Texto de la sentencia
. SENTENCIA DEFINITIVA
TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE 4º TURNO
MINISTRA REDACTORA: DRA. SYLVIA DE CAMILLI HERMIDA.
MINISTROS FIRMANTES: DRA. SYLVIA DE CAMILLI HERMIDA, DRA. MÓNICA IVANOVICH OUJO Y DR. ADOLFO FERNÁNDEZ DE LA VEGA MÉNDEZ.
VISTOS EN EL ACUERDO:
Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “AA C/ BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO. PROCESO LABORAL ORDINARIO (LEY 18.572)” IUE 2-50224/2024, venidos en apelación del Juzgado Letrado de Trabajo de la Capital de 11º Turno a cargo de la Dra. Andrea Lorenzo Villares.
RESULTANDO:
1) La Sala acepta el relato de antecedentes procesales que se consignan en la sentencia apelada, procediendo al dictado de la presente.
2) Por sentencia definitiva de primera instancia Nº32/2025 de fecha 22 de julio de 2025 (fs. 473-506), se desestima la demanda instaurada. Sin especial condenación procesal en la instancia.
3) El representante de la parte actora, interpone recurso de apelación (fs. 510-519) contra la referida sentencia, agraviándose, en síntesis, por cuanto:
Desestimó la demanda incoada entendiendo que no existe nexo causal, es decir, relación de causalidad entre el accidente laboral padecido por el trabajador y las lesiones sufridas que le provocaron incapacidad.
De haber considerado la totalidad de la prueba allegada a la causa, especialmente la documental de historia clínica del prestador de salud privado del actor, se puede advertir que previo al accidente sufrido el 5 de julio de 2014 el Sr. AA no tiene ninguna consulta por la patología degenerativa. Sino que, el accidente de marras permitió actuar una patología presente, pero que no estaba activa y en el sistema de responsabilidad de la ley 16.074 se establece que, si un accidente de trabajo agrava una condición preexistente o desencadena una patología, la ley tiende a proteger al trabajador, considerando el accidente como la causa determinante de la incapacidad, incluso si existían factores previos.
El accidente de trabajo contribuyó junto con la predisposición de la víctima a generar la incapacidad, pero Gamarra expone que la predisposición no exonera de responsabilidad, es decir, no rompe el nexo de causalidad, sin perjuicio de su incidencia a la hora de cuantificar el daño.
En conclusión, sin la ocurrencia del accidente no se hubiera producido la incapacidad del trabajador, de modo que el accidente fue una condición necesaria para que la incapacidad se produjera y la enfermedad preexistente, si se quiere, puede calificarse como una concausa, pero las concausas no enervan la operatividad del seguro de acuerdo a lo que surge de la Ley 16.074.
4) Por decreto Nº 1155/2025 de 5 de agosto de 2025 (fs. 520), se dispuso el traslado del recurso de apelación por el término legal, resultando evacuado por el BSE a fs. 524-526 vto., abogándose por la confirmatoria de la sentencia de primera instancia.
5) Por providencia Nº 1348/2025 de 2 de setiembre de 2025, se tuvo por evacuado el traslado conferido y habiéndose interpuesto en tiempo y forma recurso de apelación contra la sentencia definitiva dictada en autos se dispuso franquear el mismo con efecto suspensivo para ante el Tribunal de Apelaciones del Trabajo que por turno corresponda (fs. 528).
6) Recibidos los autos en el Tribunal el 11 de setiembre de 2025, se señaló fecha de acuerdo y se dispuso el pase a estudio de conformidad con lo establecido en el art. 17 de la Ley 18.572 en la redacción dada por el art. 6 de la Ley 18.847 (fs. 532-533). Dejándose constancia que el Colegiado estuvo desintegrado del 10 al 13 de setiembre de 2025 inclusive, y el 9 y 10 de octubre de 2025, por licencia de dos de sus miembros.
CONSIDERANDO:
I) La Sala por la unanimidad de sus voluntades naturales irá a confirmar la sentencia apelada, por los fundamentos que seguidamente se expondrán.
II) Los agravios expresados por el representante del actor en su escrito de apelación, pueden resumirse en que la recurrida, en base a una errónea y parcial valoración probatoria, desestimó la demanda por fijación de renta permanente, cuando a juicio del apelante, quedó verificada la existencia de nexo causal entre el accidente de trabajo y el daño. Sostiene, en resumen, que la enfermedad preexistente del actor se trata de una concausa que no enerva la operatividad del seguro de acuerdo a lo establecido en la ley 16.074. Agrega que, si bien puede afirmarse que la predisposición del trabajador puede haber contribuido causalmente a la incapacidad, no puede situarse su origen exclusivamente en la misma. Concluye que, sin la ocurrencia del accidente, el reclamante no estaría incapacitado.
A nuestro juicio, tales agravios no merecen ser amparados, por cuanto la apelada, no efectúa una valoración parcial de la prueba, como sostiene el recurrente, sino que de las probanzas relevadas de fs. 496 a 505, respalda su decisión en el informe de la Junta Médica, prevista en el art. 55 de la ley 16.074, cuya realización tuvo lugar en el curso del proceso, que fuera corroborado y explicitado al declarar en audiencia los galenos integrantes formulando las aclaraciones requeridas y para ello procede a valorar todas las pruebas en su conjunto.
