Sentencia Definitiva N° 277/2025

Sentencia No. 277/2025 Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Segundo Turno Ministro redactor: Rosario Sapelli Ministros Firmantes: Pablo Benítez, Patricia Hernández y Rosario Sapelli Montevideo, 15 de octubre de 2025.- V I S T O S: Para Sentencia definitiva en segunda instancia en estos autos caratulados: “AA C/ SURA SEGUROS. Acción indemnizatoria (Ley 18412)” IUE: 2-76259/2024, venidos a conocimiento de este Tribunal en mérito a los recursos de apelación interpuesto por la parte demandada contra la resolución No. 149/25 de 10 de febrero de 2025 y la sentencia definitiva No. 14/25 de 11 de marzo de 2024, dictadas por la Señora Jueza Letrada de Primera Instancia en lo Civil de 11º Turno, Dra. Lola Gómez R E S U L T A N D O: I.- La interlocutoria apelada (fs. 69-70) dispone que la parte actora agregue los documentos que obran en su poder y que fueron oportunamente entregados a la demandada en ocasión del reclamo administrativo formulado por aquélla. La definitiva (fs. 71-73), a cuya exacta relación de antecedentes procesales útiles se hace remisión, ampara en parte la demanda y condena a la reclamada a abonar al accionante la indemnización establecida por la Ley No. 18.412 difiriendo su cuantificación a la vía incidental del art. 378 CGP. II.- Contra las mismas se alza la parte perdidosa y expresa agravios a fs. 76-85; en síntesis, manifiesta: a) contra la interlocutoria: que no corresponde lo resuelto por cuanto la actora debió incorporar toda la prueba instrumental con su demanda, resultando improcedente la aplicación del art. 24 CGP por parte del tribunal para subsanar falencias y omisiones de esta con el fin de darle ingreso de modo extemporáneo y en perjuicio de su parte, cuando la actora admite que poseía esa documentación antes de la demanda. Asimismo, añade que no se comprende la intimación pedida por su contraria cuando es ella misma quien tenía la prueba para incorporar y no lo hizo, no siendo hecho nuevo y b) contra la definitiva: que se valora erróneamente la prueba y que la interpretación de esta no se condice con la definición de dolo realizada en la propia recurrida, ya que en el caso de autos se verifica un supuesto de dolo eventual que excluye la cobertura. Solicita revocatoria de las resistidas, desestimatoria de la incorporación de prueba y en cuanto al fondo, rechazo de la demanda. III.- Se contestaron los agravios (fs. 102-107) y se franqueó la alzada (No. 776/25 de fecha 11/IV/25). IV.- Recibido el proceso en el Tribunal, los autos se giraron a estudio en forma sucesiva y en acuerdo celebrado a los efectos (art. 203.4 in fine y 204.2 CGP –red. Ley 19090-), por unanimidad de votos se resolvió el dictado de decisión anticipada (art. 200 CGP –red. Ley 19090-). C O N S I D E R A N D O: I.- El Tribunal, con el voto coincidente de sus miembros naturales (art. 61 Ley No. 15.750), se pronunciará por confirmar las resoluciones en recurso conforme la fundamentación que subsigue. II.- De las resultancias de obrados, resulta que a fs. 7 comparece el Sr. AA, promoviendo acción indemnizatoria contra la aseguradora Seguros Sura S.A., al amparo de lo dispuesto en la Ley N.º 18.412. Expone, en lo sustancial, que el día 21 de abril de 2024 sufrió un siniestro de tránsito en Camino a la Ruta 25, ciudad de San Javier, departamento de Río Negro, cuando circulaba en la motocicleta matrícula ICG BB, siendo embestido por otra motocicleta sin matrícula, conducida por la Sra. CC. Como consecuencia del accidente sufrió lesiones de entidad, que determinaron su internación y posterior intervención quirúrgica. Dado que el vehículo embestidor carecía de matrícula, no contaba con seguro vigente, procedió a solicitar la asignación de aseguradora ante la UNASEV, conforme lo establecido por el artículo 19 literal B) de la citada Ley N.º 18.412, habiendo recaído dicha asignación en Seguros Sura S.A., ante quien presentó el reclamo correspondiente. Agrega que el 5 de agosto de 2024 fue notificado de la denegatoria al reclamo formulado, fundado en la aplicación del literal E) del artículo 6 de la Ley N.