Sentencia Definitiva N° 239/2025

Sentencia Nro. 239/2025 - IUE: 396-482/2022 Montevideo, 15 de octubre de 2025 Ministra Redactora: Dra. Analía García Obregón Ministras Firmantes: Dra. Gabriela Rodríguez Marichal Dra. Cecilia Schroeder Rius Dra. Analía García Obregón VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia, estos autos caratulados: “AA c/ DNA Y OTROS – DAÑOS Y PERJUICIOS. LUCRO CESANTE Y DAÑO MORAL”; IUE 396-482/2022, venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia definitiva No. 1/2025 dictada por la Sra. Jueza Letrada de Primera Instancia de Tacuarembó de 2o Turno, Dra. Leticia López. RESULTANDO: I. Por el referido pronunciamiento de fecha 13 de febrero de 2025 (fojas 146-153) se falló desestimando la demanda, sin especial condenación. II. Contra dicha decisión se alzó el accionante, interponiendo recurso de apelación en escrito obrante de fojas 156 a 158, agraviándose, en lo medular, por considerar que la sentenciante a quo no valoró adecuadamente los hechos, ya que el procedimiento aduanero que ocasionó los daños reclamados se ejecutó de manera abusiva antes del inicio del evento “La Patria Gaucha”, incautándose la totalidad de la mercadería; el error cometido por el personal aduanero (así como la forma en que se incautó la mercadería) resulta inexcusable dada la notoria diferencia entre productos nacionales y extranjeros; la sentencia omitió considerar la finalidad ulterior del operativo, que era excluir a la empresa BB de la principal fiesta gauchesca del país. Considera que no existió negligencia de su parte, por el hecho de no contar con las boletas de compra en el stand, al momento de la incautación, puesto que el procedimiento se realizó días antes del inicio del evento, cuando la mercadería aún no estaba dispuesta para la venta, presentándose en el expediente aduanero la misma, motivando su clausura. Finalmente, le agravia el desconocimiento de los daños y perjuicios sufridos, incluyendo el daño material, lucro cesante y daño moral, así como la incorrecta valoración de la prueba que surge de la recurrida, que no consideró la negativa de la demandada a aportar prueba en su poder tendiente a acreditar que la incautación de la mercadería, su exposición a condiciones insalubres en depósito, fue la causa de los perjuicios por él reclamados Solicita se revoque la recurrida y se ampare la demanda en todos sus términos. III. Sustanciada la impugnación deducida,de fojas 161 - 163 comparece la demandada, Dirección Nacional de Aduanas, y evacuando el recurso de apelación en traslado, aboga por la confirmatoria, afirma que no incurrió en hecho ilícito alguno, dado que su actuación se enmarcó dentro de sus competencias legales; al constatar una presunta infracción por omisiones del Sr. AA, ya que la mercadería expuesta carecía de la documentación respectiva, informó al juez competente, quien ordenó su decomiso, el que fue debidamente ejecutado. Las resultancias posteriores en sede penal no invalidan las diligencias previas, ya que se siguió el procedimiento aduanero establecido en la Ley N.o 17.296. Su accionar resultó legítimo, por ser el correspondiente ante la constatación de una presunta infracción, siendo responsabilidad del Sr. AA cumplir con la normativa vigente, sin que las subsanaciones tardías realizadas en el expediente respectivo afecten la validez de su actuación; no se acreditó conducta culpable ni responsabilidad directa de su parte. Contrario a lo declarado por el actor en el acta de incautación, testimonios de sus propios testigos indican que las boletas de la mercadería no estaban disponibles al momento del procedimiento o fueron solicitadas posteriormente. Tampoco se probaron privaciones de ganancia, pérdidas futuras, ni se presentó documentación que vinculara su inactividad con el procedimiento aduanero referido, incluso varios testimonios sugieren prácticas comerciales del actor que facilitaban la actividad sin el debido respaldo documental, reforzando la idea de un comportamiento negligente por su parte. En definitiva, su actuación fue legítima y adecuada en el ejercicio de su función fiscalizadora, basada en la carencia de documentación de la mercadería, sin que se haya acreditado ilicitud en su accionar ni nexo causal entre lo reclamado y el procedimiento aduanero, siendo los daños y perjuicios que alega, consecuencia del actuar negligente del propio actor. IV. Franqueada la alzada (fojas 164), el expediente fue recibido en esta Sala (fojas 168 vuelto), requiriéndose a las partes por decreto N.o 264/2025 la reposición de tributos omitidos (fojas 169), lo que fue cumplido (fojas 171), pasando los autos a estudio el 10 de junio de 2025, culminado el cual, en sesión del 6 de octubre de 2025, se acordó sentencia por unanimidad, designándose