Sentencia Definitiva N° 239/2025

. SENTENCIA DEFINITIVA TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE 4º TURNO MINISTRA REDACTORA: DRA. MÓNICA IVANOVICH OUJO. MINISTROS FIRMANTES: DR. ADOLFO FERNÁNDEZ DE LA VEGA MÉNDEZ DRA. SYLVIA DE CAMILLI HERMIDA y DRA. MÓNICA IVANOVICH OUJO. VISTOS EN EL ACUERDO: Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “AA C/ BB Y OTROS - HORAS EXTRAS”. IUE 2-110117/2023, venidos en apelación del Juzgado Letrado de Primera Instancia de San José de 2º Turno a cargo de la Dra. María Andrea La Paz Camacho. RESULTANDO: 1) La Sala acepta el relato de antecedentes procesales que se consignan en la sentencia apelada, procediendo al dictado de la presente. 2) Por sentencia definitiva de primera instancia Nº9/2024 de fecha 23 de diciembre de 2024 (fs. 307-317), se desestima la demanda instaurada. Se declara la manifiesta falta de legitimación pasiva de los codemandados Sres. CC y DD. Con y costas y costos a cargo de la actora 3) La parte actora, interpone recurso de apelación (fs. 320-323 vto.) contra la referida sentencia, agraviándose, en síntesis, por cuanto: A) Desestimó la demanda en su totalidad realizando una errónea valoración probatoria respecto de la testimonial aportada por la parte demandada. B) Por la imposición de condena en costas y costos, cuando se impone sobre una mujer extranjera, de contexto social vulnerable y víctima de violencia de género, lo que contradice los principios del derecho del trabajo y de la Ley 19.580. C) Por el rechazo de la prueba de soporte informático pendrive cuyo contenido surgía la violencia verbal. 4) Por decreto Nº20/2025 de 17 de febrero de 2025 (fs. 324), se dispuso el traslado a la contraria del recurso de apelación interpuesto por el término legal, resultando evacuado a fs. 326-330. 5) Por providencia Nº47/2025 de 10 de marzo de 2025, se tuvo por evacuado el traslado conferido y se dispuso franquear la apelación para ante el Tribunal de Apelaciones del Trabajo que por turno corresponda (fs. 331). 6) Recibidos los autos en el Tribunal el 21 de marzo de 2025, los mismos fueron devueltos por mandato verbal Nº74/2025 de fecha 24 de marzo de 2025 y N°80/2025 de 26 de marzo de 2025 (fs. 339-342). 7) Levantadas las observaciones y recibidos nuevamente el 15 de setiembre de 2025, se señaló fecha de acuerdo y se dispuso el pase a estudio de conformidad con lo establecido en el art. 17 de la Ley 18.572 en la redacción dada por el art. 6 de la Ley 18.847 (fs. 372-373), debiéndose dejar constancia que este Colegiado estuvo desintegrado el 9 y 10 de octubre de 2025 por licencia de uno de sus miembros. CONSIDERANDO: I) La Sala por la unanimidad de sus voluntades naturales irá a confirmar la sentencia apelada, por los fundamentos que seguidamente se expondrán. II) Liminarmente, corresponde señalar que habiéndose advertido que el escrito recursivo no cumplía con las formalidades establecidas por la norma procesal (fs. 320 a 323 vto.), se ordenó su subsanación de los defectos, lo que se verificó con la actuación de fs. 368. Por lo que, nada impide ingresar a su consideración. III) En cuanto al rechazo de la prueba en soporte informático (pendrive), se observa que no surge que lo expuesto en el escrito recursivo responda a la fundamentación de la apelación otorgada con efecto diferido (fs. 241 y vto.). Es más, conforme a lo indicado en el exordio, así como en el petitorio del escrito de fs. 320 a 323 vto., sólo se recurre la Sentencia Definitiva N°9/2024, sin hacer una sola alusión a la sentencia interlocutoria N°231/2024 que dispuso el rechazo de determinado medio probatorio (fs. 240 vto.), cuya revocación ni siquiera se requiere. Por ende, no es posible concluir que el escrito fs. 320 a 323 vto. contenga el fundamento del recurso de apelación con efecto diferido. Asimismo, no se confirió traslado del recurso mencionado y tampoco se franqueó la apelación contra la sentencia interlocutoria N°231/2024, todo lo cual no fue objeto de agravio, por lo que ha quedado firme. Así las cosas, no es posible ingresar a considerar el recurso de apelación con efecto diferido, cuando el mismo no fue franqueado, pues este Tribunal tal como lo indica Véscovi “…no ha sido investido de los poderes a ese fin…se necesita un acto del inferior (a quo) concediendo el recurso y traspasando, de ese modo, la jurisdicción al superior (ad quem), lo que constituye el efecto devolutivo. Al punto que - sin perjuicio de los poderes del Tribunal