Sentencia Definitiva N° 237/2025

SENTENCIA DEFINITIVA TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE 4º TURNO MINISTRO REDACTOR: DR. ADOLFO FERNÁNDEZ DE LA VEGA MÉNDEZ MINISTROS FIRMANTES: DRA. SYLVIA DE CAMILLI HERMIDA, DRA. MÓNICA IVANOVICH OUJO Y DR. ADOLFO FERNÁNDEZ DE LA VEGA MÉNDEZ. VISTOS EN EL ACUERDO: Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “AA C/ BB Y OTRO - PROCESO LABORAL ORDINARIO (LEY 18.572)”. IUE 2-109498/2024, venidos en apelación del Juzgado Letrado de Trabajo de la Capital de 16º Turno a cargo de la Dra. Adriana Valeria Morosini Pérez. RESULTANDO: 1) La Sala acepta el relato de antecedentes procesales que se consignan en la sentencia apelada, procediendo al dictado de la presente. 2) Por sentencia definitiva de primera instancia Nº38/2025 de fecha 30 de julio de 2025 (fs. 249-258): - Se desestima la excepción de falta de legitimación pasiva, que fuera oportunamente interpuesta por la codemandada MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. - Se ampara la demanda incoada y en su mérito, se condena a la parte demandada BB y en forma solidaria al MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, a abonar a la parte actora AA la suma de $U 207.490 (pesos uruguayos doscientos siete mil cuatrocientos noventa) con más reajustes e intereses desde la fecha del cese de la relación laboral y hasta la del efectivo pago. 3) La representante de la parte codemandada MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, interpone recurso de apelación (fs. 262-263) contra la referida sentencia, agraviándose, en síntesis, por cuanto: Atribuyó a esta Secretaría de Estado responsabilidad solidaria, cuando surge probado que actuó con la diligencia debida en cuanto al contralor legalmente establecido, surgiendo de la prueba documental aportada por esta parte, contrato de arrendamiento de servicio entre la BB y el Ministerio, Convenio entre el Ministerio del Interior y éste, nóminas y planillas de BPS, facturas del BSE, facturas de pago del BPS, planilla de trabajo y recibos de sueldo, donde consta que el trabajador no percibió salario por estar certificado. 4) Por decreto Nº1387/2025 de 8 de agosto de 2025 (fs. 265), se dispuso el traslado del recurso de apelación interpuesto por el término legal, resultando evacuado a fs. 273-274 por la parte actora. 5) El representante de la parte codemandada BB, interpone recurso de apelación (fs. 269-271) contra la referida sentencia, agraviándose, en síntesis, por cuanto: A) Otorgó rubros salariales nominales, sin considerar los descuentos que corresponden por orden público. B) Hizo lugar al despido común, cuando se probó que se configuró la notoria mala conducta del trabajador y asimismo, se condenó al despido especial siendo que la audiencia ante el Ministerio de Trabajo fue solicitada el 4 de setiembre, es decir antes de la fecha de alta en el Banco de Seguros. 6) Por auto Nº1446/2025 de 15 de agosto de 2025 (fs. 276), se dispuso el traslado a la parte actora del recurso de apelación interpuesto por el término legal, no resultando evacuado. 7) Por providencia Nº1649/2025 de 8 de setiembre de 2025, habiéndose interpuesto en tiempo y forma los recursos de apelación contra la sentencia definitiva dictada en autos se resolvió franquear los mismos con efecto suspensivo para ante el Tribunal de Apelaciones de Trabajo que por turno corresponda (fs. 279). 8) Recibidos los autos en el Tribunal el 15 de setiembre de 2025, se señaló fecha de acuerdo y se dispuso el pase a estudio de conformidad con lo establecido en el art. 17 de la Ley 18.572 en la redacción dada por el art. 6 de la Ley 18.847 (fs. 285-286). Dejándose constancia de que el Colegiado se encontró desintegrado los días 9 y 10 de octubre de 2025 por licencia de uno de sus miembros. CONSIDERANDO: I) La Sala por la unanimidad de sus voluntades naturales irá a confirmar la sentencia apelada, por los fundamentos que seguidamente se expondrán. II) Los agravios formulados por la codemandada MIDES en su apelación, referentes a la responsabilidad solidaria atribuida a su parte, pretendiendo ahora, responder en forma