Sentencia Definitiva N° 250/2025

SENTENCIA DEFINITIVA. TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE PRIMER TURNO. Ministra Redactora: Dra. María Gabriela Rodríguez Fagián Ministros Firmantes: Dr. Julio Posada Xavier, Dra. Ana Karina Martínez Larrosa y Dra. María Gabriela Rodríguez Fagián. VISTOS EN EL ACUERDO: Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “ROMERO CAMEJO, ALBA C/ COMISIÓN DE APOYO UNIDAD EJECUTORA 068 DE ASSE, PROCESO LABORAL ORDINARIO (LEY 18.572)”, IUE: 2-8273/2025, venidos a conocimiento de esta Sala en virtud del recurso de apelación deducido por la parte demandada contra la sentencia definitiva de primera instancia Nro. 28/2025 de fecha 21 de julio de 2025, dictada por la Sra. Jueza Letrada de Primera Instancia de Trabajo de la Capital de 10º Turno, Dra. Fabiana Acosta Pereira. RESULTANDO: 1) La Sala acepta el relato de antecedentes procesales que se consignan en la sentencia apelada procediendo al dictado de la presente. 2) Por sentencia definitiva de primera instancia Nro. 28/2025 (fs. 110 a 115) se falló: “Condénase a la Comisión de Apoyo de Programas Asistenciales Especiales de la Unidad Ejecutora 068-ASSE a abonar la actora el rubro indemnización por despido indirecto e incidencias por la suma indicada en esta sentencia que incluye el 10% en concepto de multa. Reajustes e intereses legales hasta el efectivo pago. Costas a cargo de la parte demandada. Sin especial condenación en costos. Hs. Fs: 3 BPC”. 3) Con fecha 4 de agosto de 2025 compareció la parte demandada debidamente representada e interpuso recurso de apelación (fs. 120 a 125), agraviándose de la solución de primera instancia en cuanto condenó a su parte a abonar a la actora la indemnización por despido en la modalidad de indirecto. 4) Por decreto Nro. 1177/2025 de fecha 8 de agosto de 2025 (fs. 130), se ordenó conferir traslado del recurso interpuesto a la parte actora; traslado que fue evacuado en tiempo y forma por la parte accionante en los términos que surgen del escrito de fs. 132 a 133; bregando por la confirmatoria de la sentencia apelada en todos sus términos. 5) Sustanciado el recurso, por providencia N.º 1332/2025 (fs. 135), se dispuso el franqueo del mismo con efecto suspensivo para ante el Tribunal de Apelaciones del Trabajo que por Turno corresponda. 6) Recibidos los autos por este Tribunal con fecha 18 de setiembre de 2025 (fs. 139), se dispuso el pasaje a estudio de los Sres. Ministros y se fijó fecha para el acuerdo (fs. 140). 7) Producido el estudio, se acordó sentencia y en el día de la fecha se procede a su dictado. CONSIDERANDO: I) La Sala por la voluntad unánime de sus integrantes naturales procederá a confirmar en todos sus términos la muy correcta sentencia de primera instancia, por considerar que ninguno de los argumentos esgrimidos por la parte recurrente, logran conmover en lo más mínimo los fundamentos de la misma. II) El caso de autos. La Sra. Alba Romero Camejo inició demanda laboral contra la Comisión de Apoyo Unidad Ejecutora 068 de ASSE reclamado una serie de rubros salariales (que fueron objeto de transacción en la audiencia única), más la indemnización por despido. Indicó, que la demandada es incumplidora contumaz, dado que ya ha litigado en otras oportunidades contra la misma para obtener el pago de los rubros presentismo y antigüedad, y que habiendo sido condenada a futuro al pago de tales rubros en expediente IUE: 2-32646/2023, la accionada no ha regularizado la situación ni ha procedido al pago de tales rubros en tiempo, obligándola de este modo a contratar los servicios de un abogado para requerir que el mismo proceda a efectuar la liquidación correspondiente para solicitar a la demandada el pago de la condena a futuro. Todo ello determina, que el abogado le cobre honorarios y, que consecuentemente, termine por percibir por antigüedad y presentismo menos que lo que le correspondería percibir si la demandada hubiera cumplido con la condena a futuro de los rubros mencionados en tiempo y forma. Destacó los perjuicios que implica para un trabajador no contar de forma íntegra con su única y principal fuente de ingresos, además de señalar, que el no pago de tales rubros a partir de la condena a futuro dispuesta, importa un incumplimiento grave y de entidad que determinó que con fecha 18 de diciembre de 2024 se considerara indirectamente despedida. Fue la empleadora la que con su accionar