Dicha Junta cuyo informe obra de fs. 376 a 381, estuvo integrada por la Dra. Rosana Manikowski (médico legista asesora Dpto. de Medicina Forense-ITF, Poder Judicial), Dr. Orlando Cortés (médico traumatólogo del HBSE) y Dr. Rafael Roó Gamba (médico legista), que suscriben el mismo, sin discordia alguna.
Consta en el aludido informe que se analizó la historia clínica del Sr. AA del Hospital del Banco de Seguros del Estado (HBSE) de fs. 376 a 378 y de fs. 378 a 379, la del Círculo Católico, la mutualista del accionante aportada al expediente. Se practicó examen físico. Se procedió a establecer las características de las lesiones sufridas por el periciado, como consecuencia del accidente de trabajo ocurrido el 5 de julio de 2014, su evolución, tratamiento e intervenciones quirúrgicas practicadas, se consigna que el paciente había presentado lumbalgias previas de meses de evolución que no habían sido estudiadas, sintomatología que indica que la patología degenerativa había comenzado a ser sintomática meses antes al esfuerzo del 5 de julio del 2014, no habiendo elementos que permitan plantear que haya motivado algún tipo de empeoramiento de la patología (fs. 380), no se establece nexo causal entre las lesiones padecidas por la víctima como consecuencia del accidente referido y su incapacidad actual (fs. 381). Estiman el porcentaje de incapacidad en un 13%, en el capítulo columna vertebral, ítem lumbociatalgia por hernia discal traumática que mereció tratamiento quirúrgico, con persistencia o recidiva de la lumbalgia con desaparición o neta mejoría de ciatalgia. Destacan que el porcentaje se otorgó por analogía, dado que el baremo no contempla la patología degenerativa que presenta el periciado. Finalmente consideran relevante, que se aportara las imágenes e informe de tomografía realizada en julio de 2014 y la resonancia del mismo año, con el objetivo de valorar el estado de la columna vertebral al momento de la consulta inicial en el BSE.
El art. 55 de la ley 16.074, establece el procedimiento jurisdiccional laboral, para dirimir toda controversia originada por la fijación del salario o de la renta, aumento o disminución de la capacidad. En el punto objeto de agravios, el Banco de Seguros del Estado calificó el padecimiento del reclamante con causa en un accidente de trabajo, y en base a tal calificación, le prestó asistencia en especie y en dinero, y sobre esta calificación liquidó y abonó la renta correspondiente a las evaluaciones realizadas.
Como ha sostenido nuestra jurisprudencia en reiterados pronunciamientos, para determinar si el accidente de trabajo sufrido por el accionante, ha provocado una incapacidad permanente de los porcentuales requeridos para acceder a una renta, las pericias médicas configuran un medio probatorio fundamental, pues resultará prácticamente imposible la formulación de un fallo condenatorio con prescindencia de un dictamen asesor en tal sentido, salvo situaciones extremas que encuadren en la denominada teoría del “conocimiento común”, lo que no se verifica en el caso de autos.
El actor, plantea en sus agravios que la recurrida realizó una valoración parcial de la prueba, cuando del tenor de la misma resulta que la Sra. Juez a quo, en función de los argumentos que expone, realizó un análisis probatorio integral y basó su veredicto en el dictamen de la Junta Médica, cuyas sólidas conclusiones, a nuestro entender, no logran ser desvirtuadas por los argumentos del apelante. Así, la patología degenerativa previa al episodio doloroso de 5 de julio de 2014, no resulta una concausa, sino la causa, o el factor determinante de la incapacidad. No existiendo siquiera nexo causal probado con el accidente de julio de 2014, el que el propio accionante en su demanda confunde con la caída por la escalera de 15 de junio de 2017 (fs. 6, 19, 42 vto. y 43).
Como corolario de lo expuesto cabe afirmar que, el actor no logró acreditar que el accidente de trabajo haya sido la causa de su incapacidad. De ahí, que se comparta la conclusión de la Sra. Juez a quo (fs. 505), lo que conlleva confirmar la solución desestimatoria arribada en el grado anterior.
III) No se establecerá especial imposición de costas y costos en el grado.
Por tales fundamentos, disposiciones legales citadas y en los arts. 17, 18, 28, 29 y concordantes de la Ley N° 18.572 del 13.9.2009, art. 7 de la Ley N° 18.847 del 15.11.2011, el Tribunal,
FALLA:
CONFÍRMASE LA SENTENCIA DEFINITIVA APELADA.
SIN ESPECIAL IMPOSICIÓN DE COSTOS Y COSTAS EN EL GRADO.
HONORARIOS FICTOS: CINCO BASES DE PRESTACIONES Y CONTRIBUCIONES.
NOTÍFIQUESE Y DEVUÉLVASE.
DRA. SYLVIA DE CAMILLI HERMIDA
MINISTRA PRESIDENTE
DRA. MÓNICA IVANOVICH OUJO
MINISTRA
DR. ADOLFO FERNÁNDEZ DE LA VEGA MÉNDEZ
MINISTRO
ESC. VERÓNICA LAMELA SANTURIO
SECRETARIA LETRADA
Fuente: Base de Jurisprudencia Nacional del Poder Judicial. Los nombres de las partes figuran anonimizados en el original.