Sentencia Interlocutoria N° 595/2025

Sentencia Nro. 595/2025 - IUE: 527-309/2025 Montevideo, 16 de octubre de 2025 Ministro Redactor: Dra. Dolores Sánchez de León VISTA para interlocutoria de segunda instancia esta pieza: “AA – PRUEBA ANTICIPADA Y/O DILIGENCIA PREPARATORIA - 527- 309/2025 – (TEST. IUE: IUE 2-27420/2025);venida del Juzgado Letrado de Atlántida de 1o Turno, en virtud del recurso interpuesto por la defensa, Dra. Joseline AA, contra la Res. 563/2025dictada el dia 07/04/2025 por la Dra. Jimena Rosas, con intervención de la Fiscalía Letrada de Atlántida de 1er Turno, representada por el Dr. Cristian Bueno. RESULTANDO I) La hostilizada resolvió: “Conforme al art. 219 literal a) del CPP, téngase por acorde a derecho la detención del Sr. AA en el día de ayer, a la hora 14:00, por funcionarios de Seccional 17 de Canelones, en hipótesis de flagrancia...” (fs. 13). II) La Defensa al apelar(fs. 24/29 ), expresó: En primer lugar causa agravio a esta parte que por la recurrida la proveyente haya tenido por legal la detención en una hipótesis de FLAGRANCIA DELICTUAL cuando de los elementos con que contaba el Ministerio Publico al momento de celebrar la Audiencia de control de detención NO SE ESTABA ante tal HIPÓTESIS y por cuanto del relato de hechos que manifiesta, soslaya completamente los ilícitos allanamientos perpetrados en la vivienda del indagado previo a su detención. En efecto, el día 5 de abril del presente en horas de la tarde el indagado notó que su hija con quien comenzaba a compartir VISITAS ese día contaba en su CUERPO con varias LESIONES similares a PICADURAS o pequeñas AMPOLLAS por lo que procedió a llamar a la EMERGENCIA MÓVIL para que concurriera a su domicilio, siendo atendida la menor unas horas más tardes por personal médico quien determinó que se trataba de una simple alergia. Dado que luego de ello la menor continuaba con molestias en su piel, el indagado procedió a concurrir con esta CAMINANDO hasta la Emergencia de la Asociación Española Primera de Socorros Mutuos más cercana ubicada en la localidad de Atlántida a una distancia de más de TREINTA CUADRAS desde su domicilio. Luego de ser revisada la menor por médico pediatra y que le recetara MEDICACIÓN, ambos emprendieron el regreso hacia el domicilio del indagado, quien llevaba a su menor HIJA SOBRE sus HOMBROS para que esta no tuviera que caminar y fue allí donde habría EXTRAVIADO el DISPOSITIVO MÓVIL que cayó desde su bolsillo sin que el mismo se percatara de tal EXTRAVÍO. Más tarde, ya casi en horas de la madrugada, se comunica con el indagado personal de DIMOE a efectos de informarle que no se encontraba con el dispositivo, quienes incluso llegan a expresar que “es claro que se trató de un extravío del mismo”. No resulta cierto, como expresara el Ministerio Público tanto en Audiencia como en su escrito a fojas 2 y 3, que el indagado haya manifestado a DIMOE que “había tirado el dispositivo y que estaba alcoholizado, que no lo molestaran, no atendiendo más los llamados”. Tal extremo expuesto por la FISCALÍA al solicitar una presunta ORDEN de ALLANAMIENTO y DETENCIÓN, resulta en una conducta verdaderamente TEMERARIA y CONTRARIA a la PROBIDAD con la que debe dirigirse y ello por cuanto, NÍTIDAMENTE surge de las GRABACIONES de AUDIO contenidas en la carpeta fiscal que el indagado al ser llamado por DIMOE jamás indilgó tales expresiones a los funcionarios sino que, por el contrario, manifestó “si por favor PODÍAN ALCANZAR a su DOMICILIO el DISPOSITIVO”, habiéndole confirmado tal extremo. Tampoco resulta cierto que el indagado haya hecho “caso omiso permaneciendo en el lugar” cuando el personal policial más tarde acudiera al domicilio a reintegrarle el dispositivo. El mismo simplemente se había dormido pues ya eran horas de la madrugada y debido a la medicación que el mismo debe ingerir (y que le induce al sueño) por tratamiento PSIQUIÁTRICO que justamente realiza en cumplimiento de uno de los extremos de la condena que se encuentra cumpliendo. Luego de lo expuesto devino la ILICITA PERPETRACIÓN en las DEPENDENCIAS del DOMICILIO del indagado cuando su HIJA MENOR DESPIERTA y es SORPRENDIDA con varios funcionarios policiales en las ventanas y en LLANTO, dada la CONMOCIÓN EMOCIONAL generada - atendiendo el teléfono celular de su padre donde jamás mencionó estar desnuda o desnutrida (como pretendiera el Ministerio Público) sino que simplemente mencionó NO PODER ABRIR las PUERTAS, lo cual es LÓGICO para una MENOR de CUATRO AÑOS que estaba siendo sorprendida en su propio domicilio mientras su padre dormía y funcionarios policiales por ventana y teléfono le solicitaban continua y desaforadamente que abriera las puertas. Lo expuesto