Sentencia Definitiva N° 246/2025

SENTENCIA DEFINITIVA TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE PRIMER TURNO Ministra Redactora: Dra. María Gabriela Rodríguez Fagián Ministros Firmantes: Dr. Julio Posada Xavier, Dra. Ana Karina Martínez Larrosa y Dra. María Gabriela Rodríguez Fagián. VISTOS EN EL ACUERDO: Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “CIERVES, LUCAS Y OTRO C/ PRODOMUS SRL Y OTRO - PROCESO LABORAL ORDINARIO (LEY 18.572)”, IUE: 2-123743/2024, venidos a conocimiento de esta Sala en virtud del recurso de apelación deducido por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) contra la sentencia definitiva de primera instancia Nro. 34/2025 de fecha 17 de julio de 2025, dictada por la Sra. Jueza Letrada de Primera Instancia de Trabajo de la Capital de 3º Turno, Dra. Susana Moll. RESULTANDO: 1) La Sala acepta el relato de antecedentes procesales que se consignan en la sentencia apelada procediendo al dictado de la presente. 2) Por sentencia definitiva de primera instancia Nro. 34/2025 (fs. 388 a 425) se falló: “Acogiendo la demanda y condenando: I) a las codemandadas Prodomus SRL y el Ministerio de Desarrollo Social, este último en forma subsidiaria, al pago a la actora Jessica Martínez, de la suma de $ 313.997 (pesos uruguayos trescientos trece mil novecientos noventa y siete) por los rubros salarios impagos, licencia no gozada, salario vacacional, aguinaldo, indemnización por despido, daños y perjuicios preceptivos y multa, con actualización e intereses a junio de 2025, sin perjuicio de las actualizaciones que se generen desde la referida fecha hasta el efectivo pago; II) a la codemandada Prodomus SRL, al pago al actor Lucas Cierves, de la suma de $ 111.555 (pesos uruguayos ciento once mil quinientos cincuenta y cinco) por los rubros salarios impagos, licencia no gozada, salario vacacional, aguinaldo, indemnización por despido, daños y perjuicios preceptivos y multa, con actualización e intereses a junio de 2025, sin perjuicio de las actualizaciones que se generen desde la referida fecha hasta el efectivo pago; III) a la codemandada Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), en forma subsidiaria, al pago al actor Lucas Cierves de la suma de $ 55.005 (pesos uruguayos cincuenta y cinco mil cinco) por los rubros licencia no gozada, salario vacacional, aguinaldo, indemnización por despido, daños y perjuicios preceptivos y multa, con actualización e intereses a junio de 2025, sin perjuicio de las actualizaciones que se generen desde la referida fecha hasta el efectivo pago. Sin especial condenación en la instancia. Consentida o ejecutoriada, oportunamente archívese. Notifíquese”. 3) Con fecha 30 de julio de 2025 la parte codemandada MIDES interpuso recurso de apelación (fs. 243 a 247), agraviándose de la solución de primera instancia en los siguientes aspectos: a) por el rechazo de la excepción de incompetencia material y de inadecuación del trámite dado a la demanda; b) por la condena a abonar la indemnización por despido en el caso del trabajador Cierves; c) por la falta de pronunciamiento sobre los descuentos legales y d) por el quantum o guarismo de los daños y perjuicios preceptivos. 4) Por decreto Nro. 1633/2025 de fecha 1º de agosto de 2025 (fs. 249), se tuvo por interpuesto el recurso de apelación y se ordenó conferir traslado del mismo por el término legal de 10 días hábiles; traslado que fue evacuado en tiempo y forma por la parte actora en los términos que surgen del escrito de fs. 252 a 254; bregando por la confirmatoria de la recurrida en todos sus términos. 5) Sustanciado el recurso, por providencia Nº 1877/2025 (fs. 259), se dispuso el franqueo del mismo con efecto suspensivo para ante el Tribunal de Apelaciones del Trabajo que por Turno corresponda. 6) Recibidos los autos por este Tribunal con fecha 2 de setiembre de 2025, el expediente fue remitido nuevamente a la sede a-quo para proceder a agregar la notificación del decreto 1877/2025 a las partes. Y cumplida la agregación solicitada, los autos fueron remitidos nuevamente ante este Tribunal, siendo recibidos con fecha 16 de setiembre de 2025 (fs. 271), luego de lo cual, se dispuso el pasaje a estudio de los Sres. Ministros y se fijó fecha para el acuerdo (fs. 272). 