Sentencia Definitiva N° 240/2025

. SENTENCIA DEFINITIVA TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE 4º TURNO MINISTRA REDACTORA: DRA. MÓNICA IVANOVICH OUJO. MINISTROS FIRMANTES: DRA. SYLVIA DE CAMILLI HERMIDA, DRA. MÓNICA IVANOVICH OUJO Y DR. ADOLFO FERNÁNDEZ DE LA VEGA MÉNDEZ. VISTOS EN EL ACUERDO: Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “CARNALES, JULIO C/ DE ARMAS, DANIEL - PROCESO LABORAL ORDINARIO (LEY 18.572)” IUE 2-75524/2024, venidos en apelación del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Treinta y Tres de 3er. Turno a cargo de la Dra. Alejandra Corbo Gómez. RESULTANDO: 1) La Sala acepta el relato de antecedentes procesales que se consignan en la sentencia apelada, procediendo al dictado de la presente. 2) Por decreto Nº 113/2025 de fecha 10 de marzo de 2025 dictado en audiencia se resolvió desestimar la incorporación del medio de prueba solicitado. En ese mismo acto, la parte demandada interpuso recurso de apelación y el mismo fue admitido por decreto Nº 114/2025 con efecto diferido (fs. 90-91). 3) Por sentencia definitiva de primera instancia Nº 19/2025 de fecha 30 de junio de 2025 (fs. 151-161), se ampara parcialmente la demanda y en su mérito, se condena a la demandada, a abonar a la actora, la suma de $ 836.638 (ochocientos treinta y seis mil seiscientos treinta y ocho) por los rubros de: licencia, salario vacacional, aguinaldo, indemnización por despido, daños y perjuicios preceptivos y multa, suma actualizada y con interés legal, a la fecha de la presente sentencia. 4) El representante de la parte demandada, interpone recurso de apelación (fs. 164-169) contra la referida sentencia, agraviándose, en síntesis, por cuanto: A) No aplicó el principio de razonabilidad con respecto al vínculo mantenido entre el actor y el demandado, en virtud de que comete un error al contabilizar los años trabajados y la cantidad de días, ya que los testimonios son concluyentes. B) No amparó la excepción de defecto en el modo de proponer la demanda opuesta por esta parte, cuando se probó que el trabajador no firmó el formulario de reclamo ante el Ministerio de Trabajo, por lo que, advertida la a-quo de esta inexistencia debió ordenar que se cumpliera con la tentativa de conciliación como requisito de admisibilidad. C) En este mismo acto, se fundamenta el recurso de apelación anunciado en audiencia contra el decreto Nº 113/2025, que fue admitido con efecto diferido por el decreto Nº 114/2025, en el sentido de que desechó un testimonio de vital importancia por tacharlo como sospechoso, incumpliendo el art. 158 del C.G.P. 5) Por decreto Nº 410/2025 de fecha 26 de julio de 2025 (fs. 170), se dispuso el traslado a la parte actora del recurso de apelación por el plazo legal, resultando evacuado a fs. 177-179 vto., abogándose por la confirmación de la recurrida. 6) Por providencia Nº 494/2025 de fecha 12 de agosto de 2025, se tuvo por evacuado el traslado conferido y se dispuso admitir el recurso de apelación deducido en autos con efecto suspensivo, elevándose el presente para ante el Tribunal de Apelaciones del Trabajo que por turno corresponda (fs. 180). 7) Recibidos los autos en el Tribunal el 10 de setiembre de 2025, se señaló fecha de acuerdo y se dispuso el pase a estudio de conformidad con lo establecido en el art. 17 de la Ley 18.572 en la redacción dada por el art. 6 de la Ley 18.847 (fs. 187-188), debiéndose dejar constancia que este Colegiado estuvo desintegrado desde el 10 a 13 de setiembre de 2025, inclusive, y los días 9 y 10 de octubre de 2025, por licencia de sus miembros. CONSIDERANDO: I) La Sala por la unanimidad de sus voluntades naturales irá a confirmar la sentencia interlocutoria y la sentencia definitiva apeladas, por los fundamentos que seguidamente se expondrán. II) Por una cuestión de orden, corresponde ingresar a considerar los fundamentos introducidos por la parte demandada respecto al recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria N° 113/2025, dictada en la audiencia celebrada el 10 de marzo de 2025 (fs. 90 y 91), por la cual se dispuso desestimar la incorporación del medio de prueba solicitado, esto es el testimonio de la sentencia de un juicio del testigo Gonzalo Sierig contra el demandado, a los efectos establecidos en el art. 158 del C.G.P., para acreditar las fechas en las cuales