º 18.412, según surge del documento agregado a autos. Dicha disposición establece que “No se consideran terceros a los efectos de esta ley: E) La víctima o sus causahabientes cuando haya mediado dolo de su parte para la producción de las lesiones o la muerte”. El actor admite que del parte policial agregado surge que dio resultado positivo en cocaína y THC en orina, aunque aclara que tal circunstancia no implica la existencia de dolo en la producción del siniestro. Sostiene que la postura asumida por Seguros Sura S.A. carece de respaldo legal, evidenciando únicamente la intención de eludir sus obligaciones contractuales y legales. Cita jurisprudencia en apoyo de su posición, ofrece prueba, funda en derecho y, en definitiva, solicita se condene a la demandada al pago de la indemnización prevista en el Seguro Obligatorio de Automotores (SOA), en el máximo legal de 250.000 unidades indexadas, con reajustes e intereses desde la fecha del hecho ilícito hasta el efectivo pago, así como las costas y costos del proceso. Sustanciada la demanda, a fs.153 comparece Seguros Sura S.A., contestando la demanda impetrada en su contra. En lo medular, admite que el actor había presentado la reclamación administrativa, la cual fue rechazada por configurarse —según sostiene— un eximente de cobertura previsto en el artículo 6 literal E) de la Ley N.º 18.412, que excluye de la condición de tercero a la víctima cuando ha mediado dolo de su parte en la producción del siniestro. Manifiesta que la demanda incumple con la carga de la debida sustanciación procesal, al no relatar con precisión las circunstancias fácticas del accidente, ni describir las lesiones sufridas, ni justificar la cuantía del monto reclamado, omitiendo además ofrecer prueba idónea sobre tales extremos. En cuanto al fondo, sostiene que el dolo excluyente se configura por el hecho de que el actor tomó la decisión consciente de conducir bajo los efectos de sustancias estupefacientes, concretamente cocaína y THC, lo que —afirma— le permitía representarse la posibilidad del acaecimiento del siniestro que finalmente ocurrió. Agrega que tales drogas afectan severamente los sentidos, la coordinación motriz y la percepción del entorno, comprometiendo la capacidad de conducción. Atribuye la causa del accidente a esa circunstancia, señalando que el actor, en estado de alteración sensorial y motora, embistió por detrás al vehículo conducido por la Sra. CC, lo que —a su juicio— evidencia culpabilidad agravada o dolo eventual en la producción de las lesiones que invoca. En consecuencia, entiende que la conducta del actor queda comprendida en el literal E del artículo 6 de la Ley N.º 18.412, por haber mediado dolo en la producción del resultado dañoso, extremo que —además— no habría sido debidamente probado, pues ni siquiera se especifican en la demanda las lesiones alegadas ni su alcance. Cita doctrina y jurisprudencia en apoyo de su posición, ofrece prueba, funda en derecho y, en definitiva, solicita el rechazo de la demanda, con imposición de costas y costos a la parte actora. Por resolución No. 2453 del 21 de octubre del 2024, fs.44 se hace lugar a la prueba solicitada por las partes y se convoca a audiencia. En la misma y por Resolución No. 149/2025; fs. 69, la aquo en ejercicio de las facultades conferidas por el art. 24.4 del C.G.P. a los efectos de un adecuado esclarecimiento de los hechos, admitió la agregación de documentación en poder de la accionante; la historia clínica y la documentación oportunamente presentada ante SURA. La demandada se agravia, por esta decisión, anuncia recurso, el que fundamenta al apelar al definitiva. (Conf. Resultando II) Diligenciada la prueba, se dicta Sentencia definitiva No.14/2025, por la cual se ampara parcialmente la demanda. (fs.73) Esto genera agravios en la accionada, quien en tiempo y forma presenta el recurso de apelación. (Ver Resultando II). III: El orden lógico jurídico impone el previo abordaje del agravio relativo a la interlocutoria de prueba. La Sala, en análisis formal, conceptúa que no le asiste razón a la apelante. Ello es así por cuanto, si bien es cierto que rige el principio dispositivo consagrado en el artículo 1 del C.G.P., dicho principio debe armonizarse con los poderes y deberes del Tribunal