no se trata de una concusión de la defensa sino de EXTREMOS plenamente CONSTATABLES con la EVIDENCIA con que cuenta el Ministerio Publico en su CARPETA INVESTIGATIVA. Lisa y llanamente surge de las grabaciones de audio que en horas de la madrugada del día cinco de abril del presente año efectivos policiales ingresaron a las dependendencias de la vivienda del indagado, traspasando (de otra forma es imposible) incluso un portón con candado de más de dos metros de altura al frente de dicha vivienda a efectos de poder observar por las ventanas y solicitarle a una niña de cuatro años de edad que abriera las puertas. Expresamente tal extremo es reconocido por la propia Fiscalía, quien a fojas 2 de autos manifiesta: “Ante ello se procede por personal policial a ingresar al predio de la casa donde por la ventana del frente de la casa se observa a una menor sin ropa interior, llorando y pidiendo a esta policía que llamaran al padre ya que no lo podía despertar”. El único extremo que manifiesta dicho Ministerio y resulta cierto, es que el personal policial ingresó al predio de la casa, pues la menor no se encontraba desnuda, no se encontraba carente de alimentos y mucho menos solicitó ayuda a la policía sino que, por el contrario, fue la POLICIA quien le inquería a esta una y otra vez que abriera las puertas del domicilio. Por otra parte, agravia así mismo a esta parte que se haya soslayado tanto el ilícito allanamiento perpetrado, así como el completo arrebato y avasallamiento de los DERECHOS más BÁSICOS del INDAGADO al momento de la detención. Sin perjuicio de la FALTA de MOTIVACIÓN de la recurrida por NO CUMPLIR con un ESTÁNDAR MÍNIMO de JUSTIFICACIÓN o al menos indicación respecto a cuál sería el delito en HIPÓTESIS de FLAGRANCIA por el que habría sido detenido el indagado, cabe señalar que el Ministerio Público pretendió la formalización, tal como surge de fojas 5 a 8 de autos, por la comisión - a su entender - de un DELITO de DESTRUCCIÓN de MEDIOS o DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS en régimen de reiteración real con un DELITO de DESACATO. Pues bien, no existió destrucción del dispositivo electrónico, ni tampoco existió relevamiento fotográfico de los dispositivos dañados y menos aún existió INTENCIÓN AJUSTADA al RESULTADO por cuanto el indagado jamás destruyó el dispositivo, sino que EXTRAVIÓ el mismo en instancias de cargar en sus brazos a su hija al médico. Iguales consideraciones merece el pretendido desacato por cuanto según expresa el Ministerio Público “al momento del traslado por parte del personal de seccional 22 del detenido este mismo se desacata mordiendo al agente Diaz quien sufriera lesiones y el cual radicará instancia penal”. No obstante, omite el Ministerio Publico al igual lo hizo la recurrida que la pretendida hipótesis de flagrancia por un presunto delito de desacato, tuvo lugar mientras se realizó el allanamiento y el indagado estaba durmiendo siendo reducido a golpes de puño y con un palo de madera con que contaba el mencionado agente Diaz. Las lesiones sufridas por el indagado durante la detención por parte del personal policial y específicamente por parte del agente Diaz no solo fueron visibles para la Sede en audiencia, sino que surgen de constancia médica por atención al indagado luego de ser detenido e incorporada a la carpeta investigativa. Cabe resaltar que si bien el procedimiento fue grabado no se explica el motivo por el cual al momento inmediato de ingresar a la vivienda y reducir en el suelo al indagado el personal policial DEJA de GRABAR, volviendo a hacerlo cuando retiran al mismo de la vivienda. Sin perjuicio de ello, de dichas grabaciones parciales surge nítidamente que no se le exhibió ni notificó orden de allanamiento alguna al indagado (único morador mayor de edad en la vivienda), que no se realizó ningún llamado previo a la apertura (tal como edicta el procedimiento previsto en el artículo 196 del Código del Proceso Penal), limitándose el personal policial a solicitar por una puerta al costado de la vivienda y a más de veinte metros de donde, se encontraba el INDAGADO DURMIENDO a inquerir nuevamente a la menor, que no estaba desnuda ni desnutrida, a que abriera las puertas o que encontrara las llaves, pero nunca que llamara, como corresponde, al único morador mayor de edad de la vivienda. Luego de ello, se visualiza como un efectivo policial masculino derriba a patadas la puerta del frente de la casa donde a menos de tres metros se encontraba durmiendo el indagado, quien inmediatamente fue reducido por tres agentes masculinos, encontrándose en el lugar otras dos femeninas más. A lo expuesto debe agregarse que de las dos Actas de los