Sentencia Interlocutoria N° 658/2025

Sentencia Nro. 658/2025 - IUE: 2-51566/2019 Montevideo, 15 de octubre de 2025 Ministra Redactora: Dra. Cecilia Schroeder Rius Ministras Firmantes: Dra. Gabriela Rodríguez Marichal Dra. Analía García Obregón Dra. Cecilia Schroeder Rius VISTOS: Para sentencia interlocutoria de segunda instancia, estos autos caratulados: “OLECRAM SA c/ MARTÍNEZ AZAMBULLO, JORGE – DAÑOS Y PERJUICIOS” IUE: 2- 51566/2019, venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia interlocutoria No. 25/2025 dictada por la Sra. Jueza Letrada de Primera Instancia en lo Civil de 10o Turno, Dra. María Aurora Larramendi. RESULTANDO: I. Por el referido pronunciamiento del 3 de febrero de 2025 (fojas 226 - 229), en lo que interesa a la instancia, se dispuso: “DECLÁRASE LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA Y EN SU MÉRITO CLAUSÚRANSE LAS PRESENTES ACTUACIONES.” II. Contra dicha decisión se alzó el accionante, interponiendo recurso de apelación en escrito obrante de fojas 232 - 238, agraviándose, en lo sustancial, por entender que no corresponde acoger la perención de la instancia solicitada. Sostiene que el concepto de “diligencia” previsto en el artículo 234.1 del CGP resulta determinante, y afirma que el retiro del expediente en confianza efectuado el 4 de junio de 2024 constituye una diligencia con aptitud para interrumpir el plazo de perención. Reitera que, conforme surge del propio CGP, el retiro del expediente debe considerarse un acto procesal, dado que se encuentra regulado en el Título VI “De la actividad procesal”, por lo que, a su juicio, es innegablemente un acto procesal y, en consecuencia, una diligencia. Concluye que el plazo anual debe contarse desde el día siguiente al retiro del expediente en confianza, de modo que, al momento de solicitarse la perención, dicho plazo no había transcurrido. Señala que el instituto de la perención es de interpretación estricta y que, en caso de duda, corresponde privilegiar la subsistencia del proceso en atención a la tutela jurisdiccional efectiva. Agrega que debe considerarse la actitud del demandado a lo largo del proceso, particularmente en lo que refiere a la demora en el diligenciamiento de los oficios solicitados por su parte, así como la existencia de diversos intentos de arribar a un acuerdo para la finalización del litigio, atendiendo además a la situación del demandado en sede penal, extremo que -afirma- no fue valorado por la nueva letrada patrocinante del accionado. III. Sustanciada la impugnación deducida, a fojas 242 - 246 comparece el demandado,evacuando el recurso de apelación en traslado, aboga por la confirmatoria, expresando que el accionante interpreta erróneamente lo referido a que el plazo de perención de la instancia no habría transcurrido, por entender que el retiro del expediente en confianza, efectuado el 4 de junio de 2024, constituye una diligencia con aptitud para interrumpir dicho plazo. Al contrario de lo sostenido por el actor, la última actuación procesal con virtualidad para impulsar el proceso fue el decreto N.o 3290/2023, dictado el 10 de noviembre de 2023 y notificado el 15 de noviembre de 2023. La solicitud de perención fue presentada el 21 de noviembre de 2024, habiendo transcurrido más de un año sin que la parte actora realizara un acto procesal idóneo o conducta positiva eficaz para impulsar el procedimiento e interrumpir el curso del plazo. Sostiene que el retiro del expediente en confianza no constituye una diligencia apta para interrumpir el cómputo, por cuanto no impulsa el desarrollo del proceso ni puede interpretarse como manifestación de voluntad de reanudarlo o continuarlo. No todo acto procesal interrumpe la perención, sino únicamente aquellos que poseen idoneidad específica para el avance del procedimiento. En relación a las expresiones del accionante, referidas a supuestas tratativas extrajudiciales entre letrados carecen de eficacia interruptiva, por tratarse de cuestiones ajenas al trámite procesal y no documentadas en el expediente. IV. Franqueada la alzada (fojas 251), el expediente fue recibido en esta Sala (fojas 257 vuelto), pasando los autos a estudio el 22 de julio de 2025, culminado el cual, en sesión del 8 de octubre de 2025, se acordó sentencia por unanimidad, designándose redactora. CONSIDERANDO: I. El Tribunal, por decisión anticipada adoptada al amparo de lo establecido por el artículo 200.1 del Código General del Proceso, confirmará la recurrida, por los fundamentos que se exponen a continuación. II. La Sala procederá a confirmar la correcta decisión de la Sra. Jueza a quo, por considerar que no son de recibo los fundamentos en los cuales la parte recurrente pretende sustentar su agravio. La sentenciante sostuvo lo siguiente: “En definitiva, el impulso del trámite debió darse por la parte actora, no constituyendo el retiro del expediente actuación con aptitud de ser interpretada como intención de reanudar o continuar el proceso. La parte actora no ejerció ningún acto procesal idóneo o conducta positiva eficaz para impulsar el procedimiento e interrumpir el transcurso del plazo de perención, verificándose en el caso los extremos requeridos por los arts. 233 y 234 del C.G.P.” Esta Sala ha dicho: En “Código General del Proceso comentado, anotado y concordado”, obra colectiva de los Dres. Enrique Vescovi, M. de Hegedus, S.A. Klett, R. Landeira, L. M. Simón y S. Pereira, Tomo VI, página 532 y