Sentencia Interlocutoria N° 564/2025

N.º 564 Montevideo, 16 de octubre de 2025 VISTOS: Para Sentencia Interlocutoria de Segunda Instancia, estos autos caratulados: “ AA . Formalización . ”- IUE: 340 - 242 /202 5 , venidos a conocimiento del Tribunal, en mérito al recurso de apelación interpuesto por los Sres. Defensores particulares del imputado AA, Dr. Federico Velázquez y Dr. Matías Ceballos, contra la Sentencia Interlocutoria Nº 1920/2025 dictada en la audiencia de control de acusación celebrada el día 8 de octubre de 2025, por la Sra. Juez Letrado de Primera Instancia de Rocha de 2º turno, Dra. Alexandra Del Puerto, con intervención del Sr. Fiscal Departamental de Rocha de 2º turno, Dr. Federico Pion. RESULTANDO : I) a- Fiscalía presentó la demanda acusatoria el día 19 de agosto de 2025, en la que reclamó la condena de AA como autor penalmente responsable de reiterados delitos de abuso sexual agravados, a la pena de 6 años y 6 meses de penitenciaría, con descuento de la preventiva cumplida y de su cargo las prestaciones legales accesorias de rigor prevista en el artículo 105 literal E del Código Penal. Asimismo reclamó se disponga la perdida e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas o privadas en las áreas enunciadas, conforme el art. 67 del Código Penal. Además, se disponga como reparación patrimonial por parte del imputado la sanción pecuniaria establecida en el artículo 80 de la ley 19580, en favor de la víctima. A su vez, se comunique la condena al Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales previsto en el artículo 104 de la ley 19889. En lo que hace a la relación de hechos expresó: “…1. El acusado mantuvo una relación de pareja con la Sra. BB, la que tuvo una duración de aproximadamente diez años . 2. Ambos convivieron entre otros lugares en el Balneario Aguas Dulces junto a la hija que tuvieron en común, la víctima CC fecha de nacimiento 10 de abril de 2017 y los hijos de la señora ( Samara y Camilo ) 3. Durante la convivencia y particularmente desde los dos años de CC, la denunciante percibió algunas conductas extrañas en el acusado respecto de la niña, así como conductas sexualizadas y actitudes de rechazo de su pequeña hija hacia el acusado. 4. La relación entre AA y BB culminó a fines del mes de octubre de 2021 luego que CC le contara a su madre con palabras de una niña de tan corta edad, que le dolía la pepa de tanto que el papá se la tocaba. 5. Así es que desde el 2019 hasta octubre de 2021. (en que su madre presentó la denuncia) la niña fue sometida a conductas sexualmente abusivas por su padre, consistentes en tocamientos en su vagina y cola en reiteradas ocasiones, cuando éste quedaba al cuidado de la misma...” Enunció la prueba que se proponía producir en el juicio oral. b- Por Decreto N.º 1489/2025 del 20 de agosto de 2025, se emplazó al acusado y a su Defensa para que en el plazo legal ofrecieran la prueba que se proponían producir en juicio, conforme lo previsto en el artículo 128 del CPP. c- El día 24 de setiembre de 2025, la Defensa evacuó el traslado conferido, oponiendo como excepción previa de efectos en la proposición de la demanda acusatoria. En tal sentido, señaló que: “...la acusación fiscal se remite a señalar que el acusado tenía un vínculo de pareja, donde vivió con ella, que tuvieron una hija y que la niña fue sometida a conductas sexuales por parte del acusado, con una liviandad y carencia de exposición de hecho que resulta alarmante. Lo único referido por la demanda a un hecho delictivo es que entre 2019 y 2021, la niña CC fue sometida a conductas sexuales abusivas por su padre, consistentes en tocamiento de vagina y de cola cuando éste quedaba a su cargo. Que se percibieron conductas sexualizadas en la menor y actitudes de rechazo de la menor hacia el padre. La Fiscalía no se toma el trabajo de argumentar cuales fueron esas conductas abusivas, más allá que señala que hubieron tocamientos en la vagina y en la cola, pero en que contexto, como se dieron, de donde surge tales conclusiones. Esas conductas sexualizadas, ¿cuales fueron? ¿En donde se manifestaron? Cuando señala que rechaza a su padre, ¿cómo arriba a tal puntualización? La acusación no es capaz que esclarecer nada de esto. 2 — No hay una relación clara y precisa de los eventos, porque tal y como lo señala la acusación, hay que desentrañar que esos tocamientos pudieron haber sido delito, ya que no tiene esa connotación. No dice cómo y cuando se dieron, en que oportunidades, sino que engloba una línea temporal absolutamente difusa. No fundamenta en