Sentencia Interlocutoria N° 554/2025

Sentencia Nº 554 Montevideo, 15 de octubre de 2025. Ministro Redactor: Dr. Daniel Tapie Santarelli. VISTOS: Para sentencia interlocutoria de segunda instancia estos autos caratulados: “ AA UN DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 34 DEL DECRETO LEY 14.294, EN LA MODALIDAD DE SUMINISTRO DE SUSTANCIA ESTUPEFACIENTE ESPECIALMENTE AGRAVADO POR COMETERSE EN EL INTERIOR DE UN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO Y EN GRADO DE TENTATIVA.” TEST. IUE 2- 129332/2024. FICHA: IUE 571-88/2025, llegados a conocimiento del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º Turno, en razón del recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía Penal de Estupefacientes de 3er Turno, a cargo de la Dra. Iliana Soledad Sena Cambón, contra la sentencia interlocutoria N°2546/2025, de fecha 5 de junio de 2025, dictada por la Sra. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de Ejecución y Vigilancia de 4° Turno, Dra. Nivia Rosario Díaz Gutiérrez y con la intervención de la Defensa de particular confianza de la condenada, Dra. Déborah Ubal. RESULTANDO: 1)Por sentencia definitiva de primera instancia N° 174/2024, de fecha 28 de diciembre de 2024, bajo la estructura de proceso abreviado, AA, fue condenada como autora penalmente responsable de un delito previsto en el artículo 34 del Decreto-Ley N° 14.294 en la modalidad de suministro de sustancia estupefaciente especialmente agravado por cometerse en el interior de un establecimiento carcelario, y en grado de tentativa, a la pena de Dieciocho (18) meses de prisión de cumplimiento efectivo, con descuento de la detención sufrida y siendo de su cargo las prestaciones legales de rigor ( art 105 lit. E del Código Penal). 2) Por sentencia interlocutoria de primera instancia N° 2546/2025 de fecha 5 de junio de 2025, se dictó por la Sede de Ejecución , la hostilizada la que dispuso por los fundamentos expuestos en la misma, … cabe concluir que en el presente caso la redención de pena resulta admisible, de conformidad con el régimen general establecido por el art. 13 de la Ley N° 27.897 en la redacción dada por el artículo 86 de la Ley N° 19.889, es decir, por cada dos días de actividad laboral y/o educativa, un día de descuento de pena y resolvió: “Procédase a re liquidar la condena en la forma expresada, tomándose en consideración toda la actividad laboral y/o educativa remitida en estos autos”. ( fs 43 y vto). 3) La Fiscalía interpuso recurso de apelación contra la interlocutoria N° 2546/2025, expresando en síntesis lo siguiente: “La argumentación vertida y la interpretación normativa efectuada agravia a la Fiscalía. En este sentido se comparte lo señalado por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Tercer Turno:" Lo que el propio legislador expresamente excluyó de la aplicación de tal beneficio fue aquellos casos en que se cometió un delito de Rapiña no señalando distinción alguna en cuanto proceso ejecutivo de ese delito-iter criminis. Por ende, el hecho de haber sido condenado AA por la comisión de un delito de Rapiña aunque lo sea en grado de tentativa, lo excluye de la posibilidad de acceder a tal beneficio" (Sentencia 591/2022). Así las cosas, la Fiscalía se afilia a los argumentos del Tribunal referenciado y entiende que no procede otorgar la posibilidad de redimir pena en el caso de marras. Asimismo, la sentencia atacada consagra no solo la posibilidad de redimir pena, sino que le otorga día de un régimen aún más beneficioso: un día de redención por cada dos días de trabajo o estudio. En definitiva, aún para el caso de entenderse por parte del Tribunal de Alzada que corresponde redimir pena en el caso concreto igualmente correspondería el régimen de redención a razón de un día por cada tres de trabajo o estudio. Ello teniendo presente la actual redacción del multicitado artículo 13 de la ley 17897 en la redacción dada por la ley 19889 y lo establecido en el Decreto Reglamentario 407/2021. Solicita se confiera traslado a la contraria por el término legal. Fecho, se eleven las actuaciones al Tribunal Penal de Apelaciones que por turno corresponda. En definitiva, se revoque la recurrida, denegándose la posibilidad de redimir pena por no ajustarse la decisión a la normativa vigente. De mantenerse vigente la resolución que habilita a redimir pena, se aplique el régimen vigente a razón de un día de descuento por cada tres días de trabajo o estudio. 