funcionarios actuantes existentes en la carpeta investigativa, una de ellas del mencionado Agente Diaz y la otra del Agente Néstor Fabián González, de la cual surge que “el Sr. Nicolás AA SOSA se encontraba en un colchón en el piso durmiendo” y que “a momento de colocarle las medidas y ser reducido esta persona entra en desacato con esta policía y expresando agravio a este personal policial y amenazando con sus abogados donde el mismo en determinado momento muerde a Agente Diaz”. Resulta ilógico que el Ministerio Público pretenda que un hombre de mediana estatura,como lo es el indagado, y una complexión física patentemente inferior a los efectivos que procedieron a reducirlo, incluso durmiendo, y luego de ser reducido (tal como se visualiza en la grabación de video) pudiera eludir la fuerza física de tres agentes procediendo a morder a uno de ellos. Más ilógico aún resulta que se pretenda que ante el sometimiento a tratos crueles e inhumanos durante la detención, el indagado no pretendiera de alguna forma defenderse. Se cita al respecto Sentencia No 740/2023 del T.A.P. de 1er Turno., en un caso de similares características, donde ante una detención ilegal uno de los funcionarios policiales actuantes adujo que habría sido mordido en su mano por el indagado, el Tribunal señaló: “¿Las garantías ciudadanas deben ceder a la argumentación fiscal, de que los particulares jamás tienen derecho a resistir a la autoridad? El artículo 53 CPP permite a la Policía a proceder a la detención más allá de la flagrancia (literal e) cuando en el literal 8) autoriza a que ésta proceda conforme a las demás actuaciones que dispusieran otras normas legales encontrándose entre ellas la Ley de Procedimiento Policial 18.315, y la Ley 19.315. Eso no exime a Fiscalía de rendir cuenta de la flagrancia, y ésta no existe cuando la resistencia al arresto es legítima o cuando menos, sucede a un accionar nada profesional; de lo contrario, no se estaría en un Estado de Derecho sino ante un Estado policial donde cualquier comportamiento de la autoridad armada debe obedecerse sin más y el examen de su regularidad debe resignar -siempre- al juicio. ¿Dónde quedaría en supuestos como el de autos, el control judicial propio de la audiencia de formalización, tanto para la legalidad de la detención, como para la admisibilidad de la imputación? La mordedura no controvertida por la Defensa fue explicada por ésta, como acto involuntario o de reacción frente a que un policía pusiera sus dedos o mano en la garganta del imputado para reducirlo, como si no fuera suficiente con poco tener varios funcionarios encima suyo. Esta circunstancia, y que el video de la cámara Pro no comienza desde que llegaron los primeros policías, no fueron contestados por Fiscalía, cuyo Representante invoca suficiente para formalizar, el resultado, de manera tal que a actividad del órgano persecutor quedaría entregada a su voluntad unilateral de acatar el derecho". Los elementos para el reproche penal -genéricamente actuados- pueden ser debatidos y censurados antes del juicio, máxime cuando refieren a delitos contra la autoridad con base en un relato cuasi policial nada claro, seguido por su insistencia en que si hubo o no legítima defensa, 'se verá después”. Tambie? se cita en igual sentido Sent. No846/2020 del T.A.P. de 1er Turno. Finalmente y como último agravio debe señalarse que durante el allanamiento de fecha seis de abril en el domicilio del indagado y su posterior detención no existía orden judicial previa tal como aduce el Ministerio Público y releva la Sede en Decreto número 561/2025 de fecha 07 de abril de 2025 (fojas 10), esto es, UN DÍA DESPUÉS del ALLANAMIENTO y DETENCIÓN. Fiscalía presenta una solicitud (fs.1), aparentemente solicitando previo a la detención, el allanamiento, registro y detención, no puede obviarse lo que surge a todas luces de dicha solicitud, y ésto es que la misma se efectuó con fecha 07 de abril a la hora 11.56 (extremo que surge por efecto del sistema), por lo que mal pudo, la Sede otorgar orden escrita a fiscal alguno cuando siquiera había sido solicitado el allanamiento y la detención. A ello se agrega que, el documento incorporado en el expediente un día después de la detención a fs. 9 no solo carece de toda formalidad, sino que también carece de los datos mínimos e indispensables para corroborar su legalidad e incluso es aparentemente dirigida a personal policial de la CEVDVG cuando el personal policial interviniente fueron los funcionarios dependientes de la Seccional 22da. de Salinas. Se cita al respecto Sentencia No. 313/2020 del T.A.P. de 3er turno. Esta defensa entiende que han vulnerado tanto los requisitos constitucionales