siguientes, se expresa: “En los casos de perención de la instancia y del desistimiento, se advierte una voluntad (expresa o tácita) de abandonar el proceso o alguna de sus etapas o actos. (Ommisis) Fairán Guillén ... con cita de Borselli, establecía que “en todos los tiempos se advirtió la necesidad de asignar un tiempo determinado al tratamiento de los procesos, y ello fuera en interés de las partes, fuera por razón de los fines generales de la justicia, constituyendo un daño jurídico que las situaciones jurídicas permanezcan largo tiempo inciertas y no definidas, ni debiendo de otra parte, quedar los órganos del proceso largamente vinculados a las obligaciones derivas de la relación procesal.” (Ommisis) “Con posterioridad a la sanción del CGP se aludía a la doble fundamentación del instituto: el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7o. Turno expresaba sobre el tema: “En nuestro derecho, en términos generales, es dable afirmar que la parte que deduce una pretensión, asume indudablemente la carga de urgir su desenvolvimiento y decisión, ya que- y sin perjuicio de las facultades que se atribuyen al órgano judicial- de no ser así, expondrá a su contraparte a la intranquilidad, pérdida de tiempo y aún de dinero que supone un proceso prolongado indeterminadamente en el tiempo.” Como viene de señalarse, en el caso, bien pudo la parte actora impulsar el proceso, teniendo presente que la última actividad en el expediente fue el dictado del decreto N.o 3290/2023, de fecha 10 de noviembre de 2023 y notificado el 15 de noviembre de 2023 conforme actuaciones de fs. 202 y 203, y la solicitud de perención recién fue realizada el 21 de noviembre de 2024, todo lo que demuestra el desinterés de la parte accionante de estos autos en la continuación del proceso. En su libelo recursivo, la accionante sostiene que el retiro en confianza del expediente, efectuado el 4 de junio de 2024, tuvo efecto interruptivo del cómputo del plazo de perención. Tal alegación no resulta atendible, puesto que dicho retiro no constituyó un acto procesal orientado a la prosecución del proceso. El actor contaba con la posibilidad de solicitar el señalamiento de audiencia, máxime considerando el contenido del último decreto, que dispuso prescindir del oficio librado a San Cristóbal Seguros conforme a lo solicitado por la parte demandada. En este marco, lo argumentado por la actora en cuanto a la supuesta falta de diligencia del demandado en el diligenciamiento de la prueba se muestra contradictorio con lo expresado por su propia parte. Asimismo, si bien reitera que el retiro en confianza reviste la calidad de acto procesal, ello no puede prosperar, ya que no se verificó actividad alguna con idoneidad para interrumpir el plazo de perención. En caso de similares aristas, la Sala expresó, en términos trasladables al subjúdice: “El artículo 233 del C.G.P., es claro al disponer: “Se extinguirá la instancia por perención, declarable de oficio o a petición de parte, cuando no se instare su curso dentro del plazo de un año en primera o única instancia y de seis meses en todos los demás casos, incluidos los incidentes.” Tampoco se advierte que haya mediado causa de fuerza mayor que provocara la paralización del proceso. En cualquier momento, la parte actora pudo haberse presentado y solicitar el impulso correspondiente o, en caso contrario, poner en conocimiento a la Sede las razones de su inacción, cosa que no hizo. Expresó la Sala en sentencia N.o i360/2011: “En efecto, transcurrido el plazo el beneficiario posee un derecho adquirido a solicitar la perención salvo que se realice algún acto procesal que importe reanudación. Como sostiene doctrina de amplio prestigio: “Es evidente que el legislador realizó una opción, dando preeminencia al principio dispositivo del que deriva la actuación o inercia de las partes, y al de conservación del proceso derivado del de economía procesal, postulando mantener el proceso, si antes de haber sido declarada la perención se produce la reanudación” (Conforme C.G.P. Comentado, Anotado y Concordado, T. 6 , pág. 611) . (...) De acuerdo al régimen legal, habiendo transcurrido un año, existiendo solicitud de parte y ningún acto previo de la contraparte tendiente a reanudar el proceso, se configuran todos los requisitos para la declaración impetrada por la parte demandada, tal como acertadamente se decidiera en primera instancia (Conforme RUDP 4/2003 c 158, ob citada 4/2000 c597/598 y ob citada 2/2006 c. 460/461).” (sentencia N.o 128/2017 de esta Sala). III. Se impondrán las costas de la Alzada a la apelante por ser de precepto, sin especial condenación en costos (artículos 57 Código General del Proceso y 688 Código Civil). Por los fundamentos expuestos y de conformidad con lo establecido por los artículos 195 y siguientes, 233 y siguientes, 248 y siguientes y 338 y siguientes del Código General del Proceso y demás disposiciones complementarias, el Tribunal, FALLA: I) Confírmase la sentencia impugnada, con costas a cargo del apelante, sin especial condena en costos. II) Establécese en la suma de $ 30.000 los honorarios por el patrocinio letrado de cada parte gravada en la segunda instancia, a los solos efectos fiscales. III) Notifíquese personalmente a las partes y devuélvase con copia para la Sra. Juez Actuante. Dra. Gabriela Rodríguez Marichal Dra. Analía García Obregón Dra. Cecilia Schroeder Rius Ministras Esc. Mónica Falótico Secretaria subrogante