4) Por Decreto N° 2727/2025 de fecha 13 de junio de 2025, la Sra. Juez, confirió traslado de la vía recursiva, la cual no fue contestada. 5) Por Decreto N° 2992/2025 de fecha 30 de junio de 2025 , la Juez a quo dispuso: “Habiéndose interpuesto recurso de apelación contra la Providencia N° 2546/2025, franquease el mismo para ante el Tribunal de Apelaciones en lo Penal que por turno corresponda, sin efecto suspensivo, elevándose con las formalidades de estilo, a cuyos efectos se deberá formar pieza con testimonio de las presentes actuaciones ( art. 362.2 del CPP). Notifiquese.” 6) Recibidos los autos en este Tribunal y previo estudio de sus integrantes se acordó el siguiente fallo. CONSIDERANDO: I) El Tribunal adelanta que por la mayoría legal requerida, aunque por diferentes argumentos, revocará la sentencia recurrida, tal como se expondrán a continuación: II) En efecto, los Dres. Daniel Tapié y Ricardo Míguez, han venido considerando que en situaciones similares a la de autos, al haberse tramitado las presentes actuaciones por "Proceso Abreviado" y al haber recaído la sentencia en trámite de dicha estructura procesal, no corresponde aplicar el beneficio de la redención de la pena. Para los referidos Ministros el artículo 273.5 del CPP, es muy claro en su texto en cuanto expresa Sic.: "En estos procesos el imputado deberá cumplir de manera efectiva y en todos sus términos con el acuerdo alcanzado en Fiscalía.". Como hemos venido sosteniendo en diversas sentencias la redención de la pena no corresponde cuando se ha arribado a la sentencia por intermedio del procedimiento del "Proceso Abreviado". III) Citaremos en el punto parte de una de las sentencias dictadas por una cuestión de economía argumentativa, en tanto la misma se aplica “in totum” a la presente situación: “El artículo 14 del C.P.P., en su inciso segundo establece: “...En caso de duda, se deberá recurrir a las normas generales, fundamentalmente las que emanan de la Constitución de la República, de los principios generales de derecho y de los específicos del proceso penal, debiéndose reservar y hacer efectivas las garantías del debido proceso...”. El artículo 18 de la Constitución ordena: “...Las leyes fijarán el orden y las formalidades de los juicios...”. El artículo 8 del C. Civil reza: “...La renuncia general de las leyes no surtirá efecto. Tampoco surtirá efecto la renuncia especial de leyes prohibitivas: lo hecho contra éstas será nulo, si en las mismas no se dispone lo contrario...”. Por su lado el art. 18 del C. Civil expresa: “...Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal.”. Aparece mencionado también el artículo 1304 del Código. Civil que se adentra indirectamente en la cuestión, puesto que si bien refiere a la interpretación de los contratos estima que debe convocarse para discernir el tema. El Código General del Proceso en su artículo 16 reza:”… Los sujetos procesales no pueden acordar por anticipado dejar sin efecto las normas procesales salvo en el proceso arbitral…” En este contexto, es donde sitúa la Defensa su fundamentación para controvertir la interpretación del art. 273.5 del CPP. Ahora bien, para llegar a ella es imprescindible pasar previamente por lo dispuesto por el art. 272 del CPP que establece: “...Se aplicará el proceso abreviado para el juzgamiento de hechos cuya tipificación por el Ministerio Público de lugar a la aplicación de una pena mínima no superior a seis años de penitenciaría o de una pena de otra naturaleza cualquiera fuere su entidad. Será necesario que el imputado, en conocimiento de los hechos que se le atribuyen y de los antecedentes de la investigación, los acepte expresamente y manifieste su conformidad con la aplicación de este proceso...”