que prueba se basa para acreditar la existencia de un ilícito. Si bien menciona para que es cada prueba, debió en el cuerpo del escrito señalar que sucedió -tal o cual cosa- y que surge de -tal informe o pericia o testigo-, pero a contrario sensu, hay que adivinar…” Sin perjuicio de ello, postuló el rechazo de la acusación y la absolución del imputado por entender que el asunto carece de sostén probatorio para desterrar el principio de inocencia del imputado, bajo una puntualización que debe atenderse con especial énfasis, como lo es que la relación entre la madre y el padre se rompió, pero la madre ha sido quien delante de la menor ha declarado o vertido información al respecto, viciando la voluntad de la menor por completo. Ofreció la prueba que se proponía producir en el juicio oral. d- Por Decreto Nº 1803/2025 del 26 de setiembre de 2025, se convocó a audiencia de control de acusación para el día 2 de octubre de 2025 a la hora 16:30. e- Por Providencia Nº 1848/2025 del 2 de octubre de 2025, se prorrogó la audiencia fijada para el día 8 de octubre de 2025, a la hora 14:30. II)a- Por Sentencia Interlocutoria Nº 1920/2025 dictada en la instancia referenciada, se resolvió: “…Admítase la declaración de la Lic. de ITF Constance Keurogliam debiendo ser citada en la oficina de ITF donde presta funciones en Montevideo...” b- Fiscalía interpuso recurso de apelación contra la decisión adoptada. Fundó sus agravios manifestando que entendía que la prueba es ilegal ya que la Defensa podría haberse presentado en sede fiscal a solicitar una nueva pericia y con la negativa del Ministerio Público, requerir a la Sede la realización de la misma. No se sabe que fue lo que manifestó en su solicitud la Defensa, no se ha tenido acceso al expediente, está reservado, por lo que hablamos desde la especulación. En el caso, no se ha tenido la oportunidad de formular oposición, claramente hubo una vulneración de una victimización secundaria ya que no se sabe si la Sede conoce que a la niña ya se le había hecho una pericia psicológica. No se sabe si la Sede valoró que la víctima había hecho una cámara Gesell, tampoco si tiene conocimiento que la niña estaba yendo a psicólogo desde hace varios años. Por lo tanto, se entiende que se ha vulnerado la victimización secundaria, la que con carácter absoluto consagra la ley 19580. Pretender someter a la víctima a una nueva pericia, cuando ya ha sido objeto de una proliferación de comparecencias, entrevistas y estudios, llevarla a una nueva instancia es algo que a todas luces trasgrede el derecho a no revivir el trauma sufrido. En consecuencia, se debe mantener la decisión. c- Conferido traslado a la Defensa, lo evacuó indicando que tenemos un cuerpo normativo que permite la posibilidad de la Defensa que acuda al Tribunal, lo consagra el CPP, los manuales de litigación. Además, tiene asidero dentro del principio de no autoincriminación y de la reserva de la carpeta investigativa de la Defensa. Se tiene plena libertad para diligenciar las evidencias. Una de ellas, es acceder a la Sede, estamos en una etapa investigativa y a efectos de preservar el derecho a la no autoincriminación, es la Defensa quien después decide si quiere hacer valer ese resultado al momento del juicio, no es Fiscalía. Es un tema estratégico a la teoría del caso. En ese marco, el diligencimiento de la evidencia fue bien solicitado. En otro aspecto, se entiende que lo que se va a plasmar es la respuesta de las negativas, la pericia no se llevó a realizar. Desde esa respuesta, Fiscalía cuenta con dicha información. Entonces el discovery fue también realizado con éxito. Ni siquiera Fiscalía planteó, si se enteró, debió haber planteado algún tipo de nulidad, si entendía que correspondía. La preclusión procesal está en juego porque cuando se enteró ante la evacuación del traslado, ahí debió haber planteado algún tipo de nulidad y no lo hizo. Lo dice recién ahora, después del debate. En otro orden, estamos hablando de una respuesta que ellos mismos la tienen. En conclusión, el medio probatorio debe ingresar como lo ha entendido la Sede. d- Por Decreto Nº 1921/2025 se franqueó la apelación, sin efecto suspensivo y con las formalidades de estilo. III) La Sala asumió competencia, se dispuso el estudio simultáneo por los integrantes y se acordó sentencia en legal forma. CONSIDERANDO : I) La Sala con la unánime voluntad de sus miembros naturales, confirmará la Sentencia Interlocutoria Nº 1920/2025 dictada en la audiencia de control de acusación celebrada el 8 de octubre de 2025, por la que se