7) Producido el estudio, se acordó sentencia y en el día de la fecha se procede a su dictado. CONSIDERANDO: I) La Sala por la voluntad unánime de sus integrantes naturales procederá a confirmar en todos sus términos la muy correcta sentencia de primera instancia, por considerar que ninguno de los embates críticos de la parte recurrente logra desestabilizar los meditados fundamentos de la misma. II) Tal como surge de los resultandos del presente pronunciamiento, por sentencia definitiva de primera instancia Nro. 34/2025 de fecha 17 de julio de 2025, la Sra. Jueza a-quo desestimó las excepciones opuestas por el MIDES de incompetencia material y de inadecuación del trámite y acogió la demanda. Y en su mérito, y -en lo que al caso interesa- condenó al MIDES en forma subsidiaria, a abonar a la actora Jessica Martínez la suma de $ 313.997 por salarios impagos, licencia no gozada, salario vacacional, aguinaldo, indemnización por despido, daños y perjuicios y multa legal. De igual forma, condenó al MIDES en forma subsidiaria, a abonar al co actor Lucas Cierves la suma de $ 55.005 por los rubros licencia no gozada, salario vacacional, aguinaldo, indemnización por despido, daños y perjuicios y multa legal; todo ello sin perjuicio de la actualización e intereses que correspondan hasta el efectivo pago, de conformidad con lo dispuesto en el decreto ley 14.500. III) Contra tal decisión se alzó el MIDES interponiendo recurso de apelación (fs. 243 a 247), agraviándose conforme fuera relacionado en los resultandos de la presente sentencia, por los siguientes aspectos: a) por el rechazo de la excepción de incompetencia material y de inadecuación del trámite dado a la demanda; b) por la condena a abonar la indemnización por despido en el caso del trabajador Lucas Cierves; c) por la falta de pronunciamiento sobre los descuentos legales y d) por el quantum o guarismo de los daños y perjuicios preceptivos. Acorde a lo expuesto, y por una cuestión de estricto orden lógico- jurídico comenzaremos por analizar en primer término los agravios relacionados con aspectos estrictamente procesales, esto es; por la desestimatoria de la excepción de incompetencia material, así como el rechazo de la excepción de inadecuación del trámite dado a la demanda. IV) Conforme surge de estas actuaciones, el Ministerio demandado fundamentó la excepción de incompetencia material opuesta, postulando la plena vigencia de la norma del artículo 341 de la ley 18.172, la cual otorga competencia a los Juzgados Letrados de lo Contencioso Administrativo en aquellos conflictos individuales de trabajo en los que sea parte una administración estatal. Surge asimismo de estos obrados, que la sentencia de primera instancia rechazó la referida excepción y la fundamentación del organismo estatal, argumentando básicamente, que entiende procedente la acumulación de pretensiones de distinta materia conforme a lo establecido en el artículo 120 del CGP, entendiendo que la norma del artículo 341 de la Ley 18.171 atributiva de competencia, no excluye el régimen de ampliación competencial, pudiendo por tanto en este caso los actores, optar por la presentación de la demanda en una u otra sede; todo lo que determina que la sede laboral sea competente. A apelar, el organismo recurrente lo que hizo fue nuevamente reiterar los argumentos esbozados en su contestación de demanda, pretendiendo la aplicación del artículo 341 de la ley 18.172 y, por consiguiente, sosteniendo la incompetencia material de la sede laboral para entender en el presente proceso, posición que no es compartida por el Tribunal. Por el contrario, la Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el punto, en posición coincidente con la postulada en la sentencia, que en el caso habrá de mantener. Y en tal sentido lo expuso en la sentencia Nº 168/2023, 226/2023 en sentencia 68/2024 y 159/2024, sentencia 128/2025 y en la reciente sentencia 226/2025, entre otras. En primer lugar, el Dr. Julio Posada mantiene la posición adoptada por la Sala con anterior integración, en el sentido de que, si bien el artículo 341 de la Ley 18.172 se encuentra vigente, no es aplicable en los casos en que una administración