. Entonces la ley creó lo que denominó como proceso abreviado por lo que antes que nada se debe establecer su naturaleza jurídica y, en ese entendido, la Sala concluye que no se trata de un juicio, pero tampoco de una transacción homologada judicialmente, sino de un acuerdo de voluntades que requiere para su validez la intervención judicial, sin la cual no será posible concretarlo ni tendrá efecto alguno entre las partes porque de ella depende el dictado posterior de una sentencia de condena que es en definitiva el objeto del acuerdo. Por tal situación, este denominado proceso abreviado está sujeto a determinadas condiciones, que deberá controlar el juez de la causa para habilitar el dictado de la sentencia mencionada ratificando el convenio. De lo expuesto se concluye que presenta como característica un acuerdo de voluntades en su base y un fallo jurisdiccional como resultado final, por lo cual se puede compartir que le sean aplicables muchos principios generales del derecho civil referidos a las obligaciones y los contratos, pero esencialmente debe estarse a las normas propias de los procesos judiciales en tanto y cuanto así lo ordena la ley. En ese estado de situación, el acuerdo necesariamente debe pasar por el control judicial y cumplir dos requisitos o condiciones para ser validado. La primera y fundamental es el control de legalidad del convenio, ya que no es un acuerdo privado y extrajudicial que se somete simplemente a homologación, sino por el contrario, los interesados deben presentar su concertación extrajudicial ante la justicia competente, quien será la encargada de examinar la legalidad de la misma, es decir el cumplimiento de los requisitos previstos en la norma como paso previo a su autorización. Por tanto, no se trata de un simple acuerdo de voluntades, sino que la ley pone a cargo del juez, esencialmente, verificar que se ajuste a la ley. Recién luego de admitido el acuerdo por el juez se producirá el paso siguiente, que no es otro que el dictado de una sentencia definitiva de condena, la que sin embargo no puede ingresar al examen del objeto del proceso abreviado, sino a la descripción de los puntos que acordaron las partes sobre el mismo. Así, la ley pone a cargo del juez de la causa que en: “...la audiencia, verificará el cumplimiento de los requisitos del artículo 272 de este Código...”. La segunda condición, tan importante como la primera, es controlar que el consentimiento prestado por el justiciable sea libre y debidamente asesorado sobre sus derechos, pero también sobre sus obligaciones en función de las características del procedimiento. Ordena el art. 273.3 del CPP controlar los requisitos para su admisión: “...así como que el imputado hubiere prestado su conformidad con conocimiento de sus derechos, libre y voluntariamente. Si entendiera que el acuerdo no cumple con los requisitos legales, declarará su inadmisibilidad...”. Este control sobre el consentimiento de uno de los acordantes lo aleja del convenio extrajudicial y de las reglas de las obligaciones contraídas entre particulares. Por esa razón una vez que el juez constató y validó el consentimiento otorgado tal situación incluye la norma del art. 273.5 que reza: “...En estos procesos, el imputado deberá cumplir de manera efectiva y en todos sus términos con el acuerdo alcanzado con la Fiscalía...”. Se trata evidentemente de una solución ecléctica para la justicia criminal, donde se combina la autonomía de la voluntad de los pactantes con las regulaciones legales sobre el objeto de su convenio, a lo que se adiciona las condiciones específicas en las cuales deberá prestar su consentimiento el ciudadano involucrado, siendo la razón de ello que se trata de la parte débil del acuerdo, todo lo cual integra la intervención de la justicia competente para admitir el dictado de una sentencia de condena en base al mismo. Siendo esto así no se trata como se argumenta por la Defensa que dicho consentimiento implique una renuncia anticipada a derechos otorgados por la ley en base a lo que establece el artículo 8 del Código Civil y, ello, por la sencilla razón de que no es un acuerdo entre particulares que eventualmente pudiera contravenir normas de orden público sino un acuerdo donde la intervención judicial hizo posible su materialización. Distinta es la situación previa del acuerdo donde rige obviamente la autonomía de la voluntad, pero luego ello se modifica parcialmente por la