como legales al momento y durante la detención, fundando su derecho en atención a lo dispuesto en los artículos 12, 15, 18, 22, 26 y concordantes de la Constitución de la República, artículos 366 y siguientes del Código del Proceso Penal y demás normas citadas.. Por lo expuesto, se solicita se eleven las presentes actuaciones al T.AP que por turno corresponda a efectos de que revoque la impugnada disponiendo en su lugar la ilegalidad del procedimiento de detención. III) Fiscalía abogó por la confirmatoria (fs.32/42). Contestó: CONTESTA AGRAVIOS RESPECTO A LA FLAGRANCIA DELICTUAL: Por Sentencia de condena ejecutoriada con fecha 27/2/2025, en el expediende IUE 2- 97059/2024 del Jdo. Ldo. Penal de 40 Turno de Montevideo, el imputado fue condenado como autor penalmente responsable de reiterados delitos de violencia doméstica agravada en régimen de reiteración real con un delito de desacato, debiendo cumplir una pena de 13 meses en régimen de libertad a prueba, siendo una de las condiciones que se obligó a cumplir el portar dispositivo de monitoreo electrónico. Con fecha 6 de Abril de 2025 próximo a la hora 11:38 DIMOE informó por Oficio el evento “retiro o destrucción de medios o dispositivos electrónicos, SGSP N.o 21906888”. De inmediato funcionarios de dicha dependencia procuran comunicarse con el imputado AA el cual se encontraba (se transcribe) “desorientado y con dificultadpara expresarse”. Al ser consultado por el dispositivo electrónico este logra dar como respuesta que “quería dormir” dado que habría tenido una discusión con su progenitora. Al ser consultado por su estado de salud, este informa que se encontraba en su domicilio y que “había ido a una fiesta consu hija” reiterando sus deseos por dormir, concluyendo por último que no tenía idea alguna de dónde podría encontrarse el dispositivo electrónico que debía portar por sentencia de condena ya referida. Del propio parte surge lo que fuera informado a esta Fiscalía por parte de la autoridad policial actuante respecto a que continuando la conversación con el imputado este sentenció que “había tirado el dispositivo y que estaba alcoholizado” reiterando que “no lo molestaran” dejando de dar respuesta a los llamados realizados por DIMOE. Al mismo tiempo que ocurría ello, la testigo BB hacía entrega en la seccional 17 de Atlántida del dispositivo DPO que minutos antes encontró tirado y abandonado en calle 18 y Ruta 11. Entiende esta fiscalía que respecto de los hechos nos encontrábamos en una hipótesis de flagrancia delictual propia por cuanto, siendo que el imputado debía portar dicho dispositivo electrónico como una de las condiciones del régimen de libertad a prueba que se obligó a cumplir, tal extremo en forma clara no cumplía. Más allá de toda la justificación que luego ensaya la defensa de que el imputado no tenía conocimiento del extravío de tal dispositivo (elementos que, como ya se dijera, son cuestiones de fondo que en definitiva se sustanciarán en un futuro juicio oral), al ser puestos en conocimiento de los hechos acaecidos, se contaba con relatos de funcionarios actuantes que dan cuenta del estado en el que aparentemente se encontraba el imputado, así como el informe de DIMOE que informa del incumplimiento que tenía lugar en ese momento, así como de las respuestas brindadas por el imputado. Por tal motivo, mal puede su Defensa improvisar como agravio que el imputado no tenía conocimiento del extravío de tal dispositivo. La ley de violencia hacia las mujeres basada en género No19580 que tiene por objeto principal garantizar el efectivo goce del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia basada en género, aporta elementos al sistema en procura de una protección integral a este tipo de víctimas, existiendo incluso el art. 295bis del CPP que establece la preceptibilidad de la colocación del dispositivo electrónico para penados por delitos de violencia doméstica, género o sexual. Es por ello que el seguimiento de este tipo de incumplimientos es esencial, primero para dar seguridad y protección a la víctima y en segundo lugar para un efectivo control del cumplimiento total de (en este caso) una sentencia de condena. Mal puede la Defensa expresar que el dispositivo DPO se le “cayó del bolsillo sin percatarse del extravío” y que por tal motivo ello no signifique un incumplimiento a dicha condición; referimos en este punto a los términos y condiciones para el correcto uso y transcurso en el programa de monitoreo electrónico de violencia doméstica y de género que el imputado, como todos aquellos imputados que deben portar dispositivo de rastreo electrónico, leyó, comprendió y firmó una vez se procedió a ingresar a este al programa de monitoreo. En el mismo documento, que obra en la carpeta investigativa y que luce con la firma, contrafirma y Ci del imputado, se entera al mismo, entre otros puntos, que: “...3- DIMOE entrega los dispositivos en condiciones adecuadas, realizando la instrucción de su uso, mantenimiento y cuidado, siendo responsable el/la portador/a de cumplir con los términos del presente programa... 