Sentencia Definitiva N° 291/2025

Sentencia Nro. 291/2025 - IUE: 401-221/2016 Montevideo, 16 de octubre de 2025 TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE CUARTO TURNO. Ministra Redactora: Ministros Firmantes: Dra. Mónica Besio. Dr. Álvaro França. Dr. Guzmán López Montemurro. AUTOS: “IHLENFELD AGUERRE, Sergio Ernesto c/ MASLIAH Roberto Alejandro y GONZÁLEZ DE PALLEJA, María Claudia. PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA TREINTENARIA”. IUE: 401-221/2016.- I) El objeto de la instancia está determinado por el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la Sentencia Definitiva No 7/2024, de fecha 9/12/2024, dictada por la titular del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Paso de los Toros de 1o Turno, Dra. Yamel Tabarez Victora, por la que no hizo lugar a la excepción de defecto en el modo de proponer la demanda; y declaró que Sergio Ernesto Ihlenfeld Aguerre ha adquirido por el modo prescripción adquisitiva treintenaria el bien inmueble padrón rural No XX (parte), con un área de 1.262 metros cuadrados, 57 decímetros cuadrados, del Departamento de Tacuarembó, Sección Catastral 10°, Paraje Peralta, según demás datos que surgen del plano adjunto al promover la demanda. II) La parte demandada, a fs. 369 y sig., interpuso recurso de apelación, formulando agravios. Le agravia la recurrida en primer lugar, por la desestimatoria de la excepción de defecto en el modo de proponer la demanda, entiende que no se han subsanado los defectos en el modo de proponer la misma. El actor, Sr. Ihenfeld no cumplió con el requisito de expresar contra quien deducía la demanda, sabiendo que los recurrentes eran los únicos propietarios del inmueble. Los comparecientes, Sr. Roberto Masliah y Sra. María Claudia González de Palleja, no son linderos, sino que son propietarios y conociendo el actor tal circunstancia, omitió expresar en su demanda a quien demandaba. Asimismo le agravia la valoración de la prueba. Sostiene que a su juicio, ninguno de los recaudos documentales glosados en autos, plano de mensura, cesión de derechos posesorios y cesión de derechos hereditarios, cédula catastral, certificado de salida fiscal, información registral, recibo de luz y partidas del registro de estado civil, acreditan los dos elementos que requiere la prescripción, la tenencia de la cosa o el goce del derecho y el ánimo de dueño. Relaciona que la cesión de derechos posesorios de fs. 4 no indica en forma clara el lugar de enclave del bien, no precisa el padrón, ni el metraje. No se acreditó que los derechos que le cedieron los hermanos Touriño Camiza le fueron otorgados por la familia Lateulade Martínez, una de cuyas integrantes es la madre del Sr. Masliah. La promesa de cesión de derechos posesorios se extendió en documentos privado, sin certificación de firmas, solo produce efecto entre las partes. De la información registral surge que los propietarios del Padrón No XX(antes en mayor área No ZZ), son Roberto Masliah y Claudia Gozález de Palleja. No agregó el actor ninguna prueba documental que acredite actos de dueño, máxime cuando invoca que hizo mejoras. Solo acreditó el pago de la contribución inmobiliaria de los años 2020 y 2021. Refiere que la valoración de la prueba fue parcial, la prueba aportada no fue contundente respecto a los hechos positivos de posesión de parte del actor. De haberse apreciado la prueba de conformidad al Art. 140 del C.G.P, sana crítica, el análisis de la prueba en su conjunto debería de haber sido otro. También se erró al analizar la prueba trasladada, autos acordonados de entrega de la cosa, IUE 447-62/2006, ya que el mismo es prueba de que sí hubo una reclamación del bien, que descarta el carácter pacífico de la posesión del actor. Peticiona se revoque el fallo que dispuso hacer lugar a la demanda de prescripción adquisitiva deducida por el actor Sr. Sergio Ihlenfeld. III) La parte actora evacuó el traslado del recurso a fs. 380 y sig., abogando por el mantenimiento