Sentencia Definitiva N° 247/2025

SENTENCIA DEFINITIVA. TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE PRIMER TURNO Ministro Redactor: Dr. Julio Alfredo Posada Xavier. Ministros Firmantes: Dra. María Gabriela Rodríguez Fagián. Dr. Julio A. Posada Xavier. Dra. Ana Karina Martínez Larrosa VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “MENDEZ, SONIA C/ MINISTERIO DEL INTERIOR Y OTRO – PROCESO LABORAL ORDINARIO (LEY 18.572)” IUE: 2-98412/2024 venidos a conocimiento de esta Sala en virtud del recurso de apelación deducido por la parte codemandada UDELAR contra la sentencia definitiva de primera instancia Nº 47/2025 del 30 de junio de 2025 (fs. 747 a 767 ) dictada por el Sr. Juez Letrado del Trabajo de la Capital de 5o Turno Dr. Luis Fourmet . RESULTANDO: 1º) Que por el referido pronunciamiento a cuya relación de antecedentes cabe remitirse se amparó parcialmente la demanda y en su mérito se condenó a Corsur S.A. y a la Universidad de la República a pagar en forma solidaria a Sonia Méndez, por los conceptos detallados en la sentencia, la suma de $ 193.937,3, más los reajustes e intereses desde su exigibilidad hasta su efectivo pago, 10% sobre los rubros salariales en concepto de daños y perjuicios preceptivos y 10% en concepto de multa legal. Y condenó a Corsur S.A. y al Ministerio del Interior a pagar en forma solidaria a Sonia Méndez por los conceptos detallados en la sentencia la suma de $ 114.402,39 mas reajustes e intereses desde su exigibilidad hasta su efectivo pago, 10% sobre los rubros salariales en concepto de daños y perjuicios preceptivos y 10% en concepto de multa legal, sin especial condenación procesal. 2º) Con fecha 30 de julio de 2025 la parte codemandada Universidad de la República interpuso recurso de apelación (fs. 771 a 780) agraviándose por: a) Su condena solidaria. b) El monto de la condena por salarios impagos y aguinaldo. c) La condena al pago de la indemnización por despido y su monto. d) La condena al pago de los daños y perjuicios y e) La condena al pago de la multa legal, reajustes e intereses. Solicitó que en definitiva se revoque la recurrida, haciéndose lugar a sus agravios, desestimándose la demanda en todos sus términos a su respecto. 3º) Por auto Nº 1629/2025 del 31/07/2025 (fs. 782) se confirió traslado a la contraparte del recurso de apelación interpuesto, no siendo evacuado por la parte actora. 4º) Por auto Nº 1987/2025 del 5 de setiembre de 2025 (fs. 785) se franqueó la alzada, con efecto suspensivo. El día 22 de setiembre dce 20225 y luego de levantadas las observaciones realizadas por la Secretaría, se recibieron los autos en esta Sede (fs. 796), fijándose fecha para el acuerdo, disponiéndose el pase a estudio de los Sres. Ministros y procediéndose de conformidad con lo dispuesto por el art. 17 de la Ley Nº 18.572. CONSIDERANDO: I) La codemandada UDELAR se agravia porque entiende que la recurrida realiza una errónea valoración de la prueba y aplicación del derecho. En tal sentido sostiene que ha existido una indebida condena en forma solidaria a su parte y que la atribución de responsabilidad solidaria, incluso de los propios desarrollos de la sentencia no es ajustada porque controló y ejerció debidamente el derecho a ser informada en estricto cumplimiento a la legislación aplicable. La sentencia tuvo por probado que UDELAR controlaba y registraba debidamente la asistencia de la actora a la Facultad de Química y asimismo analizó que las horas que surgían de las planillas de contralor horario presentadas coincidían exactamente con las que constaban abonadas en los recibos de sueldo de la Sra. Méndez, lo que demuestra que realizaba un control exhaustivo, periódico y eficaz de la documentación aportada por la empresa. De otra forma hubiese detectado la diferencia, observado a Corsur S.A. e intimado a regularizar la situación. Además, la sentencia recogió la liquidación de los salarios