regulación legal en cuanto a su viabilidad en el marco de disposiciones de orden público y, por tanto, a ello se debe estar. Entonces el imputado no renuncia a ningún derecho eventual y futuro, sino que acuerda la calificación y las circunstancias alteratorias de la pena con la Fiscalía General para llegar a un convenio sobre la condena, que obviamente será rebajada en todo cuanto la ley permita y las partes trancen, lo cual lleva ínsito que se tomó en consideración, o se debió tomar, todos esos aspectos para dar los intervinientes su consentimiento dentro del marco de la autonomía de la voluntad, que regula los contratos o convenios particulares. (…)Este consentimiento extrajudicial, al ser imprescindiblemente ratificado judicialmente no hace más que confirmar que fue brindado con todas las garantías que le confiere la ley al justiciable, entre ellas el debido asesoramiento por parte de su letrado patrocinante, que como se indicó, asegura también que comprendió la situación en que se encontraba lo que habilitó ratificar el convenio y con ello su propia sentencia de condena sin ventilar un juicio. Pero lo fundamental es que fue el legislador quien estableció el procedimiento previsto por los artículos 272 y siguientes del CPP (Proceso Abreviado) por razones de interés general al entender conveniente una vía alternativa al juicio criminal propiamente dicho previsto en los artículos 256 y siguientes del CPP (Proceso ordinario en materia de crímenes y delitos), en pleno ejercicio de sus facultades conferidas por el artículo 18 de la Constitución de la República. Este tipo de previsiones legislativas no son novedosas y se han debatido ampliamente en materia civil, por ejemplo con renuncia anticipada los trámites, términos y beneficios del juicio ejecutivo establecida por el Lit. L del art. 1 de la Ley No. 9.678, donde la Suprema Corte de Justicia se ha expedido reiteradamente sobre su constitucionalidad y viabilidad, a saber: Si el legislador en ejercicio de la facultad que le confiere el art. 18 de la Constitución, para estatuir el orden y las ritualidades del proceso, habilita a las partes para pactar la renuncia a los trámites del juicio ejecutivo, y restringe las formalidades del citado proceso, en función de motivaciones de interés colectivo que considera prioritarias en esos casos la seguridad crediticia-mal puede imputársele Infracción al texto jerárquico superior. La Suprema Corte de Justicia ha sostenido reiteradamente que ni el menor número de etapas o formalidades ni la supresión de recursos o instancias, dan mérito a la pretensión de inconstitucionalidad. En cuanto a la garantía del debido proceso que se invoca, ésta impone como requisito esencial la oportunidad de audiencia y defensa de aquél contra quien se formula una pretensión en el orden jurisdiccional. Y basta para la estricta observancia de tal garantía, el otorgamiento de dicha oportunidad de audiencia, sin que la misma deba asumir una forma o ritualidad determinada, siendo suficiente la posibilidad efectiva de hacer valer sus defensas... (Cf. Sents. 54/90, 57/92,80/93, 234/95, 472/95, 596/95, 40/97, 141/99, 153/99, 97/01 y 204/01 entre otras)". Colofón: No existe renuncia anticipada a ningún derecho sustantivo ni a normas de procedimiento, sino el cumplimiento de las previsiones legales relativas al proceso abreviado que libremente el justiciable decidió seguir. En otro orden de cosas tampoco es de recibo el argumento sobre la interpretación de la ley y de los contratos vinculado a los arts. 18 y 1304 del Código Civil, porque la realidad es que no existe clausula ambigua alguna en las normas que regulan el instituto del proceso abreviado Incluida la que se discute ya que la misma es prístina y establece: "...En estos procesos, el imputado deberá cumplir de manera efectiva y en todos sus términos con el acuerdo alcanzado con la Fiscalía..." Por ello, no hay palabras ambiguas o expresiones confusas simplemente el condenado debe cumplir íntegramente la pena que se le impone porque así lo acordó con la Fiscalía General. Es el propio artículo 18 del Código Civil que señala que: “...Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal...”