Sentencia Interlocutoria N° 560-/2025

Sentencia Nº 560 Montevideo, 15 de octubre de 2025. Ministra redactora: Dra. Beatriz Larrieu de las Carreras VISTOS: Para sentencia interlocutoria de segunda instancia esta causa caratulada “AA.- Audiencia de control de detención.- Formalización con detenidos”.- IUE 555-42/2025 (testimonio de IUE 2-59846/2025) venida a conocimiento de este Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2do. Turno en mérito al recurso de apelación contra la sentencia interlocutoria n° 1342/2025 dictada por el Juez Letrado Penal de 35º Turno Dr. Diego González, interpuesto por la Fiscalía Penal de Flagrancia de 16º Turno representada por la Dra. Silvana Arredondo y Dra. Bettina Ramos, con intervención de la Defensa Pública a cargo de la Dra. Lucía Long. RESULTANDO: 1) El 13 de julio de 2025 se realizó audiencia de control de la legalidad de la detención de AA. Interrogado por el juez, AA manifestó que había sido detenido el día anterior como a las tres y media de la tarde aproximadamente, en Camino Anaya, que fue detenido por policías, le dijeron que la detención era por la moto, le leyeron los derechos y recibió buen trato (minuto 1.00). La Fiscalía afirmó que AA fue detenido flagrancia delictual a la hora 15.52 según resulta del parte policial, se dio en circunstancias que personal policial de la Brigada de Automotores estaba realizando patrullaje preventivo de rutina en Paso de la Arena, advirtieron que circulaba sin caso por lo cual lo pararon y le solicitaron la documentación del vehículo. AA no tenía libreta de conducir ni de propiedad. Se verificó en la tablet y resultó que había discordancia entre la matrícula y el número de motor y que la moto estaba requerida como hurtada desde el 11/10/2024. Por lo que se procedió a su detención. Aclara más adelante que la detención no fue filmada pero que fue registrada en el parte policial y que resulta de la declaración de los tres funcionarios aprehensores (minuto 1.50) La Defensa se opuso a la legalidad de la detención por dos cuestiones. Primero, por la hora en que se está haciendo el control de detención, AA no puede especificar exactamente la hora de la detención, pero él salió a las 12 de trabajar en una chacra en zona rural de Montevideo, llegó a su casa, después salió a las tres de la tarde y volvió, por lo que entiende que la detención fue a las 15.30. Por lo cual no se cumplió en plazo constitucional. En segundo lugar, por cuestiones de fondo, más allá que la moto había sido hurtada en octubre de 2024, aún en el momento de efectuar la detención la policía tiene que evaluar si existe una situación de flagrancia. Esa moto fue adquirida hace seis meses por la hermana de su defendido a otro cubano que estaba volviendo a Estados Unidos y le hizo la transferencia por la que pagó U$S 2.500, la moto está impecable, tiene la llave, la matricula, no está rota, no tiene indicio de haber sido hurtada. Al momento de la detención debe valorarse que no se configuró el dolo (minuto 3.00). 2) Por sentencia interlocutoria n° 1342/2025 el juez dispuso: “Declaro la ilegalidad de la detención de AA y libertad inmediata” (minuto 16.40). Fundó la decisión en los siguientes extremos. Afirma que la audiencia empezó 15.40, por lo que, si la detención fue a las 15 horas como dice la defensa, sería ilegal. La detención no está filmada, en ese caso ha entendido el TAP 1º que hay que estar a lo que diga el imputado, por lo que en este caso la detención sería ilegal. En cuanto al posible dolo, parecería que la policía lo detiene porque no tenía casco en el marco de control de rutina 59 inc. 2 del CPP está autorizado legalmente. Después que se advierte que la moto está requerida se pasa a la detención por receptación. El dolo hay que analizarlo después, en ese momento no puede analizarse. La norma habla de ”inmediatamente” para la flagrancia, el detenido adquirió la moto hace seis meses y la rapiña fue el año pasado. Teniendo en cuenta que la hora de la detención está en duda y que el único indicio de la policía fue que no tenía casco, que la rapiña fue en octubre de 2024 y que no está vinculado a ese delito, entiende que no es legal la detención. 3) La Fiscalía anunció recurso de apelación contra la decisión antedicha (minuto 17.35). Estando en tiempo compareció a interponer el recurso de apelación anunciado en audiencia, expresando los agravios que se sintetizan a continuación. Afirma que la resolución es internamente contradictoria, su fundamento no es suficiente ni adecuado para disponer la ilegalidad de la detención, por la falta de congruencia lógica entre las evidencias de la Fiscalía según las cuales la detención se produjo a la hora 15.52 del 12/7/2025 en tanto el imputado manifestó que fue a las 15.30. Reseña las evidencias de la Fiscalía sobre la hora de la detención, afirma que el parte policial es un documento público firmado por funcionario público y es allí donde se asienta la información, también está el formulario de detención firmado por el imputado que ratifica que la hora de la detención fue a las 15.52 del 12 de julio. También están las declaraciones de tres funcionarios policiales y las comunicaciones realizadas a la Mesa Central de Operaciones, que detalla. Agrega que la audiencia de control de detención estaba fijada para la hora 15.22, el