforme al cual la cosa juzgada alcanza a terceros cuyos derechos dependen del acto o contrato juzgado, por lo que, siendo los derechos de Saal e Infantino dependientes de los mismos hechos, la acumulación no sólo es procedente sino necesaria. Finalmente, solicita la revocación de la sentencia en todos sus términos, con el consecuente levantamiento de la condena en costas y costos, por resultar la cuestión jurídica compleja o opinable, por lo que no amerita la condena procesal impuesta a su parte. III.- Se sustanciaron los recursos de reposición y apelación, compareciendo el Sr. Bruno Santín, el Sr. Gustavo Saal y el Sr. Fernando Martín Infantino a evacuar el traslado conferido en los términos que surgen de las piezas escritas agregadas en fs.579/583 vto., 588/591 vto. y 593/597, abogando todos por el mantenimiento de la sentencia interlocutoria de primera instancia resistida. IV) Por Interlocutoria N° 4153/2024, del 28 de noviembre de 2024, se desestimó el recurso de reposición formulado en relación con la decisión interlocutoria N° 3746/2024, y se dispuso el franqueo del recurso de apelación promovido contra la decisión referida, sin efecto suspensivo, para ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2° Turno, por haber intervenido en IUE 33-62/2022 (fs. 105). VI) Recibidos los autos en este Tribunal el 1° de abril de 2025 (cfme. fs. 613), por Decreto N° 130/2025, del 8 de abril de 2025 se dispuso: “Pasen a estudio de los Sres. Ministros por su orden” (fs. 614). VII. Efectuado el primer estudio, se advierte que el testimonio de la Sentencia impugnada está incompleto, ante lo cual por auto 215 del 4 de junio del 2025, se dispuso subsanar dicha omisión. (fs.616). Ese mismo día, comparece el codemandado Szeinbaum a comunicar que en autos principales se dictó la Sentencia definitiva No. 53 del 29/5/2025 (fs. 708 vto. a fs. 713), que amparó parcialmente la demanda, por lo cual dice que este recurso ha quedado en lo sustancial carente de objeto, perviviendo parcialmente la apelación en cuanto se le impuso condena en costos y costas. Fundamenta que la condena impuesta resulta claramente improcedente, tal como se sostuvo al recurrir, pero entiende que esto se torna aún más claro con lo resuelto por la definitiva. Consecuentemente pone en conocimiento del Tribunal la situación jurídica actual de las actuaciones y la conveniencia de resolver sobre la condena una vez que se reciban los principales en apelación a los efectos de evitar incurrir en prejuzgamiento. Se sustancio la incidencia, se agregó el testimonio completo de la interlocutoria No.3746/2024, (fs.624 a 631), los contrarios evacuaron el traslado del hecho nuevo denunciado, cumplido todo lo pendiente, se dispuso la continuación del estudio por los Sres. Ministros como estaba dispuesto. (fs.150). Culminado el estudio, en acuerdo celebrado a los efectos, (art. 203.4 in fine y 204.2 CGP –red. Ley 19090-) por unanimidad de votos se resolvió el dictado de decisión anticipada (art. 200 CGP –red. Ley 19090-). C O N S I D E R A N D O: I.- Que esta Sala por el voto coincidente de sus miembros habrá de confirmar la sentencia interlocutoria de primera instancia No. 3746 del 30 de octubre del 2024, por los fundamentos que se exponen a continuación. - II.- Resulta que la presente pieza se forma en virtud del recurso de apelación concedido sin efecto suspensivo, en punto a la denegatoria a la acumulación de autos pretendida. Así, en los autos IUE 2-28993/2022, tramitados ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 16º Turno, compareció el Sr. Fernando Martín Infantino, promoviendo demanda de cumplimiento forzado de contrato y daños y perjuicios contra Exquisita Havanna S.A., Martín Szeinbaum y Ariel Szeinbaum, fundada en el “boleto de reserva” celebrado el 26/XI/2010 con el Sr. Daniel Hugo Szeinbaum —quien actuara por sí y en representación de la sociedad—, relativo a la adquisición del primer piso del edificio construido sobre el padrón Nº XX de Maldonado. Sostuvo haber abonado la suma de U$S 450.000, reclamando la transferencia del inmueble y el pago de U$S 247.500 por concepto de daños y perjuicios. Que el 22/VII/2024, el codemandado Martín Szeinbaum promovió incidente de acumulación