de la recurrida en todos sus términos, con costas y costos a cargo de la recurrente. IV) A fs. 387-388, el defensor de oficio designado, Dr. Diego Mauricio Rodríguez Barrios, evacuó el traslado del recurso interpuesto. V) Se franqueó la correspondiente alzada, se remitieron los autos a esta Sede, y recibidos los mismos, previo estudio legal, se acordó resolver la cuestión anticipadamente (Art. 200.1 del C.G.P), y se dispuso el dictado de la presente sentencia. VI) Previamente a ingresar al objeto de esta instancia corresponde señalar que en autos se promovió por parte del actor Sr. Sergio Ihlenfeld Aguerre demanda de prescripción adquisitiva treintenaria respecto del inmueble rural Padrón No XX ubicado en la localidad de Peralta, Depto. de Tacuarembó. Expresó en síntesis que el 7/6/2000 los hermanos David Francisco, Ana Rosario e Irineo Nelmar Touriño Camisa prometieron cederle al accionante, libre de obligaciones y gravámenes los derechos posesorios sobre un solar de terreno con construcciones ubicado en la localidad de Peralta, con frente a la Ruta Nacional No 5, el cual es parte del Padrón No XX. Desde el mes de marzo del año 2000 el actor ya ostentaba la posesión del inmueble de referencia. Que el 2/8/2008 por escritura de cesión de derechos hereditarios, David Francisco, Ana Rosario e Irineo Nelmar Touriño Camisa le cedieron al actor los derechos hereditarios que les correspondían en la sucesión de sus padres legítimos Elena Ciriaca Camiza y Norberto Irineo Touriño Zorrilla. Sostuvo el actor que ha poseído parte del inmueble Padrón No XX, una superficie de 1.262m2, 57dm2, según plano que acompañó, el que fuera inscripto en forma provisoria, que ha ejercido la posesión durante todo el tiempo en forma pacífica, ininterrumpida, pública, inequívoca y con ánimo de dueño, de conformidad con lo habiendo realizando mejoras y cercado del lugar. Acreditó la salida fiscal del bien. Señaló que a su posesión se ha adicionado la de la familia Touriño, aquella de quienes la hubo, de conformidad a lo dispuesto por los Art. 1188, 1206, 1211, 1196 y 666 del C.C, por lo cual solicita se declare judicialmente que ha adquirido por el modo prescripción la propiedad del inmueble de referencia. Solicitó se emplazara a los linderos que identificó. VII) La Sala habrá de revocar parcialmente la sentencia recurrida, en mérito a los fundamentos que se expresarán seguidamente, por ser parcialmente de recibo los agravios incoados por la parte demandada, Sr. Roberto Alejandro Masliah y Sra. María Claudia González de Palleja. La prescripción adquisitiva se encuentra legislada en nuestro derecho como uno de los modos de adquirir el dominio. Del estudio sistematizado de las normas que la regulan surge que la prescripción adquisitiva es un modo de adquirir los derechos ajenos, mediante la posesión continua por el tiempo y con los requisitos que la ley señala (Art. 1188 del C.C.). Esos requisitos se enumeran en el Art. 1196 del C.C. que reza así: "Para poder prescribir los bienes inmuebles se necesita una posesión continua y no interrumpida, pacífica, pública, no equívoca y en concepto de propietario (Art. 649 inc.3 y Art. 1233).", y por un período de 30 años (Art. 1211 del C.C. en su redacción anterior a la Ley 19.889). La posesión, según lo establece el Art. 646 del C.C. es la tenencia de la cosa con ánimo de dueño. Tradicionalmente se distinguen dos elementos constitutivos de la posesión, un elemento objetivo, el material, el "corpus" y otro elemento subjetivo, el "animus", que se refiere a la conciencia y voluntad de ejercitar un derecho como propio (Conforme: Messineo en Manual de Derecho Civil Tomo 3, pág. 138.). VIII) El agravio incoado por los recurrentes en cuanto al no acogimiento de la excepción de defecto en el modo de proponer la demanda no es de recibo, por compartir la Sala los fundamentos expuestos en la recurrida y en mérito a lo que se dirá. Como se expresó en la sentencia impugnada, la oposición de la demandada se funda en