Sentencia Definitiva N° 257/2025

Sef 257/2025 Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6º Turno Ministra redactora: Dra. Marta Gómez Haedo Alonso Ministras firmantes: Dras. Marta Gómez Haedo Alonso, Mónica Bórtoli Porro, Gloria Seguessa Mora Montevideo, 15 de octubre de 2025 VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados “LEMA CERNICCHIARO, Ana C/ PÉREZ, Leticia y otros. Daños y Perjuicios.” I.U.E: 2-63652/2022, venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y la adhesión deducida por la actora contra la sentencia definitiva de primera instancia N° 13/2025 dictada el 27/2/2025 por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 9° Turno, Dr. Alejandro Recarey Mastrángelo RESULTANDO: I) Por el referido pronunciamiento, a cuya correcta relación de hechos se remite la Sala, se resolvió “MANTENIENDO LA LEGITIMACIÓN ACTIVA DE LA PRETENSORA. DESCARTANDO LA LEGITIMACIÓN PASIVA DEL ACCIONADO GEHRKE. Y ACOGIENDO PARCIALMENTE LA DEMANDA, EN CUYO MÉRITO SE CONDENA A PÉREZ AL PAGO DE $ 157.058 (PESOS URUGUAYOS CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y OCHO), CON REAJUSTES. Y AL PAGO DE U$S 8.000 (OCHO MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES). TODO CON INTERESES A CONTAR A PARTIR DE LA FECHA DE INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA. ASÍ COMO A DEMOLER TODAS LAS OBRAS DENUNCIADAS (CUATRO DORMITORIOS, DOS BAÑOS, DOS PARRILLEROS, CERRAMIENTOS DE AIRE Y LUZ DEL PATIO INTERIOR, Y MODIFICACIONES DE FACHADA), DENTRO DEL MARCO TEMPORARIO DETALLADO EN EL ÚLTIMO NUMERAL DE LOS FUNDAMENTOS DE ESTE FALLO. TODO A SU COSTO. (INCLUIDO EL PAGO DE LOS APORTES QUE CORRESPONDAN AL BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL). Y BAJO APERCIBIMIENTO DE ASTREINTES. SIN ESPECIAL CONDENACIÓN…” (fs. 1.016 y ss.). II) Contra el referido dispositivo la parte demandada interpuso recurso de apelación (a fs. 1021 y ss.), invocando como agravios: a) Contrariamente a lo sostenido en la impugnada, la actora carece de legitimación activa para solicitar la demolición de las obras efectuadas en la unidad 002. Como fundamento de la tesis afirmativa, la Sede de primer grado se basó en lo postulado por la sentencia Nº 539/2000 dictada por la Suprema Corte de Justicia así como lo dispuesto por la sentencia Nº 120/2013 del Tribunal de Apelaciones de 2do. Turno. Las sentencias denunciadas en nada se asemejan con la problemática ventilada en obrados ni las cuestiones alegadas se vinculan a un perjuicio causado en forma individual a la unidad propiedad de la accionante, sino que ella fundamentó su legitimación en la afectación que, a su criterio, tendrían las obras en los espacios comunes del edificio, su seguridad estructural, salubridad, así como una eventual contravención al reglamento de copropiedad. Por otro lado, el tribunal a quo ninguna mención realizó a lo preceptuado por el art. 17 del Reglamento de Copropiedad, lo que es un extremo por demás relevante, por cuanto y si se considera aplicable dicha estipulación, la Sra. Lema carecería de la legitimación activa para solicitar la demolición de las obras, dado que ello corresponde a la administración, la que sería ejercida de común acuerdo, por los propietarios. La tesis que emana de la impugnada aparejaría que la accionante se convirtiera en una suerte de árbitro, con potestades para decidir por sí sola sobre aspectos propios de la copropiedad, en desmedro del resto de los copropietarios que no solo no alegaron padecer daño alguno, sino que además prestaron su conformidad para la realización de las obras. Sería la Sra. Lema la que decidiría por sí y ante sí sobre cuestiones como son contravenciones al reglamento de copropiedad, seguridad estructural del edificio y demás contenidos característicos de la copropiedad. b) En lo que refiere a la legitimación pasiva de la Sra. Leticia Pérez, la sentencia ninguna mención realizó a pesar de que ciertas obras cuya demolición se ordenara y el consecuente daño moral que tales construcciones habrían ocasionado a la actora, fueron realizadas con anterioridad a la adquisición del inmueble. La recurrente adquirió la unidad 002 el 31/12/2017 de su hermana, la Sra. Magdalena Inés Pérez Díaz. Y a esa fecha existían obras en el inmueble que no fueron encargadas por la ahora demandada, circunstancia que era conocida por la actora en tanto citó a conciliación a la Sra. Magdalena Inés Pérez Díaz, indicando en dicha instancia que: “En noviembre de 2016 Magdalena Pérez era la propietaria y ocupante de la unidad lindera a la nuestra (padrón 179633/002). Desde febrero a noviembre de 2017 comenzaron a demoler y reconstruir dicha finca…”, lo que demuestra que no era la Sra. Leticia Pérez quien realizó dichas obras. En efecto, el 06/03/2017 se celebró una Asamblea de Copropietarios en la que comparecieron los propietarios de las unidades 001, 002 y 003, brindando allí su consentimiento para que la Sra. Magdalena Pérez realizara una serie de obras: modificaciones en el altillo ubicado en la azotea de su unidad a efectos de realizar un dormitorio y un baño (todo lo que pone de manifiesto que la demolición