Texto de la sentencia
TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE TERCER TURNO
MINISTRAS FIRMANTES: Dras. Lina Fernández Lembo, María del Carmen Corujo Milán y Mónica Pereira Andrade.-
MINISTRA REDACTORA: Dra. Mónica Pereira Andrade.-
VISTOS:
Para Sentencia Definitiva de Segunda Instancia, estos autos caratulados: “MORA, CARLOS c/ GUIMARAENS MUTTER, YANETTE - PROCESO LABORAL ORDINARIO (LEY 18.572)” IUE 2-7967/2023, venidos a conocimiento de la Sala en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia Definitiva N°5/2025 de 24 de junio de 2025, dictada por la Sra. Jueza Letrada de Lavalleja de 2° turno, Dra. Gabriela Azpiroz.
RESULTANDO:
1) La Sentencia recurrida, a cuyo correcto relato de antecedentes cabe remitirse, amparó la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por la demandada, y en su mérito, desestimó la demanda en todos sus términos.
2) A fs. 197/199 comparece el representante de la parte actora en el juicio e interpone recurso de apelación contra la referida Sentencia, deduciendo agravios porque la Sentencia concluyó que no surge acreditada la relación laboral invocada. Expresa en síntesis que la Sentencia no hizo una correcta valoración de la prueba y omitió aplicar los principios del derecho laboral como el in dubbio pro operario y que en la duda debió tener por probada la relación laboral.
Que no se valoró la declaración del testigo Castro que levantaba quiniela en la esquina del lugar, dijo que el actor estuvo trabajando en los apartamentos y que vio a la demandada dándole órdenes, que hizo tareas de pintura y sereno. El testigo Luis Rodríguez, vecino del lugar también dijo que vio a la demandada darle alguna indicación y lo vio trabajando allí.
Agrega que el hecho de que el actor no estuviera afiliado no es un hecho contundente que determine por sí solo que no existió relación laboral. Y que no se valoró que la demandada vive en Montevideo por lo que es lógico y normal que se la viera pocas veces dando órdenes.
3) Por decreto N°192/2025 se confirió traslado del recurso interpuesto, el que fue evacuado por la representante de la parte demandada a fs. 202/204, solicitando se confirme la Sentencia recurrida.
4) Por providencia N°226/2025 se franqueó la apelación con efecto suspensivo, ante el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 3er turno.
5) Recibidos los autos en este Tribunal, pasaron a estudio de las Señoras Ministras de modo sucesivo, ante la imposibilidad material por no contarse con medios técnicos adecuados para efectuar estudio conjunto como está dispuesto legalmente (art. 17 Ley 18.572).
Cumplido lo cual, una vez reunido el número de voluntades legalmente exigidas (artículo 61 Ley 15.750), se acuerda el dictado de la presente sentencia en el día de la fecha.
CONSIDERANDO:
1) La Sala por la voluntad coincidente de sus integrantes naturales, adopta solución confirmatoria de la Sentencia recurrida, por los fundamentos que se expresan a continuación.
2) Cabe establecer que el actor en la demanda invoca relación laboral con la demandada, como Oficial albañil, desde el 1° de noviembre de 2019 hasta el 30 de octubre de 2021, que canjeaba parte del trabajo por el alquiler donde vivía con su pareja Sandra Esteban que administraba la demandada, pero ese convenio fue desconocido por la misma y se les dio el desalojo por mal pagador en los autos IUE 275-413/2017. Señala que realizaba además de las tareas de albañilería, trabajos de electricidad, sanitaria y mantenimiento por un jornal de $ 2570, 20 días al mes. Como no le fue reconocido el pago de los alquileres, reclama salarios impagos por 24 meses, licencia, salario vacacional, aguinaldo e indemnización por despido, por un total de $ 2.724.141 incluida actualización, interés, multa y 25% por daños y perjuicios preceptivos.
