Sentencia Interlocutoria N° 1068/2025

Tribunal de Apelaciones de Familia de 1er. Turno Ministro redactor: Guillermo Gutiérrez Herrera Ministros Firmantes: Claudia Diperna Acosta , Guillermo Gutiérrez Herrera Ministros Discordes: No VISTOS : Para sentencia interlocutoria de segunda instancia estos autos caratulados: “ AA – ADOLESC. 2017” IUE 583-105/2025, venidos a conocimiento de este Tribunal en mérito al recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria No. 146/2025, de fecha 21/08/2025, dictada por la Sra. Jueza Letrada de Primera Instancia de Maldonado de 11er. Turno, Dra. Sylvana García Noroya. RESULTANDO: 1.- Por la recurrida se resolvió: “Conforme los argumentos expresados, no se hará lugar a declarar la ilegalidad de la detención de AA, correspondiendo a la Defensa instar las denuncias que entiendan pertinente, como así también, a la Fiscalía actuante la investigación de lo narrado. “Atento a lo solicitado por el Sr. Defensor, expídase testimonio y remítase junto al registro de audios al Juzgado de Familia Especializado de Violencia Sexual y de Género de San Carlos que por turno corresponda, a los efectos que esta entienda pertinente” (fs. 18 vta.). 2.- La Defensa de la adolescente AA interpuso el recurso de apelación contra dicha decisión (fs. 20/38), expresando en síntesis, los siguientes agravios: Por la atacada no se hizo lugar a la declaración de ilegalidad de la detención de la adolescente, sin la correspondiente orden judicial. Se violó el principio de congruencia por fallar diferente a casos análogos al presente y por expedirse sobre cuestiones ajenas al objeto de debate; no le correspondía analizar qué haría el día después la defensa de los imputados en caso de obtener una sentencia favorable, sino que debió limitarse a pronunciarse en forma concreta sobre la legalidad de una situación concreta, que era que el día 17/06 la menor fue privada de su libertad ambulatoria. Lo resuelto no guarda coherencia con los fundamentos expresados por la propia Magistrada durante la audiencia. La Sede afectó en su fallo la propia justicia de la sentencia, afirmando en varios pasajes de la audiencia sobre la calidad de la ilegalidad de la detención de AA, pero fallando no haciendo lugar a la declaración de ilegalidad de la detención de la adolescente, yendo contra sus propias expresiones y de la Ley. Realiza la recurrente un análisis cronológico de los hechos que se dieron de los que se desprende un escenario de violencia psicológica contra AA y su padre, con especial gravedad tratándose de una menor de edad, el uso de la intimidación y la coacción emocional como medios para inducir culpa o manipular el comportamiento de la menor, desdibujando su voluntad. Resulta imprescindible analizar con rigor jurídico la validez del consentimiento extraído por la adolescente, el que carece de validez y eficacia por haberse emitido bajo un contexto de coacción, presiones psicológicas, intimidación y amenazas que vulneraron gravemente su libertad de autodeterminación, la que fue detenida y esposada sin orden judicial alguna, en flagrante violación a lo dispuesto por el artículo 74 del CNA. Su celular permaneció incautado y en poder de funcionarios policiales por aproximadamente dos meses sin orden judicial. Cita normativa nacional e internacional violentada en contra de AA, Ley 18.315, Nuevo Código del Proceso Penal, Instrucciones generales de Fiscalía, Convención interamericana sobre Derechos Humanos. Por último, agrega que Fiscalía, en su alegación oral, viola los principios de oralidad y del artículo 5 del CGP. Se solicitó, en definitiva, que se revoque la resistida y en su lugar se declare la ilegalidad - nulidad absoluta “de las diligencias investigativas cumplidas el 17 de junio de 2025 en el edificio que ocupa Investigaciones de la Zona Operacional II de Maldonado qe fueran direccionadas respecto de: a- BB, b- AA (obviamente de su detención también) y c- CC”. 3.- Sustanciado el recurso, la representante de la Fiscalía de Maldonado de 1er. Turno, evacuó el traslado conferido (fs. 42/47), abogando por la confirmación de la apelada, afirmando -en lo medular- que: La adolescente estuvo en calidad de detenida 28 minutos y existiendo orden escrita de juez competente, además no se está investigando su responsabilidad. La atacada no le causó perjuicio; los actos que se pretenden anular cesaron sus efectos o bien no causan perjuicio a la recurrente. Cita jurisprudencia. Horas después de ese mismo día se formalizó la investigación de DD, su pareja, como coautor de un delito de lesiones personales intencionales agravadas, un delito previsto en el art.34 del Decreto