condenada de uno de los dormitorios así como un baño estrictamente está excediendo a las obras efectuadas, dado que el inmueble ya contaba con altillo, identificado como altillo 002 en l plano confeccionado en mayo de 1981), y arreglar las paredes deterioradas y la fachada de su unidad. La Sra. Leticia Pérez no efectuó tales obras, sino que fue su hermana. c) Se condenó a la recurrente atendiendo exclusivamente al informe pericial, el cual califica como “determinante” (considerando sexto), además de hacer alusión a que este no fue impugnado. En primer lugar, la no impugnación de una pericia no la convierte en concluyente como parecería sostenerlo el sentenciante (en el caso no fue impugnada por un aspecto económico). En lo que respecta a las humedades constatadas, las mismas fueron ocasionadas por el desagüe que corresponde a la unidad 001, y que, en la inspección realizada por la perito el 18/08/2024 (minuto 17:00 del audio identificado como “3-perito_Arq._Claudia Zito”) la recurrente le indicó dicho extremo quien hizo caso omiso e incluso se negó a tomar fotografías. Asimismo, en la audiencia en la que prestó su declaración y preguntada sobre si valoró la existencia del desagüe que le fue indicado en la inspección, respondió que no vio ninguno (minuto 22:38). Preguntada acerca del baremo o parámetro utilizado para cuantificar la pérdida de valor del inmueble, respondió: “En realidad es una opinión mía, es un valor que yo estimé. Que yo estimé basándome en el sentido común…” (minuto 26:18). No se trata lo argumentado de un parámetro objetivo, sino de un criterio subjetivo de la perito. Más aún, luego indicó que utilizó su criterio (minuto 28:08), lo que demuestra que no se basó en parámetros objetivos utilizados por la ciencia que profesa, sino por un criterio propio del que se desconocen sus pautas, métodos de cuantificación, elementos considerados para cuantificar, etc. d) Se aplicó la multa establecida en el art. 10 de la Ley 10.751, cuando la improcedencia de tal castigo es manifiesta. Si el a quo consideró que las obras fueron realizadas sobre bienes comunes, mal podía condenar a abonar una multa en base a lo establecido por dicho artículo. La multa únicamente procede respecto de situaciones que acontezcan dentro de los bienes individuales y no respecto de infracciones que tengan lugar en bienes comunes. e) Se condenó a la demandada a “...demoler todas las obras denunciadas (cuatro dormitorios, dos baños, dos parrilleros, cerramientos de aire y luz del patio interior y modificaciones de fachada…”. Ahora bien, sin perjuicio de que no correspondería la condena alguna por la realización de ninguna de las obras que la actora denunciara en su demanda, pese a ello y en el hipotético caso de que se entendiera que alguna o todas las obras que la accionante denunciara efectivamente le causaron daños y perjuicios, igualmente, no correspondería se condenare a su demolición y mucho menos a que se afronten estas erogaciones por la recurrente. Ello, en virtud de que se probó en autos que varias de las obras no fueron ni realizadas ni encargadas por la misma, sino por la Sra. Magdalena Inés Pérez Díaz cuando era su propietaria o incluso son parte de la construcción primera y original del inmueble. En efecto, la Resolución Nº 175/18/1000, dictada por la Intendencia de Montevideo, el 4/4/2018, en el expediente Nº2017-1510-98-000101, indica como responsable de la obra a la Sra. Magdalena Inés Pérez Díaz, circunstancia que era conocida por la actora y así se evidenció en la citación y en la audiencia de conciliación previa. f) Se condenó a la demandada, por concepto de daño moral, a abonar a la actora, la suma de U$S 8.000. Para arribar a dicho monto, el tribunal sostuvo que las obras afectaron condiciones de salubridad e higiene de la unidad 004 y para ello se basó en lo indicado por la perito actuante. Asimismo, se basó en la situación verificada al realizarse la inspección judicial en el 2018. La perito hizo referencia a una afectación por falta de luz natural producto de las obras realizadas y su impacto en la luz recibida en el patio del inmueble. Ahora bien, este patio carecía de las dimensiones requeridas por la Intendencia de Montevideo, con anterioridad a la realización de las obras que motivaron estas actuaciones. En efecto, la perito sostuvo que el patio tiene una superficie actual de 8 m², señalando que la superficie debería ser de 12 m². Surge del plano confeccionado en mayo de 1981 que el patio contaba con 8,34 m². No se está ante un patio que cumpliera con lo requerido por el Digesto Municipal, sino que fue concebido con unas dimensiones menores a las requeridas por el Gobierno Departamental. No resulta ajustado cuantificar un hipotético daño moral con fundamento en una obra irregular desde su concepción, con una superficie inferior a la requerida por la normativa municipal. Sin perjuicio de ello, el monto del daño excede los parámetros utilizados por la jurisprudencia para situaciones similares. III) A fs. 1.029 y ss. compareció la accionante, adhiriendo al recurso impetrado en mérito a los siguientes agravios: a) Al momento de