superior de reexaminar el acto se entiende que sus poderes dependen de dicha concesión del recurso” (Derecho Procesal Tomo VI, 2da. parte, Pág. 100-143). De allí que este Tribunal se encuentra inhibido de ingresar a considerar aspectos referentes al rechazo de la prueba obrante en el soporte informático. IV) Por otra parte, la accionante se agravia por el rechazo de la demanda, por cuanto la apelada no tuvo por acreditada la existencia de la relación laboral invocada por su parte, debido, a su entender, a una errónea valoración de la prueba testimonial aportada por la demandada. Así, destaca que, el primer error radica en omitir la aplicación de la tacha de falsedad ya que se trata de testigos adoctrinados y con una profunda amistad con el Sr. BB, en tanto alguno es testigo de oídas. Asimismo, sostiene que se omitió considerar lo declarado por la actora, resultando del expediente IUE 596-31/2022 la violencia de género y los correspondientes daños y perjuicios. Agrega que, respecto a la existencia de la relación laboral, debe considerarse que la demandada no cumplió con el art. 139.1 del C.G.P., no pudiendo acreditar un hecho modificativo, impeditivo o extintivo de la pretensión, lo que genera que se deba aplicar la teoría de las cargas probatorias dinámicas, al no poder desembarazarse de su calidad de empleadora. Existen hechos bajo el dominio del empleador como por ejemplo estar registrado en B.P.S. o expedir recibos de sueldo, que no se puede cargar con dicha prueba al trabajador, por lo tanto, una relación bien podría probarse mediante indicios y estos existieron, como lo es la declaración de la actora en Sede de violencia doméstica, donde antes de iniciar el reclamo se autodefinió empleada del Sr. BB. Tales agravios no resultan de recibo. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que, los principios propios del Derecho del Trabajo no tienen aplicación en situaciones en las que justamente lo que se discute es la existencia o no de la relación laboral, por cuanto es evidente que, en tal caso, la controvertida relación laboral constituye un antecedente lógico necesario de la consideración y consecuente aplicación de los principios propios de la materia. En lo que hace a la relación laboral, a diferencia de lo expuesto por la recurrente, conforme al art. 139 del C.G.P., esta debe ser debidamente acreditada por quien alega su existencia. En numerosos pronunciamientos, nuestros Tribunales han sostenido que, habiéndose controvertido la relación de trabajo dependiente, el actor deberá demostrar su existencia, mediante elementos reveladores de la misma, como ser: el poder de dirección del empleador, que implica controlar, dirigir y disciplinar la actividad del trabajador, conceptos que componen la llamada subordinación jurídica. Además, demostrar que el trabajador tenga su fuente de ingresos a través de la actividad que desarrolla con ese patrón (subordinación económica); acreditar continuidad, permanencia o estabilidad de la prestación respecto de un empleador a cambio de un salario, profesionalidad del trabajador, exclusividad, cumplimiento de horario, registro del trabajador ante organismos de Seguridad Social, etc. Se entiende, que no es necesaria la prueba de todos estos elementos, debiéndose apreciar cada uno de ellos, en caso de verificarse, y en su conjunto, según las reglas de la sana crítica y de la experiencia, a efectos de determinar si en el caso concreto, nos encontramos ante una relación laboral. La búsqueda de los elementos reveladores, anteriormente mencionados, está dirigida fundamentalmente a resaltar indicios de la existencia de subordinación; pues este elemento es típico del contrato de trabajo y distingue al tipo, de otras figuras vecinas; reviste una importancia tal que, en caso de verse diluido, habrán de verificarse claramente los otros elementos típicos, esto es, onerosidad y estabilidad. (Rivas, Daniel. Los indicios del Trabajo Subordinado en la Jurisprudencia Laboral. Revista Judicatura N° 36, año 1993). Asimismo, la subordinación es un estado de hecho que debe ser probado por quien lo afirma y no por quien lo niega (Cabanellas. Compendio de Derecho Laboral, Tomo I, pág. 398). La misma se “descompone en dos elementos: una facultad jurídica del patrono, en virtud de la cual puede dictar los lineamientos, instrucciones u órdenes que estime conveniente para la obtención de los fines de la empresa y una obligación igualmente jurídica del