redactora. CONSIDERANDO: I. El Tribunal, por decisión anticipada adoptada al amparo de lo establecido por el artículo 200.1 del Código General del Proceso, confirmará la recurrida, por los fundamentos que se exponen a continuación. II. El subexámine fue promovido por el Sr. AA, quien dedujo demanda contra la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y contra funcionarios de dicha Dirección, a los efectos de obtener el resarcimiento de los daños ocasionados a raíz del procedimiento aduanero llevado a cabo el 6 de marzo de 2022 en el predio de "La Patria Gaucha", previo al inicio del evento. Afirmó que, en ocasión en que armaba el stand con mercadería del giro habitual de la empresa BB, de la que recibe un salario y comisiones por venta, la demandada realizó un procedimiento en el cual le incautó la totalidad de la mercadería por presunta infracción aduanera, trasladando la misma a un depósito de Aduanas en Rivera que, según expresa el accionante, presentaba pésimas condiciones de salubridad. Sostuvo el accionante que el procedimiento fue abusivo, dado que toda la mercadería era de procedencia nacional, y que la actuación de la DNA lo avergonzó ante todos los colegas, sintiéndose impotente ante el atropello, recibió la orden de la empresa de devolver el stand a los organizadores y regresarTreinta y Tres. Al no contar con mercadería alguna para la venta, y sin capital de giro para cumplir con las obligaciones hacia sus proveedores, le fue imposible concurrir a otros eventos, y fue consecuentemente enviado al seguro de paro. Por su parte, la DNA, contestó la demanda, expresando que el accionante no aportó prueba de los hechos imputados, sostuvo la licitud de su actuación, afirmando que obró en el marco de sus competencias habiendo constatado una presunta infracción por omisiones de la empresa en exhibir la documentación correspondiente. Alegó que las posteriores resultancias en sede penal no invalidan la legalidad del procedimiento aduanero inicial, el cual se ajustó a la Ley N° 17.296. Expresó que la presunta infracción existía al momento de la fiscalización, legitimando su accionar, y que cualquier perjuicio sufrido por el actor fue consecuencia de su propia negligencia y no de un obrar ilícito de la Administración. Como se refirió al inicio, la demanda también fue dirigida contra los Sres. CC, DD, EE, funcionarios aprehensores de la Dirección Nacional de Aduanas, quienes contestaron la demanda y opusieron excepción de falta de legitimación pasiva, la que fue amparada por sentencia interlocutoria N.o 1679/2023, que devino firme atento a su falta de impugnación. III. La presente causa resulta de contenido prácticamente idéntico a la tramitada en autos caratulados: “BB S. A c/Dirección Nacional de Aduanas y otros. Daños y perjuicios.” IUE 396-10/2023, iniciada por la empresa respecto de la cual el accionante en el presente refiere, sin acreditar, ser empleado y que fuera desestimada en primera instancia, en decisión confirmada por esta Sala. En efecto, los hechos ventilados en ambos procesos, y denunciados como fuente del perjuicio cuya indemnización se solicita, son idénticos, y refieren al cuestionamiento de la actuación de los funcionarios aduaneros en el procedimiento llevado a cabo el 6 de marzo de 2022 en el predio donde se llevaría a cabo el evento “Fiesta de la Patria Gaucha”, en el Stand arrendado por la empresa BB SA, en el cual se decomisara la mercadería expuesta en virtud de no exhibirse la documentación correspondiente al momento de la fiscalización. Como se refirió en dicha causa, en términos trasladables a la presente: “La apelación no resulta eficiente para modificar lo resuelto en el grado anterior, y ello en mérito a dos razones. En primer lugar, el recurso interpuesto por la accionante carece de un embate crítico contra la recurrida, reiterando las alegaciones formuladas en su libelo inicial, sin ensayar un análisis pormenorizado del razonamiento expuesto por la Decisora de primer grado, omitiendo el apelante la descripción concreta de cada premisa que estimare equivocada, así como de cuál considera que hubiera sido correcta de conformidad con la prueba diligenciada en la causa y las normas aplicables en respaldo de su teoría del caso. El malogrado intento de ensayar agravio no configura en realidad una crítica razonada de la decisión de primera instancia. Por consiguiente, debe considerarse infundada la apelación, lo cual conduce a su rechazo y confirmatoria de la desestimatoria recaída (art. 253 del CGP). “Con la referida mención no puede considerarse que la recurrente cumpliera con la carga de la expresión de agravios que le impone el artículo 253.1 del Código General del Proceso, esto es de contener una crítica concreta y razonada del fallo que demuestre los errores de hecho o de derecho en que se hubiera incurrido.