plantear el accionamiento, solicitó la condena en el máximo legal previsto, pero esta solicitud no fue pedida por capricho, es ajustada a derecho por la inconducta desplegada por la Sra. Pérez. La infracción al reglamento de copropiedad fue grosera e intencional y está plenamente acreditada. No se cumplió con la formalidad para citar a la asamblea, no se incluyó a la Sra. Ana Lema, no se le informó del resultado de la misma. Lo que se resolviera en la misma, luego, no fue cumplido, ni por la hermana de la accionante, ni por ésta. Se verificaron reiteradas infracciones al reglamento municipal y no se acató la paralización de la obra dictaminada por el gobierno departamental. Debe sopesarse el daño que las obras irregulares causaron en la unidad de la accionante y/o eventualmente a la copropiedad en su funcionamiento, seguridad, estética, así como la lesión en sus bienes privados y en zonas de uso común. Ello fue debidamente acreditado con la prueba pericial recabada en autos. La modificación de la fachada destruyó la armonía de la copropiedad y los parrilleros agregados por la demandada arruinaron la estética de la fachada uno y el otro impactó en la ventilación y salubridad de la unidad 004. Las construcciones de la azotea arruinaron la estética del edificio e impactaron en la ventilación, iluminación y salubridad de la unidad 004. Por consiguiente, la impugnada debería revocarse en cuanto al porcentaje fijado y aplicarse el siguiente criterio para determinar el monto de la multa. Siendo el valor catastral de la unidad 002 (demandada) al 2021 $ 1.570.582, conforme cédula catastral, corresponde la aplicación de la multa del 20 % del mismo ($ 314.116 pesos uruguayos). IV) Sustanciado el recurso de apelación y la adhesión a éste, se franqueó la alzada con las formalidades de estilo (fs. 1.042). Recibidos los autos por el Tribunal (fs. 1.043 vto.), se pasaron a estudio de las Sras. Ministras por su orden. Finalizado éste, se acordó decisión anticipada, de conformidad con lo dispuesto en el art. 200.1 del C.G.P. CONSIDERANDO: I) La Sala, con el número de voluntades requerido por la Ley (art. 61 de la L.O.T.), habrá de confirmar parcialmente la sentencia definitiva de primera instancia impugnada, excepto en cuanto a la aplicación de la multa, la que se desestimará y en cuanto al monto del daño moral, el que se abatirá, por los fundamentos que seguidamente se expresarán. II) El “thema decidendum” en el grado queda delimitado por los agravios articulados por el impugnante, por lo que el contenido de éstos delimitará el presente pronunciamiento. III) El caso de autos A) En el caso de autos, (a fs. 279 y ss.), compareció Ana Noel Lema Cernicchiaro, propietaria de la unidad Nº 004 del padrón urbano Nº 176.633 de Montevideo, promoviendo demanda por daños y perjuicios, demolición de obra irregular realizada en bien común de la copropiedad (obligación de hacer), lucro cesante y daño moral contra Leticia Pérez Díaz y Sergio Gherke (titulares de la unidad 002); Luisa Allione Lescano, Gustavo Márquez Allione y Alejandro Márquez Allione (titulares de la unidad 001); Vila Blanco Ameller, Fernanda Blanco Ameller y Paula Sandra Alonzo Rabino (titulares de la unidad 003 hasta el 3/12/2021 y actual titular). Indicó que es propietaria de la unidad 004 en la copropiedad sita en la calle Washington Beltrán 1916, empadronada con el Nº 179.633/004. Señaló que ha tenido una excelente relación con los vecinos hasta que se vendió la unidad 002 a fines del 2016. Luego de la venta de la unidad 002, los nuevos propietarios (Pérez y Gherke) decidieron en forma arbitraria y unilateral realizar modificaciones en su unidad. Modificaron toda la fachada de la propiedad, la distribución interna de la vivienda removiendo sus paredes interiores, construyeron nuevas habitaciones en la azotea. Uno de los parrilleros que construyeron fue hecho en un espacio común y el otro en el patio, de forma tan irregular que cada vez que lo utilizan llenan de humo su unidad. Todo sin autorización, desoyendo las intimaciones de la Intendencia, sin denunciar la obra ante el B.P.S. y sin contar con autorización de la copropiedad. Reclama la demolición de obras realizadas de manera irregular (en contravención del Reglamento de Copropiedad y de la ley de Propiedad Horizontal). Peticionó el cobro de multa al tenor de lo establecido en el art. 10 de la citada Ley 10.751, además de solicitar la indemnización de daños y perjuicios. A saber: el equivalente por disminución de renta por alquiler; el menoscabo del valor venal total de la vivienda y daño moral. B) A fs. 352 y ss. se presentaron los demandados Pérez y Gerhke, planteando la excepción de falta de legitimación activa y pasiva de este último. En lo que hace al fondo del asunto, controvirtieron la responsabilidad endilgada, los daños y las pautas avaluatorias. IV) Agravios de la parte demandada IV.A) Legitimación activa El agravio de la demandada porque no se hizo lugar a la excepción de falta de legitimación activa interpuesta, no resulta de recibo. En cuanto a la alegada falta de legitimación activa de los accionantes, esta Sala en la Sentencia