estatal es emplazada en virtud de las leyes de tercerización. Así lo sostienen los Dres. Garmendia y Gauthier (“Tercerizaciones”, FCU, 3ª. Edición, pág. 73) siguiendo posición de Loustaunau. Por otro lado, la Sra. Ministra Karina Martínez Larrosa y la redactora, consideran acertada la postura que antecede, pero sustentan como argumento principal el que sostuvieron en las respectivas sedes de Primera Instancia del Trabajo a su cargo, cuál es; que para entender en todo conflicto individual de trabajo en que sea parte una administración estatal y frente a un claro supuesto de acumulación de pretensiones contra varios demandados como acontece en la causa -dado que en el marco de un conflicto individual de trabajo, además del empleador directo se demandó a una administración estatal- deviene aplicable el artículo 120.2 del CGP que establece: “También podrá acumularse en una demanda pretensiones de varios demandantes o contra varios demandados, siempre que provengan de la misma causa o versen sobre el mismo objeto o se hallen entre sí en relación de dependencia o deriven de los mismos hechos, cumpliéndose los requisitos del artículo 120.1”. En el sublite, resulta evidente la conexión existente entre ambas pretensiones, por cuanto surge de autos, que a quien los actores señalaron como su empleadora, la empresa Prodomus SRL, tenía un especial vínculo con la apelante pues prestaba servicios de vigilancia para la misma, por lo que el reclamo movilizado por los trabajadores contra los accionados proviene de la misma causa, esto es; deriva de la relación laboral que origina los créditos que se reclaman; es decir, proviene de un conflicto individual de trabajo; por lo que la situación como ya vimos, se encuentra comprendida en el art. 120.2 del C.G.P. En este sentido se comparte la posición sustentada por el Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 4º Turno en sentencia Nro. 47/2013, en torno a que la vigencia del art. 341 de la Ley 18.172 no excluye la eventual ampliación competencial derivada de la aplicación del art. 120 del C.G.P, disposición que admite la acumulación de pretensiones de diferente materia mediando conexión. Entonces, en el caso ante un supuesto de acumulación de pretensiones contra diversos demandados resultan competentes más de un Juzgado, por lo que el tema se zanja o resuelve de acuerdo al art. 7 de la LOT, esto es; de acuerdo al principio de prevención, resultando competente la Sede que primero tomó conocimiento del asunto. Sobre el punto en debate el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5to. Turno ha afirmado, que el artículo 341 de la ley 18.172 en estos casos no resulta decisivo, pues el cúmulo inicial de pretensiones determina otra solución, afirmando concretamente que “El art. 341 citado atribuye competencias, pero no excluye la eventual ampliación competencial derivada de la aplicación del art. 120 del Código General del Proceso, disposición que admite la acumulación de pretensiones de diferente materia, mediando conexión” (Sentencia 93/2016 extraída de la Base de Jurisprudencia Nacional). En similar orientación la Suprema Corte de Justicia también ha afirmado en relación a la competencia material en supuestos como el que nos convoca, que “La Corporación ha sostenido, que es el actor quien elige el fuero competencial en supuestos en que procede la acumulación conforme el art. 120 C.G.P., y que el art. 341 de la Ley No 18.172, no modificó dicho criterio. La norma mencionada en último término prevé: ‘Los conflictos individuales de trabajo en que sea parte una Administración estatal se ventilarán ante los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo en Montevideo y ante los Juzgados Letrados de Primera Instancia del interior, salvo los casos de competencia especializada”. Como se advierte, la norma del artículo 341 de la Ley No 18.172 es atributiva de competencia, pero no excluye el régimen general de ampliación competencial contenido en el art. 120 C.G.P. Esta norma procesal admite la acumulación de pretensiones de diferente materia, siempre que exista conexión, como acontece en el subjudice.” (Sentencias número 150/2016 y 421/2016, extraídas de la BJN). Ver en el mismo sentido sentencia