subsidiaria, invocando, recién esta segunda instancia, haber ejercido el derecho a ser informada establecido en las Leyes de Tercerización, siquiera pueden ser consideradas en la alzada, por la sencilla razón de que no se habían invocado en la contestación, lo que obsta a que puedan considerarse en la etapa de apelación de acuerdo al claro tenor de lo prevenido en el art. 257.2 del C.G.P. (cfr. “Revista Uruguaya de Derecho Procesal” N° 4/2005, c. 1200 y 1209; N° 2/2006, c. 978 y 984; N° 2/2007, c 1097, 1099 y 1104; N° 1-2/2009, c. 959 a 961; N° 1-2/2010, c. 1066). En efecto, en su contestación, el MIDES, se limitó a negar su legitimación pasiva para responder por los créditos laborales reclamados por no haber sido quien contratara a la parte actora y no tener poder de dirección respecto de la labor de la misma, refiriendo que simplemente había celebrado un contrato de arrendamiento de servicios con la BB, lo que fuera con sumo acierto descartado por la recurrida ya que, al estar ante un caso de subcontratación, el reclamo no se fundamenta en tales supuestos sino en la responsabilidad establecida en las Leyes de Tercerización. Pero, al respecto, en ningún momento se estableció, en la contestación, que le correspondiera responder en forma subsidiaria, ni por qué razón, eso correspondería, tal como le imponía el principio de la debida contradicción, para que ello pudiera ser considerado en el proceso. No resulta pertinente, introducir al apelar cuestiones diversas a las tenidas en cuenta en la etapa de proposición que se ajustan al objeto del proceso previamente determinado, ya que no existe en el sistema nacional el “novum judicim” y el órgano de la apelación solo puede actuar dentro del material fáctico de la instancia anterior. En conceptos trasladables de Palacio (cf. “Tratado de Derecho Procesal Civil”, t. V., pág. 46), el ámbito de conocimiento de los Tribunales de Alzada está limitado por el contenido de las cuestiones propuestas a la decisión del inferior. Los Tribunales, en virtud de los principios de congruencia y dispositivo, deben siempre decidir "secundum res allegata et probata", en tanto las facultades decisorias en el grado están limitadas al conocimiento de las cuestiones que hayan sido expresa o implícitamente propuestas a la decisión del inferior y no hayan sido expresa o implícitamente excluidas por el apelante (Palacio en “Manual de Derecho Procesal Civil”, T. II, pág. 141-145 de la 4a. ed.). Como anota Véscovi, en el mismo sentido, "... el órgano de apelación sólo puede actuar dentro de las pretensiones de las partes y el material fáctico de la primera instancia (salvo la prueba en segunda) ... se transfiere al superior el conocimiento de la causa, pero dentro de determinados límites que son, en principio, los mismos que los de la primera instancia, puesto que puede enunciarse el siguiente principio negativo: el objeto del proceso en segunda instancia no puede ser distinto al de la primera ... el Tribunal ad quem no puede conocer sobre cuestiones no propuestas a la decisión del Juez a quo" (cfr. “Derecho Procesal Civil”, T. VI, 2a. parte, págs. 124-125 de la 2a. ed.). De ahí que, inexorablemente corresponda confirmar la recurrida sobre estos puntos. III) Respecto a los agravios expresados por la BB por la condena al pago de la indemnización por despido especial, entiende la Sala, que no se realizó una crítica razonada y que el recurso debe ser desestimado. Sobre el punto, el art. 17 de la Ley N°18.752 en redacción dada por el art. 6 de la Ley N°18.847, establece que el escrito de apelación debe ser fundado, siguiendo el criterio establecido por el art. 253.1 del C.G.P. Por lo que, es aplicable la facultad del Tribunal de rechazar de plano el recurso, cuando incumple con este requisito. La autonomía del Derecho Laboral y a fin de la efectividad de la tutela de los derechos sustanciales, principio consagrado en el art. 1º de la Ley 18.572, rector en materia de interpretación de la ley, según lo dispone el art. 30 del mismo cuerpo normativo, lleva a esta Sala a sostener un criterio amplio, en la aplicación de las disposiciones sobre la admisibilidad