Sentencia Definitiva N° 248/2025

SENTENCIA DEFINITIVA TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE PRIMER TURNO Ministra Redactora: Dra. Ana Karina Martínez Larrosa. Ministros Firmantes: Dra. María Gabriela Rodriguez Fagián, Dr. Julio Alfredo Posada Xavier, Dra. Ana Karina Martínez Larrosa. VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “AA C/ BB- Proceso Laboral Ordinario (ley 18.572)”, IUE: 2-6908/2025, venidos a conocimiento de esta Sala en virtud del recurso de apelación deducido por la parte demandada contra la sentencia definitiva de primera instancia No.20/2025, del 21 de julio de 2025, dictada por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia de Las Piedras de 4º turno, Dr. Gaspar Aleczey Ardao Amorin. RESULTANDO: 1.- Que por el referido pronunciamiento, obrante a fojas 129 a 135, se amparó la demanda y se condenó al demandado a abonar a la actora la suma de $ 329.832, más intereses y reajustes legales desde la exigibilidad y hasta el efectivo pago. Con costas y costos por el orden causado. 2.- A fojas 138 a 144 introdujo el demandado recurso de apelación contra el referido fallo, agraviándose por la condena al pago de despido especial por gravidez. 3.- Se confirió traslado del recurso a la contraria, siendo contestados por la parte actora abogando por el rechazo del agravio y la confirmatoria de la recurrida. 4.- Por auto 662/2025, del 26/8/2025, se franqueó la alzada, recibiéndose los autos en este Tribunal el día 16/9/2025. Seguidamente se fijó fecha de acuerdo y pasaron los autos a estudio de los Sres. Ministros, efectuándose en forma sucesiva, por no contar con los medios técnicos necesarios para cumplir el estudio simultáneo previsto en la Ley No. 18.572. 5.- Acordada sentencia, se procede a su dictado. CONSIDERANDO: 1.- La Sala, por la voluntad conforme de sus Miembros naturales, confirmará la bien fundada sentencia apelada, por los fundamentos que a continuación se expondrán. 2.- En autos tramita el reclamo de la Sra. AA, quien fue contratada el 10 de setiembre de 2024 por el Sr. BB para laborar como vendedora en su tienda de ropa. Relató la trabajadora que el 10 de octubre le comunicó a la empresa mediante mensajes de Whatsapp que se encontraba cursando embarazo, y con fecha 1 de noviembre de 2024 recibió mensaje por el mismo medio donde el empleador le comunica que está despedida. No obstante, se negó a abonarle la indemnización correspondiente por estar trabajando con contrato a prueba. Reclamó en autos los rubros de egreso, salario impago y despido especial por gravidez. El accionado contestó controvirtiendo la procedencia de la indemnización reclamada, alegando que no hubo despido sino finalización del vínculo por motivos ajenos al embarazo, determinados porque la actora no superó las expectativas en cuanto a su actitud en el trabajo y situaciones económicas de la empresa, que debió reducir los gastos. Resuelta la controversia relativa a la indemnización especial (ya que sobre el resto del reclamo hubo acuerdo transaccional en audiencia) en los términos ya referidos en el primer Resultando, corresponde analizar los agravios del recurrente por tal decisión. 3.- Las críticas del recurrente al fallo dictado pasan por afirmar que la sentencia no tuvo en cuenta el hecho de que entre las partes existiera un contrato firmado, donde se establecía un período de prueba por 90 dias, asi como la falta de ponderación debida de la prueba ofrecida. Críticas que, a juicio de la Sala, no pueden prosperar frente a la sólida fundamentación de la recurrida, por las razones que se pasan a exponer. La sentencia analiza, citando doctrina y jurisprudencia, la procedencia de la indemnización especial por gravidez en el caso de trabajadora vinculada por un contrato a prueba, es decir, partiendo de la hipótesis de hecho en que se encontraba la actora al momento de ser desvinculada. Para concluir, compartiendo las citas, en la procedencia de la indemnización especial en el caso, por no existir norma que la excluya expresamente. Es decir que, aunque la sentencia no lo dijo expresamente, consideró el hecho, no controvertido, de la existencia de un contrato a prueba suscrito por la actora y que su desvinculación se produjo antes del vencimiento del plazo de prueba pactado en dicho