interlocutoria de la Suprema Corte de Justicia Nº 1364/2021 (también en BJN). Compartiendo dicho criterio y partiendo de la premisa de que la parte actora tiene libertad para elegir el fuero competencial y habiendo optado los actores de autos por plantear su reclamo ante la Justicia Laboral, en opinión de la Dra. Karina Martínez Larrosa y de la redactora, la sede de primera instancia en materia laboral deviene competente. En adición, corresponde señalar también, tal como se argumentara en la sentencia de la Sala Nro. 159/2024, “que todos los integrantes de este Colegiado entienden válido además, el fundamento por el cual, tratándose de una acumulación determinada por el artículo 10 de la ley 18.251, el actor promueve su pretensión contra su empleador, invocando un conflicto individual de trabajo y, por tanto, ante la Sede Laboral, y adiciona una pretensión contra el “garante” en el marco de las leyes 18.099 y 18.251, es decir, contra la empresa principal o usuaria, que en este caso es una persona de derecho público estatal. El Dr. Nelson Loustaunau en las XVIII Jornadas Uruguayas de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social (referido por Garmendia y Gauthier en “Tercerizaciones”, FCU, 3º edición , página 71) abordó el tema de la competencia en este supuesto y se inclina por sostener la competencia de la justicia laboral por dos órdenes de argumentos: el primero de ellos, por el tema de la acumulación de pretensiones ya referido, y el segundo, por considerar que la jurisdicción laboral es la que entiende en el conflicto principal contra el empleador directo, y atrae ante sí al Estado, es decir, lo principal atrae a lo accesorio. Garmendia y Gauthier refieren en este sentido, que “ cuando una entidad estatal es demandada por la responsabilidad que le es inherente como consecuencia de haber recurrido a subcontratistas, intermediarios o suministradores de mano de obra, no se le está ubicando como “parte” en un conflicto individual de trabajo (calidad que, ante el trabajador demandante solo podrá ostentar el subcontratista, intermediario o suministrador de mano de obra), sino como responsable o garante (según el caso, solidario o subsidiario) por imperio legal. La Administración estatal demandada en virtud de la existencia de una situación de subcontratación, intermediación o suministro de mano de obra, nunca lo será como parte de un conflicto individual de trabajo sino en calidad de responsable por expresa atribución legal. En consecuencia, en este tipo de situaciones no se genera hipótesis que contempla el artículo 341 de la ley 18.172 y, por tanto, no resultarán competentes los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y, en cambio sí lo será (n) las Sedes laborales”. (página 73). Compartiendo dicho temperamento y por todo lo señalado, la Sala entiende que corresponde desestimar el agravio deducido por el MIDES y confirmar en este punto la sentencia de primera instancia, en cuanto determinó que la sede competente para resolver el presente proceso es la sede laboral. V) Y en cuanto al agravio por la desestimatoria de la excepción de inadecuación del trámite dado a la demanda, esto es; cuál debe ser la vía procesal para sustanciar el presente proceso cuando la acción laboral está incoada acumulativamente contra una persona de derecho privado y contra un organismo estatal, que como en el caso es llamado al juicio no como empleador, sino como garante al amparo de las leyes de tercerizaciones, el Tribunal tiene firme y consolidada posición sobre el punto que habrá de mantener en el presente pronunciamiento, en el sentido de que en estas hipótesis la pretensión laboral debe sustanciarse bajo las estructuras procesales establecidas en la ley 18.572, que en el caso en particular y en atención al monto del asunto, es la del proceso laboral ordinario. En efecto, en el caso debe atenderse necesariamente a lo establecido en el artículo 7 de la ley 18.572 que determina el ámbito de aplicación del proceso laboral ordinario disponiendo textualmente que “Con excepción de lo establecido en normas que prevean procedimientos especiales, en materia laboral el proceso se regirá por lo previsto en esta ley”. Es claro entonces, que el procesal