del recurso de apelación y de esta manera garantizar la doble instancia. Pero, ello no implica, lisa y llanamente dejar de aplicar la normativa legal, en virtud de lo establecido en materia de integración en el art. 31 de la Ley 18.572. El art. 253.1 inc. 3º del C.G.P. prevé a texto expreso, que “La apelación y la adhesión no fundadas se rechazarán de plano, teniéndose por desistidos a los recurrentes”. Enseña Tarigo que: “la apelación, por ser fundada contendrá la expresión de agravios, esto la pormenorización de los errores en que habría incurrido la sentencia” (cfr. “Lecciones de Derecho Procesal Civil”, t. II, pág. 240). Este Tribunal, ante situaciones similares ha sostenido: “Escrito de apelación fundado significa que el mismo contenga, sin remisiones a otros escritos, la refutación puntual de los argumentos –fácticos o jurídicos o ambos- establecidos en la recurrida, mediante una crítica razonada que ponga en evidencia los errores en que se incurrió rebatiéndolos en forma específica, con una lógica apuntada a su modificación. Pero no se trata de plantear la mera disconformidad con la sentencia, haciendo referencias genéricas sin establecer como resultarían probadas en el caso o pretender simplemente la revisión de la instancia. Tampoco se justifica únicamente mediante la reiteración de pretensiones deducidas y mantenidas a lo largo del juicio, sin que se haga una impugnación crítica que ponga en entredicho la decisión de primer grado atacando sus bases fácticas y jurídicas, refutando en forma clara, concreta y específica las conclusiones de hecho o aplicación del derecho. En tal sentido, puntualiza Alsina que por expresión de agravios se entiende el escrito en el cual el apelante examina los fundamentos de la sentencia y concreta los errores que, a su juicio, ella contiene, de los cuales derivan los agravios que reclama y agrega que no es una simple fórmula carente de sentido, sino un análisis razonado de la sentencia y una demostración de los motivos que tiene para considerar que ella es errónea (cfr. “Tratado… “, t. IV, págs. 389-391). Y la razón de ser de estas exigencias radican en que el órgano de segunda instancia, al considerar el medio impugnativo, tiene circunscrito su radio de acción a los límites señalados en la demanda- apelación, no pudiendo entrar oficiosamente en la consideración de cuestiones que no le hayan planteado concretamente (Art. 248 y 249 C.G.P.) (sent. Nº 2/2008 de 6/2/2008, Sassón, Chediak y Sosa (r), en “Revista Uruguaya de Derecho Procesal” Nos. 1-2 /2009, c. 942, pág. 504). También se ha señalado que: “con carácter general el CGP mantiene el criterio en cuanto al objeto de la apelación como demanda de revisión de la sentencia y no del proceso o instancia anterior, de donde la expresión de agravios, al tiempo que limita las facultades del Tribunal, impone al recurrente fundarlo en el sentido de contener una crítica concreta y razonada del fallo que demuestre los errores de hecho o de derecho en que pudiera haber incurrido el Juez de primer grado” (cfr. “Revista Uruguaya de Derecho Procesal” N° 4/2003, c. 116).- Y que: “Compartiendo ese criterio, el memorial de agravio debe contener referencias concretas a la sentencia, discutiendo el razonamiento efectuado por el Juez a quo, es decir criticando las conclusiones a que se arribó, en función de los extremos que de autos surjan y permitan arribar a una diferente conclusión.- No corresponde, entonces, una fundamentación genérica o una mera afirmación de que los extremos que se señalan se han configurado, sin referir a los extremos probatorios emergentes del expediente y sin rebatir los argumentos que llevaron a determinadas conclusión ...A su vez manifestar disconformidad con lo resuelto por ser equivocado o injusto, es una generalización que no resulta constituir un agravio que cumpla con los requisitos legales.- La segunda instancia no se trata de una nueva proposición de los mismos puntos de la primera instancia, sino del análisis de los agravios que la decisión produce, por lo que es ésta la base del cuestionamiento, por lo que es el razonamiento de la sentencia de primera instancia el que debe pretenderse destruir mediante la invocación de los agravios que causa, a la luz de los extremos probados.