. Pues bien, no hay hesitación alguna en el sentido natural de las palabras: “...deberá cumplir de manera efectiva y en todos sus términos...”, por lo cual no se observa necesidad de interpretación, mucho menos se puede pensar en que las expresiones sean especiales como para que la ley quisiera darles un sentido particular. Cumplir de manera efectiva, no es otra cosa que eso, agotar la condena en la forma prevista en el acuerdo, situación que fue luego individualizada en la sentencia. Es más, resulta sobreabundante el giro, “...en todos sus términos...” porque en realidad es más de lo mismo y, seguramente, el legislador quiso aventar todo duda al respecto en cuanto a que la sentencia de condena proveniente de un proceso abreviado se debe cumplir íntegramente en la forma convenida entre las partes. Si el imputado, con todas las garantías que le brinda el asesoramiento de su Defensa, prestó su consentimiento, situación que el Juez de la causa verificó en cuanto a que fue libre y sin vicios al extremo de admitirlo y, de esa forma lo condenó, no puede luego pretender acortar su pena privativa de libertad utilizando otros institutos (redención de pena y/o libertad anticipada), pues entonces está violentando la buena fe con que se realizó el acuerdo con la contraparte, ya que no hace otra cosa que utilizar una estratagema para beneficiarse de lo positivo del convenio con la Fiscalía y desconocer lo negativo del mismo, que era cumplir la sentencia con la pena privativa de libertad acordada “de manera efectiva y en todos sus términos”. El art. 1291 del Código Civil establece con carácter general que: “...Los contratos legalmente celebrados forman una regla a la cual deben someterse las partes como a la ley misma. Todos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan, no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la equidad, al uso o a la ley...”. Además y contrariamente a lo que se señala como aplicable al caso en relación al art. 1304 del C. Civil, lo que impera en este asunto sería lo previsto por el art. 1297 de dicho cuerpo normativo: “...El principio del significado normal típico, se apoya en el texto del art. 1297 del Código Civil, que ordena que las palabras sean entendidas de conformidad al sentido que les asigna el uso general, aunque un contratante las entendiera de otro modo, apunta a la protección de la legítima confianza del destinatario de la declaración. Su aplicación puede determinar que el consentimiento se forme, aunque las voluntades reales no concuerden. Visto desde el punto de vista del autor de la declaración, se traduce en la carga de hablar claro y en la aplicación del principio de la autorresponsabilidad...”. La ley no prohíbe que se acuerden penas mixtas, esto es que parte de la condena sea con privación de libertad y parte en libertad vigilada, pero lo que no resulta racional ni lógico es que sobre las penas privativas de libertad se pueda después aplicar otros institutos liberatorios porque ello es desvirtuar lo convenido y, en consecuencia, la razón de ser del proceso abreviado. Tácitamente lo que hizo la ley fue derogar estos institutos para el proceso abreviado por sus propias características, por lo cual los convenios deben partir de esa base al momento de la negociación de la cantidad de pena, porque como se dijo, siendo un procedimiento legalmente instaurado como alternativa al juicio ordinario, el justiciable es libre de seguir esa vía no descartarla, pero si la toma queda dentro de sus lineamientos y fuera de todo cuanto es propio al proceso ordinario. A mayor abundamiento el planteo implica un claro fraude a la ley, pues por medio de este mecanismo se elude una norma de orden de público, que lo es el art. 273.5 del CPP, en su nueva redacción que entró en vigencia el día 17 de agosto de 2018. Si las partes coinciden en que el texto vigente y aplicable al caso es el que se dijo: “...En estos procesos, el imputado deberá cumplir de manera efectiva y en todos sus términos con el acuerdo alcanzado con la Fiscalía…”, es muy claro que no se puede llegar, en forma indirecta a un resultado prohibido por el legislador, solución que se infiere del enfático tenor literal de la norma (Cfe. BLENGIO, Juan E. El negocio en fraude a la ley, en ADCU, t. XV, págs. 43 y ss.) y art. 12 C. Civil vigente desde julio de 2015, que reitera lo dispuesto en nuestro art. 8 del C.C. y agrega la cuestión del fraude a la ley: “Art. 12.