impagos correspondientes a los meses de setiembre y octubre de 2023, de la licencia y del salario vacacional propuesta por la UDELAR. Refiere a la prueba documental agregada en autos a fs. 45 a 360 y a las declaraciones de la Contadora Lorena Sheila Vázquez Directora de la División Contaduría de la Facultad de Química de fs. 718 a 720 y de Beatriz González funcionaria administrativa de la Sección Rendiciones de la referida División de fs. 725 y reitera que se controlaba mensualmente en forma previa a pagar a Corsur S.A. por los servicios prestados el cumplimiento de sus obligaciones laborales, esto es, la regularidad en los pagos de Corsur S.A. detallando los mismos por lo que sostiene que dio cabal cumplimiento al deber de información previsto en el art. 4 de la ley 18.251 El Tribunal entiende que los argumentos esgrimidos por la codemandada UDELAR no son aptos para modificar la atribución de responsabilidad solidaria a su parte. En efecto, si bien es cierto que de la prueba que releva la recurrente resulta acreditado que realizó un control más o menos diligente y razonable, al punto de controlar incluso la asistencia del personal de Corsur S.A. a sus instalaciones (la actora se desempeñó en la Facultad de Química), todo lo que emerge de la prueba documental que obra de fs. 45 a 368 y en particular de las planillas aportadas, que coinciden con las horas abonadas en los recibos de sueldos, de todas formas es claro que el control realizado no fue eficiente y como lo hubiera realizado “un buen hombre de negocios”, siguiendo la terminología utilizada por los Dres. Alejandro Castello y Jorge Rosenbaum en “Subcontratación e Intermediación Laboral – Estudio de las leyes 18.099 y 18.251” pág. 158. En efecto, debe verse que de acuerdo a lo que surge de autos es claro que la codemandada UDELAR no detectó el no cumplimiento del pago de la licencia y del salario vacacional correspondiente al año 2021, que necesariamente debió gozarse y abonarse durante el año 2022. De modo que se verificó una falla en dichos controles, que, si bien fueron mensuales y regulares, no fueron aptos para percibir el no pago ni goce de estos beneficios y rubros salariales por parte de la trabajadora en los plazos que establece la ley. Del detallado informe de la Contadora Lorena Vázquez surge que se controla que los funcionarios que siguen trabajando de un año al otro tomen la licencia generada en el año anterior, e incluso que se verifica que los días que figura paga la licencia, no hayan trabajado, o sea se realiza un control importante, pese a ello, es claro que pasó inadvertido que la licencia generada en el año 2021 por la accionante no fue gozada ni abonado el salario vacacional correspondiente durante todo el año 2022, por lo que el control no fue efectivo, como hubiera correspondido, siendo en tal sentido muy claro lo expresado por la impugnada en el Considerando 65 a fs. 762 que en realidad no es analizado ni criticado por la recurrente. De modo entonces que siguiendo lo expresado por la apelante en el numeral 16 de fs. 776 puede decirse que, si bien se realizó un examen razonable de toda la documentación requerida y presentada mensualmente por la empresa tercerizada, en cambio, no se trató de un control efectivo, por lo que e agravio será desestimado. II) En segundo lugar, se agravia la codemandada UDELAR por la condena al pago del rubro indemnización por despido y su monto. Sostiene que la indemnización por despido y sus incidencias no es pasible de ser reclamada a la UDELAR. Refiere a la norma del art. 1 de la ley 18.572 y 98 de la ley 18.251 y afirma que fue la empresa Corsur S.A. la que decidió dejar de prestar sus servicios de limpieza y despedir a sus trabajadores. En este aspecto el agravio no es de recibo por cuanto como lo ha expresado este Tribunal en reiterados pronunciamientos anteriores (sentencia No. 124/2025 del 4/06/2025 en B.J.N. entre