puso en riesgo la relación de trabajo, agregando, que el incumplimiento en el pago de la sentencia de condena le habilita a rescindir el contrato de trabajo por culpa o incumplimiento de la empleadora. A su turno la demandada controvirtió la procedencia del despido indirecto pretendido -único rubro que abre la alzada- esgrimiendo, que pese a que la accionante obtuvo una sentencia favorable por la cual se dispuso la condena a futuro a su mandante de los rubros presentismo y antigüedad, ha cumplido con el pago de la condena a futuro toda vez que la actora se lo ha requerido y sin que se hiciera necesario intimarla judicialmente por ello. Agregó, que el último pago realizado en cumplimiento de la condena a futuro dispuesta en los autos de esta misma sede IUE 2-32646/2023, fue el 25 de octubre de 2024 y dicho pago comprende o abarca hasta el mes de julio de 2024, por lo que de ninguna manera se puede alegar incumplimiento, pues no había obligación de regularizar, sino de pagar y así lo hizo. Por tanto, no se le puede atribuir incumplimiento alguno, dado que cumplió la sentencia recaída sin excepción, no existiendo incumplimientos intolerables que hicieran imposible la continuidad del vínculo laboral. Sostuvo, en definitiva, que no se configura un caso de “insoportabilidad” del vínculo laboral que justifique el despido indirecto pretendido. III) La sentencia de primera instancia condenó a la parte demandada al pago de la indemnización por despido en la modalidad de indirecto, al entender acreditado el incumplimiento de la demandada respecto a la sentencia de condena a futuro. De este modo entendió la sentenciante a-quo, que luego de dictada la sentencia en el expediente IUE 2- 32646/2023, la Comisión de Apoyo no cumplió con la condena a futuro y no abonó a la accionante los rubros presentismo y antigüedad, teniendo que recurrir la trabajadora a la asistencia de un profesional a fin de que la asesore para reclamar el pago de tales rubros, no siendo necesario que la trabajadora le tuviera que requerir a la empleadora el pago de los rubros dispuestos por sentencia, sino que ésta debió cumplir con la condena a futuro, abonando el presentismo y antigüedad en forma mensual, esto es; cada vez que la trabajadora generó derecho a su percepción. Contra tal decisión se alzó la parte demandada agraviándose tal como fuera relacionado en los resultandos de la presente sentencia, por la condena al pago de la indemnización por despido. Y fundando su agravio sostuvo, que el 25 de octubre de 2024 realizó el pago de los rubros presentismo y antigüedad en base a lo condenado en el expediente IUE 2-32646/2023 y que ello lo hizo sin que existiera intimación previa o reclamo alguno, sino que abonó lo debido cuando la actora presentó su solicitud de pago, abonando de manera diligente y cumpliendo así la condena a futuro. Entendió, que no hay conducta de su parte que habilite el despido al que se hizo lugar, pues se trataba de una condena a futuro que debía ejecutarse a pedido de parte y que fue cumplida una vez que le fue requerido el pago. Invocó, además, que no existía obligación de pago mensual automático, por lo que no hubo conducta omisiva de su parte que justifique el despido al que se hizo lugar. Señaló finalmente, que nada justifica que la actora se considerara indirectamente despedida, todo lo que determina que la sentencia de primera instancia deba ser revocada. IV) En opinión de la Sala y tal como se anunció, ninguno de las defensas y argumentos de la apelante resulta atendible, teniendo el Tribunal jurisprudencia firme en el mismo sentido que la sentencia de primera instancia. En el caso es de ver, que las propias expresiones de la recurrente ponen en evidencia el incumplimiento de su parte, pues demuestran que la Comisión de Apoyo en lugar de pagar la prima por antigüedad y el presentismo a la que fue condenada a futuro mes a mes y acorde a su devengamiento, lo que ha hecho es pagar tales rubros a requerimiento de la beneficiaria de la condena, forzando de este modo a la trabajadora a la consecuente contratación de un abogado para la determinación de la suma a percibir por tales conceptos, lo que claramente no constituye una actitud diligente y muchos menos, el respeto y cumplimiento de la sentencia de condena dictada en los autos IUE 2-32646/2023. La recurrente argumentó que no existió negativa de su parte al pago de lo adeudado, cuando surge