- Orden público. Fraude a le ley. Las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia está interesado el orden público. El acto respecto del cual se invoque el amparo de un texto legal, que persiga un resultado sustancialmente análogo al prohibido por una norma imperativa se considera otorgado en fraude a la ley. En ese caso, el acto debe someterse a la norma imperativa que se trata de eludir.” En fin, de ninguna manera puede ser de recibo la argumentación basada en los artículos del Código Civil que se citan por la Defensa, que, además, no se ajustan en nada a la situación de autos. Finalmente es de señalar que esta posición también es la adoptada por la Fiscalía General, así es bueno recordar para el caso lo que establece al respecto la Instrucción General Nro. 10 de la Fiscalía General, en su artículo XI.II) Proceso abreviado. Art. 272. Literal c): Forma de cumplimiento de la pena: El imputado deberá cumplir de manera efectiva y en todos sus términos con el acuerdo alcanzado con la Fiscalía. En caso de ser en su totalidad pena privativa de la libertad, la prisión será de cumplimiento efectivo, no aplicando el beneficio de la libertad anticipada, ni el beneficio de reducción de pena por trabajo y/o estudio.” (Destacado del redactor). Por los fundamentos expuestos, normas citadas y artículos 358, 359 y 362 del CPP y 254 y ss. del C.G.P., el Tribunal; RESUELVE: Revocase la sentencia interlocutoria impugnada N° 2546/2025 de fecha 5 de junio de 2025, no haciéndose lugar a la redención de la pena por no corresponder. Notifiquese y oportunamente devuélvase al Juzgado de procedencia que deberá proceder a las comunicaciones correspondientes. Dr. Daniel Tapie Santarelli Ministro Dr. Ricardo H. Míguez Isbarbo Ministro. Dra. Carla M. Cajiga Secretaria Letrada. DISCORDE: LA SRA. MINISTRA DRA. BEATRIZ LARRIEU DE LAS CARRERAS, POR LOS SIGUIENTES FUNDAMENTOS. 1) Comparto el criterio adoptado por la jueza de ejecución en la decisión atacada. 2) En primer lugar, sobre la procedencia del instituto de redención de pena en proceso abreviado, entiendo que el acuerdo realizado entre la Fiscalía y el imputado asistido de su Defensa que da base a la sentencia de condena dictada en proceso abreviado no hace inaplicables institutos propios de la etapa de ejecución de sentencia, como lo son la redención de la pena y la libertad anticipada (arts. 291 y 298 del CPP, respectivamente). La redacción del art. 273.5 CPP no es clara y sobre ella comparto lo afirmado por el TAP 4º turno en cuanto a que “la expresión de manera efectiva y en todos sus términos consagrada en la norma mencionada, refiere exclusivamente a privación de libertad ambulatoria, nada dice respecto al régimen legal de ejecución de la pena” (sentencia n° 111/2022). En consecuencia, no debe hacerse una interpretación restrictiva de un derecho que asiste al penado en etapa de ejecución de sentencia como es la redención de pena y que solo ha sido declarado inaplicable para determinados delitos por el art. 86 de la Ley 19.889. Cabe citar al respecto la opinión doctrinaria de Ignacio Soba: “…La exclusión del beneficio debería surgir de modo expreso y claro de la regulación de ese beneficio o de la regulación del abreviado. Por ejemplo, indicándose que el cumplimiento efectivo de la sentencia, también debe ser un cumplimiento total o integral y que no da lugar a la aplicación de la libertad anticipada u otro tipo de beneficio. Ello tampoco se excluye expresamente a partir de la redacción dada al art. 273.5 por parte del art. 27 de la Ley No 19.889. En caso de duda entiendo que se debe postular la conservación o vigencia del beneficio” (Soba, Proceso penal uruguayo…La Ley, 2020, p. 121; cf. Long Álvarez, El funcionamiento del abreviado en la etapa de ejecución: libertad anticipada y redención de pena, en XIX Jornadas Nacionales de Derecho Procesal, FCU, ps. 313/319) 2) En segundo lugar y en relación al objeto de la apelación, el art. 86 de la Ley 19889 dio nueva redacción al art. 13 de la ley 17.897 (ley de humanización). En el inciso final de la nueva redacción se dispone: “Quedan excluidos del presente régimen de redención de pena por trabajo o estudio, los condenados por los delitos previstos en los artículos 31, 32 y 36 del Decreto-Ley N° 14.294…”. Debe tenerse presente que la redención de pena es un derecho establecido el art. 13 de la Ley 17.897, al que puede acceder el condenado a pena privativa de libertad, y por el cual se le conmutarán días de reclusión por días de trabajo o estudio, de acuerdo a la normativa. Se trata de una consagración del principio contenido en el art. 26 de la Constitución, según el cual las cárceles tendrán la finalidad de asegurar a los procesados y penados, así como de procurar su “reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito”. En consecuencia cualquier norma que restrinja tal derecho debe estar establecida a texto expreso, en tanto el art. 14.2 CPP dispone: “Están vedadas la solución analógica y la interpretación extensiva perjudiciales al interés del imputado”. En el caso, la norma restringe el derecho a redimir pena a los condenados por la comisión de los delitos que señala. Es cierto que no distingue en relación al iter criminis, pero entiendo que debe aplicarse en caso de delitos consumados, ya que cuando el legislador quiso imponer alguna restricción de beneficios en caso de delitos tentados así lo hizo. En ese sentido, la misma Ley 19.889 que incorporó el art. 295 bis al CPP (libertad a prueba) excluyó determinados delitos refiriendo expresamente que podían ser consumados o tentados y cualquiera fuera el grado de participación del imputado. 3) Sobre el tema comparto la posición del TAP 4º en sentencia n° 588/2023 (Cfme. sentencia 222/2024): “V) Al respecto debe tenerse presente lo preceptuado en el artículo 14 del CPP con el nombre de “Interpretación e integración”, el que se ubica en el Capítulo II “Régimen de la norma procesal penal”, del Título I “De los principios básicos y del régimen de la norma procesal penal”, del Libro I “Disposiciones generales”. Su aplicación determina que deba acudirse para resolver la cuestión planteada al ordenamiento procesal vigente, pues el instituto de la redención de pena forma parte del mismo. “En tal sentido las normas referenciadas consagran excepciones a un principio general como lo es la posibilidad de obtener la redención de pena por trabajo y/o estudio. Como tales, son de interpretación estricta, conforme a los principios que informan el Derecho Penal patrio. No es posible extender restricciones a situaciones que no han sido previstas expresamente y los artículos en cuestión aluden a la comisión de ciertos delitos. “Debe tenerse en cuenta que cuando en la Ley 19831, promulgada el 18 de setiembre de 2019 y publicada el 26 de setiembre de 2019 se consagró la libertad vigilada, se excluyeron del beneficio una serie de delitos enumerados taxativamente y aquí sí se dijo que eran consumados o tentados y cualquiera fuera el grado de participación de los responsables. Lo mismo ocurre cuando la Ley 19889 consagró la libertad a prueba. Se excluyeron determinados delitos enumerados taxativamente y se dijo que podían ser consumados o tentados y también cualquiera fuera el grado de participación de los responsables. Cuando el legislador quiso excluir de determinados Institutos liberatorios a los autores de delitos tentados, lo dijo expresamente. “Ahora bien, en sede de redención de penas la propia Ley Nº 19889, tanto al excluir del beneficio a determinados delitos, como al exigir mayor cantidad de días de trabajo y/o estudio para computarlo como un día de cumplimiento de la pena, hizo referencia al conato, lo que implica que cuando el delito no se consumó no rige la excepción consagrada. “En otras palabras, la misma norma legal cuando refiere a la libertad a prueba excluye a ciertos delitos consumados o tentados y también consigna que refiere a cualquiera fuera el grado de participación del imputado. En cambio, en lo atinente a la redención de pena solo habla de la comisión de ciertos delitos. “Dado que debe ser tomada como una norma armónica sistemática, si para un instituto dijo que también estaban excluidos ciertos delitos tentados y para otro no lo consagró, corresponde concluir que la exclusión o la intensificación de las condiciones de la redención de pena solo es aplicable a los ilícitos consumados. Otra conclusión conllevaría necesariamente a sostener la falta de sistematización de la norma legal en cuestión. “VI) En suma, el instituto de la redención de pena por trabajo y estudio es aplicable a un caso como el de autos debido a que por mandato legal (art. 86 de la ley 19889 y su decreto reglamentario) el mismo no está excluido para penados por delitos tentados”. 