Por su parte, la demandada a fs. 106 y ss., luego de haberse declarado la nulidad del emplazamiento a su respecto, contestando la demanda, niega el vínculo laboral con el actor, no lo contrató ni abonó salario alguno, tampoco le dio órdenes, siendo la hija de la propietaria del inmueble por el cual celebró contrato de arrendamiento y del que se le dio el desalojo, habiéndolo reintegrado en un estado deplorable.
Los testigos expresaron sobre el punto: Nelson Castro a fs. 136 vto., conoce a las partes por levantar quiniela en Ellauri y Centenario. Dice que el actor estuvo trabajando un tiempo en los apartamentos, hacía tareas de pintura y de sereno, que hizo unas changas y unos arreglos, cerca de un año. Luego rectifica que no era sereno, sino que lo veía recorriendo los apartamentos de tardecita. Sabe que los apartamentos son de María y de su hija y señala a la demandada como hija, dice que la vio dándole órdenes al actor.
María Adela Mutter, fs. 137, es la madre de la demandada, expresa que es propietaria de 12 apartamentos desde hace 5 años, que los adquirió por herencia de la Dra. Serrón. No conoce al actor, no contrató a nadie para hacer arreglos, inició desalojo por el inmueble ocupado por el actor y su esposa.
Hugo Martínez, fs. 137 y vto., vio al actor limpiar y arreglar algo de construcción, él vivía allí.
Edison Ballardo, fs. 137 vto., vio al actor haciendo trabajos de albañil y pintura. Dejaba su auto en el lugar, vio a la demandada charlando, no dando órdenes.
Luis Rodríguez Denis fs. 138, vio a la demandada darle alguna indicación a Mora, le dijo que Mora iba a arreglar los apartamentos, la demandada sacó al testigo de un garaje que usaba. Luego dice que no sabe quien daba órdenes al actor.
3) La Sentencia excluyó la existencia de relación laboral entre las partes.
De lo cual se agravia el actor.
A entender de la Sala, no le asiste razón.
La Sala comparte la valoración de los hechos y de la prueba que efectúa la Sra. Jueza a quo, así como la conclusión a la que arriba y se comparten sus fundamentos.
En efecto, controvertida la existencia de la relación laboral alegada, como en el supuesto de autos, la jurisprudencia ha entendido en forma unánime que recae sobre quien alega la carga de probarla conforme a lo establecido en el art. 139.1 del Código General del Proceso, sin perjuicio de la carga que tiene la parte demandada de probar los hechos extintivos, impeditivos o modificativos de la pretensión conforme al mismo texto legal. De acuerdo a ello, el actor tenía la carga de probar que el vínculo que mantuvo con la demandada fue una relación laboral y los hechos en que funda tal calificación.
A tales efectos, debe tenerse presente que la regla in dubio pro operario no tiene aplicación a situaciones como la presente, en tanto justamente lo que se discute es la existencia o no de una relación laboral.
Ahora bien, considerando las resultancias del expediente acordonado tramitado por desalojo IUE 275-413/2017 y de la prueba testimonial, no existen los elementos tipificantes de la relación laboral: subordinación jurídica y remuneración y además no se constataron los factores complementarios propios de la relación de dependencia.
En tal sentido, no se comprobó que el actor realizara tareas para la demandada, se coincide con la Sentencia que no resultó acreditado que “las tareas realizadas por el actor hayan sido por cuenta y orden de la demandada, a quien los testigos ubican vagamente en la zona, y en situaciones puntuales”, ni se constata pago y tampoco ningún tipo de subordinación.
Asimismo, la demanda es muy parca en el relato de los hechos indicativos de la relación laboral, y el estado en que fue entregado el apartamento, es contrario a su versión del canje por arrendamientos que ahora pretende reclamar.
En definitiva, el recurrente no logra acreditar que desempeñara tareas en forma subordinada para la demandada ni que ésta fuera quien abonara la remuneración.
Es decir, no surgen acreditados indicios de la existencia de subordinación. Como lo releva la Sentencia, “el hecho de que dos testigos hayan visto a la demandada dando indicaciones a Mora en el lugar”, “no resulta suficiente para considerar que entre los involucrados existía una relación de índole laboral”, ni que ésta fuera quien abonara la remuneración.