laboral o las estructuras procesales previstas en la ley 18.572 se aplican a la “materia laboral”. En el sublite, estamos en presencia de “material laboral” entendiéndose ésta tal como lo postula Garmendia, la que “involucra a aquellas causas que comprometen cuestiones relativas al trabajo dependiente…” (“Concepto de materia laboral. Vigencia material de la ley 18.572” en Revista de la Facultad de Derecho Nro. 31, página 174), o bien la que refiere al trabajo del hombre (Rossi Rosina, “Ámbito de aplicación del nuevo proceso laboral” en Rev. De la Facultad de Derecho en homenaje a Oscar Ermida Uriarte. N. 31 pág. 293 y siguientes.). En la especie, se ventila una pretensión fundada en relaciones de trabajo dentro del derecho privado, siendo la alegada existencia de tales relaciones laborales, la que cimienta o sirve de fundamento para el planteo de la acción finalmente impetrada contra la empresa Prodomus SRL y contra el MIDES; lo que torna aplicable la estructura procesal del proceso ordinario previsto en la ley 18.572. Por ello, el conflicto planteado es subsumible dentro de la “materia laboral” con el sentido que le asigna la ley 18.572; máxime cuando no existe un procedimiento especial y la naturaleza de la materia no se ve modificada por el tipo de persona demandada, no debiendo perderse de vista en última instancia, que el artículo 341 de la ley 18.172 sólo tiene como objeto fijar la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo o bien de los Juzgados de Paz (en función de la cuantía) en los casos de conflictos individuales en que sea parte una Administración estatal, no estableciendo una estructura procesal determinada. En otro orden y de sostenerse la posición de la que hace caudal el Ministerio apelante, habría que admitir que a pesar de que la relación sustancial que da origen al presente reclamo es claramente un conflicto individual de trabajo que involucra “la materia laboral”, en función de que uno de los demandados que es llamado a juicio es un organismo estatal, ello habilitaría a “desaplicar” y dejar de lado la estructura procesal expresamente consagrada por el legislador en beneficio de los trabajadores. De este modo se desatiende y se deja de lado, que la razón de ser de la ley 18.572 fue atender justamente de una manera más rápida, ágil y eficiente los reclamos de naturaleza laboral poniendo especial énfasis o poniendo el foco en el sujeto trabajador y en la naturaleza alimentaria que tienen los créditos que reclama. Esta finalidad tutelar sería desatendida si como sostiene el MIDES, se le diera al presente trámite la estructura del proceso ordinario previsto en el CGP, y ello sin perjuicio de considerar, que en la posición del organismo apelante se coloca al trabajador en una notoria situación de “incertidumbre” en relación al tracto procesal a otorgarle a su reclamo, en función de los sujetos que decida demandar; aspecto no querido por el legislador al regular a través de la ley 18.572 únicamente dos estructuras procesales para la sustanciación de los procesos que involucren la materia laboral. Por todo ello, se entiende, en definitiva, que el agravio no resulta de recibo, por lo que se confirmará también la recurrida en cuanto desestimó la excepción de inadecuación del trámite dado a la demanda. VI) Por otra parte, el MIDES también se agravió de que se lo haya condenado a abonar la indemnización por despido en el caso del trabajador Lucas Ciervi, argumentando en lo sustancial, que no puede ser responsable por el despido de un trabajador que fue desvinculado por Prodomus SRL cuando ya no trabajaba para el MIDES, sino para la ANP. Esgrimió, además, que el propio actor denunció que recibió de la ANP la suma de $ 60.000, por lo que no procede la condena al MIDES por tal concepto. No le asiste razón al recurrente. En primer lugar, también en este punto, la Sala tiene jurisprudencia en sentido contrario por el que aboga el organismo demandado. En sentencia 153/2023 el Tribunal afirmó en conclusión perfectamente trasladable al sublite, que: “Y en este sentido, lo fundamental o lo crucial a la hora de arribar a una solución sobre el punto, es que la empresa principal deviene responsable por los créditos laborales (salariales