el hecho de que el actor oportunamente al presentar la demanda de autos no denunció el nombre y domicilio de los demandados. Asiste razón a los demandados en cuanto a que, el actor no los denunció oportunamente como parte demandada en las presentes actuaciones. Sin perjuicio de lo cual al tramitarse los autos acordonados IUE 617-189/2020 en los cuales se promovió por parte del Sr. Roberto Alejandro Masliah y Sra. María Claudia González de Palleja, Incidente de Nulidad por Indefensión en relación a las presentes actuaciones al no haber sido denunciados como demandados en la demanda de autos, ni haberse solicitado su emplazamiento, las partes en la audiencia única arribaron a un acuerdo en la etapa de conciliación intraprocesal de precepto, Art. 321.2 y Art. 346 nal. 1o, por el cual se acordó otorgar traslado de la demanda a los actores incidentales por el plazo legal, el cual fue homologado (fs. 63 y 64 del los autos citados). Lo acordado saneó el proceso en relación a los demandados recurrentes, quienes fueron debidamente emplazados de la demanda, contestando la misma y formulando sus defensas en tiempo y forma, por lo cual la excepción opuesta carece de objeto atento al tenor del acuerdo celebrado y de las actuaciones llevadas a cabo en autos en cumplimiento de lo acordado (traslado de la demanda al Sr. Roberto Masliah y Sra. María Claudia González de Palleja, fs. 144 de autos). IX) A juicio de la Sala son parcialmente de recibos los agravios incoados,en relación a la valoración de la prueba documental. En primer término, se advierte que el compromiso de cesión de derechos posesorios de fecha 7/6/2020 celebrado entre el actor Sr. Sergio Ihlendfeld y los hermanos David Francisco, Ana Rosario y e Irineo Nelmar Touriño Camisa, siendo uno de los contratos en los cuales el actor funda los derechos invocados en la demanda, consta en documento privado sin firmas certificadas. El Art. 1581 del C.C en relación a los documentos privados dispone que, el instrumento privado cuyas firmas estén autenticadas por Notario o autoridad competente, así como el reconocido judicialmente por la parte a quien se opone o el declarado por reconocido, en los casos y con los requisitos establecidos en la ley, tiene el mismo valor que la escritura pública respecto de los que aparecen o se reputan haberlo suscrito y de las personas a quienes se han transferido sus obligaciones y derechos por título universal o singular. Y por su parte el Art. 1575 C.C. establece que el documento público hace plena fe en cuanto al hecho de haberse otorgado y su fecha, siendo la fuerza probatoria la misma para todos. El citado documento, compromiso de cesión de derechos posesorios, carece de fecha cierta, en tanto el mismo no posee certificación notarial alguna a esos efectos y recién la adquiere a partir de su presentación, de su agregación en autos, el día 29/11/2016 (fs. 17), en virtud de lo dispuesto por el nal. 1o del Art. 1587 del C.C, el cual establece que: “La fecha de un instrumento privado no se contará respecto de terceros, sino: 1o Desde el día de su exhibición en juicio o en cualquier repartición pública, cuando quedase allí archivado....”. En cuanto a la eficacia convictiva de los documentos emanados de terceros la Ley 19.090 incorporó al Art. 170 del C.G.P un ordinal 3o el cual establece: “La autenticidad y eficacia convictiva de los documentos privados emanados de terceros, cuyas firmas no se encuentren autenticadas por notario o por autoridad competente, quedarán sujetas a las reglas generales en materia de prueba.”