- No es expresión de agravios la crítica no razonada del fallo recurrido.” (Conf. Hugo Alsina “Derecho Procesal” T .IV, pág.387, Lino Palacio “Derecho Procesal Civil” T.V, pág.267). “La expresión de agravios debe consistir en un análisis de la sentencia (algunos dicen, punto por punto lo que puede ser exagerado, señalando sus defectos y aquellas decisiones que producen perjuicio.- Lo que hace que se rechace como expresión de agravios, la simple remisión a lo ya expresado en escritos ya presentados” (Conf.Enrique Vescovi “Derecho Procesal” T.VI 2da.parte, pág.112; Enrique Tarigo “Lecciones de Derecho Procesal Civil” T.II, pág.240) (sentencia No 296/2002 de la Suprema Corte de Justicia). IV. En segundo lugar, en virtud de que las alegaciones vertidas por la recurrente relativas a la configuración de responsabilidad de la demandada y finalidad espúrea alegada, no resultaron respaldadas por la prueba diligenciada en la causa. Afirma la actora que resultaba evidente que la mercadería incautada era de origen nacional, lo que entiende acreditado posteriormente con la documentación respectiva; tal afirmación no puede ser cohonestada por la Sala cuando a los efectos de determinar la procedencia de la mercadería, sea cual sea, es requisito la exhibición de la documentación correspondiente, no siendo viable realizarlo a través de una “aparente constatación visual” como pretende. La sentenciante desestimó la demanda, expresando lo siguiente: “En definitiva, a partir de tales nociones, es claro que la pretensión, desde el inicio, no tenía posibilidad de éxito, porque el reproche de responsabilidad que se formuló en la demanda considera, casi en forma exclusiva, las resultancias del proceso judicial. Una vez absuelta en el proceso aduanero, la actora busca convencer que tal resultado explica por sí solo, la falta del servicio de la DNA, lo cual es un claro error conceptual. La accionante debía individualizar primero y probar después la conducta culpable de los funcionarios aduaneros en ocasión del procedimiento administrativo en cuestión. En efecto, el éxito o fracaso de la pretensión resarcitoria depende de la circunstancia anterior, precisamente porque la responsabilidad del Estados, de regla, de naturaleza subjetiva, fundada sobre la idea de la falta de servicio o el mal funcionamiento de los servicios confiados a su gestión (art. 24 de la Constitución)”. Y tales conclusiones son compartidas por la Sala, que adhiere de larga data a la tesis de la responsabilidad subjetiva del Estado, habiéndose expresado en los siguientes términos: "... el Tribunal se afilia a la tesis subjetiva sobre la responsabilidad del Estado, en el entendido que el art. 24 de la Constitución de la República consagra el principio de la responsabilidad civil del Estado, por los daños que cause a terceros en la ejecución de los servicios públicos, confiados a su gestión o dirección. En la doctrina y en la jurisprudencia uruguayas, se ha debatido intensamente sobre si dicha responsabilidad es objetiva o si es subjetiva, esto es, si debe requerirse el dolo o la culpa por parte del Estado en la producción del evento dañoso que ha causado un perjuicio a una persona, o si en cambio lo único que debe importar es el daño causado a un tercero, independientemente de si hubo dolo o culpa en la producción. En consecuencia, el principio es que el Estado debe responder civilmente por sus acciones, omisiones o por hechos que causen daño a los terceros, debiendo reparar los perjuicios causados pagando la indemnización correspondiente... Para Sayagués Laso, la clave para determinar cuando surge la responsabilidad civil del Estado por acto o hecho administrativo, es el criterio de la falta de servicio, solución elaborada por la jurisprudencia francesa, esto es si el servicio no funcionó, si funcionó con demora o si funcionó irregularmente, pudiéndose acudir a otros criterios para fundar la responsabilidad de la Administración, tales como el enriquecimiento sin causa, el abuso de derecho, etc. Expresa el Dr. Ruben Correa Freitas “... adhiero a la tesis de la responsabilidad subjetiva del Estado, dado que cuando el constituyente (Constitución, arts 17 y 32) o el legislador (Ley No 15859, art 4o), han querido instituir la responsabilidad objetiva del Estado, lo han establecido en forma expresa y como una excepción al régimen general. El art. 24 de la Constitución de la República consagra la `responsabilidad civil ? del Estado, y la responsabilidad civil se regula por lo dispuesto por los arts. 1319 y 1324 del Código Civil, razón por la cual se exigen los elementos típicos de la responsabilidad extracontractual, esto es el hecho ilícito, el daño, la culpa y el nexo causal... En consecuencia, para que