trabajó. Al respecto, el recurrente se limita a transcribir un supuesto fragmento de la sentencia que pretende ingresar como prueba, alude al art. 158 del C.G.P. y jurisprudencia relativa al mismo, expone que la sentencia hace caudal de la declaración del testigo Aguiar que es sospechoso por tener similar reclamo contra el demandado y termina indicando que la sentencia tomó como relevante el testimonio de Gonzalo Sierig quien expresó un período de tiempo trabajado que no es ajustado a la verdad y fue vedada por el tribunal la potestad de probar la circunstancia de sospecha sobre el punto. A nuestro juicio, tales agravios no constituyen una crítica razonada. Sobre el punto, este Tribunal, ha sostenido lo siguiente: “Escrito de apelación fundado significa que el mismo contenga, sin remisiones a otros escritos, la refutación puntual de los argumentos –fácticos o jurídicos o ambos- establecidos en la recurrida, mediante una crítica razonada que ponga en evidencia los errores en que se incurrió rebatiéndolos en forma específica, con una lógica apuntada a su modificación. Pero no se trata de plantear la mera disconformidad con la sentencia, haciendo referencias genéricas sin establecer como resultarían probadas en el caso o pretender simplemente la revisión de la instancia. Tampoco se justifica únicamente mediante la reiteración de pretensiones deducidas y mantenidas a lo largo del juicio, sin que se haga una impugnación crítica que ponga en entredicho la decisión de primer grado atacando sus bases fácticas y jurídicas, refutando en forma clara, concreta y específica las conclusiones de hecho o aplicación del derecho. En tal sentido, puntualiza Alsina que por expresión de agravios se entiende el escrito en el cual el apelante examina los fundamentos de la sentencia y concreta los errores que, a su juicio, ella contiene, de los cuales derivan los agravios que reclama y agrega que no es una simple fórmula carente de sentido, sino un análisis razonado de la sentencia y una demostración de los motivos que tiene para considerar que ella es errónea (cfr. “Tratado… “, t. IV, págs. 389-391). Y la razón de ser de estas exigencias radican en que el órgano de segunda instancia, al considerar el medio impugnativo, tiene circunscrito su radio de acción a los límites señalados en la demanda- apelación, no pudiendo entrar oficiosamente en la consideración de cuestiones que no le hayan planteado concretamente (Art. 248 y 249 C.G.P.) (sent. Nº 2/2008 de 6/2/2008, Sasson, Chediak y Sosa (r), en “Revista Uruguaya de Derecho Procesal” Nos. 1-2 /2009, c. 942, pág. 504). También se ha señalado que: “con carácter general el CGP mantiene el criterio en cuanto al objeto de la apelación como demanda de revisión de la sentencia y no del proceso o instancia anterior, de donde la expresión de agravios, al tiempo que limita las facultades del Tribunal, impone al recurrente fundarlo en el sentido de contener una crítica concreta y razonada del fallo que demuestre los errores de hecho o de derecho en que pudiera haber incurrido el Juez de primer grado” (cfr. “Revista Uruguaya de Derecho Procesal” N° 4/2003, c. 116).- Y que: “Compartiendo ese criterio, el memorial de agravio debe contener referencias concretas a la sentencia, discutiendo el razonamiento efectuado por el Juez a quo, es decir criticando las conclusiones a que se arribó, en función de los extremos que de autos surjan y permitan arribar a una diferente conclusión.- No corresponde, entonces, una fundamentación genérica o una mera afirmación de que los extremos que se señalan se han configurado, sin referir a los extremos probatorios emergentes del expediente y sin rebatir los argumentos que llevaron a determinadas conclusión ...A su vez manifestar disconformidad con lo resuelto por ser equivocado o injusto, es una generalización que no resulta constituir un agravio que cumpla con los requisitos legales.- La segunda instancia no se trata de una nueva proposición de los mismos puntos de la primera instancia, sino del análisis de los agravios que la decisión produce, por lo que es ésta la base del cuestionamiento, por lo que es el razonamiento de la sentencia de primera instancia el que debe pretenderse destruir mediante la invocación de los agravios que causa, a la luz de los extremos probados.