previstos en el artículo 24 del mismo cuerpo normativo, así como con las consecuencias derivadas del artículo 25.2. En particular, el artículo 24 numeral 4 faculta expresamente al juez para ordenar las diligencias necesarias al esclarecimiento de la verdad de los hechos controvertidos, siempre respetando el derecho de defensa de las partes. Así, por la interlocutoria resistida, la Sede de primer grado dispuso la incorporación a la causa la prueba documental obrante de fs. 50 a 68, consistente en: (a) Constancia extendida por ASSE, según la cual el actor “...fue trasladado en nuestro móvil de la Policlínica de Nuevo Berlín JOF 0036 el día 21/04/24...” (fs. 50); (b) Copia —parcial— de la historia clínica del Sr. AA, expedida por el Centro de Asistencia Médica de Young – IAMPP (CAMY), de la que surge su atención el 21/IV/2024 (“Planteo Clínico Primario: TEC. Politraumatismo Severo”, “Se coordina ingreso a CTI y traslado a través de Coordinadora SAME”, fs. 52 vto.) y el alta sanatorial de fecha 6/V/2024 (fs. 60), consignándose “Fractura hueso propio de la nariz. Fractura pared externa de órbita izquierda”, con varios días de internación en CTI bajo asistencia respiratoria; (c) Nota de Seguros Sura S.A., mediante la cual se comunica al actor el rechazo del reclamo administrativo SOA “...en virtud de lo dispuesto en el art. 6 literal E) de la Ley 18.412...” (fs. 67); y (d) Constancia de asignación de Reclamo por Coberturas Especiales (fs. 68). La incorporación de tales documentos se fundó en que la Ley N.º 18.412 consagra un régimen de responsabilidad objetiva y de orden público, y en el ejercicio de las facultades conferidas al Tribunal por el art. 24 numeral 4 del C.G.P., que lo habilita a disponer las diligencias necesarias para el esclarecimiento de la verdad de los hechos controvertidos, respetando siempre el derecho de defensa de las partes (fs. 69). El citado art. 24 numeral 4 del C.G.P. establece: “(Facultades del tribunal).- El tribunal está facultado: (...) 4) Para ordenar las diligencias necesarias al esclarecimiento de la verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes.” La doctrina ha precisado que esta potestad se encuentra estrechamente vinculada al art. 25 del mismo Código, y que, si bien reconoce cierta iniciativa probatoria al Tribunal, ésta es limitada y complementaria de la actividad de las partes, debiendo ejercerse dentro del marco del debido proceso y del respeto al derecho de defensa (Gomes Santoro, Código General del Proceso. Comentado, anotado y concordado, Tomo I, La Ley, 2024, pág. 96). A criterio de esta Sala, en el marco de un proceso de carácter dispositivo atemperado, la resolución cuestionada se adecua al objeto del proceso y de la prueba, constituyendo un ejercicio legítimo y prudente de la iniciativa probatoria del Tribunal (arts. 24.4, 25.2, 137 y 139.2 del C.G.P.). Ante la controversia planteada y la naturaleza de la pretensión deducida, surgiendo del parte policial la existencia de las lesiones, y tratándose de hechos que el contrario conocía por haber sido parte, resultaba imprescindible allegar al proceso los documentos referidos, máxime cuando —como señala la Sede a quo— el art. 14 del C.G.P. impone que, al interpretar las normas procesales, el Tribunal debe atender al fin del proceso, que es la efectividad de los derechos sustanciales. Viene al caso recordar lo señalado en Sentencia N.º 67/1998 del T.A.C. 6.º Turno (R.U.D.P. N.º 3/1999, suma 188, pág. 459), según la cual “con relación a los hechos controvertidos, el tribunal podrá complementar la prueba producida por las partes, conforme con las facultades otorgadas por el Código General del Proceso; esto es, complementar las probanzas ofrecidas por las partes, pero no sustituirlas en lo que les es carga propia” (cfr. también T.A.T. 3.º, Sentencia N.º 54/2010, R.U.D.P. 1/2011, N.º 1375, pág. 739). En el caso de autos, de la interlocutoria recurrida se desprende que la Sede consideró necesario precisar el contenido y entidad del daño alegado, disponiendo, con tal finalidad, la incorporación de la documental instrumental relativa al perjuicio invocado por la parte actora. Por lo que viene de decirse, tal actuación no ha excedido los límites de la facultad conferida por la ley, ni ha comprometido las garantías esenciales del proceso, manteniéndose incólume el principio de igualdad de las partes y el derecho de defensa, por lo que se mantendrá la recurrida, desestimando los agravios en relación. IV.