otrs: “La Sala tiene posición firme acerca del alcance material de la responsabilidad de la empresa tercerizadora de servicios, la que resulta expuesta en las Sentencias Nos. 137/2024, 187/2024, 159/2024, con la actual integración, entre otras. “Entiende que cuando la ley habla de responder por incumplimiento de “obligaciones laborales”, sin distinguir entre rubros laborales e indemnizatorios, engloba todas las obligaciones que provienen del vínculo laboral, interpretación que se ajusta al principio protector.” En sentencia No. 232/2019 del 14/08/2019 (en B.J.N.) la Sala, con anterior integración, expresó: “se comparte el criterio de Garmendia y Gauthier (Tercerizaciones, Pág. 133), en cuanto a la amplitud con que la expresión obligaciones laborales debe entenderse, afirmando los autores que la responsabilidad “abarca genéricamente a todas las obligaciones labores, cualquiera sea su naturaleza específica (salarial o indemnizatoria) e inclusive, involucra no solamente a las obligaciones de dar, sino también a las de hacer”. “Rosenbaum y Castello (Subcontratación e intermediación laboral, Pág. 189), coinciden con los autores antes citados, incluyendo los rubros salariales e indemnizatorios y aún señalan que la empresa principal o usuaria no solo responde “por la indemnización común por despido prevista en las leyes del año 1944, sino también por el daño moral derivado de un despido abusivo o las indemnizaciones especiales que prevé nuestra legislación…” (Pág. 189-190”.- “La escueta mención del artículo 1 de la ley 18.099 que solo señala las obligaciones laborales, contribuciones de la seguridad social, prima por accidentes de trabajo y enfermedad profesional y las sanciones y recuperos que se adeuden al BSE, luego recibió una extensión más precisa a través del artículo 7 de la ley 18.251, pues indica que esas obligaciones deben surgir de las normas internacionales ratificadas, leyes, decretos, laudos y decisiones de los Consejos de Salarios o lo convenios colectivos registrados o la información que surja de la planilla de trabajo y recibos, según la remisión del artículo 7 al literal D del artículo 4 de la misma ley.” “La amplitud de la norma con respecto a las fuentes de las obligaciones respecto a las que debe responder la empresa principal, no puede dejar lugar a dudas acerca de que el alcance de la norma atrapa también la indemnización por despido, por lo que el agravio de la codemandada al respecto es de rechazo” (sentencia No. 349/2019 del 4/12/2019 en B.J.N.)- Por otra parte, el hecho de que puntualmente en el año 2021 la trabajadora no haya alcanzado a laborar 100 jornales en dicha repartición, no determina que no deban computarse los jornales trabajados en fracción de ese año para la apelante. Como bien lo afirma Slinger “una vez superada la antigüedad no importa los jornales que trabaje en cada uno de los años siguientes. Alcanzada la antigüedad de 100 jornadas trabajadas por el empleado todos los años de trabajo le serán considerados a efectos del despido, con independencia del número de jornales trabajados. El hecho de que a partir de ese momento trabaje más o menos jornales en cada año solo incidirá en el número de jornales de indemnización por despido que tendrá derecho a percibir, pero no en la existencia o inexistencia del derecho a la indemnización” (“Aspectos Prácticos del cálculo de la Indemnización por despido”, pág. 293 en “Derecho del Trabajo”, Tomo II, Juan Raso Delgue y Alejandro Castello, FCU. 2ª. Edición de noviembre de 2015) Y en relación al agravio referido al monto de la condena, el mismo tampoco es de recibo. Si bi8en es cierto que la recurrida en relación a los rubros salarios impagos y aguinaldos dispuso estar a l liquidación efectuada por la UDELAR, la remisión realizada que surge de fs. 759 lo fue solamente a los efectos de estar a las “horas trabajadas” y “los jornales computados” por la UDELAR