. A partir de la vigencia de la Ley 19.090, los documentos emanados de terceros, han pasado a ser un medio de prueba típico y en cuanto a la eficacia convictiva de los mismos - cuando sus firmas no se encuentren autenticadas por Escribano Público o por autoridad competente - quedarán sujetos por expresa disposición legal a las reglas generales, en materia de valoración de la prueba, por lo que deberán apreciarse tomando en cuenta cada una de las pruebas producidas y en su conjunto, racionalmente, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, Art. 140 del C.G.P. En este caso, el documento referido no cuenta con certificación de firmas, a lo que se agrega que del mismo resulta que se prometió ceder al actor los derechos posesorios respecto de un solar de terreno y construcciones, el que no se identifica por su número de padrón, ni respecto del cual precisaron su superficie, limitándose a referir que es lindero con el Local de Feria denominado “Local Peralta” y que tiene frente a la Ruta Nacional No 5, lo cual a todas luces resulta insuficiente a los efectos de acreditar la cesión de derechos posesorios que pretende el actor, en tanto, no solo no cuenta con sus firmas certificadas, sino que ni siquiera el bien inmueble cuyos derechos posesorios estarían siendo objeto de cesión ha sido descripto adecuadamente, con su número de padrón, superficie, deslinde, etc. Nótese además que el plano de mensura para prescripción del cual resulta la superficie del bien a prescribir de fecha 2/1/2009, el cual fue inscripto en la Dir. Nacional de Catastro, Oficina Delegada de Tacuarembó, el 28/1/2009, es fecha muy posterior a la cesión de derechos posesorios de la cual no resulta la superficie del bien. En lo que respecta al documento de fs. 6, cesión de derechos hereditarios, del mismo resulta que, con fecha 2/8/2008, las mismas personas que figuran como cedentes en el compromiso de cesión de derechos posesorios ya referido, ceden al actor los derechos hereditarios que a los primeros les correspondieren en la sucesión de sus padres, Elena Ciriaca Camiza y Norberto Irineo Touriño Zorrilla. Si bien dicha cesión se otorgó en escritura pública, por lo que hace fe en cuanto a su fecha y otorgantes, no se acreditó en autos que la sucesión de los citados causantes se hubiera abierto judicialmente, y por ende no se acreditó que el inmueble que se pretende prescribir haya sido incluido en la relación jurada de bienes respectiva, no pudiendo trasmitirse más derechos que aquellos de los que se es titular. Entiende la Sala que de la documentación referida, no resulta acreditada la continuidad jurídica que se refiere en la recurrida, en tanto como ya se expresara, de los citados documentos no surge identificado ni mínimamente el bien cuyos derechos posesorios se cede, ni que los derechos posesorios respecto del inmueble que se pretende prescribir integraran el acervo sucesorio, los derechos hereditarios que le fueron cedidos al actor. Por su parte en los autos acordonados IUE 617-189/2020, en los que se tramitó el ya citado Incidente de Nulidad, luce agregado el testimonio notarial de la compraventa celebrada el 31/8/2000, entre los esposos Roberto Masliah Galante y Zulema Lateulade Martínez, y el Sr. Roberto Alejandro Masliah Lateulade, de estado civil casado con la Sra. María Claudia González de Palleja, el cual fuera debidamente inscripto en el registro respectivo (fs. 1 a 6). Del citado documento resulta que los primeros nombrados vendieron al segundo, la propiedad y posesión de dos fracciones de campo sitas en el Paraje Peralta , 11o Secc. Jud. del Depto. de Tacuarembó, zona rural, décima sección catastral, padrones No ZZ y No YY. El actual Padrón No XX, parte del cual es objeto de las presentes actuaciones, corresponde en mayor área al Padrón No ZZ. De la citada escritura resulta asimismo que las fracciones vendidas les fueron adjudicadas a la Sra. Zulema Lateulade Martínez, en la División de Condominio y Adjudicación que realizó con los esposos Juan Carlos Miranda Salaberry y Elda Isabel Lateulade Martínez, según escritura que el mismo Escribano actuante, autorizó el 21/12/1999, cuya primera copia en función de hijuela, fue inscripta en el registro de la propiedad respectivo, el día 31/1/2000. Las inscripciones de los actos antes citados, resultan de la información registral obrante de fs. 145 a 148 de autos (inscripciones No 1596 bis, No 