con los autos IUE 2-101698/2023, caratulados “Santin, Bruno c/ Szeinbaum, Martín y otros – Acción Simulatoria”, tramitados ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 14° Turno. En dichos obrados, el Sr. Bruno Santin Cagnoli promovió acción de simulación contra Exquisita Havanna S.A. y Martín Szeinbaum, solicitando la nulidad de la compraventa del mismo padrón N° XX del departamento de Maldonado, celebrada el 30/V/2017, por entenderla simulada y dirigida a frustrar el cobro de un crédito impago. Que posteriormente, el 19/VIII/2024, el mismo Martín Szeinbaum dedujo un nuevo incidente de acumulación, respecto de los autos IUE 2-28998/2022, caratulados “Saal, Gustavo c/ Szeinbaum, Martín y otros – Ejecución de contrato y cobro de multa”, seguidos ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 12° Turno. En dicha causa, el Sr. Gustavo Saal reclamó el cumplimiento de un contrato celebrado en 2010 con el Sr. Daniel Hugo Szeinbaum, en representación de Compañía Inmobiliaria Carmelo S.A., por el cual entregó U$S 360.000 a cambio de tres unidades habitacionales en un edificio en construcción en Carmelo, pretensión dirigida también contra los herederos del causante, Sres. Martín y Ariel Szeinbaum, a quienes atribuyó haber continuado los negocios de su padre. III. Que el derecho positivo nacional regula el incidente nominado de acumulación de autos en los artículos 323 y 324 del Código General del Proceso. Entre otros requisitos esenciales es que los autos cuya acumulación se pretenda estén en primera instancia. (art.323.2 del CGP) Al momento de elevarse las actuaciones, las tres causas cuya acumulación se pretendían se encontraban en primera instancia y no se había dictado la sentencia definitiva. En tanto el presente recurso y tal como por derecho corresponde, ante el rechazo del incidente, se concedió sin efecto suspensivo (art. 324.5 del CGP), y en el transcurso de su estudio por esta Sala, el recurrente informo sobre el cambio de situación jurídica, (fs.618) habiéndose dictado sentencia definitiva en autos principales, por lo cual la acumulación de autos devino improcedente, quedando solo por resolver sobre la procedencia o no de los condena procesal impuesta. IV: Inicialmente, en términos generales, viene al caso reiterar lo expresado por la Sala en Sentencia Interlocutoria N° 55/2022: “Que como señala Tarigo, el incidente nominado de acumulación de autos ‘…tiene por finalidad la reunión o acumulación de dos o más pretensiones o de dos o más litigios que hasta entonces habían constituido el objeto de procesos separados y distintos, en un solo proceso y hasta ser decididos por una sola sentencia’ en ‘Lecciones de Derecho Procesal Civil según el Nuevo Código’, Tomo II, FCU, 1995, pág. 383.- Constituyendo, la acumulación de autos un supuesto de acumulación de pretensiones, desde el punto de vista de la oportunidad de su verificación, según la clasificación efectuada por Guasp, es una acumulación sucesiva por reunión de procesos (cfe. Teitelbaum, Jaime en “El Proceso Acumulativo Civil”, AMF, 1973, págs. 30-31). La doctrina mayoritaria afirma que el fundamento del proceso acumulativo no se encuentra precisamente en el principio de economía procesal en virtud de que la propia tramitación que supone el incidente de acumulación de autos con la suspensión de los procesos hasta que todos se encuentren en la misma etapa procesal, sino ‘…en motivos de certeza y de justicia que derivan de la unidad del fallo y de la integridad del orden jurídico, procurando evitar decisiones contradictorias y aún la eventualidad de cumplimiento imposible de alguna por efecto de la cosa juzgada … Pero para que tal contradicción pueda incidir, es menester que las sentencias resuelvan puntos comunes; por ello la necesidad de algún tipo de conexión que justifica la tramitación común y garantiza la continencia de la causa…’ Varela-Méndez, Edgar en “Proceso Acumulativo.