trabajador de cumplir esas disposiciones en la prestación de su trabajo" (T.A.T. 3° Turno Sentencia 411/002). La subordinación: "...es una situación en que se encuentra el trabajador que tiene que obedecer o acatar las órdenes que le imparta su empleador o quien lo represente, dentro de los límites del contrato de trabajo" (Julio J. Martínez Vivot "Elementos del derecho del trabajo y de la seguridad social" pág. 97, Sentencia N° 185 del 4 de setiembre de 1998 de la Suprema Corte de Justicia) (Sentencia N° 9 de 5.2.2002 del TAT 2° Turno publicada en el Anuario de Jurisprudencia Laboral 2002, caso N° 586, pág. 277). En el caso concreto, apreciando cada uno de los medios probatorios diligenciados y en su conjunto, racionalmente, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, cabe concluir que la parte actora no ha cumplido con la carga que le correspondía, destacándose que no existe un solo elemento probatorio que permita determinar la existencia de la relación laboral esgrimida. Por el contrario, ha quedado claramente acreditado que la accionante tenía con el Sr. BB una relación afectiva, sumamente conflictiva, que dio mérito a diversas actuaciones en la esfera policial y judicial, en la que se determinó en varias oportunidades su retiro del hogar, la prohibición de acercamiento, relacionamiento y comunicación de la denunciada, Sra. AA para con el denunciante Sr. BB (expedientes IUE 596-142/2020 y IUE 596-31/2022). La recurrente no puede obviar que todas las actuaciones se llevaron a cabo en el marco de la Ley 17.514, tal como se funda en cada una de las resoluciones judiciales, la que requiere para su aplicación que se “tenga o haya tenido una relación de noviazgo o con la cual tenga o haya tenido una relación afectiva basada en la cohabitación y originada por parentesco, por matrimonio o por unión de hecho.”. Por ende, no cabe dudas que la accionante tuvo con el Sr. BB una relación afectiva, tal como lo exponen en forma conteste los testigos EE, FF, GG, HH y JJ (fs. 242 vto., 243 vto., 244, 245 vto. y 281) y que la actora ni siquiera expuso en la demanda. De ahí que, no resulta compartible el planteo formulado por la recurrente en su escrito de apelación a fs. 320-321, bajo el rótulo de “tacha de falsedad” cuestionando los dichos de los testigos, los que estarían, a su entender, afectados de circunstancias de sospecha. Sino que surge con meridiana claridad de los cuestionados testimonios que se trata de testigos que presenciaron los hechos que relatan, que apreciaron directamente la existencia y desarrollo a lo largo de los años, de la relación de índole sentimental y caracterizada por alto nivel de conflictividad que mantuvo la Sra. AA con el fallecido Sr. BB, siendo este último, en la época en que estuvo vinculado a la demandante un hombre anciano, de más de 80 años, con ingresos propios como jubilado bancario, persona conocida por todos los testigos ofrecidos por la parte demandada, de San José, con quien tenían lazos de vecindad y amistad, salvo el caso de la joven HH que era nieta del extinto y expresa haber convivido con su abuelo, en vida de su abuela y también a posteriori del fallecimiento de la misma, razón por la cual llegó a convivir con la Sra. AA, que habitaba el hogar, como pareja del Sr. BB. En cuanto a los dichos de la testigo KK, propuesta por la parte actora, resultan carentes de valor convictivo, por cuanto fue su amiga y se trata de una testigo de “oídas” (fs. 289 y vto.). Finalmente, resulta poco serio que la accionante pretenda basar la existencia de la relación laboral en sus propias afirmaciones, especialmente cuando estas han variado a lo largo del tiempo. Así, las expresiones vertidas por la accionante el 25 de noviembre de 2022 en el ámbito policial (fs. 175), cuando ya había solicitado la audiencia de conciliación por el presente reclamo laboral (fs. 2), no hacen prueba. En tal sentido, la misma no posee la eficacia de confesión judicial, la que sólo se verifica cuando refiere a la admisión de la veracidad de hechos desfavorables a su interés y favorables a la adversaria, lo que no acontece en autos. Además, no se puede obviar que, en todas las restantes actuaciones, la actora siempre aludió al Sr. BB como su pareja (fs. 3 exp. IUE 596-31/2022, fs. 3 exp. IUE 596-142/2020). No podemos soslayar que en los acordonados se tramitaron procesos por violencia doméstica iniciados por el Sr. BB contra la Sra. AA, es decir donde la misma era denunciada