contrato. La controversia se centró en determinar si, por esa circunstancia, no se generó el derecho de la trabajadora grávida, cuyo empleador estaba en conocimiento de su estado (esta era la situación de la Sra. AA), a percibir la indemnización especial prevista en el artículo 17 de la ley 11.577. Recordemos que la norma en cuestión establece: “En el caso previsto en el artículo anterior, la obrera no podrá ser despedida. Si lo fuere, el patrón deberá satisfacer un importe equivalente a seis meses de sueldo más la indemnización legal que corresponda.” Siendo que en el artículo anterior se hace referencia a “Toda mujer en estado de gravidez”. Pues bien, a juicio de esta Sala la naturaleza del contrato de trabajo vigente entre las partes no resulta un impedimento para aplicar la norma protectora antedicha. Pero sí debe compatibilizarse su aplicación con la característica propia del contrato de trabajo a prueba, y su objetivo que es testear la aptitud de la trabajadora, su idoneidad para el desempeño del cargo o función para la cual se pretende emplearla. En tal sentido, si el empleador invoca, y luego demuestra, que en el período de la prueba la trabajadora no demostró reunir los requisitos que objetivamente se requieren para el puesto de trabajo ofrecido, y que su cese obedeció a esta objetiva circunstancia, y no a su estado de gestación, ha de primar la cláusula de prueba. Porque ello implica respetar la naturaleza y objeto de la contratación a prueba. Sobre la procedencia de la indemnización especial a la trabajadora grávida, la jurisprudencia es conteste en otorgarla incluso en casos en que no procede la indemnización por despido, como ocurre con la jornalera que no ha completado los 100 jornales o la doméstica que no ha superado el período de carencia previsto en la ley 18.065, de 90 dias corridos de trabajo. E incluso cuando existen otras causas de egreso, distintas del embarazo de la trabajadora, como el cierre del establecimiento o clausura de la empresa, no así en caso de notoria mala conducta. La indemnización especial por gravidez se independiza de la indemnización por despido, al punto que el legislador fija aquélla en el equivalente en seis meses de sueldos, y no como en otros casos de indemnizaciones especiales (por enfermedad, por accidente de trabajo) en el pago de una indemnización por despido doble o triple, lo que presupone el derecho a percibir indemnización por despido. Incluso la norma a estudio prevé la acumulabilidad de la indemnización especial que crea con “la indemnización legal que corresponda”. Por lo que, si no corresponde ninguna, nada se acumula. En el caso del contrato a prueba y el cese de una trabajadora grávida, la Sala, con la actual integración, (en la anterior integrado, por la discordia de la Dra. Rosina Rossi en sentencia citada No. 314/2019), entiende que el empleador está gravado con la carga de probar que desvinculó a la trabajadora de la cual conoce su estado de gravidez, porque objetivamente no superó la prueba bajo la cual estaba contratada, por no haber demostrado idoneidad para el trabajo que debía desempeñar. Sigue en esto la posición expuesta por Moreira Rocca en su estudio “Problemática del Contrato de trabajo a prueba”, expuesto en la RDL No. 199, pág 737 y ss., especialmente 748 y 749, donde manifiesta que la indemnización especial procede “si el empleador no demuestra que el cese de la trabajadora grávida es debido a su falta de idoneidad o capacidad para desempeñar el cargo para el cual fue contratada, y siempre que tenga conocimiento del estado de gravidez”. Asimismo, cita sentencia del TAT 3 en AJL 1996-97 caso 803. En la especie se ha de considerar que el despido o cese de la actora se produjo antes del vencimiento del plazo de 90 dias estipulado como prueba, y no se probó que ocurriera por las razones previstas en el propio contrato, lo que torna verosímil la versión de la accionante en cuanto a que su desvinculación obedeció a su embarazo. A este respecto cabe analizar el agravio del recurrente cuando menciona que el magistrado a-quo “valoró incorrectamente la prueba ofrecida” (fs. 139 vto.), o que incurrió en el error de “no ponderar debidamente la prueba ofrecida” (fs 140), si bien la fundamentación se agota en la mera mención, ya que no se analizó