- Relación General” en Xs Jornadas Nacionales de Derecho Procesal en RUDP, Año 1999, nro. 1, pág. 53.” (publicada en CADEDe lo que viene de decirse resulta V. Prima facie, someramente y a la luz de lo que viene de decirse, analizada la causa con las actuaciones cumplidas hasta el momento en que se tomó la decisión recurrida, quedando por fuera de este objeto lo resuelto por la definitiva dictada No 53/2025 a posteriori, corresponde señalar que, aun cuando el incidente mantuviera virtualidad, la solución alcanzada en primera instancia aparece ajustada a derecho. Del análisis de las causas referenciadas surge que: (i) En IUE 2-28993/2022, promovida por el Sr. Infantino, la causa radica en el presunto incumplimiento del “boleto de reserva” celebrado el 26/XI/2010 con el Sr. Daniel Hugo Szeinbaum, quien actuó por sí y por Exquisita Havanna S.A., respecto del padrón XX de Maldonado. (ii) En IUE 2-28998/2022, promovida por el Sr. Saad, la causa reside en el incumplimiento de un contrato celebrado en 2010 con el mismo Sr. Szeinbaum, quien actuó por sí y por Compañía Inmobiliaria de Carmelo S.A., mediante el cual se comprometió a devolver una suma de dinero o entregar tres unidades inmobiliarias. (iii) En la causa promovida por el Sr. Santin, la causa de pedir es su calidad de acreedor y la existencia de un negocio jurídico presuntamente celebrad o en su perjuicio. Cabe recordar que, por “causa”, debe entenderse la razón, fundamento o interés material o moral de la pretensión deducida en juicio (Couture, Vocabulario Jurídico, F.C.D.S., UDELAR, 1960, p. 150).. Así, tratándose de pretensiones diferentes, fundadas en causas diversas, no se configura la identidad causal necesaria para la acumulación, lo que justifica el rechazo del recurso. Por último, el argumento del recurrente relativo a su calidad de heredero —invocando que no fue parte del contrato original— no altera tal conclusión. Como bien señala el aquo, el uso de la aceptación tácita de la herencia para acreditar legitimación pasiva no implica que el elemento “causa” se vea comprometido (fs. 521). Por consiguiente, prima facie la Sala comparte los fundamentos del a quo en cuanto a la improcedencia de la acumulación solicitada, sin perjuicio de que, a la fecha, la cuestión haya perdido actualidad procesal. Importa señalar que resolver sobre la incidente de acumulación jamás podría implicar un “prejuzgamiento”, pues justamente el mismo debe resolverse previo al dictado de sentencia definitiva, pues esta lo torna improcedente a la luz de lo dispuesto por el art. 323.2 del CGP. Es que la labor de identificación de las pretensiones y la causa de pedir en cada expediente cuya acumulación se pretende y, en definitiva, la valoración de si procede a su respecto el instituto previsto por los arts. 323 y siguientes del C.G.P. en nada supone ingresar en consideraciones en relación con el mérito de lo debatido en cada una de ellas. VI. Que en el marco antes delineado corresponde analizar el agravio articulado por el codemandado Martin Szeinbaum, contra la condena en costas y costos que se le impuso en la sentencia recurrida. En lo medular el aquo baso la misma en la actitud procesal asumida por este litigante, en cuanto a la promoción tardía de las solicitudes de acumulación, ocasionando la demoras en el proceso y hasta su detención, por lo que concluye que justifica la condena en costos, siendo las costas de precepto (art. 57 C.G.P.). El aquo destaca que el propio Szeinbaum reconoció que ambos expedientes se iniciaron el mismo día, por lo que pudo y debió promover la acumulación oportunamente, evitando que los procesos avanzaran hasta etapas próximas a sentencia. Agrega que las partes contaban con los mismos letrados y conocían desde el inicio la existencia de ambas causas, por lo que colige que la elección del momento para plantear la acumulación revela malicia y temeridad, entendidas como el uso arbitrario de los actos procesales, así como la conciencia de la falta de razón al litigar. Dice que esta misma actitud se devela en el proceder respecto al expediente del Similar de 14º Turno, donde se evidenció la demora injustificada en promover la acumulación, pese al conocimiento previo del contenido de la otra demanda. En consecuencia, remata que el accionante incurrió en un notorio apartamiento del estándar del buen litigante (art. 5 C.G.P.), al formular requerimientos carentes de fundamento que entorpecieron el desarrollo de las actuaciones Textualmente sostuvo: “Notoriamente, se desprende de