Nº 94/2020 del 11/06/2020, ha indicado al respecto: “...en cuanto al agravio formulado, a que no se analizó correctamente la falta de legitimación activa denunciada, ello no será de recibo, estándose al adecuado análisis que emerge de la sentencia de primera instancia de fs. 649 a 652. Así ha expresado que “...el administrador de un edificio de propiedad horizontal tiene legitimación activa para representar a la copropiedad en todo lo atinente a la conservación y administración del edificio, en marras a todos aquellos espacios o áreas comunes que es lo que se incoa en la demanda principal, no tendría legitimación para representar intereses de los distintos locales individualmente considerados en virtud que el art. 19 de la ley Nº 10.751 lo prevé”. “Así la sentenciante de primer grado dice que: En este sentido, se comparte la sentencia Nº 159/2016 de TAC 5to. Turno citada por la decisora la que resulta necesario por su claridad y contundencia volverla a transcribir en la presente “Con respecto al agravio relativo a la ausencia de legitimación activa de las apelantes que la sentencia de primera instancia admite plenamente, la Sala entiende que asiste razón a la parte demandada en el entendido de que la legitimación activa le corresponde a la copropiedad (argumento utilizado en la contestación de la demanda) pero no en su totalidad, es decir, no le corresponde a la copropiedad respecto a los daños y perjuicios que involucran a la individualidad de cada departamento…….. “Ha sostenido la Sala respecto a las facultades del Administrador de edificios en régimen de propiedad horizontal: ‘Se desestimará el agravio no por razones de fondo, que no se analizarán por impedirlo precisamente la relevada carencia a la que se hace referencia, sino porque se estima que el administrador carece de legitimación para deducir pretensión indemnizatoria respecto de perjuicios sufridos por los propietarios de cada una de las unidades afectadas por filtraciones y humedades producto de la deficiente labor de la empresa demandada. La Sala, siguiendo la posición de quien es hoy uno de sus miembros, el Dr. Luis Ma. Simón, en un pronunciamiento dictado en su calidad de Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 1er. Turno, quien en sentencia interlocutoria No.2673/98 considerara que……. ‘La natural área de actuación del administrador es la relativa a los bienes comunes del consorcio, gestión de la convivencia en el régimen de propiedad horizontal, aplicación del reglamento, distribución de créditos y deudas comunes, etc. Pero cuando se involucra ya la individualidad de cada departamento, el patrimonio de sus dueños u ocupantes, cuestiones de guarda de propiedad horizontal o bienes reservados al uso exclusivo, la legitimación del administrador no resulta consagrada en el parco texto del art. 19 literal e) pues retoma plena vigencia el régimen general de defensa propia por los propietarios de sus derechos e intereses particulares. Razonablemente no puede sostenerse que por la mera circunstancia de ser propietaria de un bien integrado en régimen de propiedad horizontal una persona haya abandonado al administrador la defensa de su patrimonio particular, toda vez que remotamente se aluda a cuestiones atinentes al edificio, porque la ley no alude a toda cuestión referente al régimen de propiedad horizontal, ni fue citada en el seno del mismo, sino simplemente a la administración y conservación del edificio, concepto mucho más restringido’ ….. ha entendido que en casos como el subéxamine el administrador carece de legitimación activa para pretender la reparación de perjuicios causados a propietarios en forma individual en sus unidades pues… “tales asuntos exceden la competencia natural del administrador, porque convoca los intereses de cada uno de los copropietarios y no únicamente los de la copropiedad, poniendo en juego el patrimonio de aquéllos”. (Conforme sentencia No. 47/2004)” (Sentencia No. 58/2011)”. Así, y en lo que hace al caso que nos convoca, el actor (en su demanda) aludió a situaciones (pese a lo que diga el recurrente en su apelación) que efectivamente afectaron a su vivienda y que le impedían el uso natural y habitual que podía hacer éste a su respecto, por cuanto claramente refirió a la invasión de humo (proveniente de una chimenea de, aparentemente, poca altura) en su unidad (lo que le imposibilitara el uso de su azotea, le impidiera el tendido de ropa y afectara la calidad del aire que respirara al encender dicho elemento), así como el daño de la membrana asfáltica que impermeabiliza la azotea, lo que derivó en filtraciones y humedades en la misma. También denunció el daño en la claraboya del baño de su unidad, lo que provocó filtraciones así como la obstrucción intencional (habida cuenta de la construcción irregular del parrillero) que impediría una correcta iluminación y ventilación de la cocina y comedor de su unidad. Tales daños y situaciones le habilitaban a la promoción de las presentes actuaciones sin necesidad de contar con el permiso o beneplácito del resto de los copropietarios. Los involucrados no son intereses comunes a todos