Ley 14.294, suministro de sustancias estupefacientes en calidad de autos y un delito de tráfico interno de armas y municiones en calidad de autor, todos en reiteración real, disponiéndose medida cautelar de prisión preventiva. Los actos que se pretende no son pasibles de nulidad, cita doctrina, constituyen una diligencia típica de la investigación, cuya legalidad deberá ser evaluada al momento de que se la pretenda hacer valer contra alguna persona; será en una eventual audiencia de control de acusación respecto de Renato Machín donde su debate procederá. Los agravios por la supuesta falta de congruencia denotan una confusión respecto a lo que constituye el referido principio. Cita doctrina. No le consta a Fiscalía que los hechos denunciados sucedieran como resultan narrados en la recurrencia, de ser así, corresponde que formule la denuncia penal correspondiente, lo cual no sucedió. Agrega que no corresponde el diligenciamiento de prueba. 4.- Se franqueó la alzada sin efecto suspensivo (fs.48), y recibidos los autos, fueron devueltos de inmediato a fin de que la decisora de primer grado aclarara la competencia de este Tribunal para entender en obrados (fs. 54), lo que fue cumplido en los términos que surgen del decreto No. 187/2025 (fs. 55). Elevado el testimonio, los autos pasaron a estudio de los Ministros en forma simultánea, acordándose el dictado de la presente sentencia. CONSIDERANDO: I.- El Tribunal, por el número de voluntades legalmente requerido, habrá de declarar mal franqueado el recurso de apelación deducido, en atención a los siguientes fundamentos. II.- Como sostuvo la Sala en reiteradas ocasiones, el principio de reserva legal y la regla de orden público presiden la regulación de los procesos y los recursos (arts. 18 de la Constitución; 16 y concordantes del Código General del Proceso), constituyen una garantía en la actuación de todos los sujetos del litigio de los cuales no pueden apartarse, salvo excepciones expresamente admitidas por la ley, por lo cual el tribunal superior tiene el poder-deber de reexaminar la admisibilidad de los medios de impugnación. En consecuencia, a pesar del análisis formulado sobre el punto en el grado anterior, si estima que el recurso está mal concedido lo debe rechazar, en ejercicio de aquellos poderes-deberes que actúan como contrapartida de los reconocidos a través del recurso de queja por denegación de apelación, habilitándolo a conceder un recurso indebidamente negado (arts. 257 y concordantes del Código General del Proceso; Véscovi, Derecho Procesal Civil T. VI 2da. parte ed. 1985, pág. 100). III.- En la especie y a esos efectos, debe verse que conforme lo explicitó la representante de la Fiscalía interviniente en el presente asunto, sobre los hechos que dan mérito a las presentes actuaciones no existe ni existió imputación ni -menos aún- proceso infraccional en relación a la adolescente apelante (fs. 44/45). Con tal contexto, parece claro que ningún perjuicio puede causar a la mencionada adolescente su detención y/o las presuntas irregularidades que denuncia en el accionar de las autoridades, más allá de la valoración de su validez y consecuencias que se puedan apreciar en proceso diverso al infraccional (ya sea de naturaleza administrativa, civil, penal o el que la afectada entienda que corresponda). Así las cosas, expedirse sobre la puntual detención de una adolescente cuya responsabilidad fue expresamente excluida o descartada por la titular de la acción del asunto que se investiga, supondría no solo ingresar indebidamente en un asunto ajeno al “parquet competencial” de la materia de familia, sino también la transgresión del principio de jurisdiccionalidad que rige el procedimiento infraccional (art. 74 lit. A del CNA). En definitiva, lo expresado conduce indubitablemente a la declaración de improcedencia de una revisión en alzada, por cuanto no se advierte de qué modo o por qué la providencia atacada le causaría un perjuicio o agravio directo a la apelante que justificara provocar la intervención de este Tribunal, siendo que no existe procedimiento infraccional iniciado a su respecto (Cfme. arts. 242 y 248 CGP, aplicables por remisión de los arts. 359.3 NCPP y 75 del CNA). IV.- No se formularán condenaciones procesales por no corresponder. Por los fundamentos expuestos, y lo establecido en las normas citadas y artículos 248 y siguientes CGP, el Tribunal, RESUELVE: Declárase mal franqueado el recurso. Costas y costos de oficio. Notifíquese y oportunamente, devuélvase. Dr. Guillermo Gutiérrez Herrera – Ministro Dra. Claudia Diperna Acosta - Ministra Dra. Ma. Laura Sturla Berhouet - Secretaria Letrada