- Que, en cuanto al fondo del asunto, el apelante expresa agravios por la condena impuesta entendiendo que en el caso se configura la exclusión prevista en el literal E) del artículo 6 de la Ley N.º 18.412, considera que dicha conclusión deriva de una errónea valoración de la prueba. A los efectos de resolver dichos agravios, corresponde señalar que es un hecho admitido que, en la madrugada del 21 de abril de 2024, en Camino a Ruta 24, localidad de San Javier (departamento de Río Negro), se produjo un siniestro de tránsito entre la motocicleta marca Baccio, matrícula ICG BB, conducida por el actor AA, y la motocicleta marca Yumbo, sin matrícula, conducida por la Sra. CC. Tampoco fue controvertido que el vehículo conducido por esta última carecía de seguro vigente y que la demandada fue asignada por UNASEV para dar la cobertura por SOA.. Se probó además que como consecuencia del accidente el actor sufrió lesiones de entidad, que determinaron su traslado a un centro asistencial de la ciudad de Young, donde permaneció internado hasta el 6 de mayo de 2024 (fs. 67). Asimismo, de las pruebas realizadas al actor con posterioridad al accidente, se constató la presencia de cocaína y THC (marihuana) en el organismo de éste. (fs. 3 y 60). Consecuentemente, la aseguradora fundándose en lo preceptuado por el artículo 6 literal E) de la Ley N.º 18.412, rechazo la cobertura del siniestro, dado que considera que el consumo de sustancias del actor previo al accidente admite la exclusión de esta. Dicha norma dispone textualmente: “(Exclusiones).- No se considerarán terceros a los efectos de esta ley: (…) E) La víctima o sus causahabientes cuando haya mediado dolo de su parte para la producción de las lesiones o la muerte.” Sobre el alcance de dicha norma, se ha generado distintas interpretaciones, siendo que la doctrina mayoritaria señala que “Este literal implica considerar el hecho de la víctima, que de acuerdo a lo previsto en el art. 2 de la Ley no excluye la cobertura. Ahora bien, según lo previsto en el art. 6 lit. D [E], si la víctima ha actuado con dolo, esto es sin lugar a ninguna duda, motivo de exclusión. Indica Gutiérrez Cuña como un ejemplo típico de la presente exclusión, aquellas personas que intentan cometer suicidio, utilizando como medio para lograrlo, la posibilidad de ser embestidas por un vehículo automotor” (Prof. Gamarra, Tratado de Derecho Civil Uruguayo, Tomo XXII, Vol. 4, 4ª Ed, Setiembre 2019, FCU, págs. 259/260.) De lo que viene de decirse, la referencia al “dolo” contenida en el literal E) de la norma citada no comprende la figura del “dolo eventual” a la que pretende asimilar el caso, la parte demandada. Sino que se impone la aplicación del “dolo”, en sentido propio, supone la conciencia y voluntad deliberada de realizar una conducta dirigida a un fin ilícito, con conocimiento pleno del riesgo y aceptación del resultado dañoso. El dolo eventual, en cambio, se configura cuando el sujeto, previendo la posibilidad del resultado lesivo, persiste en su conducta por indiferencia o resignación frente a dicho resultado, sin actuar para evitarlo. La jurisprudencia nacional ha sido uniforme al sostener que la noción de dolo aplicable en el marco del Seguro Obligatorio de Automotores debe interpretarse en los términos del art. 1319 del Código Civil, es decir, como intención positiva de dañar, y no conforme a las categorías del Derecho Penal. Así, las exclusiones del régimen del SOA deben interpretarse restrictivamente, atendiendo a su finalidad social y universalista, que no es procedente trasladar al ámbito civil, y menos aún al de una cobertura por seguro obligatorio, las nociones penales de dolo eventual o culpa. (Conf T.A.C. 6.º, Sentencia N.º SEF-0006-000121/2015, T.A.C. 3.º Sentencias N.º 153/2018 y N.