los copropietarios de las diversas unidades que integran el bien de obrados sino que, por el contrario, versan sobre cuestiones vinculadas a la individualidad de una unidad en particular o cuestiones de naturaleza indemnizatoria que exceden a la copropiedad como tal. Las construcciones (habitaciones) hechas en la azotea (bien común de uso exclusivo) y modificaciones del patio afectan la luz y aire de la unidad 004 de la actora. La pericia es categórica en el punto, no fue impugnada, la demandada hizo todas las construcciones sin autorización y sin ponerse de acuerdo con todos los condóminos. La pericia fue clara en cuanto a que la reforma de la unidad 002 no afecta la estabilidad del edificio, pero sí afecta las condiciones de salubridad e higiene de la unidad 004. “La mampara ubicada en el patio, que al día de hoy está pintada de colores opacos. Le resta iluminación natural al estar de la unidad 004. Debe tener materiales transparentes o traslúcidos. Tampoco debe haber plantas o cualquier objeto adelante de dicha ventana que interfieran con la entrada de luz natural.” (fs.873/874). Respecto a la situación de la fachada del edificio, la Perito señala que: “También se actuó sobre la fachada que es un bien común, tanto en el muro sobre la línea de propiedad, el que se demolió para dar paso a una reja con portón y de ese modo poder usar el jardín B (bien común de uso exclusivo de la unidad 002) como cochera, así como en el muro de la fachada propiamente dicho.” (fs. 879). Señaló también que en el Reglamento de Copropiedad está especialmente indicado en el artículo noveno punto b): “Ningún propietario u ocupante podrá ejecutar acto alguno que perturbe la tranquilidad de los demás o que afecte el buen aspecto de éste, especialmente pintar las paredes exteriores o de los bienes comunes.” El conjunto que forma una edificación en propiedad horizontal debe ser armónico, con un criterio de unidad formal y de diseño, que debe ser respetado. Distorsiona la uniformidad del conjunto, cuanto más una intervención tan drástica como fue la de la unidad 002. “Esa desarmonía influye negativamente en el conjunto arquitectónico.” Su dictamen fue examinado en audiencia, habiendo tenido las partes y el Tribunal la oportunidad de solicitarle las aclaraciones y/o ampliaciones que estimaren necesarias y no fue impugnado. En dicha audiencia fue clara en cuanto a que la modificación de la fachada afecta el valor de la unidad en particular de la actora, que tiene que seguirse la normativa. Si bien se trata de una apreciación subjetiva, la realiza como arquitecta, no habiéndose agregado prueba que contradiga lo informado por la Perito. Señaló también que la fachada es un bien común surge de la ley de propiedad horizontal. IV.B) Legitimación pasiva En cuanto al agravio alegado y encaminado a revisar lo decidido en referencia a la alegada falta de legitimación pasiva de la demandada, tampoco le asiste razón a la recurrente. La legitimación causal existe cuando el genuino titular del derecho se dirija contra el genuino obligado (PRIETRO CASTRO, Leonardo Derecho Procesal Civil tomo I Editorial de la Revista de Derecho Privado, Madrid, 1964, págs. 166 y 167), por eso quien actúa en juicio es el sujeto del interés en litigio (CARNELUTTI, Francisco Sistema de Derecho Procesal Civil Tomo II Composición del Proceso Uthea, Buenos Aires, 1944, pág. 29). Hubo una suerte de continuidad en el proceso constructivo de las reformas que se llevaron a cabo entre (primeramente) la hermana de la demandada y (posteriormente y luego de la venta del apartamento) ésta, no pudiéndose alegar una falta de responsabilidad ni protagonismo en tales refacciones, según lo que emerge de la propia contestación, en donde y en forma por demás contundente, se admitió que a partir de la fecha de la adquisición de la unidad (31/12/2017), la ahora recurrente (en su carácter de propietaria del bien) fue quien culminó con las obras denunciadas y descriptas en obrados. No puede desconocer la apelante que sus actos (acreditados según la prueba documental adjunta, que no fuera desconocida ni atacada eficazmente), a partir de la adquisición del bien de obrados, fueron (en definitiva) los que ameritaron su convocatoria ante la Sede, para hacerla responsable y llamada a remediar o compensar las consecuencias que tuvieron éstos. Por otra parte, la demandada sucedió a la propietaria anterior y no queda claro que obras se realizaron en qué momento. IV.C) Valoración de la pericia El agravio de la recurrente en cuanto entiende que se condena a su representada atendiendo exclusivamente al informe pericial, el cual califica como “determinante” (considerando sexto), además de hacer alusión a que este no fue impugnado y que la no impugnación de una pericia no la convierte en concluyente como parecería sostenerlo el sentenciante, tampoco es de recibo. Los agravios que desarrolla la recurrente carecen de asidero. Se trata de temas técnicos que como tal, requieren de pericia. La pericia no fue impugnada y no se aprecian elementos para apartarse de sus conclusiones. Ante situaciones de este tenor, esta Sala ha sostenido (en Sentencia Nº 42/2019 del 09/05/2019): “En efecto, la prueba pericial cobra especial relevancia en la especie, como medio idóneo, apto o conducente, sin perjuicio de las restantes probanzas incorporadas a la causa y en particular, sin desmedro de la consideración unitaria del cúmulo probatorio. Tal como sostiene DEVIS ECHANDIA, el peritaje "es una actividad procesal, desarrollada en virtud de encargo judicial, por personas distintas de las partes del proceso, especialmente calificadas por sus conocimientos técnicos, artísticos o científicos, mediante la cual se suministran al juez argumentos o razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos cuya percepción o entendimiento escapa a las aptitudes del común de la gente" (Cf. aut. cit. en Teoría General de la Prueba Judicial, T.II). Dicho medio probatorio debe ser analizado conforme a las reglas de la sana crítica, debiéndose consignar en el fallo las razones de su apartamiento, tal como establece el artículo 184 del C.G.P. Esta disposición no implica exigir al juez la posesión de una ciencia superior a la del perito, sino un control sobre el grado de aceptabilidad del dictamen conforme a la autoridad científica del experto y la coherencia lógica de su dictamen.” “…Tal como dispone el artículo 183.2 del Código General del Proceso, "…las partes podrán impugnar las conclusiones del peritaje, aportando las pruebas que fundamentan la impugnación o solicitando la realización de un nuevo peritaje por una sola vez". “…Era en las oportunidades dispuestas por la norma citada que los hoy impugnantes debieron ofrecer prueba que desvirtuara las resultancias del peritaje o solicitar un nuevo peritaje y no simplemente "impugnar" efectuando verdaderas alegaciones sin sustento probatorio, máxime en un caso de la complejidad del presente que implica cuestiones que escapan al conocimiento del magistrado. Sólo a través de la realización de un nuevo peritaje se podía haber determinado las "exorbitantes sumas" o las "varias veces el valor de los inmuebles" a que se alude en los recursos...”. A similares conclusiones arribó este Tribunal en la sentencia Nº 27/2020 de fecha 03/03/2020 en donde y al respecto de este tema se consignó: “A fojas 219 se confirió vista del informe pericial a las partes y estas no la evacuaron. No se ha agregado en autos ninguna otra prueba de carácter técnico capaz de desvirtuar las conclusiones del peritaje obrante. En este sentido ha de tenerse presente lo dispuesto por el artículo 183 del CGP: “183.1 El dictamen pericial será comunicado a las partes y éstas, en el plazo de tres días luego de aquella comunicación o en la audiencia de prueba, podrán pedir las aclaraciones o ampliaciones que estimen pertinentes, las que serán evacuadas durante el curso de la audiencia o si ello no fuera posible en el plazo que establezca el tribunal. En todos los casos, el dictamen será examinado en la audiencia, a la que deberá concurrir el perito salvo que por motivos debidamente fundados y tratándose de peritos designados en virtud de su función pública, el tribunal exima la concurrencia. 183.2 También, en las mismas oportunidades, las partes podrán impugnar las conclusiones del peritaje, aportando las pruebas que fundamentan la impugnación o solicitando la realización de un nuevo peritaje por una sola vez (artículo 177.2). 183.3 El tribunal también podrá requerir del perito las aclaraciones y ampliaciones que estime convenientes y disponer, por pedido de la parte que entienda fundado o de oficio, la realización de un nuevo peritaje.”. Sorprende, en base a lo consignado, que el recurrente a fojas 296 en su punto 6 diga que “Tampoco en ningún momento se le citó al perito a audiencia a los efectos de poder interrogarlo sobre el informe realizado y así rectificar las discrepancias con la realidad, que llevaron a una incorrecta desvalorización de las mejoras realizadas en el inmueble de marras”, cuando era el mismo apelante quien tenía que solicitar su citación. No se solicitó la realización de un nuevo peritaje (art. 183.2 del C.G.P.), medida que era necesaria tomar para fundar, con el rigor técnico requerido, la impugnación de dicho informe. El régimen legal es claro dado el carácter técnico de los hechos. El art. 177 del CGP establece que “procede la prueba pericial, cuando para verificar hechos que interesen al proceso son necesarios conocimientos artísticos, científicos o técnicos especiales”. Por ello, incumbe al impugnante del dictamen pericial (que es, en definitiva, lo que se está haciendo extemporáneamente en el agravio en análisis) aportar prueba de similar conducencia y eficacia convictivas o solicitar un nuevo dictamen. Es así que, concierne a las partes cumplir con el entramado de cargas que consagra el proceso: entre ellas, la de ofrecer prueba o contraprueba como en el caso. El perito actuante ha ponderado, en forma por demás adecuada, la normativa adjetiva que rige la práctica de la pericia y llegó a un resultado que, comunicado, fue aceptado y consentido por ambos litigantes, no correspondiendo que, extemporáneamente, se ataquen sus resultancias...”