haya responsabilidad de la Administración, tanto por actos como por hechos, tiene que haber una `falta de servicio’, esto es que el servicio no haya funcionado, o que habiendo funcionado lo haya hecho mal o en forma irregular, es decir que haya habido un mal funcionamiento del servicio público que haya provocado un daño a un tercero.” (Correa Freitas, Ruben y Vázquez, Cristina; “Manual de Derecho de la Función Pública”, Segunda Edición, FCU, año 2011, págs 33 a 36, Sentencia de nuestra Sala No 82/2009). Asimismo, ha indicado este Tribunal: “En relación con la naturaleza de la responsabilidad del Estado, la Sala ha mantenido la posición que sostuviera en anteriores integraciones- tesitura que es, también, la de la mayoría de la jurisprudencia y doctrina- considerándola de naturaleza subjetiva por lo cual la falta del servicio, sustento de la pretensión, debe producirse como consecuencia de un hecho ilícito del funcionario de la repartición del Estado demandada (Conf ADCU, T 34 c.638, ob cit., T 35, pág 741; en el mismo sentido ob cit T 37 c 687, T 35 c.742/744), no siendo suficiente invocar la falta del servicio, el daño y el nexo causal” (Cf. Dfa-004-000388/2013; sef-0004-000080/2013; dfa-0004- 000707/2013).” (sentencias Nos. 279/2016 y 59/2021 y más recientemente, sentencias No. 32/2022 y No. 171/2024).” IV. Conforme se concluyó en el primer grado, el procedimiento llevado a cabo por los funcionarios de la DNA, no se acreditó por quien tenía la carga, el accionante, que fuera cumplido contraviniendo lo edictado en el art. 210 lit E de CAROU. Esta Sala comparte lo expresado por la decisora de primer grado: “En definitiva al entender la suscrita que no hay hecho ilícito – en relación al procedimiento llevado a cabo en el estand- se deviene innecesario probar ni el factor de atribución ni el nexo causal. O sea, conforme al sistema de responsabilidad subjetiva, la parte actora debía alegar y acreditar todos los elementos de la responsabilidad civil: hecho ilícito, daño, ilicitud, factor de atribuciónrelación de causalidad.” Los testigos allegados a la causa por el accionante no aportaron datos en tal sentido. El testigo FF (fs. 88 y vto) refirió que “El día 6 de marzo de 2022 en el evento de la Patria Gaucha, no estuve, ni participé”... “La verdad después de la fecha del 6 de marzo en el almacén siguió trabajando.”, refiriéndose al actor. El testigo GG a fs. 88 vto. y 89 declaró: “Yo no estuve presente en la Fiesta de la Patria Gaucha del año 2022 nunca concurrí...” “Me enteré por AA que se le retiró la mercadería por la Aduana...” “La mercadería se la vendo sin boleta, no tengo RUT” “AA me pidió comprobantes del origen de la mercadería y tuve que ir a un escribano hacerle una declaración de como realizaba mi trabajo y lo que le vendí porque no tengo RUT”. El Sr. HH a fs. 89 vto., expresó: “Yo no le hago facturas a AA, o certificación de origen porque no aporto a la caja. Me enteré de lo que había pasado porque el me contó cuando volvió...” “Después de lo ocurrido el me pagó enseguida y le seguí vendiendo mercadería. AA que yo sepa no tuvo ningún perjuicio más. De la mercadería que le sacaron estaba la mía”...”Cuando le devolvieron los lazos que le había hecho estaban comidos por las ratas y se los arreglé”. El Sr. KK a fs. 90 refirió: “Él me llamó un domingo en la tarde, el mismo día que le sacaron todo, y me dijo que le habían decomisado mercadería. Yo en ese momento trabajaba en negro, no tenía boletas, ahora sí tengo. Él no me pidió boletas o comprobantes de origen de la mercadería al momento de la venta y después tampoco. Los hechos lo sé porque el me comentó.” Consecuentemente, valorada la prueba rendida en la causa, cada una de ellas y en su conjunto, conforme el criterio de la sana crítica, la Sala arriba a la conclusión de que no se acreditó el hecho ilícito invocado por el accionante, lo que determina el fallo confirmatorio anunciado. VI. La conducta procesal de los litigantes ha sido correcta, por lo cual no se impondrán sanciones procesales (artículo 56 del Código General del Proceso y artículo 688 inciso 2o del Código Civil). Por todo lo expuesto y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 197, 198, 200, 256 y 257 del Código General del Proceso y demás normas concordantes y complementarias, el Tribunal, FALLA: I) Confírmase la sentencia impugnada, sin especial condenación procesal. II) Establécese en la suma de $ 30.000 los honorarios por el patrocinio letrado de cada parte gravada en la segunda instancia, a los solos efectos fiscales. III) Notifíquese personalmente a las partes y devuélvase con copia para la Sra. Jueza Actuante. Dra. Gabriela Rodríguez Marichal Dra. Cecilia Schroeder Rius Dra. Analía García Obregón Ministras Esc. Mónica Falótico Secretaria Subrogante