e indemnizatorios) devengados durante el tiempo en que el trabajador presta tareas en beneficio de la misma, siendo ciertamente indiferente, que al momento en que la indemnización por despido se hace exigible el trabajador no estuviera prestando tareas para la empresa principal y ello, por cuanto si bien es de admitir que la indemnización por despido se vuelve exigible al momento en que se produce el despido, la duración de la relación laboral, tiene incidencia tanto en la generación del beneficio como en su monto, es decir, en su devengamiento, tal como refiere el artículo 1 inciso 3 de la ley 18.099”. “De sostenerse el criterio de la sentencia, sólo respondería la empresa principal, que se beneficia del trabajador subcontratado al final de su relación laboral y no así, aquellas otras empresas -como el Poder Judicial- que también contrataron con la empleadora del trabajador y que, al momento del cese del trabajador, ya no tenían contrato o vínculo vigente. Se reitera, de sostenerse tal criterio, bastaría que el vínculo contractual entre la empresa principal o usuaria y la subcontratista culminara tan sólo un día antes del cese del trabajador de que se trate, para que éste no tuviera derecho a reclamar contra la primera la indemnización por despido, lo que no parece ajustarse a la finalidad o “ratio” de las leyes 18.099 y 18.251, cuya finalidad fue justamente ampliar el elenco de eventuales deudores por los créditos generados por el trabajador, no ajustándose tampoco a la ficción jurídica creada por las leyes referidas”. “A ello cabe agregar, que, en realidad, la indemnización por despido es un rubro que se devenga o que se va generando en un período extenso, que puede llegar a ser mayor incluso que el tiempo que su empleadora prestó servicios para un determinado empresario principal. Si bien es cierto que la ley limita la responsabilidad a “las obligaciones devengadas durante el período de subcontratación”, la Sala comparte lo sostenido por el Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 2º Turno en sentencias 311/2020 y 36/2021, en cuanto a que “devengar” según la Real Academia Español significa “adquirir derecho a alguna percepción o retribución por razón de trabajo, servicio o título”, por lo que en este sentido o con este alcance, es claro que el derecho al despido se adquiere a lo largo de todo el vínculo laboral tal como lo expresáramos anteriormente, por más que se vuelvan exigible en el momento del cese. Y ello, como con acierto lo releva el Tribunal citado “porque la obligación en caso que nazca a la vida jurídica, requiere el elemento tiempo para su generación. De allí que se concluya que se ha devengado a lo largo de todo el período de trabajo, bajo la condición suspensiva que acaezca el hecho que la vuelve exigible, esto es, la rescisión unilateral por el patrono bien sea por su accionar directo o bien sea por sus graves incumplimientos…”. Conforme a lo que viene de referirse y siguiendo la línea de razonamiento del Similar de 2º Turno, la duración del vínculo no solo impacta en el monto del rubro por el factor antigüedad, sino además en la adquisición del derecho, porque si no se desarrolla actividad o no se presta la fuerza de trabajo durante determinado tiempo o determinada cantidad de jornales, no se tiene derecho al despido”. “En el mismo sentido el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 4º Turno ha afirmado, que tal como enseña la doctrina, “el criterio del “devengamiento” de los créditos laborales del trabajador implica dejar de lado la regla de la exigibilidad. Esto implica que lo que debe mirarse no es el momento en que el crédito se tornó exigible, sino el de su nacimiento y desarrollo, aunque algunas veces ambos hechos coinciden temporalmente ... En el caso de la indemnización por despido, habrá que determinar el período trabajado para la empresa comitente y establecer cuál hubiese sido el monto indemnizatorio equivalente por ese lapso, independientemente de que el trabajador haya estado vinculado por un período mayor (cfr. Rosenbaum y Castello en “Subcontratación e Intermediación Laboral”, págs. 194). (Cfme. Sentencia 199/2014 en BJN)”. “Con el mismo enfoque también el Tribunal de Apelaciones