. Como ha dicho el T.A.C. 3º, acerca del rol de la prueba pericial: “Si bien la ley procesal autoriza al juez a apartarse del informe pericial, que debe ser valorado de acuerdo con las reglas de la sana crítica, debiendo consignarse en el fallo los motivos del apartamiento (art. 184 CGP), es de convenir que se trata de un control judicial que viene a traducir “la necesidad de garantizar que el aporte al proceso de los conocimientos científicos suceda de tal manera que haga posible la comprensión y consenso de los grupos sociales en los cuales y para los cuales el proceso se celebra”, alejando el peligro de transformar el proceso en una suerte de laboratorio dominado por la técnica y neutral respecto de los valores que están en juego en la controversia y en los cuales se reflejan los valores de la sociedad entera (Cf. Denti, Estudios de Derecho Probatorio”, Breviarios de Derecho, EJEA, Bs. As., 1974, ps. 302 y 306). Rectamente interpretado el citado art. 184 no importa exigir al juez la posesión de una ciencia superior a la del perito, sino solamente un control sobre el grado de aceptabilidad del dictamen pericial conforme a: la autoridad científica del experto; la incorporación al patrimonio científico comúnmente aceptado en sus conclusiones técnicas; la coherencia lógica de su dictamen y, en su caso, de las aclaraciones y ampliaciones que efectúe, y en el marco de las restantes probanzas allegadas a la causa (Cf. Denti, ob. cit., ps 301-302), (TAC 3º, sentencia Nº 54/01, LJU, c. 14.338). En este sentido, desea resaltar el Tribunal que son contundentes las explicaciones del perito realizadas en la audiencia, que respaldan sólidamente la decisión de primer grado (véase en ese sentido a fs. 699 a 703). El perito se pronunció sobre todos los puntos planteados por las partes en sus actos de proposición, lo que constituía el objeto de la pericia, por la remisión efectuada en la audiencia preliminar a los tópicos planteados en los actos de proposición, en ocasión de fijar el objeto de la prueba pericial (fs. 308-309). Además, dio exhaustivas explicaciones, no solo en su informe, sino luego en la audiencia, donde fue interrogado por ambas partes, por lo cual no resulta de recibo el agravio movilizado...”. No se han aportado en estas actuaciones otras pruebas técnicas que contraríen o resten valor al dictamen pericial, considerando la Sala que no existe motivo para apartarse del mismo (art. 184 C.G.P.). IV.D) Aplicación de la multa El agravio relativo por la imposición de la multa, sí es de recibo. Resulta trasladable al caso de autos lo resuelto por esta Sala en la Sentencia Nº 47/2019 del 28/3/2019: “En lo que atañe a la multa y a las astreintes, no corresponde su imposición. El artículo 9 de la ley 10.751 establece que “Cada propietario usará de su departamento o piso en forma ordenada. No podrá por ejemplo: A) Hacerlos servir a otros objetos que los convenidos en los reglamentos de copropiedad y en falta de estos, a aquellos a que el edificio está destinado; B) Ejecutar acto alguno que perturbe la tranquilidad de los demás propietarios, o que comprometa la seguridad, solidez o salubridad del edificio; C) Establecer taller, fábrica, comercio o industrias, si el edificio se destina a habitación; D) Emplear su departamento o piso en objetos contrarios a la moral o buenas costumbres, ni almacenar materias que puedan dañar el edificio; E) Arrendarlo a personas de notoria mala conducta. Por su parte el art. 10 edicta “El juez a petición del administrador o de cualquier propietario, podrá aplicar a quien infrinja lo dispuesto en el artículo anterior multa que fijará entre el 0,5% (cero cinco por ciento) y el 20% (veinte por ciento) del valor del departamento determinado por la Dirección General de Catastro Nacional o quien haga sus veces. Las reclamaciones se sustanciarán en forma establecida por el Código de Procedimiento Civil para los juicios de menor cuantía, (artículo 589 y siguientes). Ello será sin perjuicio de disponer la cesación de los actos prohibidos y de las indemnizaciones que en derecho correspondan. (Redacción dada por el art. 1º. De la ley 14.560) Y el art.11º establece.- En los casos en que se hayan aplicado sanciones de las previstas en el artículo 10, si se incurriere en reincidencia y no se tomarán dentro de diez días medidas efectivas para hacer cesar la situación irregular, procederá, a petición del administrador, la aplicación de medidas judiciales conducentes al cese de los de los hechos ilícitos. Si esto no fuera suficiente, podrá procederse a la desocupación en el término previsto para los ocupantes, a título precario (ley del 16 de diciembre de 1927, artículo 17), poniéndose la respectiva fracción bajo la administración de los órganos establecidos en los artículos 18 y 19 de la presente ley, los que consignarán las rentas líquidas en la Dirección de Crédito Público, a nombre del propietario y a la orden del Juzgado.” “Interpretadas las normas sobre las que funda la solicitud la parte actora, ley 10.751 y su plataforma fáctica (art. 198 del CGP), se desprende que la multa y las astreintes están previstas para situaciones que