de autos que no solo la previsión normativa la obliga a pagar a la actora los mencionados rubros, sino que además y posteriormente, también las sentencias de primera y segunda instancia dictadas en la IUE: 2-32646/2023 glosadas de fs. 37 a 46, determinaron la obligación de proceder al pago de los mencionados beneficios. Y esto determina, que no interese si no se verificó negativa al pago como argumenta, sino que lo importante es determinar si se verificó en tiempo y forma el pago de la obligación. Argumentó asimismo la Comisión de Apoyo en su apelación, que los pagos se efectuaron sin necesidad de intimación y conforme a lo solicitado por la actora, sin dimensionar que justamente tal actitud prescindente de forzar a la trabajadora a solicitar el pago cuando existe sentencia de condena a futuro, fue precisamente lo que provocó la decisión de la trabajadora de no tolerar más el incumplimiento. La propia respuesta de la empleadora demuestra, que no abonó de “motus propio” los rubros objeto de la condena a futuro, sino que forzó a la trabajadora, contratación mediante de un abogado, a solicitar el pago de la antigüedad y presentismo, aún cuando no tuviera que intimar formalmente o judicialmente dicho pago. La demandada no termina de tomar conciencia que la condena a futuro implica, tal como con acierto lo recoge la sentencia de primera instancia, el pago puntual, es decir, en forma mensual de los rubros y no pagar a requerimiento o solicitud de la trabajadora beneficiaria. Es decir, el pago en forma de la condena a futuro tal como también lo afirma la trabajadora al evacuar el traslado del recurso de apelación, importa que la antigüedad y presentismo se debieron abonar mes a mes y a medida que se fue generando el derecho a la percepción de los rubros, generando como consecuencia de ello, los correspondientes aportes y generación de beneficios que se derivan la declaración de todos los rubros. En el mismo sentido se pronunció esta Sala en sentencia Nº 176/2022 al expresar: “Basta analizar los recibos para observar que le asiste razón. Si la sentencia declaró su derecho, condenó por lo devengado y hacia el futuro, la empleadora no tenía más que cumplir. Ahora bien. Para saber si había cumplido o no debía estarse a la naturaleza de los rubros: tratándose de rubros de naturaleza salarial de una trabajadora con remuneración mensual la cuestión no estaba en que la empleadora “ofreciera” pagarle a través de acuerdos transaccionales como sostuvo al contestar la demanda a fs. 148 sino que cumpliera con su obligación legal en tiempo y forma. Esto es, primero, tratándose de marginales del salario a los que la trabajadora tenía derecho ya indubitable por cuanto había sido laudado por sendas sentencias y su retribución era mensual, debió por mandato del art. 1 del dec. Ley 14.159 interpretado a la luz del art 12.1. CIT n. 95, haberlo pagado mes a mes “dentro de los 10 primeros días del mes siguiente al que corresponde abonar”. Y segundo, abonándolo y consignándolo en los recibos de salarios de conformidad con lo dispuesto en los arts. 2 y 5 del dec. 278/2017”. Incluso llega a afirmar la Comisión de Apoyo, que la condena a futuro debía ejecutarse a pedido de parte, cuando a partir de la condena a futuro la obligación de pagar y, por consiguiente, de cumplir con la sentencia en debida forma es suya, sin necesidad de generar una ejecución, ni intimación judicial o ni siquiera un requerimiento o solicitud informal o extrajudicial de pago por parte de la trabajadora, como admitió que efectivamente ocurrió en el presente caso. Afirmó asimismo la impugnante, que “en ningún momento” se condenó a la Comisión de Apoyo a proceder a una “regularización mes a mes”, lo que denota y patentiza la desidia de la demandada frente a los derechos de sus dependientes, dado que si no se dispone expresamente que se regularice el pago mes a mes, ni siquiera se plantea hacerlo para no incurrir en incumplimiento y evitar que sus dependientes deban iniciar procesos judiciales o bien contratar abogados para que les liquiden los rubros a los efectos de requerirr aún informalmente una solicitud de pago. En definitiva, las propias expresiones de la demandada evidencian el incumplimiento, pues si el último pago lo hizo en octubre de 2024 a requerimiento de la trabajadora y a través del abogado contratado por ésta a tales efectos, y si el escrito con el que pretende probar