-” (Sentencia dictada en el expediente I.U.E. 341-130/2022). Trasladando los conceptos que anteceden al caso en estudio, los agravios de la codemandada en cuestión, resultan genéricos, sin que importen una crítica razonada de la resistida. En efecto, como señala la Dra. Ivanovich en su fundado voto, la recurrente se limita a reiterar algunos puntos del escrito de contestación de demanda, manifestando su mera disconformidad con la sentencia apelada pero no realiza un examen de los fundamentos de la recurrida para determinar los desaciertos de esta. En otros términos, no alcanza con que la recurrente sostenga que se siente agraviada, sino que debe realizar una crítica razonada a la sentencia para evidenciar errores concretos. En tal sentido, el T.A.C. de 5º Turno sostuvo: "La apelación implica la carga de establecer una crítica razonada a los fundamentos de la decisión. Si no existe tal crítica, la Sala carece de elementos para considerar la procedencia de la revocatoria objeto de la instancia porque el contenido de la sentencia a dictarse en sede de apelación, tal como lo establece el art. 248 CGP, es el análisis de la cuestión decidida a la luz de la impugnación deducida..." (Sentencia Nº 72/04). En la medida que el órgano de Alzada no puede sustituirse a la parte en lo que a esta le corresponde hacer, no pudiendo entrar oficiosamente en la consideración de cuestiones que no le hayan planteado concretamente, corresponde declarar a la parte actora desistida de su recursiva. Lo que determina, la confirmatoria de la apelada en dicho punto. V) Respecto a los agravios de la codemandada BB, que aluden a los descuentos legales, en definitiva resultan irrelevantes, no porque no entendamos que no le asista razón a la recurrente cuando sostiene que tiene la calidad de agente de retención por imperio legal, sino porque es jurisprudencia firme de esta Sala, que no corresponde a la Sede judicial expedirse respecto a los mismos, ni liquidarlos ya que es un tema administrativo, debiendo la condena establecerse en valores nominales. En efecto, respecto a este tema, esta Sala ha sostenido reiteradamente en otros fallos, que los aportes a la seguridad social y tributos a D.G.I no constituyen créditos laborales, por lo que, no debe expedirse en esta etapa procesal la Justicia del Trabajo, entendiendo que se trata de un tema administrativo, no correspondiendo determinar su monto en las sentencias, para lo cual incluso podría llegar a carecerse de elementos. No obstante lo expresado, no es menos cierto, que el empleador debe efectuar las retenciones de los descuentos legales para realizar las aportaciones correspondientes a los organismos tributarios y previsionales, pues por disposición legal como agente de retención es solidariamente responsable de la contribución por los aportes al B.P.S. y D.G.I. aun cuando haya cesado la relación laboral, lo que lógicamente debe efectuar al momento del pago. Vale decir, que, aunque la sentencia no lo indique –en virtud de las consideraciones antes expuestas-, las retenciones deben efectuarse, pues de no hacerse, las partes incurrían en responsabilidad por imperio legal. Como ha establecido la Suprema Corte de Justicia en sentencia Nº 193/2015, de acuerdo con el principio de legalidad que rige en materia tributaria y conforme lo dispuesto en el artículo 24 del Código Tributario, la configuración del tributo y la existencia de la obligación tributaria se verifican con el mero acaecimiento del supuesto fáctico que constituye el hecho generador del tributo de que se trate. Por ello, determinado judicialmente un crédito laboral, las eventuales responsabilidades y deberes tributarios a que refiere la parte recurrente operarán con independencia de su consignación en el fallo judicial de que se trate. En ese mismo sentido, se señaló en certero estudio sobre el punto: “(…) el hecho, causa o título que justifica la obligación tributaria se encuentra previsto exclusivamente en la ley, lo que deriva del principio