ambos expedientes que se trata de los mismos letrados patrocinantes de una y otra parte, que desde un inicio conocen la tramitación de las dos actuaciones. La elección del momento para iniciar la acumulación, sabiendo que la tramitación de la incidencia insumiría tiempo, debe considerarse compuesta de malicia con la nota de temeridad. Prestigiosa doctrina procesalista enseña: “Se entiende por malicia la utilización arbitraria de los actos procesales en su conjunto y el empleo de las facultades que la ley otorga en contraposición con los fines del proceso, obstruyendo su curso, con el objeto de dilatar indebidamente el cumplimiento de las obligaciones y en violación de los deberes de lealtad, probidad y buena fe que informan el proceso. La temeridad, por su parte, se define como la conciencia plena de la falta de razón que la parte tiene desde el momento mismo de proponer la demanda o de resistir a la misma. Se conoce por anticipado que la demanda que se plantea o se resiste carece de todo andamiento, y se litiga sin contar con la protección del orden jurídico. El concepto al que responde la malicia temeraria supone un determinado ánimo en el litigante, que implica la intencionalidad en el entorpecimiento de la declaración judicial del derecho o aun en la causación del perjuicio”. Cfme. Véscovi y colaboradores. “Código General del Proceso. comentado, anotado y concordado”. Tomo 2, pág. 218. (Considerando VII de la recurrida) Conforme a lo dispuesto por los artículos 56 del Código General del Proceso y 688 del Código Civil, en nuestro derecho existen dos modalidades de condenas causídicas según la conducta procesal del litigante: (a) la condena en costas, cuando la parte litigó con alguna razón o por culpable ligereza, esto es, “… litigar con apresuramiento, falta de tacto, de reflexión o de discernimiento…”; y (b) la condena en costas y costos, cuando la parte actuó con malicia que revista temeridad, entendida como “… utilización arbitraria de los actos procesales y de las facultades que la ley confiere, en contraposición con los fines del proceso…”, y con conciencia de la sinrazón de su pretensión, esto es, “… litigar cuando ostensiblemente se carece del derecho que se aduce…” (Véscovi, Enrique y otros, Código General del Proceso Comentado, Anotado y Concordado, T. II, Ábaco, págs. 218-226; Chiovenda, La condena en costas, pág. 409; LJU, caso 7719; RUDP, Año 2016, N.º 1, casos 96 y 97). En el sub-lite, la inconducta procesal desplegada por el recurrente resulta manifiesta. Más allá de la falta de razón en el fondo de lo pretendido, la promoción de los incidentes cuando el proceso se hallaba próximo a su conclusión, si bien formalmente posible, (art.323.2 del CGP) carece en el caso de justificación razonable. En efecto, conociendo desde un inicio la existencia de las otras actuaciones y sosteniendo —como afirma— que debían tramitar conjuntamente, nada impedía que promoviera oportunamente la acumulación y el incidentista no justifica el motivo por el cual no lo hizo previamente. Surge además que la acumulación de autos los promovió en cadena, lo hace en primer lugar el 22 de julio de 2024, y posteriormente el 19 de agosto del 2024, tal como se reseñara ut supra. Tal proceder evidencia un apartamiento del estándar de diligencia y buena fe que exige el artículo 5 del Código General del Proceso, configurando una utilización inadecuada de los medios procesales que entorpeció el regular desenvolvimiento de las causas. En tales condiciones, atento a lo preceptuado por el art. 57 del CGP, donde se dispone que en las sentencias que resuelven los incidentes las costas serán siempre del cargo del vencido, en virtud de la conducta procesal asumida justifica plenamente la condena en costos impuesta, (artículo 688 del Código Civil). Por tanto, la resolución recurrida será confirmada en todos sus términos. VII.- La solución acordada importa costas de precepto, sin mediar mayor mérito para sanción en costos (art. 57 CGP). Por los fundamentos expuestos y normas citadas, el Tribunal, R E S U E L V E: Confirmase la recurrida, con costas a cargo del recurrente. Costos por el orden causado. Patricia Hernández Ministra Rosario Sapelli Ministra Pablo Benítez Ministro