Es decir, no surgen acreditados indicios de la existencia de subordinación.
En cuanto al alcance del elemento subordinación, la Suprema Corte de Justicia en Sentencia N°343/2000, citando criterios doctrinarios, expresó: “La subordinación da al contrato de trabajo su rasgo específico y es de naturaleza jurídica y es de esa índole porque el que presta el servicio, si bien acepta que el otro dirija su actividad, no lo hace en virtud de una relación puramente material, en realidad, la parte que se encuentra en esa situación ha aceptado, contribuyendo ella misma libremente a crear en perjuicio de su libertad una relación jurídica de poder (De Ferrari, Francisco, “Lecciones de Derecho del Trabajo, tomo 1, pág. 365). Esa subordinación se compone de dos elementos: uno que es la facultad jurídica del patrono, en virtud de la cual puede dictar los lineamientos, instrucciones y órdenes convenientes para obtener el fin que se ha propuesto la empresa y otra es la obligación, también jurídica del empleado, de cumplir con esas normas cuando presta su labor (Cf. De la Cueva, El nuevo Derecho mexicano del trabajo, Tomo I, pág. 203).
Esta Sala de Apelaciones de 3° Turno con distinta integración, expresaba, en criterio que se comparte que: “…Donde existe subordinación jurídica como poder jurídico, esto es como principio de autoridad, habrá relación de trabajo y faltando ese elemento estamos en presencia de un contrato de Derecho Civil” y que este poder “… se caracteriza como el poder del empleador de dirigir, controlar y disciplinar la actividad del trabajador, pudiendo sustituir su voluntad a la de éste cuando lo considere conveniente u oportuno y subordinación técnica que exige la realización de la labor dirigida o vigilada en forma inmediata y permanente por parte del empleador…”. Y que: “…los mejores indicios para determinar la existencia de una subordinación jurídica son la actividad personal y onerosidad, junto con los que han sido considerados como elementos típicos del contrato de trabajo, como lo son la ajenidad, la exclusividad, proporcionalidad y colaboración…”.
A juicio de la Sala, analizada la prueba diligenciada tomando en cuenta cada una de las producidas y en su conjunto, racionalmente, de acuerdo con las reglas de la sana crítica (art. 140 del CGP), no está acreditada la relación de dependencia.
En efecto, no todo trabajo humano califica como relación laboral, se necesita el elemento subordinación, que en el caso de autos no está acreditado.
Para el Tribunal procede confirmar la Sentencia recurrida, no existió alegación y prueba de indicios de subordinación y otros indicadores de relación laboral tutelable.
4) La conducta procesal de las partes no amerita la imposición de especiales condenas en costos, siendo las costas de cargo de la demandada condenada (arts. 337 Ley 16.226, 56.1 CGP y 688 Código Civil).
Por tales fundamentos, disposiciones legales citadas y así como en los arts. 17, 18 de la Ley N°18.572, artículo 198 del Código General del Proceso el Tribunal,
FALLA:
CONFIRMASE LA SENTENCIA RECURRIDA.
SIN ESPECIAL CONDENA PROCESAL EN COSTOS EN EL GRADO, SIENDO LAS COSTAS DE CARGO DE LA PARTE DEMANDADA.
HONORARIOS FICTOS 5 BASES DE PRESTACIONES Y CONTRIBUCIONES A LOS EFECTOS TRIBUTARIOS QUE CORRESPONDIEREN.
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE A LA SEDE DE ORIGEN. DRA. MÓNICA PEREIRA ANDRADE- MINISTRA. DRA. LINA FERNÁNDEZ LEMBO MINISTRA. - DRA. MARÍA DEL CARMEN CORUJO MILÁN- MINISTRA.- ESC. VERÓNICA LAMELA SANTURIO- SECRETARIA LETRADA SUBROGANTE.-
Fuente: Base de Jurisprudencia Nacional del Poder Judicial. Los nombres de las partes figuran anonimizados en el original.