149, respectivamente). Si bien de la prueba testimonial recibida en los autos acordonados IUE 447-62/2006 (Entrega de la Cosa), surge que con fecha 3/10/2008 (acta a fs. 117 y sig.), los testigos Nereo Felipe Lateulade Martínez y Elda Lateulade Martínez, hermanos de la Sra. Zulema Lateulade Martínez madre del recurrente (Sr. Roberto Alejandro Masliah Lateulade), declararon que el padre de los mismos o la tía de ellos, María Lateulade, le habían dado, le habían donado el bien objeto de autos al Sr. Irineo Touriño y su familia, de la escritura ya citada (obrante a fs. 1 a 6 de los autos IUE 617-189/2020, Incidente de Nulidad), resulta que el actual padrón en mayor No XX, parte del cual es objeto de las presentes actuaciones, le fue adjudicado a la madre del Sr. Roberto Alejandro Masliah Lateulade e integró la División de Condominio y Adjudicación de hijuela que la Sra. Zulema Lateulade Martínez realizó con Elda Lateulade Martínez y su esposo, la que fuera autorizada por el Esc. Pedro Storace con fecha 21/12/1999. La citada donación no fue acreditada. El testigo de autos Juan Carlos Miranda Lateulade, declaró que su abuelo Francisco Lateulade le vendió el bien a la familia del Sr. Irineo Touriño, venta que tampoco fue acreditada, de su declaración surge además que entre su madre y la madre del recurrente hubo acuerdos sucesorios en relación a los bienes dejados por el abuelo del testigo y del Sr. Roberto Alejandro Masliah Lateulade. Por su parte el testigo Oscar Martínez Viera, declaró que el Sr. Irineo Touriño quien trabajaba para Francisco Lateulade, hizo la casa, pero no sabe si el terreno en suma lo compró o le fue dado a Touriño. El testigo Fernando Blanco declaró que, el Sr. Touriño recibió el terreno en donación y construyó la casa. El testigo Horacio Touriño, hijo de Irineo Nelmar Touriño, declaró que no sabe en qué calidad Francisco Lateulade le había dado el terreno a su abuelo, si se lo vendió o se lo dio. Si bien de la prueba testimonial referida resulta que la familia Toriño vivió durante más de 45 o 50 años en el terreno, bien objeto de las presentes actuaciones, entiende la Sala que de la prueba allegada a la causa no resultan claras las circunstancias de ingreso de la citada familia al bien, a qué título lo hicieron, no se acreditó que hubieran ingresado mediante compraventa o donación, debiendo tenerse presente además que el padre de familia era empleado del propietario, por lo podría haberse producido el ingreso debido la relación laboral existente, a lo que se agrega que como resulta de la compraventa ya referida, la misma tiene como antecedente la adjudicación de hijuela entre las Sras. Zulema y Elda Lateulade Martínez, hijas del reiteradamente citado por los testigos como propietario, Sr. Francisco Lateulade, lo cual resulta contradictorio con la declaración como testigo de la Sra. Elda Lateulade quien en una oportunidad declaró que habría existido una donación y en otra celebra una adjudicación del mismo bien, en conducta no acorde a la buena fe procesal (Art. 5 C.G.P). No resulta posible acreditar la existencia de accesión de posesiones y fundar la acción instaurada en los contratos de cesión de derechos posesorios y de cesión de derechos hereditarios ya citados, en tanto como se señalara no se identificó en los mismos el bien cuya posesión se cedía, ni se acreditó que el bien objeto de las presentes actuaciones integrara el acervo sucesorio respecto del cual se cedieron los derechos sucesorios. A ello se agrega que en el año 2006 el Sr. Roberto Masliah promovió en los autos acordonados, IUE 447-62/2006, un proceso de Entrega de la Cosa en la relación al predio de autos, el cual si bien fue posteriormente archivado sin que se hubiera dictado la sentencia definitiva relativa al fondo del asunto, de ello se extrae que la posesión por parte del actor fue cuestionada, y no totalmente pacífica. Y como lo ha sostenido el T.A.C de 6o Turno (sentencia No 102/2015 en BJN) en términos trasladables “...el