por su pareja y en ese ámbito, como se desprende de lo actuado tanto en la órbita policial como judicial, la hoy demandante siempre hizo alusión a la relación de pareja, nunca refirió a una relación de trabajo. Como apunta la Dra. De Camilli en su voto, resulta sumamente ilustrativo sobre la realidad de la vinculación entre las partes de dichos procesos, el tenor del informe elaborado por la Asistente Social Claudia Romero de la Unidad ITF San José de fecha 25 de marzo de 2021, en el expediente IUE 596-142/2020 iniciado con la denuncia policial del Sr. BB en diciembre de 2020, a su compañera (Sra. AA) porque ella se resiste a separarse. La Sra. perito en su informe de evaluación de riesgo, señala que el expediente trata la situación de un hombre que denuncia a su compañera por resistirse a separarse. El desea que se retire de su hogar, alude la existencia de violencia emocional y física. Citó a ambas partes, pero sólo concurre el denunciante. La Policía les informa que la denunciada se volvió a Brasil. Entrevista al Sr. BB y concluye: “Adulto mayor, con probable inicio deterioro congnitivo. Ideología machista, omnipotente, desafectivizado. La denunciada se fue por lo que el señor ya no tiene problemas”. En el expediente IUE 596-1/2022, a fs. 9 comparecen el denunciante Sr. BB (85 años) y la denunciada, Sra. AA (49 años) ambas partes asistidas de abogado a audiencia celebrada el 31 de enero de 2022, ante la Sra. Juez Letrado de Feria de San José, Dra. Erika Reyes, quien entiende que los hechos denunciados configuran una situación de violencia prevista en la ley 17.514, fundada en la declaración de las partes en este proceso y demás actuaciones agregadas. Se disponen medidas cautelares de no acercamiento y retiro de la denunciada del hogar, citaciones y pericias. A fs. 18, se informa que la Sra. AA se encuentra viviendo en la ciudad de Pelotas, Brasil. En el informe de evaluación de riesgo (fs. 21-22), la Lic. en Trabajo Social, Gimena Capeletti, indica que las partes mantuvieron una relación que se extendió por cuatro años, existiendo separaciones prolongadas en el transcurso del tiempo, con períodos de convivencia. El denunciante relata relacionamiento conflictivo, recientemente plantea temor por las reacciones de la denunciada. La Sra. Perito, sugiere a la Sra. Juez se solicite pericia psicológica y psiquiátrica de la Sra. AA. Consecuentemente, del cúmulo probatorio arrimado a la causa, no surge, ni siquiera, un vestigio de la posible existencia de una relación de trabajo, entre el Sr. BB y la Sra. AA, sino que por el contrario, quedó plenamente demostrado que mantenían una relación de pareja, con las características que surgen de los expedientes por violencia doméstica, acordonados, que condicen con las declaraciones de los testigos deponentes en el presente proceso. Cabe afirmar, que, si bien la relación de trabajo entre miembros de una pareja o de una familia es posible, en el caso, no sólo la actora no cumplió con su carga probatoria, sino que, no quedó demostrada su existencia, por no haberse acreditado ningún indicador de los mencionados en la Recomendación 198 de la O.I.T. y ni un solo vestigio a favor de la hipótesis de su existencia. En efecto, no surge que la actora estuviera sometida a determinadas condiciones de trabajo, o a potestad disciplinaria del Sr. BB o que haya recibidos órdenes o directivas de éste, o se le pagara rubros propios de una relación laboral, lo que llama poderosamente la atención en un supuesto vínculo de 7 años, lo que resulta contrario al principio de razonabilidad. En conclusión, el Tribunal, comparte la valoración probatoria realizada en la resistida, que permite descartar, de manera indubitable, la naturaleza laboral de la vinculación. Por lo que corresponde que se desestimen los agravios y se confirme la sentencia de primera instancia, cuyos sólidos argumentos, lo expuesto por la recurrente en su expresión de agravios no logra conmover. V) Por último, la accionante se agravia por la condena en costas y costos dispuesta en la sentencia apelada. En los procesos laborales de la ley 18.572, en materia de condenas procesales resulta aplicable por analogía el art. 56.1 del C.G.P., puesto que en el nuevo proceso laboral no hay norma que regule las condenaciones de la sentencia definitiva. El mentado artículo preceptúa que la condenación en costas y costos se establece con arreglo a lo dispuesto por el art. 688 del Código Civil. A su vez, este