º 56/2020 y entre otros. Señalan los Dres. Mantero, Howard y Frigerio, “en tanto el SOA, se funda en un sistema de justicia distributiva —a diferencia de la justicia correctiva que rige la responsabilidad civil común—, la verificación del dolo debe ser de interpretación restrictiva” (Seguro Obligatorio de Automóviles, FCU, 2021, págs. 86/87). Estos autores, al igual que la jurisprudencia citada, destacan que las hipótesis alegadas como “dolo eventual” suelen corresponder, en realidad, a culpa con previsión, supuesto que no excluye la indemnización bajo el régimen del SOA. Aplicados estos criterios al caso, no surge elemento alguno que permita afirmar que el actor haya actuado con intención de producirse las lesiones que sufrió, ni que su conducta revele voluntad deliberada o aceptación del resultado dañoso. El resultado positivo a consumo de estupefacientes, por sí solo, no autoriza a concluir la existencia de dolo, siendo a lo sumo una conducta imprudente o negligente, pero no dolosa en los términos exigidos por la norma. Recientemente esta Sala en caso parangonable y en inmediata anterior integración (No. 35/24 en BJN), que la actual comparte, sostuvo que “En autos lo que se persigue es el resarcimiento SOA, seguro que opera en forma objetiva, habiéndose probado la existencia del siniestro de tránsito y las lesiones graves padecidas por el actor a consecuencia del mismo, por lo que corresponde abonar la indemnización prevista en la ley No. 18.412 de 17.11.2008. Solo se excluye a la víctima o sus causahabientes exclusivamente cuando haya mediado dolo de la víctima (art. 6 de la mencionada ley). El objeto de agravio, es la aplicación de la causal de exclusión del artículo 6° literal E de la ley (DOLO), extendiendo la misma e incluyendo al dolo eventual, posición sostenida la Jueza a quo, al igual que la parte demandada y por tal razón desestima la demanda, siguiendo la postura del Dr. Carnelli, quién sostiene que los supuestos de dolo eventual sí pueden entenderse comprendidos por la Ley 18.412 que refiere al dolo -sin definirlo, como en el caso del art. 1319 del CC- para excluir la indemnización en ese supuesto. Realiza una interpretación de la palabra dolo, recurriendo a un criterio basado en los valores protegidos por la norma. Concluye que la ley fue pensada para procurar la indemnización de la víctima, pero no para indemnizar conductas temerarias tales como carreras llamadas ‘gallinita ciega’ (Carnelli. Sección de doctrina en ADCU T. XLV, 1011 y sigtes.). El SOA no se inspira en una justicia correctiva como la responsabilidad común (el que causa el daño debe indemnizar para corregir la inequidad que causó), sino que propende a una justicia distributiva, mediante la socialización del riesgo por el mecanismo del seguro obligatorio de daños (no de responsabilidad) y por esta razón ha de entenderse que una excepción, en el caso, la del dolo (art. 6, literal E) que excluye la cobertura, debe ser de interpretación restrictiva (Discordia de la Dra. Beatriz Venturini, en sentencia dictada por el homólogo de primer turno, Nº 167/2018-1). En cuanto al dolo eventual, no obstante, lo discutible de los criterios legales de culpa y dolo en las leyes civiles y penales (véase GAMARRA, Trat…, t. XIX, p. 137 y ss.) y de su aplicación en el ámbito de la Ley de seguro obligatorio de automotores por accidentes que causen daños a terceros (No. 18.412), no se puede extender a una hipótesis no prevista una exclusión que debe ser de interpretación restrictiva porque la interpretación extensiva, no es aplicable a las normas restrictivas de derechos (de la Sala Nos. 159/17, 150/22 y 243/22, entre otras)”. De todo lo que viene de decirse, la Sala concluye que no le asiste razón a la agraviada, razón por la que se ratificará la definitiva en recurso. V.- Pese a la solución acordada, la correcta conducta procesal de las litigantes en el grado y la existencia de puntos en debate asaz opinables, imponen que las costas y costos de la presente instancia deban sufragarse por su orden (arts. 56 y 261 C.G.P. y 688 C. Civil). Por los fundamentos expuestos y normas citadas, el Tribunal, F A L L A: Confírmanse las recurridas, con costas y costos por su orden. Ejecutoriada, devuélvase. Patricia Hernández Ministra Rosario Sapelli Ministra Pablo Benítez Ministro