-” (Sentencia dictada en el expediente I.U.E. 341-130/2022). Sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que la decisión de la recurrida resulta ajustada a la normativa vigente. En efecto, el art. 158 del C.G.P., aplicable por analogía al proceso laboral, permite probar las circunstancias que afectan la credibilidad e imparcialidad de los testigos, por cualquier medio idóneo en la etapa de producción de la prueba, siendo apreciados por el Tribunal en la sentencia. No obstante, también establece que “La admisión por el testigo de la circunstancia imputada dispensa de toda otra prueba.” En el caso, el testigo admitió que inició un juicio laboral contra el demandado (fs. 89), por ende la prueba requerida sobre las circunstancias de sospecha resulta innecesaria. A lo que cabe agregar, que el ingreso al proceso de prueba en la etapa procesal en que fue requerida por el demandado, a los efectos de acreditar otras circunstancias de hecho, sólo puede estar fundada en alguno de los presupuestos de hecho del art. 118.3 del C.G.P., lo que no se verificó en autos. Por ende, tratándose de prueba innecesaria y teniéndose presente que el medio rechazado no podía ser utilizado para probar hechos no alegados por las partes en la oportunidad procesal correspondiente, la confirmatoria de la recurrida se impone. III) En lo que hace a los agravios por haberse desestimado la excepción de defecto en el modo de proponer la demanda, tampoco resultan de recibo. Dicha excepción sólo resulta viable cuando, por un lado, el demandado se ve privado de su legítimo derecho de defensa, y por otro, el Juez de poder fallar correctamente. La excepción refiere a un defecto de forma de la demanda por lo que en ningún caso puede cuestionarse el fondo (Véscovi, Derecho Procesal Civil, Tomo IV, año 1979, págs. 164 y 165).C La misma tiene como fundamento el de asegurar una igualdad de posiciones de las partes en el proceso y principalmente, las garantías de defensa de la demandada, la cual frente a un libelo oscuro o indescifrable perdería la noción de los verdaderos puntos litigiosos y hasta de la causa (T.A.C. 1° Turno Sentencia 149/2010). Se admite la excepción, cuando no se determine con claridad y precisión el alcance cuanti y cualitativo de la pretensión o se traba el derecho de defensa; se apunta a subsanar omisiones o defectos que obsten al ejercicio del derecho de defensa, en la medida en que la oscuridad de la demanda impide conocer la pretensión y sus fundamentos (Enrique Véscovi y colaboradores, Código General del Proceso Comentado Anotado y Concordado, Tomo 3, pág. 373). Así, la excepción de defecto en el modo de proponer la demanda sólo puede prosperar en aquellos casos en que los términos confusos, ambiguos, reticentes de la pretensión, obstaculizan en forma relevante el ejercicio del derecho de defensa en juicio. (T.A.T 2° Turno Sentencia N° 145/1998, citada en la Revista Uruguaya de Derecho Procesal Nro. 3/1999, summa 97, página 444). De acuerdo a lo expuesto, en la medida que la parte demandada pudo desarrollar sus defensas y controvertir, la excepción interpuesta resulta infundada. En particular, la exigencia de la conciliación previa, no posee relación con la excepción en cuestión, máxime cuando la sentencia dictada sin dicho requisito no resulta nula (art. 298 inc. 2° del C.G.P.). Amén de ello, es el M.T.S.S. el que regula los mecanismos y la forma de presentación de las solicitudes a audiencia de conciliación, y en el caso concreto, no es posible obviar que el abogado poseía carta poder ante consultas y audiencias, suscrito por el trabajador (fs. 83 y 84), por lo que nada obsta la actuación de fs. 85. En cuanto al monto de los rubros reclamados, estos pueden ser ajustados en la demanda, no existiendo norma legal que exija que esta deba replicar los montos que constan en la solicitud de audiencia de conciliación. Por lo tanto, corresponde confirmar la recurrida desestimándose los agravios. 