consagra un régimen de responsabilidad subjetiva a efecto de la imposición de las condenas procesales. “Según nuestros Tribunales, nuestro régimen sobre condenas procesales no se inspira en el principio de resarcimiento, sino en el de la pena, desde que atendiéndose a la conducta del litigante, se impone con tal carácter el pago de los gastos a quien ha procedido con culpa o dolo. No corresponde, en consecuencia, tener en cuenta el concepto, propio de otras legislaciones, de que los gastos del pleito constituyen una disminución del derecho que debe resarcirse juntamente con el derecho declarado. El art. 688 del Cód. Civil, al que remite el artículo que se comenta, prevé tres grados de responsabilidad procesal. 1er. Grado: Buena fe…, 2do. grado: Ligereza culpable…3er. grado: Malicia que merece la nota de temeridad. Constituye la base de la conducta asumida por el vencido, que ameritará sea condenado al pago de las costas y costos del proceso...El concepto al que responde la malicia temeraria supone un determinado ánimo en el litigante, que implica la intencionalidad en el entorpecimiento de la declaración judicial del derecho o aun en la causación de perjuicio. Nuestra jurisprudencia ha sostenido que la temeridad se extrae del solo hecho de litigar cuando ostensiblemente se carece del derecho que se aduce, y que no basta para descartar esa calificación la existencia de una actuación procesal correcta sin utilizar arbitrios dilatorios. Asimismo, que la contestación de la demanda sin un solo elemento de derecho que habilite a juzgar las defensas desde el punto de vista jurídico demuestra la conciencia de la sinrazón que participa de los caracteres de la malicia que merece la nota de temeridad. Así, también, el apelar sin expresar agravios, o fundado los mismos hechos no probados en autos amerita la imposición de las máximas condenas.” (Véscovi y otros autores. Código General del Proceso Comentado, anotado y concordado, Tomo 2, Editorial Ábaco, págs. 216 a 219). En el caso, se coincide con la recurrida en que la actora litigó a conciencia de su sinrazón, por cuanto aún cuando sabía que la relación con el Sr. BB era meramente afectiva, pretendió presentarla como una relación estrictamente laboral, para obtener una abultada ventaja económica. Lo cierto es que la Sra. AA promovió un juicio laboral, a sabiendas de que no le asistía derecho a formular un reclamo de esta materia, haciendo uso, sin fundamento alguno, de las vías judiciales y beneficiándose con la aplicación del principio de gratuidad. Lo que permite concluir, que actuó con malicia que merece la nota de temeridad. De modo que, ninguno de los fundamentos expuestos por la apelante en sus agravios permite razonablemente, arribar al respecto, a una conclusión distinta a la establecida por la Sra. Juez a quo, lo que conlleva ratificar la imposición de condenas procesales dispuesta en la recurrida. VI) En el mismo sentido, la confirmatoria de la sentencia apelada por los fundamentos que se consignan en la presente, permite arribar a la conclusión de que la actora, al apelar, siguió utilizando las vías procesales a conciencia de su sinrazón, sin considerar los sólidos argumentos de la sentencia de primera instancia, pretendiendo modificar las reglas sobre la carga de la prueba y basándose únicamente en su propia declaración extrajudicial, la que fue realizada y recabada en sede policial, el mismo día en que citaba a conciliación ante el M.T.S.S., lo que únicamente se explica para respaldar su relato sobre una vínculo laboral inexistente, carente de respaldo fáctico y jurídico, cuando se proponía promover el presente juicio, tendiente a obtener un provecho económico injusto de los sucesores de su ex pareja, a quienes sometió a un proceso laboral en dos instancias. Lo que determina que se condene a la recurrente en costas y costos en el grado (art. 261 C.G.P.). Por tales fundamentos, disposiciones legales citadas, arts. 17 y 18 de la Ley N°18.572 del 13.9.2009, arts. 6 y 7 de la Ley N°18.847 del 15.11.2011 y concordantes, el Tribunal, FALLA: CONFÍRMASE LA SENTENCIA DEFINITIVA APELADA. CON COSTAS Y COSTOS EN EL GRADO. HONORARIOS FICTOS: CINCO BASES DE PRESTACIONES Y CONTRIBUCIONES. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE Y DEVUÉLVASE. DRA. SYLVIA DE CAMILLI HERMIDA MINISTRA PRESIDENTE DRA. MÓNICA IVANOVICH OUJO MINISTRA DR. ADOLFO FERNÁNDEZ DE LA VEGA MÉNDEZ MINISTRO ESC. VERÓNICA LAMELA SANTURIO SECRETARIA LETRADA