la prueba diligenciada demostrando error en su valoración. Ingresando de todas maneras a la causa de cese de la trabajadora invocada por el Sr. BB, conforme a las previsiones del contrato que lo vinculó con la actora, cabe advertir que, de la cláusula sexta del contrato agregado resulta que la única hipótesis en la que el empleador podrá cesar el vínculo antes del vencimiento del contrato es el caso en que la trabajadora “no reuniera las condiciones exigidas por el empleador” (fs. 2). Al contestar la demanda el accionado argumentó que el cese se produjo por temas “multifactoriales”, entre los que enumeró los problemas económicos y un tema asociado al desempeño de la actora y no cumplimiento de las expectativas. Sin embargo, los problemas de costos, gastos o económicos, no fueron acreditados. Con respecto al desempeño de la trabajadora, se ofrecieron dos testimonios. El de la testigo CC no aporta prueba favorable al empleador, pues la testigo es pareja del demandado, lo que tiñe su declaración de sospecha, y no estaba en el local comercial, sino que iba a veces, “una vez a la semana más o menos, llevo la mercadería (de reposición) y me retiro, no permanezco” (fs. 66). Por lo que mal pudo apreciar personalmente lo que manifestó en cuanto a que la Sra. AA no estaba capacitada para ese trabajo, no sabía vender, no se relacionaba bien con los productos de la tienda y atender bien al cliente. Tales apreciaciones, en todo caso, pudieron ser trasmitidas por su pareja, pero no pueden constarle personalmente a la testigo. La testigo DD, por su parte, resulta por demás sospechosa, pues tiene relación laboral vigente con el demandado, pero además brindó una declaración muy genérica sobre que AA no cumplía lo que se le pedía, o no ayudaba en las ventas, sin aportar ningún detalle preciso sobre la forma de trabajar de la actora o sobre cuáles eran las carencias o los requerimientos que no cumplía y que eran imprescindibles para desempeñar el rol asignado. Incluso el propio demandado, al contestar la demanda, fue por demás parco, pues mencionó que la trabajadora no superó las expectativas en cuanto a su actitud en el trabajo, pero no precisó nada más ni brindó detalles al respecto. Por otra parte, observa la Sala que del intercambio de Whatsapp entre las partes que fue aportado al proceso y consta a fs 10 a 17, y particularmente del mensaje de fecha 1/11/2024 (fs. 13) por el cual se comunica a la actora su desvinculación, no surge mención alguna a que la trabajadora no haya cumplido con las expectativas del empleador, o que no estuviera conforme con su desempeño. Por el contrario, se menciona como única causa de desvinculación la baja de las ventas y problemas de gastos, es decir problemas económicos. Y de estos, no hay indicios en autos. A lo que se suma que a la actora se le comunicó el cese el día 1/11/2024 (fs 13), y sin embargo de su Historia Laboral resulta que se le había dado de baja un día antes, el 31/10/2024 (fs. 59). En definitiva, la desvinculación no se produjo por un tema asociado al desempeño de la trabajadora, ni a problemas económicos ni a la baja de las ventas, por lo que cabe concluir que no obedeció a otra razón más que al embarazo de la actora. En este marco la indemnización especial por gravidez es admisible, máxime cuando se la considera con independencia de la ipd común. En esto se diferencia el caso del comprendido por la Sentencia No. 314/2019 de esta Sala, citada por la parte recurrente, de la que surge haberse probado la ineptitud para el cargo de la trabajadora contratada a prueba. 4.- Las costas serán de cargo del demandado, no existiendo mérito para la imposición de condena en costos (arts 56.1 y 261 del CGP Por los fundamentos expuestos, las normas legales citadas y lo establecido en los arts. 197, 198 y 344 del CGP y art. 17 de la Ley 18.572 en la redacción dada por el art. 6 de la ley 18.847, EL TRIBUNAL FALLA: CONFIRMASE LA SENTENCIA APELADA. COSTAS DE CARGO DE LA PARTE DEMANDADA, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN EN COSTOS. NOTIFIQUESE Y, OPORTUNAMENTE, DEVUELVASE A LA SEDE DE ORIGEN. DR. JULIO ALFREDO POSADA XAVIER PRESIDENTE DRA. ANA KARINA MARTINEZ LARROSA MINISTRO DRA. MARIA GABRIELA RODRIGUEZ FAGIAN MINISTRO ESC. ADRIANA AGUIRRE MEDEROS SECRETARIA LETRADA.