proceso de valoración de la prueba, según el sistema normativo nacional vigente, debe llevarse a cabo según un método predeterminado y de conformidad con los principios rectores especificados en diversas disposiciones del CGP, como los de racionalidad y unidad de la prueba (arts. 140 y 141 CGP). Y agregó que es para ello que se requiere de un método: para relacionar las pruebas, desprender sus conexiones y sacar las conclusiones acerca del valor probatorio de la “masa de pruebas”, en la terminología de Wigmore. Este método presupone que no se llega a una conclusión cierta a través de una sola observación o experiencia, sino solamente como consecuencia de una serie de observaciones y de experiencias concordes.“En este sentido, -señaló- el proceso debe culminar con un estado de convicción, fundado en los medios probatorios producidos, sometidos a experiencias y observaciones, que reduzcan los márgenes de error en la indagación de la verdad, sitúen a la conclusión escogida entre los cauces de lo que normalmente acaece, logrando una certidumbre razonada, esto es, fundada en la razón; que abandone el plano de lo subjetivo para exteriorizarse en los propios fundamentos de la sentencia” (Cf. Klett, S., Hacia una sentencia justa: valoración de la prueba y perfil del juez, Judicatura, No 44, ps. 229 y sgtes.; Wigmore, citado por Gorphe, F., De la apreciación de las pruebas, EJEA, 1950, ps. 53 y 463)....”, lo que lleva a revocar la sentencia impugnada por los fundamentos expuestos. Corresponde además señalar que no se agregó como prueba documental que se hubiera procedido a efectuar el pago del tributo de Contribución Inmobiliaria, pero si bien dicho medio probatorio por sí solo no basta para acreditar la posesión de un bien inmueble con ánimo de dueño, constituye un elemento de prueba más, el que en conjunto con otras pruebas, permite arribar a la convicción de que se detenta la posesión del bien con el ánimo referido, no habiéndose invocado, ni probado que se hubiera procedido a dicho pago por parte del actor o por parte de quienes le cedieron sus derechos. Si bien se agregó en autos a fs. 12 recibo de pago de UTE a nombre del actor de diciembre del año 2000, y en el acordonado IUE 447- 62/2016 (en el cual se tramitó un proceso de entrega de la cosa, el que fue archivado en el año 2015 sin que se hubiera dictado sentencia definitiva respecto al fondo del asunto), lucen agregados otros recibos de pago de UTE (fs. 32 a 38, correspondientes a los años 2001 a 2006, respectivamente) y tres recibos de Antel (fs. 29 a 31, correspondientes a los años 2000 a 2002, respectivamente); el hecho de tener el actor a su nombre los citados servicios de suministro de energía eléctrica y de telefonía no acreditan actos de posesión del bien con ánimo de dueño, cuando dichos servicios pueden ser contratados por meros tenedores de los inmuebles a los efectos de su mejor y más cómodo uso. A dicho respecto, la parte demandada recurrente acreditó oportunamente al momento de contestar la demanda de autos (fs. 150), mediante la planilla respectiva, estar al día en el pago de la Contribución Inmobiliaria del inmueble de autos, padrón No XX, a la fecha de su comparecencia en estas actuaciones. X) La conducta de las partes en la instancia ha sido correcta, no ameritando especial condenación en costas y costos (Art. 56.1 y 261 del C.G.P y Art. 688 del C. Civil). Por los fundamentos expuestos, disposiciones enunciadas y aplicables, el Tribunal, FALLA: Confírmase parcialmente la sentencia impugnada en cuanto desestimó la excepción de defecto en el modo de proponer la demanda; y revócase la misma en cuanto hizo lugar a la demanda de prescripción adquisitiva promovida en autos, la cual se desestima. Sin especiales sanciones procesales en el grado. Notifíquese personalmente. Oportunamente, devuélvanse. Fíjanse los H.F.P en 15 B.P.C Dra. Mónica Besio. Dr. Álvaro França. Dr. Guzmán López Montemurro. Esc. Adriana León. MINISTRA MINISTRO MINISTRO SECRETARIA