a loe efectos del cálculo de dichos rubros y no estrictamente a toda la liquidación, porque la que surge de fs. 85 y 86 efectuada por la Universidad es por sumas líquidas, en tanto la sentencia condenó al pago de sumas nominales (fs. 764 y 765), lo que es correcto. III) Por último, tampoco son de recibo los agravios de fs. 778 a 780 por el amparo de los daños y perjuicios previstos por el art. 4 de la ley No. 10.449 y la multa legal, actualizaciones e intereses. También sobre estos aspectos el Tribunal tiene abundante jurisprudencia, que habrá de mantener (entre otras sentencias No. 187/2024 y 148/2025 en B.J.N.) en sentido contrario al que postula al recurrente pues la expresión “obligaciones laborales” contenida en el art. 7de la ley 18.251 es comprensiva no solo de la indemnización por despido sino también de los daños y perjuicios denominados preceptivos, previstos por el art. 4 de la ley No. 10.449 de 12/XI/1943 y de la multa prevista por el art. 29 de la ley 18.572. En tal sentido en la sentencia No. en B.J.N. el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 4º. Turno expresó: “Entendemos, al igual que la recurrida, que la interpretación restrictiva que postula, limitada a los rubros de naturaleza salarial, no se compadece con el texto legal, ya que el art. 1º de la ley 18.099 y el art. 7 de la ley 18.251, refieren a la responsabilidad de la empresa principal por “obligaciones laborales”, sin realizar distinción alguna entre rubros salariales e indemnizatorios, y donde no distingue la ley no debe hacerlo el intérprete. A diferencia del régimen de la ley 10.449, que restringía dicha responsabilidad al ámbito salarial y más concretamente a los salarios mínimos, el régimen legal vigente en materia de tercerizaciones, abarca a todas las obligaciones laborales, tanto de naturaleza salarial como indemnizatoria, ya que el art. 7º de la ley 18.251, es una norma de notoria amplitud en este sentido”. “Como lo expresan los Dres. Mario Garmendia Arigón y Gustavo Gauthier en “Tercerizaciones – Análisis de las Leyes Nº 18.099 y Nº 18.251 y su aplicación jurisprudencial”, Segunda Edición. F.C.U., mayo de 2012, la responsabilidad de las empresas principales o comitentes: “abarca a todas las obligaciones laborales, cualquiera sea su naturaleza específica (salarial o indemnizatoria) e inclusive, involucra no solamente las obligaciones de dar, sino también las obligaciones de hacer (como por ejemplo la obligación de seguridad de la que es deudor el empleador frente a sus dependientes).” “El art. 7 de la Ley 18.251 establece: “(Alcance de la responsabilidad de la empresa principal).- Las obligaciones laborales a que refiere el inciso primero del artículo 1º de la Ley N.º 18.099, de 24 de enero de 2007, comprenden aquellas derivadas de la relación de trabajo que surgen de las normas internacionales ratificadas, leyes, decretos, laudos o decisiones de los Consejos de Salarios, o de los convenios colectivos registrados o de la información que surja de la documentación a la que refiere el literal D) del artículo 4º de la presente ley, así como el deber del patrono o empresario principal de colaborar en la aplicación de las medidas previstas en el artículo 1º de la Ley N.º 5.032, de 21 de julio de 1914, sus decretos reglamentarios y convenios internacionales del trabajo vigentes.” “Las obligaciones previsionales respecto del trabajador contratado comprenden las contribuciones especiales de seguridad social (patronales y personales), excluyendo las multas, los recargos, los impuestos y adicionales recaudados por los organismos de seguridad social. Tampoco están comprendidas las sanciones administrativas por concepto de infracciones a las normas laborales, las que se regularán en función del grado de responsabilidad que a cada empresa corresponda por el incumplimiento.” ` “Es decir, que como lo señalan Garmendia y Gauthier (ob. cit. pág. 128 