imputado estaba en la OPEC a disposición con anterioridad a esa hora y la audiencia comenzó a las 15.38 por retraso del propio magistrado, que no fundó el motivo del retraso. Asimismo disiente con la interpretación sui generis que realiza el magistrado sobre la aplicación de la norma penal frente al caudal fáctico relevado, que además se saltea los postulados enunciados por doctrina y jurisprudencia en materia de flagrancia delictual. Realiza el relato de la sucesión de hechos que llevaron a la detención de AA, concluyendo que estaba circulando en una moto requerida por rapiña y al ser consultado sobre la procedencia, contestó que la había comprado a un cubano que se había ido del país y que no tenia como acreditar ni la compra, ni la transferencia, ni mensajes al respecto. Existía evidencia para decretar la legalidad de la detención. Cita doctrina. La versión dada por la Defensa es totalmente carente de indicios, esa versión debía estar sustentada en evidencias que no es el caso. En el debate de la audiencia quedó claro que AA fue detenido en hipótesis de flagrancia delictual porque la receptación es un delito permanente y continuado, que se da al utilizar para provecho personal el efecto procedente del delito, no importa cuanto tiempo antes se haya producido. El detenido manifestó no tener libreta de propiedad, ni de conducir, ni ninguna documentación que pudiera acreditar la propiedad de la moto. La conducta se adecua a la flagrancia delictual del art. 219 lit. a) del CPP por lo que la detención fue legal. Ofrece prueba documental y solicita se revoque la sentencia interlocutoria y se declare legal la detención realizada (fs. 9-16). 4) Conferido traslado del recurso, la Defensa compareció a contestarlo abogando por la confirmatoria de la recurrida, por los fundamentos que expone (fs. 20-26). 5) Por providencia n° 1520/2025 se dispuso el desglose y entrega a la Fiscalía de la documentación presentada y se franqueó la alzada con efecto suspensivo ante el Tribunal competente (fs. 27). El expediente fue recibido por este Tribunal y previo pasaje a estudio de los Sres. Ministro se dicta la presente resolución. CONSIDERANDO: 1) El Tribunal, por unanimidad de votos de sus integrantes naturales, procederá a revocar la interlocutoria recurrida y declarar la legalidad de la detención de AA, por los fundamentos que se exponen a continuación. 2) En lo formal, el recurso de apelación fue sustanciado en legal forma, de acuerdo al régimen general establecido para las interlocutorias dictadas en audiencia previsto en el art. 254 n° 2 del CGP, aplicable por remisión del art. 359 del CPP. 3) En lo sustancial, el debate planteado entre las partes y el objeto de la apelación refiere a dos cuestiones: la primera, si la audiencia de control de legalidad de la detención se realizó dentro del plazo de veinticuatro horas consagrado en el art. 16 de la Constitución; la segunda, si la detención de AA encuadra en el supuesto de flagrancia delictual previsto en el art. 219 literal a) del CPP. 4) Respecto del vencimiento del plazo constitucional antes de la celebración de la audiencia de control de detención, se acogerán los agravios de la Fiscalía recurrente. En efecto, el detenido manifestó que fue detenido “como a las tres y media de la tarde aproximadamente”, por lo que no puede precisar la hora exacta. Del relato de la defensora sobre lo que hizo después que salió del trabajo al mediodía, tampoco pueden precisarse exactamente los horarios y por tanto, la hora en que fue detenido. Por otra parte, se entiende que si bien en un primer momento fue interceptado por los funcionarios policiales que realizaban controles de rutina, debido a que AA circulaba sin casco, no fue ese el momento en que se verificó la detención, sino que ésta se produjo una vez que los funcionarios verificaron que el conductor no portaba documentación alguna de la moto y que ésta se encontraba requerida por haber sido objeto de rapiña. Entonces, aún si AA fue interceptado a las 15.30 horas, no es esa la hora de detención, sino que fue posteriormente, cuando los funcionarios le comunicaron que la moto era robada, le leyeron sus derechos y procedieron a su conducción a la dependencia policial. En el caso, no se comparte la posición de la Defensa en cuanto desde el primer momento estuvo privado de su libertad, en tanto la policía estaba realizado el control correspondiente a la situación, esto es, verificar estado de la moto y documentación de su conductor. A juicio de los firmantes, el hecho que la actuación policial no haya sido filmada - como correspondería – no determina necesariamente que hay que estar a los dichos del detenido, sino que deben analizarse las restantes evidencias con que se cuenta. En el caso, el registro de la hora en el parte policial, en el acta de lectura de derechos y el testimonio de los funcionarios aprehensores, sumado a que AA tampoco puede precisar la hora en forma exacta, permiten tener como hora de la detención la referida por la fiscal. Por lo cual el control de la detención se realizó dentro del plazo de veinticuatro horas establecido en el art. 16 de la Constitución. Sin perjuicio de lo que antecede, debe tenerse presente que el plazo de veinticuatro horas no es más que el límite para llevar al detenido ante el juez, precisamente, para que controle la legalidad del arresto. En caso de encontrarse vencido ese plazo, deberá disponerse el cese de la detención debido a que se le ha privado de las garantías de control de la detención en el plazo constitucional. Pero por el vencimiento del plazo, por sí solo, no transforma la detención oportunamente practicada en ilegal. 