acontezcan dentro de los bienes propios, habla concretamente de “departamento o piso” y a renglón seguido lo que se fija a vía de ejemplo como incumplimientos refieren a cuestiones que ineluctablemente lo son del “departamento o piso”, por lo que no corresponde su aplicación en el supuesto de infolios.” “Lo que se consigna en las normas mencionadas, es indubitable, a su claro tenor, por lo que resulta de aplicación el art. 17 del CC…”. Atento a que en estas actuaciones se denuncian obras realizadas en bienes comunes de uso exclusivo del demandado, no resulta de aplicación la multa prevista en el art. 10 de la Ley Nº 10.751. IV.E) Condena a demoler todas las construcciones El agravio relativo a la condena a demoler todas las construcciones, tampoco es de recibo. Al respecto ha sostenido el Similar de 3º Turno en la Sentencia Nº 108/2020 de fecha 28/9/2020: “Las obras fueron realizadas en contravención a la ley y al reglamento, por lo que debe disponerse su demolición. La conexión eléctrica existente en dicha zona común participa del carácter irregular antes mencionado, por lo que, más allá de que no se utilice como fuente la luz común del edificio sino la del contador particular de la unidad del demandado, debe ser también anulada. Toda obra, grande o pequeña, adyacente o no a otra que posea el carácter de irregular también lo es en la medida en que tampoco contó con la debida autorización. (cfr. TAC 1ª Sentencia N-º 15/2011 del 2 de marzo de 2011 en ob cit., página 279)...” Ha quedado suficientemente probado que las obras no contaron con el aval de la copropiedad (lo que emerge del Considerando 6, a fs. 1.012 vuelto) no teniendo otra solución que proceder a su eliminación, por cuanto y como reza en el tramo referido: “...se trató de obras realizadas en un área respecto de la cual la accionada propietaria de la unidad 002 no tenía derecho de propiedad absoluta. Construcciones éstas que, además, extravasaron toda permisión asamblearia. Ante todo, se llevaron adelante sin el aval de un necesario informe técnico previo que asegurara su inocuidad (en relación a la estabilidad y seguridad del edificio: art. 8 del Estatuto). Y, luego, se proyectaron mucho más allá de los simples arreglos sin mayores modificaciones autorizados. Todo lo que se dice sin dejar de señalar que la actora no fue convocada en la instancia (asamblea de marzo de 2017). Por consiguiente, revisten el carácter de irregulares. Ilícitas. IV.F) Daño Moral En lo que refiere al daño moral, (el que la impugnada cuantificó en U$S 8.000), el agravio de la recurrente es parcialmente de recibo. Teniendo en cuenta las especiales características del caso sometido a estudio, el tiempo en que vienen los actores soportando la problemática planteada (más de ocho años), las probanzas aportadas (las distintas presentaciones ante reparticiones estatales para intentar remediar este problema) y lo dispuesto en el art.141 del C.G.P., los actores han sufrido un daño moral susceptible de ser indemnizado. No se trata de un mero malestar pasajero o malhumor del dueño. Nada tienen que ver las anteriores condiciones del patio con la irregular construcción que erigieron los demandados y que (infructuosamente, hasta ahora) insistentemente se abogó por su demolición y eliminación. Parece hasta un contrasentido que, ahora, al momento de recurrir, la demandada concretamente se “preocupe” en que “No se está ante un patio que cumpliera con lo requerido por el Digesto Municipal, sino que fue concebido con unas dimensiones menores a las requeridas por el Gobierno Departamental…”, desatendiendo y soslayando la completa ilegalidad de las construcciones que él mismo erigiera. Ahora bien, la cifra condenada aparece por encima de los parámetros jurisprudenciales manejados por este Tribunal y no se presentó prueba testimonial alguna al respecto. A juicio de la Sala, resulta ajustado y ponderado, rebajar su monto a la cantidad de U$S 5.000, más intereses legales a partir de la fecha de interposición de la demanda. V) Agravios de la actora El agravio de la actora deducido en vía adhesiva por la parte actora en cuanto al porcentaje fijado para la aplicación de la multa prevista en el art. 10 de la Ley Nº 10.751, en virtud de la solución revocatoria a la que se arriba en el punto, carece de objeto ingresar a su examen. VI)No existe mérito en la especie, para imponer especiales sanciones causídicas en la instancia (arts. 688 C. Civil y 56 C.G.P.). Por los fundamentos expuestos y disposiciones legales citadas, EL TRIBUNAL, FALLA: Confírmase la sentencia definitiva de primera instancia impugnada, excepto en cuanto a la imposición de la multa, punto en el cual se la revoca y se desestima dicha pretensión y en cuanto el monto del daño moral objeto de condena, el que se fija en la suma de U$S 5.000, con más intereses legales desde la demanda. Sin especiales sanciones causídicas en la instancia. Notifíquese personalmente y oportunamente, devuélvase a la Sede de origen. Dra. Marta Gómez Haedo Alonso Ministra Dra. Mónica Bórtoli Porro Ministra Dra. Gloria Seguessa Mora Ministra Esc. Jacqueline Chico Salgado Secretaria Letrada