de legalidad (arts. 7, 10 y 85 numerales 4º y 9º y 87, Constitución y en el art. 2 del CT). Ello se resume en que la existencia, estructura y cuantía de la obligación tributaria es una actividad reglada que excluye la posibilidad de actuación discrecional y veda a los particulares su afectación, por imperio expreso del art. 14 inc. 3 del CT. “Acaecido en el mundo fenoménico el supuesto de hecho hipotéticamente establecido en la norma, se deriva (relación de causalidad) el nacimiento de una obligación. La sentencia estimatoria de la pretensión en el proceso laboral “declara” la pertinencia de determinados rubros y “condena” a su efectivo pago. Acertados estos aspectos, procederá (según lo dispongan las normas tributarias aplicables), el pago de los tributos que correspondan” (Rodolfo Saldain y Gonzalo Martínez, “Sentencia de condena líquida y obligaciones laborales”, en Revista CADE Profesionales y Empresas, Tomo XXII, Octubre 2013, pág. 58). Los autores citados agregan un argumento adicional, relativo a la no competencia de la Justicia laboral. En tal sentido, señalaron, con acierto, que cuando el artículo 2 de la ley 18.572 define la competencia material de los tribunales de la jurisdicción laboral, recurre a la consabida definición de “asuntos originados en conflictos individuales de trabajo”. Y, en términos que se comparten, expresaron que: “(…) las contribuciones especiales de seguridad social (art. 153 ley Nº16.713 o su equivalente en sectores de afiliación no BPS), la aportación al fondo nacional de salud (art. 61 ley Nº18.211) y el impuesto a la renta de las personas físicas (art. 8 de la ley N°18.083), tienen naturaleza tributaria, por lo que no ingresan en aquella definición. En todos los casos el sujeto activo de la relación jurídico – obligacional tributaria, es una persona jurídica estatal (según el caso). “En consecuencia, un eventual conflicto sobre tales aspectos excede la competencia material de la jurisdicción laboral, ya que de otro modo se estaría disponiendo de créditos de un sujeto (persona jurídica pública) que ni siquiera fue parte del proceso. “Ello es congruente con la propia sistemática de la ley Nº 18.572 y modificativa (ley Nº 18.847), cuando expresa que la demanda deberá contener “la liquidación detallada de cada uno de los rubros reclamados”, incluyendo: a) el cálculo de la multa prevista en el art. 29 de la ley , b) el cálculo de la actualización monetaria de acuerdo al decreto–ley Nº 14.500, c) los intereses legales calculados desde la fecha de la exigibilidad de cada uno de los créditos, d) los daños y perjuicios preceptivos del art. 4 de la ley Nº 10.449. “Véase que no se exige (en la liquidación inicial) la detracción de los créditos tributarios, lo que es lógico, pues ello surge de otras normas de rango legal; aspecto ajeno al conflicto individual de trabajo…” (obra citada, pág. 59). En virtud de lo que viene de expresarse, en principio, los fallos condenatorios deben ser en sumas nominales, pero esto no implica que en una suerte de defraudación tributaria se exonere a las partes de la relación laboral de hacer las retenciones y aportes correspondientes, conforme establecen las normas tributarias y previsionales. De ahí, que proceda mantener la condena de los rubros en montos nominales, sin perjuicio del cumplimiento en su oportunidad de la normativa legal en materia tributaria y previsional por parte del empleador por sí y como agente de retención. VI) No se establecerá especial imposición de costas y costos en el grado. Por tales fundamentos, disposiciones legales citadas y en los arts. 17, 18, 28, 29 y concordantes de la Ley N° 18.572 del 13.9.2009, art. 7 de la Ley N° 18.847 del 15.11.2011, el Tribunal, FALLA: CONFÍRMASE LA SENTENCIA APELADA. SIN ESPECIAL IMPOSICIÓN DE COSTOS Y COSTAS EN EL GRADO. HONORARIOS FICTOS: CINCO BASES DE PRESTACIONES Y CONTRIBUCIONES. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE Y DEVUÉLVASE. DRA. SYLVIA DE CAMILLI HERMIDA MINISTRA PRESIDENTE DRA. MÓNICA IVANOVICH OUJO MINISTRA DR. ADOLFO FERNÁNDEZ DE LA VEGA MÉNDEZ MINISTRO ESC. VERÓNICA LAMELA SANTURIO SECRETARIA LETRADA