5- El/la usuario/a no puede manipular, retirarse o realizar cualquier acción que pueda afectar el funcionamiento y/o dañar los dispositivos, siendo pasible de sanción conforme al artículo 359 bis del Código Penal Uruguayo...8- El/la usuario/a debe responder a cualquier mensaje y/o llamada telefónica duie- reciba 7 desde DIMOE...10- Ante cualquier anomalía detectada por DIMOE en los dispositivos, el/la usuario/a debe concurrir a la Unidad Policial que se disponga para su verificación a la hora y fecha indicada”. Atento a lo expuesto surge clara la flagrancia delictual siendo que el imputado no se encontraba siendo monitoreado por el (al menos) extravío del dispositivo electrónico y la necesidad de una respuesta de la justicia a los efectos de salvaguardar la integridad de la víctima. Pese a ello, la actuación de la autoridad policial fue por demás acorde a derecho y para nada precipitada ya que, atento a lo informado a esta Fiscalía, si bien ya se había entablado comunicación con el imputado el cual presentaba serios problemas para dar respuesta a lo que se le preguntaba respecto del dispositivo, y si bien el mismo habría expresado que no lo molestaran más y que había arrojado el dispositivo volviendo de una fiesta con su hija alcoholizado, le expresaron a este que permaneciera en su domicilio ya que funcionarios actuantes debían corroborar la situación, esto es, que efectivamente se encontraba en su domicilio y no (por ejemplo) dentro del radio de exclusión o mismo en el hogar de la víctima. De hecho, se llevó incluso el dispositivo que fuera entregado por la testigo, a la vía pública a una distancia considerable del domicilio del imputado a los efectos de procurar reconectar al mismo. Una vez en el lugar, sin ingresar al domicilio del imputado, procuraron comunicarse con este y al no recibir respuesta se comunican nuevamente con el Sr. AA a su número celular, atendiendo el llamado su hija de 4 años de edad la cual expresó estar asustada porque su padre dormía “y no lo podía despertar” no teniendo alimentos. Informados los funcionarios que se encontraban en el lugar de ello ingresan al predio, no al hogar, y por las ventanas logran visualizar “por la ventana del frente de la casa se observa a una menor sin ropa interior, llorando y pidiendo a esta policía que llamaran al padre ya que no lo podía despertar”.Es recién en ese momento que vuelven a comunicarse con Fiscalía y, ante la grave situación descripta, no solo por la flagrancia en la que se encontraba el imputado sin portar el dispositivo de monitoreo electrónico que se encontraba obligado a portar, sino por la vulneración que a simple vista presentaba la niña de 4 años, que se decide solicitar en debida forma a la Jueza que se encontraba de turno el allanamiento del domicilio a los efectos de ingresar y lograr en primer lugar la detención del imputado en flagrancia y, en segundo lugar, socorrer a una niña de solo 4 años que entre llantos solicitaba ayuda a la autoridad policial. RESPECTO A LA ILEGALIDAD DEL ALLANAMIENTO: Lejos de una ilegalidad en el allanamiento, el mismo se presentó necesario ante la situación de flagrancia, la falta de respuesta por parte del imputado y la situación que presentaba la menor, todo lo cual fue consignado en debida forma en el parte policial tal y como informaran a la Fiscalía. De esta forma, se entiende más que justificada la petición de tal diligencia, no existiendo menoscabo alguno de los derechos del imputado, ajustándose el obrar del cuerpo policial y de esta Fiscalía a Derecho. Así: A- existía un informe de DIMOE que daba cuenta del incumplimiento flagrante por no portar el dispositivo que debía portar, desconociéndose el paradero real del imputado, B- una testigo entregó tal dispositivo que debía llevar y cuidar el imputado, pese a lo cual se encontraba tirado en la vía pública. C- del relato de los funcionarios actuantes surgía la actitud de desapego al mismo por parte del Sr. AA, quien incluso habría expresado que se había descartado del DPO encontrándose alcoholizado y con ganas de descansar, y D- En pleno conocimiento de haber (al menos) extraviado el dispositivo, por propia voluntad hizo caso omiso de las llamadas telefónicas de DIMOE. Debiéndose atender al cuidado y salvaguarda de la víctima que se procuraba