y ss.): “resulta muy claro que la vocación del legislador fue otorgarle a las normas un alcance extremadamente amplio, dentro del que quedan incluidas, tanto las obligaciones laborales de dar, como las de hacer … La extensa puntualización que realiza este artículo 7º de la ley Nº 18.251, deja bien clara la vocación omnicomprensiva que inspiró al legislador. Se trata, como puede apreciarse, de una enumeración bastante pormenorizada de fuentes normativas del derecho del Trabajo” (ob. cit pág.130)”. “Por otra parte, se comparte el criterio de la Sala Laboral de 1er. Turno, cuando para descartar la posición citada por la recurrente señala que: “Surge de la exposición de motivos que el objetivo de la reforma – que finalmente se plasmó en la ley 18.251 – siguió siendo la protección del trabajador por lo que corresponde deducir que también en este caso, la disposición deber ser interpretada en sentido protector (Raciatti, Octavio. “La ley 18.251: el retorno a la responsabilidad subsidiaria en las relaciones de trabajo triangulares” en revista Derecho Laboral n. 229 pág. 165).- En consecuencia y por cuanto viene de decirse, el doble designio de la reglamentación de la tercerización – la protección del trabajador que reclama el art. 53 de la Constitución al tiempo de la admisión de las nuevas formas de organización de la actividad empresarial que involucran trabajo – conduce a afirmar que toda la interpretación debe apuntar también, a la tutela de quien presta el trabajo. Aunque ello conlleve la reformulación de algunos conceptos clásicos – como el de empleador – así como a la interpretación estricta de las situaciones de exclusión de la responsabilidad laboral ampliada. Ello por cuanto las modalidades de responsabilidad laboral ampliada constituyen técnicas de desigualdad compensatoria.- También aporta una perspectiva interpretativa, la Recomendación n. 198 de OIT por cuanto obedece a la solución normativa de la comunidad internacional como alternativa a la aprobación de un convenio internacional de trabajo sobre descentralización empresarial. Este instrumento recomienda a los estados a “…adoptar medidas aplicables a todas las formas de acuerdos contractuales incluidas las que vinculan a varias partes, de modo que los trabajadores asalariados tengan la protección a la que tienen derecho”. Y agrega que “la interpretación de la legislación debería ser compatible con los objetivos del trabajo decente y la protección de los trabajadores en su condición de ser la esencia del mandato de la OIT, de conformidad con los principios de la Declaración de principio y derechos fundamentales en el trabajo de 1998”.- Por lo que no puede caber duda de que aún en el caso de la ley 18.251, la interpretación debe hacerse desde la perspectiva de protección del trabajador. … En definitiva, el principio protector que informa el sistema legal de la tercerización en Uruguay, no admite la interpretación restrictiva de la tutela del trabajador y sus créditos laborales.” (cfr. DFA-0012-000036/2019 SEF-0012-000022/2019). IV) Se impondrán las costas a cargo de la parte codemandada recurrente (art. 337 de la Ley Nº 16226), no existiendo mérito para la imposición de condena en costos (arts. 56.1, 261 del C.G.P. y 688 del C.Civil). Por lo expuesto, los fundamentos expresados, las normas legales citadas y lo establecido por los artículos 197, 198 y 344 del C.G.P. y art. 17 de la ley 18.572 en la redacción dada por el art. 6 de la ley 18.847 EL TRIBUNAL FALLA: CONFIRMASE LA SENTENCIA APELADA. COSTAS A CARGO DE LA PARTE CODEMANDADA RECURRENTE Y SIN ESPECIAL CONDENACIÓN EN COSTOS. HONORARIOS FICTOS: CINCO BASES DE PRESTACIÓN Y CONTRIBUCIÓN. NOTIFIQUESE Y OPORTUNAMENTE DEVUÉLVASE A LA SEDE DE ORIGEN. DR. JULIO ALFREDO POSADA XAVIER PRESIDENTE DRA. ANA KARINA MARTINEZ LARROSA MINISTRO DRA. MARIA GABRIELA RODRIGUEZ FAGIAN MINISTRO ESC. ADRIANA AGUIRRE MEDEROS SECRETARIA LETRADA