1.IV. Por otra parte, el demandado sostiene que la sentencia recurrida, comete un error al contabilizar los años trabajados y la cantidad de días, ya que los testimonios de los testigos propuestos por ambas partes resultan concluyentes en tal sentido. En relación a la extensión de la relación laboral, así como los días trabajados, este Colegiado comparte la solución de la recurrida. En efecto, admitida la relación laboral recae sobre el empleador la carga de acreditar la extensión de la relación laboral y los días trabajados por el actor, mediante la agregación de la documentación que acredite la situación laboral de su dependiente, por aplicación del principio de disponibilidad de los medios probatorios, y si lo no hace, debe estarse a lo señalado en la demanda. Como estableciera el T.A.T. 1° Turno en Sentencia N° 44/2000 de 7 de abril de 2000: "Desde De Ferrari la doctrina y jurisprudencia juslaboralista son contestes en que el Juez está habilitado, atendiendo las circunstancias del caso, para gravar con el onus probandi a la parte que se halla en mejores condiciones de suministro probatorio con abstracción de la estricta calificación de los hechos como constitutivos, impeditivos o extintivos de la pretensión.- Desde otra perspectiva se postula la superación del esquema clásico que impone a las partes, con toda estrictez, soportar la carga de la demostración de los presupuestos fácticos controvertidos en que apoyan su pretensión u oposición, para dar cabida a un concepto flexible y funcional que enfatiza la satisfacción del deber de colaboración que corresponde a cada contrincante, según su posición en el conflicto.- No se debe ver en la asignación por el Juez, de incumbencias en el aporte de la información de los hechos relevantes de la causa y de los medios probatorios disponibles, un desconocimiento del principio de igualdad de las partes.- Por el contrario al hacer gravitar sobre la parte que está en mejores condiciones de aportar y probar los hechos fundamentales de la litis, el onus de la afirmación categórica y de la prueba, el Juez no solo actúa la ley, en interpretación lógico sistemática y teleológica de las normas del CGP que regulan la etapa de proposición y consagran firmemente el principio rector del proceso, sino que por añadidura, si introduce una aparente desigualdad lo hace precisamente para lograr la igualdad" (Cf. De Paula, Fiorentino y Kerouglián, “Anuario de Jurisprudencia Laboral", Año 2000, c. 1058). Si bien no es necesario que el empleador implemente un sistema de marcas de entrada y salida para probar los días y horarios de trabajo, no se puede desconocer que cobra especial relevancia sobre el punto, el hecho de que el demandado no presente siquiera los recibos de salario a los que estaba obligado a extender y haya mantenido el vínculo en absoluta informalidad. Por lo tanto, no existe documentación alguna que acredite la extensión de la relación laboral y los días de trabajo que se sustentan en la contestación (octubre de 2022 a diciembre de 2023, 7 jornales al mes aproximadamente). Al respecto, en la Sentencia N° 176/2022, la Dra. Rosina Rossi integrando este Tribunal sostuvo: “…un análisis en perspectiva del ordenamiento jurídico laboral sustantivo da cuenta de la existencia de numerosas disposiciones, que para casos puntuales regulan la distribución de las cargas probatorias, o bien a través de presunciones, o bien a través de la asignación directa. La consideración en conjunto, permite inferir ciertas pautas constantes que el legislador ha tenido en cuenta y una solución de principio. Las pautas: la priorización de la incidencia de la posición de las partes en la relación sustantiva respecto de la procesal y en consecuencia, de la pretensión y la defensa; el poder que cada una hubiera podido ejercer sobre el hecho a probar (su determinación, su ejecución, etc.). La solución de principio: la carga surgirá de considerar el señorío de la parte respecto del hecho a probar. Vale decir: estará gravada con la carga de la prueba no necesariamente la parte que pretende, sino la que en la relación sustantiva ostentó mayor poder respecto del hecho a probar. A su entender, el hallazgo de la regla distributiva en los términos y en la fuente que se viene de indicar y resultando priorizadas por la especialidad de la materia y por definición, la característica de tributar al principio protector siendo más favorable que las del derecho común, quedan desplazadas las reglas del Código General del Proceso. Por otro lado, continúa diciendo, las obligaciones que gravan a las partes de la relación de trabajo, se proyectan en el proceso en dos sentidos: uno, determinan la carga de la prueba en sentido objetivo y otro, determinan el