proteger, se entendió que existía flagrancia y por lo tanto elementos más que fundados para iniciar la investigación, solicitándose el allanamiento en debida forma. Los hechos tuvieron lugar el día domingo 6 de Abril de 2025, las comunicaciones, como es costumbre al encontrarse en días inhábiles (sábados, domingos o feriados) se realizaron en contingencia, por vía telefónica, siendo la Jueza Letrada informada de toda la situación tanto por esta Fiscalía como por la autoridad policial a los efectos de las posibles disposiciones a ser tomadas en la vía de Familia Especializada. Incluso, luego de ser informada, se detallaron los hechos por la red social Whatsapp y una vez la Magistrada entendió justificado y acorde a Derecho, dispuso la realización de allanamiento en el domicilio del imputado y su posterior detención, orden que en definitiva dio por escrito el mismo día 6 de Abril de 2025, obrante a fs. 9, fundando la misma en los arts. 11 de la Constitución, 195 a 198 y 205 del CPP, así como la semiplena prueba relacionada por este cuerpo Fiscal. La solicitud Fiscal obrante a fs 1 a 4 no es sino la regularización de las actuaciones realizadas el día domingo en contingencia, no siendo posible solicitar por sistema las mismas en forma anterior por cuestiones de interconexión de los sistemas de PJ y FGN. En ningún momento existió un allanamiento contrario a derecho, sin solicitud fundada de la Fiscalía o sin disposición judicial respectiva. Si por una falla en el sistema la justicia dejara de actuar estaríamos frente a una Fiscalía negligente. En este caso se cumplió con todos los requisitos establecidos para solicitar y posteriormente realizar dicha diligencia. Al ser plasmado todo lo actuado recién el día lunes, dicho expediente se crea con tal solicitud el día 7 de Abril, siguiendo a posterior la disposición en contingencia realizada y firmada por la Jueza el día 6 de Abril (fs 9), siguiendole, a fs 10, el Decreto 561/2025 donde la Magistrada en debida forma aclara: “Conforme lo dispuesto por el art. 11 de la Constitución y art. 195 del CPP y en mérito a lo manifestado por el Ministerio Público, en el día de ayer se autorizó el allanamiento respecto de la finca sita en (...) en tanto se encontraba allí un masculino alcoholizado y bajo efectos de SPA, quien se habría retirado el dispositivo de monitoreo. En el lugar se encontraba también una niña pequeña, sin ropa interior, la que lloraba pidiendo ayuda. A los efectos de la detención del imputado y brindar auxilio a la niña, se autorizó el ingreso del personal policial a la vivienda, lo cual fue comunicado en forma escrita a la Sra. Fiscal. Se adjunta la orden otorgada,.—”.RESPECTO AL PRESUNTO ABUSO POLICIAL; tal y como fuera argumentado en audiencia, una vez se puso en conocimiento por quien en dicha instancia era el defensor de particular confianza del imputado, la Fiscalía tomó conocimiento y se expresó al mismo que, en caso de entender que correspondía investigar los hechos por haber tenido lugar delito alguno, se podía realizar la denuncia respectiva. Dicho eso, la posible comisión de algún tipo de abuso policial a la hora de detener al imputado no apareja de por sí una ilegalidad de dicha detención por cuanto la misma se encontraba por demás justificada. En todo caso, el accionar de los funcionarios actuantes sería parte de un nuevo acto de naturaleza criminal que deberá investigarse y que de hecho se viene investigando Existe basta jurisprudencia al respecto. Se cia al respecto la Sentencia 84/2024 del TAP 2 que refiere: “De haberse golpeado al sospechoso en el acto de su aprehensión lleva a que se vulneren sus derechos ya que únicamente la policía está habilitada a utilizar la fuerza necesaria e imprescindible. Si se abusó del uso de la fuerza en violación de la ley lo que puede existir es un acto de naturaleza criminal por parte del agente que deberá investigarse, pero eso no es sinónimo de detención ilegal.” Respecto alas agresiones causadas al imputado, se cuenta con el relato de los funcionarios actuantes, así como la constatación de lesiones de uno de ellos, lesiones que le habría provocado el propio imputado una vez agrede físicamente al mismo. A eso debemos agregar las presuntas respuestas vía telefónica en donde el imputado habría solicitado que lo dejaran tranquilo, que se había descartado del dispositivo y que no quería que lo molestaran, y el claro estado etílico en el que se encontraba al hablar, extremo este último que se corroboró al realizarle al mismo espirometría la cual arrojó resultado 0,65 (obrante también en la carpeta investigativa), extremo que incluso se encuentra en las antípodas de la teoría del caso ensayada por la