5) Corresponde entonces analizar si la detención de AA fue efectivamente realizada en flagrancia, como alega la recurrente. En primer lugar, la interceptación del conductor por los funcionarios policiales al advertir que circulaba sin casco estuvo habilitado por el art. 59 del CPP en su redacción actual, el que habilita a la Policía a realizar “registro de personas, de vestimenta, equipaje y vehículo, en busca de armas, drogas u objetos robados, en el marco de procedimientos policiales preventivos y rutinarios. Una vez requerida la documentación de la moto al conductor, se constató que éste carecía de libreta de propiedad y libreta de conducir. Asimismo los agentes verificaron que la chapa matrícula de la moto no coincidía con el número de motor y que de acuerdo a información policial, el vehículo estaba requerido por haber sido objeto de una rapiña en octubre de 2024. Atento a las circunstancias referidas, los funcionarios procedieron a la detención de AA en el entendido que se encontraban en una hipótesis de flagrancia delictual. El juez entendió que no existía flagrancia en tanto la norma exige que la persona sea habida con el objeto “inmediatamente” después de haberse cometido el delito. Por su parte la Defensora sostuvo además que los funcionarios policiales debían haber valorado la ausencia de dolo en tanto la moto había sido comprada por la hermana del detenido seis meses antes. La Sala acogerá los agravios de la Fiscalía por entenderlos de recibo, de acuerdo a lo que se dirá. 6) La flagrancia es un instituto procesal que justifica privar a una persona de su libertad ambulatoria por parte de la autoridad policial, dentro del contexto de una situación de urgencia. Así, el art. 219 literal a) del CPP consagra la flagrancia propia, esto es, cuando la persona es sorprendida en el acto de cometer un delito. El mismo artículo establece los supuestos de flagrancia impropia, a saber: literal b): cuando “inmediatamente después de la comisión del delito una persona fuera sorprendida en el acto de huir o de ocultarse o en cualquier otra situación o estado que haga presumir firmemente su participación y al mismo tiempo, fuere designada por la persona ofendida o damnificada o por testigos presenciales hábiles como partícipe en el hecho delictivo”; literal c): cuando “en tiempo inmediato a la comisión del delito una persona fuera hallada con efectos y objetos procedentes de él, con las armas o instrumentos adecuados para cometerlo sin brindar explicaciones suficientes sobre su tenencia, o presentare rastros o señales que hagan presumir firmemente que acaba de participar en un delito”. Asimismo debe tenerse presente que para analizar la legalidad de la detención, debe estarse a las pautas consideradas en el momento en que se verificó. En ese sentido, los funcionarios policiales se encontraron ante AA, quien conducía una moto que había sido denunciada como objeto de rapiña en octubre de 2024. La misma tenía la chapa matrícula que no coincidía con el motor y el conductor carecía de toda documentación que acreditare la titularidad, incluso carecía de licencia para conducir. Si bien la rapiña tuvo lugar en octubre de 2024, la detención se produjo por la eventual comisión de un delito de receptación, pero cuya fecha se desconocía, por lo cual no puede concluirse que el requisito “inmediatamente” no se cumplía, en tanto debe referirse al delito de receptación. Lo cierto es que el detenido estaba en posesión de un vehículo registrado como sustraído a su propietario y no pudo acreditar en forma alguna dicha posesión. Tampoco se comparte la posición de la Defensa cuando entiende que el funcionario debió analizar la existencia de dolo en el momento. Como se dijo, la flagrancia habilita la detención policial en situación de urgencia, cuando se dan los presupuestos exigidos por la norma, pero no puede pretenderse que en ese momento se pueda valorar el elemento subjetivo del delito, contando además para ello únicamente con la versión del detenido y sin ningún otro elemento de convicción. El elemento subjetivo deberá analizarse posteriormente, en virtud de las evidencias que se recojan durante la investigación, primero por la Fiscalía para decidir si solicita o no la formalización de la investigación, y después por el juez cuando decide si dispone o no dicha formalización. En conclusión, entiende la Sala que la detención de AA fue realizada en legal forma, por lo que corresponde revocar la resolución atacada. 7) Por los fundamentos expuestos y las normas citadas, el Tribunal RESUELVE: REVÓCASE LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA N° 1342/2025 Y EN SU LUGAR DECLÁRASE LA LEGALIDAD DE LA DETENCIÓN DE AA. NOTIFIQUESE Y OPORTUNAMENTE DEVUÉLVASE AL JUZGADO DE PROCEDENCIA QUE DEBERÁ PROCEDER A LAS COMUNICACIONES CORRESPONDIENTES. Dr. Daniel H. Tapie Santarelli Ministro Dr. Ricardo H. Míguez Isbarbo Ministro Dra. Beatriz de las Carreras Ministra Dra. Carla M. Cajiga Secretaria Letrada