de Tercer Turno en reciente sentencia Nro. 27/2023, citando la posición adoptada en sentencia anterior (Nro. 193/2020) en un caso que es perfectamente trasladable al que nos convoca, sostuvo que, “aún cuando el vínculo laboral entre el actor y la empleadora directa hubiera continuado luego de la desvinculación de las codemandadas, igualmente la empresa principal es responsable del pago de la indemnización por despido generada durante el tiempo en que el trabajador se desempeñó en su beneficio en virtud de la subcontratación. Y ello por cuanto el inciso final del art. 1 en la redacción dada por el art. 8 de la Ley 18.251 establece: “La responsabilidad queda limitada a las obligaciones devengadas durante el período de subcontratación… Cuando se trate de obligaciones que determinen en función de períodos mayores al de la subcontratación, intermediación o suministro, la cuantía máxima por la que responderá el patrono o empresario principal o la empresa usuaria no podrá exceder el equivalente de lo que se hubiera devengado si los operarios trabajasen en forma directa para el mismo”. Los Dres. Rosenbaum y Castello expresan: “El criterio del “devengamiento” de los créditos laborales del trabajador, implica dejar de lado la regla de la exigibilidad. Esto significa que lo que debe mirarse no es el momento en que el crédito se tornó exigible, sino el del nacimiento y su desarrollo, aunque algunas veces ambos hechos coinciden temporalmente” y continúan manifestando: “En el caso de la indemnización por despido, habrá que determinar el período trabajado para la empresa comitente y establecer cuál hubiese sido el monto indemnizatorio equivalente a ese lapso, independientemente que el trabajador haya estado vinculado con su empleador durante un tiempo mayor (En subcontratación e Intermediación Laboral, Tercera Ed., pág. 194)”. Acorde a los fundamentos referidos, el agravio del MIDES no resulta de recibo. De igual forma no tiene incidencia alguna lo postulado en cuanto a que el actor habría percibido la suma de $ 60.00 de parte de la ANP, por cuanto la sentencia de primera instancia prorrateó el valor del despido generado en 7 meses, por los 4 meses que el trabajador Lucas Ciervi trabajó para el MIDES. Y ello es una manera de contemplar la incidencia de la transacción celebrada por este trabajador con la ANP, que también abarcó la indemnización por despido reclamada; todo lo que naturalmente conlleva la desestimatoria del agravio por la condena a abonar la indemnización por despido en el caso de este trabajador. VII) También de manera muy escueta MIDES dedujo agravios porque la sentencia no se pronunció sobre los descuentos legales. En primer término, se impone puntualizar, que el impugnante en su contestación de demanda no formuló ninguna solicitud respecto a este tema, motivo por el cual el planteamiento en esta instancia, deviene claramente extemporáneo. Sin perjuicio de ello, esta Sala con la actual integración ya ha tenido oportunidad de expedirse en torno al punto, afirmando concretamente, la ajenidad del pronunciamiento judicial respecto de las obligaciones tributarias y de seguridad social que acarrean las partidas provenientes de la relación laboral, obligación que como es sabido, es de resorte legal, así como también lo es la retención de los aportes por parte del empleador. Así en sentencia interlocutoria Nro. 42/2023 cuyas consideraciones resultan plenamente trasladables al presente caso, este Tribunal afirmó en este sentido, que “Tal como se argumenta en las referidas sentencias, así como las restantes aludidas en el escrito de apelación, el empleador es agente de retención de los descuentos legales y se encuentra obligado a verter los importes correspondientes a los Organismos recaudadores. Se trata de una calidad atribuida por imperio de la ley, que no puede ser dejada de lado aún por acuerdo de partes. Es por ello indiferente que las sentencias, tanto de primera instancia como de segunda instancia, no se hayan pronunciado sobre este tópico. Se trata la obligación tributaria, de una materia ajena al conflicto individual de trabajo, siendo únicamente sobre este último que tiene competencia y se pronuncia la Sede judicial laboral. Como