4) En el mismo sentido se pronuncia el TAP 1º en sentencia 116/2024: “… los delitos tentados no son alcanzados por la restricción al régimen de redención, ... Es cierto que en su art. 86, la Ley 19.889 (LUC) lo excluyó para determinados delitos, dando nueva redacción al art. 13 de la 17.897, al decir: Quedan excluidos del presente régimen de redención…los condenados por los delitos previstos en los artículos 31, 32 y 36 del Decreto-Ley No 14.294…, entre otros. “(…) En efecto, mutatis mutandi, son plenamente trasladables a la restricción a la redención, las siguientes consideraciones sobre la restricción de los mismos delitos, de la libertad anticipada: “Conforme el art. 14.2 del CPP, en caso de duda en la interpretación de una norma procesal: “...se deberá recurrir a las normas generales, fundamentalmente las que emanan de la Constitución de la República, de los principios generales del derecho y de los específicos del proceso penal, debiéndose preservar y hacer efectivas las garantías del debido proceso.” “Pues bien, de la Constitución de la República se extrae el derecho a la libertad (art. 7), la que solo puede ser privada por leyes de interés general y en las hipótesis previstas en el art. 15 de la Constitución. Asimismo, debe tenerse presente los principios generales del derecho (libertad, legalidad, igualdad, entre otros) y específicos del derecho penal y proceso penal como lo son: aplicación de la norma más favorable al imputado o penado, irretroactividad de la ley penal, in dubbio pro reo, entre otros…siendo la libertad un derecho fundamental, consagrado y protegido en la Constitución nacional, toda norma que prive o limite ese derecho debe interpretarse en forma estricta y de acuerdo con los principios generales del derecho y específicos de la materia penal…cuando el legislador en los arts. 301 bis y 301 ter del CPP establece que es inaplicable el beneficio de la libertad anticipada por la comisión de ciertos delitos que enuncia taxativamente y no incluye el grado tentado…no corresponde…una interpretación extensiva o amplificadora y abarcar el grado de conato…resultan de clara aplicación en este caso las máximas jurídicas “cuando la ley no distingue, no debemos distinguir” (Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus’), y “cuando la ley quiere lo dice, cuando no quiere calla” (‘Ubi lex voluit, dixit; ubi noluit, tacuit’), en tanto corresponde considerar que si el legislador en los arts. 301 bis y 301 ter (como en el art. 86 de la Ley 19.889) “calla” y “no distingue” entre los diferentes grados o fases punibles del “iter criminis” (tentativa y consumación) es porque no quiso incluir el delito tentado. En efecto, cuando el legislador quiere que un beneficio sea inaplicable para delitos tentados y consumados lo dice expresamente. Así, el art. 31 de la ley 19.889 que consagra la “libertad a prueba” (en sustitución de la libertad vigilada), establece que es inaplicable…“cuando se trate de alguno de los delitos que se enuncian a continuación ya sea tentado o consumado y cualquiera sea la forma de participación del penado…” “Concluyendo…tratándose los arts. 301 bis y 301 ter (igual que el art. 86 de la misma ley en la parte transcripta) de normas que tornan inaplicable el instituto de la libertad anticipada (en el caso, de la redención de pena), deben interpretarse en forma estricta…”.- 5) La claridad de los fundamentos antes expuestos hace innecesario otro comentario, remitiéndome a los mismos en todos sus términos. La norma restrictiva no puede interpretarse y aplicarse analógicamente en contra del interés del penado. Por lo que VOTO POR CONFIRMAR LA RECURRIDA N° 2546/2025.-