medio probatorio conducente. En cuanto al primero, si el empleador tuvo obligaciones encaminadas a la formalidad de la relación de trabajo, que por otra parte garantizan derechos humanos laborales a la persona que trabaja, como el derecho a la seguridad social por ejemplo, y que esas obligaciones se debieron ejecutar en el marco de su posición de poder a la hora del proceso, puede demostrar que las cumplió y cómo las cumplió. Las obligaciones de la relación sustantiva determinan la carga de la prueba en sentido objetivo, no se trata de la parte que “debía” probar en el proceso sino que por cuanto la prueba es una facultad de las dos partes en el proceso, pero una de ellas es quien debe soportar los efectos adversos de la omisión o insuficiencia. En el caso, el demandado, antes empleador, gravado por un conjunto de obligaciones impuestas en la relación sustantiva, es quien tiene que soportar los efectos adversos de la insuficiencia de prueba del tiempo de trabajo de la trabajadora. En cuanto al segundo: si las obligaciones de la relación sustantiva, consistían en registrar a la trabajadora en la seguridad social, en la planilla de trabajo y expedirle recibos, todo ello conllevaba la confección de documentos, entonces, la prueba conducente es la documental y no corresponde que se la sustituya con la testimonial. El empleador tuvo todo el poder necesario en la relación de trabajo para confeccionar estos documentos, que ni más ni menos ilustraban la tutela de los derechos de la trabajadora, si no los confeccionó asumió el riesgo de no poder demostrar los hechos en la relación de trabajo a través de medios idóneos. Para el empleador que gozó de todo el poder de gestión y dirección del trabajo, de regla, no le es admisible la sustitución de un medio apropiado por otro.” En el caso, más allá de que la prueba testimonial no puede suplir a la prueba documental, tampoco resulta convincente respecto a los hechos a probar, máxime cuando los testimonios no son contestes. Observándose que, conforme a sus propias declaraciones, los testigos Bernaschina, Carballo y Escobar, no trabajaban todos los días para el demandado y lo hicieron en períodos acotados. A lo que cabe agregar que, en el período acogido por la recurrida, no surge que el actor haya realizado otra actividad, tal como se desprende de la Historia Laboral Nominada agregada a fs. 119 a 128. Como corolario de todo lo expuesto, considerando los medios probatorios relevados, individualmente y en su conjunto, en aplicación de los principios que rigen en la materia laboral, se entiende, que la valoración probatoria realizada al respecto a fs. 156-157, no merece observación alguna, ni carece de razonabilidad como plantea el agraviado, sino que respalda totalmente sus conclusiones en el resultado de la aplicación al cúmulo probatorio, de las reglas sobre la carga y valoración de la prueba, en el ámbito de una relación laboral informal, en aplicación de los principios consagrados en el art. 1 de la ley 18.572, especialmente el de disponibilidad de los medios probatorios. Siguiendo esta línea argumental, la conclusión arribada en la recurrida es el producto de un razonamiento lógico basando en la sana crítica y elementales reglas de experiencia, que los argumentos expuestos en los agravios, no logran desvirtuar. Por ende, corresponde confirmar la recurrida en lo que hace a las conclusiones expuestas respecto a las cargas probatorias, y estar a la extensión de la relación laboral y días de trabajo establecidas por el accionante en la demanda, lo que no violenta el principio de razonabilidad. V) No se establecerá especial imposición de costas y costos en el grado. Por tales fundamentos, disposiciones legales citadas, arts. 17 y 18 de la Ley N° 18.572 del 13.9.2009, arts. 6 y 7 de la Ley N° 18.847 del 15.11.2011 y concordantes, el Tribunal, FALLA: CONFÍRMANSE LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA Y LA SENTENCIA DEFINITIVA APELADAS. SIN ESPECIAL IMPOSICIÓN DE COSTOS Y COSTAS EN EL GRADO. HONORARIOS FICTOS: CINCO BASES DE PRESTACIONES Y CONTRIBUCIONES. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE Y DEVUÉLVASE. DRA. SYLVIA DE CAMILLI HERMIDA MINISTRA PRESIDENTE DRA. MÓNICA IVANOVICH OUJO MINISTRA DR. ADOLFO FERNÁNDEZ DE LA VEGA MÉNDEZ MINISTRO ESC. VERÓNICA LAMELA SANTURIO SECRETARIA LETRADA