bien relevan los Dres. Rodolfo Saldain y Gonzalo Martínez en artículo de su autoría en revista CADE, y es ampliamente recogido por la jurisprudencia, “la no determinación del descuento tributario no se opone al concepto de sentencia líquida (artículo 15 inc. 3, Ley 18.572). Este concepto abarca también la noción de facilidad de la liquidación derivada de normas legales expresas, como son las que fijan o establecen tributos”, además de otras normas como las existentes en derecho de familia a favor de los beneficiarios de pensión alimenticia y otros supuestos con expresa autorización legal. En el caso de la obligación tributaria, “acaecido en el mundo fenoménico el supuesto de hecho hipotéticamente establecido en la norma, se deriva (relación de causalidad) el nacimiento de una obligación. La sentencia estimatoria de la pretensión en el proceso laboral “declara” la pertinencia de determinados rubros y “condena” a su efectivo pago. Acertados estos aspectos, procederá (según lo dispongan las normas tributarias aplicables), el pago de los tributos que correspondan” (“Sentencia de condena líquida y obligaciones tributarias”, CADE Profesionales y Empresas, octubre de 2013, pág. 57-60). En reciente sentencia de Casación Nro. 223/2023, la Suprema Corte de Justicia, a través de la Dra. Minvielle, compartió lo sostenido por Storace (en “Tratamiento tributario de los montos objeto de condena o transacciones en sede laboral”, Goldstein Eduardo, Actualización, ajuste y recargo de los créditos laborales, FCU, Mdeo., 2017, pág., 91): “… Pero, de ningún modo el juez laboral se encuentra obligado a realizar la liquidación tributaria sobre los rubros de condena. Esta obligación recae en el contribuyente o en su respectivo responsable tributario, y por supuesto, la fiscalización le compete a los respectivos órganos recaudadores (BPS/DGI), no a la sede laboral. Si el tribunal no permite al responsable tributario ejercer su obligación/derecho de retener el tributo que corresponda sobre el monto objeto de condena, tal conducta del tribunal podría significar para el responsable una hipótesis de eximente de responsabilidad consagrada en el art. 106 del código tributario -fuerza mayor-. Por tanto, si bien el juez no está obligado a realizar una liquidación en términos tributarios de los rubros de condena, a nuestro entender no debería impedir que el empleador realice las retenciones tributarias que corresponde, y si el condenado las hace con abuso sufrirá las consecuencias sancionatorias que prevé el código tributario y/o el código penal…”. En ese marco y atento a las consideraciones que vienen de exponerse el agravio no es de recibo, deviniendo absolutamente innecesario que la sede a-quo se pronunciara sobre los descuentos legales, desde que como viene de señalarse, éstos son de resorte legal, es decir, vienen impuestos o determinados por las normas tributarias, con independencia de que ello sea declarado por sentencia judicial. VIII) Finalmente MIDES articuló agravios por el porcentaje de los daños y perjuicios preceptivos dispuestos en la sentencia de primera instancia (10%), agravio que en opinión de la Sala no puede prosperar y no resulta de recibo, por cuanto el guarismo fijado por la sede a-quo resulta totalmente ajustado a las pautas jurisprudenciales sobre el punto para casos análogos al de autos. IX) La actuación de las partes no merece condenas accesorias especiales, siendo las costas de la instancia de cargo de la demandada apelante y los costos en el orden causado. Por los fundamentos expuestos, normas legales citadas, artículos 17 y 18 de la ley 18.572, su modificativa ley 18.847 y artículos 197 y 198 del CGP, el Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 1º Turno, FALLA: CONFIRMASE EN TODOS SUS TERMINOS LA SENTENCIA APELADA. COSTAS DE LA INSTANCIA DE CARGO DE LA DEMANDADA APELANTE Y SIN ESPECIAL CONDENACIÓN EN COSTOS. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y FECHO DEVUÉLVASE A LA SEDE DE ORIGEN. HONORARIOS FICTOS, 3 BASES DE PRESTACIONES Y CONTRIBUCIONES. DR. JULIO ALFREDO POSADA XAVIER PRESIDENTE DRA. ANA KARINA MARTINEZ LARROSA MINISTRO DRA. MARIA GABRIELA RODRIGUEZ FAGIAN MINISTRO ESC. ADRIANA AGUIRRE MEDEROS SECRETARIA LETRADA