el pago en forma (fs. 81), expresamente reza que lo pagado es hasta julio de 2024 inclusive, parece de toda evidencia, que a partir de agosto de 2024 ya estaba incumpliendo la condena a futuro, máxime cuando la trabajadora se consideró indirectamente despedida casi cinco meses después, el 18 de diciembre de 2024. Y esa persistencia en el incumplimiento es justamente lo que lo torna grave y determina que resulte intolerable, pues es la propia trabajadora la que determina cuándo ello le resulta insostenible al punto de dar por finalizado el vínculo laboral por ello. Tal como lo señaló este Tribunal con la actual integración en sentencia Nº 29/2024, “No debe perderse de vista, además, que es el trabajador quien determina en qué momento tales incumplimientos se tornan insoportables o insostenibles”. “Finalmente resta decir, que los incumplimientos que se verificaron en la especie son graves o de entidad porque todos refieren al incumplimiento en el pago del salario o marginales del salario, elemento esencial de la relación de trabajo y la razón de ser o motivo por la cual el trabajador enajena su fuerza de trabajo. De ahí que su incumplimiento justifique sobradamente su decisión de considerarse indirectamente despedido; todo lo que en conjunto determina que el agravio no pueda ser amparado”. A partir de lo expuesto, no puede compartirse con la demandada que no existiera incumplimiento y a que éste a su vez no fuera grave o de trascendencia como para justificar el pago de la indemnización por despido indirecto a la que hizo lugar la sede a-quo. El pago del salario en forma es la principal obligación que tiene todo empleador, por lo que, el incumplimiento en el pago de cualquier rubro que integra el salario como en este caso son la antigüedad y el presentismo, dada su naturaleza alimentaria, constituye incumplimiento grave del contrato de trabajo que da mérito suficiente para configurar despido indirecto. Es precisamente el salario la causa por la cual una persona está dispuesta a poner su fuerza laboral y su tiempo al servicio de otro; por lo que, si la contraprestación por su fuerza de trabajo no se abona en forma y a tiempo, es decir, sin necesidad de requerir aún informalmente su pago, se verifica incumplimiento de entidad y trascendencia que justifica el despido indirecto reclamado, al que correctamente hizo lugar la sentencia de primera instancia. Se reitera, a pesar de que surge probado que, mediante acuerdo, la condena a futuro se abonó hasta julio de 2024 (fs. 81), del propio documento surge el incumplimiento de la demandada porque la trabajadora luego de la sentencia de condena a futuro tenía legítimo derecho a percibir dichas primas o beneficios mes a mes y en tiempo y forma y no en forma tardía y acumulada como terminó ocurriendo. A su vez, tenía derecho a que dichos pagos se vieran reflejados en sus recibos de sueldos, lo que no surge de autos, dado que de la compulsa de los recibos de salarios posteriores a la sentencia de condena a futuro no surge documentado el pago de la antigüedad y presentismo. Y como consecuencia de ello, también tenía derecho a no tener que percibir dichos beneficios mediante acuerdo con su empleadora y debiendo para ello abonar los servicios de un abogado. Claramente el pago efectuado no se hizo en forma, porque se pagó atrasado y mediante acuerdo con la intervención de un abogado, y por ello resignando la Sra. Romero parte del importe al que tenía derecho. Todo lo expuesto determina, el rechazo del agravio y la confirmatoria de la recurrida. V) La actuación de las partes no merece condenas accesorias especiales, siendo las costas de la instancia de cargo de la demandada y los costos en el orden causado. Por los fundamentos expuestos, normas legales citadas, artículos 17 y 18 de la ley 18.572, su modificativa ley 18.847 y artículos 197 y 198 del CGP, el Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 1º Turno, FALLA: CONFIRMASE EN TODOS SUS TERMINOS LA SENTENCIA APELADA. COSTAS DE LA INSTANCIA DE CARGO DE LA PARTE DEMANDADA Y SIN ESPECIAL CONDENACIÓN EN COSTOS. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y FECHO DEVUÉLVASE A LA SEDE DE ORIGEN. HONORARIOS FICTOS, 3 BASES DE PRESTACIONES Y CONTRIBUCIONES. DR. JULIO ALFREDO POSADA XAVIER PRESIDENTE DRA. ANA KARINA MARTINEZ LARROSA MINISTRO DRA. MARIA GABRIELA RODRIGUEZ FAGIAN MINISTRO ESC. ADRIANA AGUIRRE MEDEROS SECRETARIA LETRADA