Defensa justificando al Sr. AA por cuanto debió llevar a su hija en brazos hasta el hospital a los efectos de ser atendida, argumento incluso que se da de bruces con lo presuntamente referido por el propio AA vía telefónica de haber concurrido a una fiesta con su hija y encontrarse alcoholizado. Si bien asiste razón a la Defensa por cuanto resta por subirse al sistema parte de la filmación de los funcionarios actuantes (la que ya fue solicitada por esta Fiscalía y razón por la cual se continúa la investigación, donde también se solicitaron los registros de las llamadas mantenidas y declaración de testigos presenciales), desconoce la profesional los registros fílmicos con que se cuenta, donde se logra visualizar al imputado en el móvil policial, profiriendo amenazas a la autoridad policial, menoscabando su autoridad, demostrando agresividad y violencia para con los mismos, extremo incluso que fue tomado en cuenta por esta Fiscalía para investigar el desacato o atentado denunciado. A modo de ejemplo, se transcribe parte de los insultos y el desprecio proferido por el imputado dentro del móvil policial a los funcionarios actuantes:“¿querés ver cómo te hace el culo a vos, putito? Pegame, pegame, dale. Vos sos un putito, putito. Vos sos un cagón. Mis abogados son los mejores del país, putito, vos sos solo un puto, sos un número, nada más (...) Saliste cagón. Yo jamás le falté el respeto a una mujer, putito, ya vas a ver”. De esta forma, los agravios esgrimidos, no encuentran sustento alguno. Por lo expuesto, se solicita se eleven las presentes actuaciones al T.A.P que por turno corresponde a efectos de que mantenga la recurrida en todos sus término. IV) Por Res. No 771/2025 de fecha 06.05.2025 laA-quo franqueó la Alzada, sin efecto suspensivo. Recibida la pieza, se citó para sentencia, que se acordó previo pasaje a estudio (fs. 48 y ss). CONSIDERANDO I) La Sala, por unanimidad, habrá de confirmar la impugnada , por los fundamentos que expondrá. II) HECHOS: La SRA. BB concurre a la autoridad policial y hace entrega de un dispositivo electromagnético (tobillera DPO) el cual menciona encontró tirado en calle 18 y Ruta 11. Seguidamente se procede a entablar comunicación con Dimoe, comunicándose con Agente CC, informando que el dispositivo pertenece al imputado, el SR. AA NACIONALIDAD URUGUAYO 29 AÑOS, el cual momentos antes se habían comunicado con el mismo ya que se encontraba sin carga de batería el cual les manifestó que había tirado el dispositivo y que estaba alcoholizado, que no lo molestaran no atendiendo más los llamados. Atento a ello se comisiona al domicilio del mismo a entregarle el dispositivo por orden de Dimoe, al llegar al mismo el imputado hace caso omiso, permaneciendo en el lugar. Al comunicar esto a Dimoe, funcionario actuante informa que se comunicó nuevamente al celular del imputado y habría atendido una menor de 4 años quien resulto ser la hija menor del imputado, DD, manifestando que su padre estaba durmiendo y que ella estaba sola con él y no podía despertarlo, encontrándose en un estado muy angustiada carente de alimentos. Ante ello se procede por parte del personal policial a ingresar al predio de la casa dónde por la ventana del frente de la casa se observa a una menor sin ropa interior, llorando y pidiendo a esta policía que llamarán al padre ya que no lo podía despertar. Atento a ello, se realizó el día de ayer allanamiento en el lugar calle 3 entre Avenida 18 y Avenida 30, City Golf, procediendo a detener al imputado el cual se encontraba acostado en el piso en un colchón. Es de hacer constar que al momento del traslado por parte del personal de seccional 22 del detenido este mismo se desacata mordiendo al Agente DIAZ quien sufriera lesiones y el cual radicará instancia penal. Cabe agregar que el imputado portaba dispositivo electrónico por sentencia de condena por la comisión de reiterados delitos de violencia doméstica agravada en régimen de reiteración real con reiterados delitos de desacato, cumpliendo la misma en régimen de libertad a prueba, expediente IUE 2-97059/2024.” III) Teniendo presente que el Artículo 11 de la Constitución expresamente establece que :El hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, sólo de orden expresa de Juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley. Por lo cual el Fiscal debe sumariamente informar que hecho está investigando, su relevancia penal, debe dar cuenta de la medida y dar fundamentos de la petición. Con esta información, el juez deberá resolver. En la práctica, las medidas intrusivas son solicitadas por los fiscales, de forma escrita y despachadas de igual manera. Sin embargo, existen causas excepcionales, que ameritan urgencia o como en el caso concreto ( un día inhábil) en el cual la oficina judicial no se encontraba abierta, razón por lo cual se realizó el pedido por “contingencia” , dándose cuenta de toda la situación a la Jueza, via watss apps yse realizó el pedido de allanamiento y su posterior detención, lo que fue dispuesto por la Sra. Juez ( fs.9) por escrito y enviado a la fiscalía, por medios tecnológicos tambièn contingentes. Todo lo cual, luego, al otro día , se dejaron las constancias de lo sucedido. La orden de allanamiento expedida, es ajustada a derecho: los hechos dan cuenta de la semiplena prueba de un delito: en el caso el imputado quien se encontraba cumpliendo pena por un delito de Violencia Doméstica , bajo el régimen de libertad a prueba y portando el dispositivo de rigor, quien dejó de portarlo- voluntariamente o no- , de hecho una vecina de la zona lo encontró tirado y lo llevó a la seccional. Sumado a que tenía a su cuidado a su hija de 4 años, quien incluso, atendió la llamada policial, que se realizò y que informó que su padre estaba durmiendo , y que no tenía alimentos”. Los funcionarios se acercaron a la vivienda del imputado y logran visualizar desde la ventana a la niña sin ropas, llorando , quien les pedía que despertaran a su padre y que no tenía comida”. Fue lo que motivó, entonces , la rápida actuación, solicitando la orden de allanamiento, y proceder a la detención del imputado. En cuanto a la detención, el art. 15 de la Constitución reza: “ Nadie puede ser preso sino infraganti delito o habiendo semiplena prueba de él, por orden escrita de Juez competente”. La flagrancia delictual ( art. 219 del CPP) es el acto por el cual a una persona sin existir orden de juez, se priva provisionalmente de la libertad al haber sido sorprendido en el momento mismo en que está cometiendo un delito o bien cuando se halla en un estado declarado equivalente por la ley. “Cobra aquí singular importancia el caso de los delitos denominados por la doctrina permanentes o continuos, cuyas características, como aquellos cuya consumación se prolonga en el tiempo, es decir aquellos que no tienen propiamente un momento consumativo sino más bien un período de consumación. En estos casos, la flagrancia puede invocarse durante todo el tiempo que dure ese período consumativo y en esa etapa, es procedente la detención del infractor,... sin necesidad del previo libramiento de una orden de aprehensión, pues como se expresa, en los delitos permanentes, todos y cada uno de sus momentos son de comisión. Por ello, en el verdadero caso de delitos flagrante , no se alude a la detención al momento en que alguien intente cometer un delito o cuando esté resuelto a cometerlo, tampoco debe haberse consumado ya el delito, sino estar cometièndolo en el acto, para justificar así detención de su autor por cualquiera que lo presencia y lo sorprenda , en dicha acción.” (Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Fundación Konrad Adenauer Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM www.juridicas.unam.mx). -Sin perjuicio en el caso de autos, aún cuando no se comparta que la flagrancia delictual esté conectada con el retiro del dispositivo ,( tal conducta tipifica un delito de desacato) , al momento del allanamiento el imputado insultó a los funcionarios, e incluso lesionó a uno de ellos, conducta que también implica un desacato e ingresa en la flagrancia delictual. IV)En síntesis la orden de allanamiento no tiene otra formalidad que sea por escrito (según la Constitución) lo que hoy por hoy se entiende que puede ser y de hecho es, librada por medios electrónicos. Si la mandó por medios electrónicos y no se desconoce ese punto, no hay ilegalidad. La defensa se basa en pruritos formales para atacar la orden de allanamiento, pero no discute su efectiva existencia sino la carencia de motivación , para el Colegiado, la Jueza fundó el libramiento de la misma en las normas legales previstas para dicha diligencia, y dada la urgencia y gravedad de la situación. Otra cosa es que no esté de acuerdo con los fundamentos, pero el imputado no tenía el dispositivo, y la policía tiene que actuar, lo hizo con una orden de allanamiento . Si tiró el dispositivo o lo perdió, es cuestión a dirimir en el proceso. Sumado a que , como dijimos, al momento de la diligencia de la medida, el imputado destrató, impidió y atacó a los funcionarios, uno de los cuales fue lesionado, por èste. POR CUYOS FUNDAMENTOS, EL TRIBUNAL RESUELVE: Confirmase la impugnada, Notifíquese y devuèlvase. Dra. Dolores Sanchez De León Ministra Dra. Graciela Eustachio Colombo Ministra Dr. Marcelo Malvar Juncal Ministro Esc. Julio A. Grande Gabito Secretario I