admitió la declaración de la Licenciada del ITF Constance Keurogliam. El bloque argumental constituido por los agravios del titular de la acción penal, carecen de la virtualidad jurídica necesaria para hacer naufragar lo decidido. Lo expuesto es en mérito a las consideraciones que se expondrán. II) En el aspecto formal corresponde señalar que en la tramitación las partes han contado con las garantías del debido proceso, en particular el pleno ejercicio del derecho de Defensa. III) Asistimos a una Sentencia Interlocutoria que accede a la Sala vía recurso de apelación, dictada en el marco de la audiencia intermedia. El eje temático es la declaración de una testigo experto. Parra Quijano en Manual de Derecho probatorio, pág. 8 y ss. ha señalado “En un proceso no solo se recauda o aporta una prueba, sino que es normal que aparezcan varias, inclusive de la misma especie, en todos esos casos la necesidad de estudiar la prueba como un todo salta a la vista, estudio que se debe hacer buscando las concordancias y divergencias, a fin de lograr el propósito indicado”. En el mismo sentido, Dohring en “La prueba. Su práctica y apreciación, pág. 408” señaló: “Por necesario que sea examinar por separado cada pieza probatoria, no lo es menos a preciar la contextura, osea las probanzas en sus encadenamientos. Algunos hechos singulares no podrían ser nunca plenamente entendidos por cierta certeza mediante una consideración que abrace el todo. Por eso, los Tribunales superiores siempre han vuelto a señalar la importancia de los esfuerzos intensivos por lograr un cuadro conjunto convincente”. IV) Debe tenerse en cuenta que para que la prueba solicitada pueda incorporarse al proceso debe cumplir con una serie de estándares tendientes a resguardar el lógico equilibrio del sistema jurídico, pues, si parece imposible pensar en un sistema jurídico donde todos los aspectos del fenómeno probatorio estén completamente regulados por el derecho, tampoco parece fácil pensar en un sistema jurídico que encarne de manera absoluta el sistema de la freedom of proof, un sistema donde la prueba esté completamente desregulada, entregada por entero a las reglas epistemológicas o a los patrones de la racionalidad empírica (Cf. Marina GASCON ABELLÁN “Freedom of Proof” El cuestionable debilitamiento de la Regla de exclusión de la prueba ilícita). En efecto, la libertad probatoria no significa ni puede significar, que se realice prueba de cualquier forma (teniendo en cuenta que existen regulaciones procesales sobre los medios de prueba) ni menos aún a cualquier costo, puesto que las normas determinan la existencia de limitaciones precisas derivadas del respeto a los derechos humanos. Prueba ilícita es aquella que ha sido recolectada o reunida mediante la violación de normas, reglas o principios de orden legal pero, fundamentalmente, constitucional o del derecho internacional de los derechos humanos. En este sentido, la misma puede ser considerada una especie del género de la inadmisibilidad probatoria pero vinculada, particularmente, a aquella prueba que se obtiene con violación de garantías sustanciales recogidas por la Constitución de la República o los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Sobre el concepto de prueba ilícita KLETT, citando a ADA PELLEGRINI, expresa que debe entenderse: “Por prueba ilícita (rectius, prueba obtenida por medios ilícitos) la prueba recogida infringiendo normas de naturaleza material y principalmente reglas y principios constitucionales”. “La cuestión denominada­ “prueba ilícita” se ubica, jurídicamente, en la investigación con respecto a la relación entre lo ilícito y lo inadmisible en el procedimiento probatorio y, bajo el punto de vista de la política legislativa, en la encrucijada entre la búsqueda de la verdad en defensa de la sociedad y el respeto de derechos fundamentales que pueden verse afectados por esta investigación. La prueba ilícita (u obtenida por medios ilícitos) encuentra en la categoría de la prueba prohibida. La prueba es prohibida siempre que sea contraria a una específica norma legal, o a un principio del derecho positivo”. De todos modos, aclara: “Por prueba ilícita, en sentido estricto, se indica la prueba recolectada infringiendo normas o principios colocados por la Constitución y por las leyes, frecuentemente para la protección de las liberalidades públicas y de los derechos de la personalidad y de su manifestación que es el derecho a la intimidad. La tutela constitucional de la intimidad, la honra y de la imagen parece justificar, más que nunca, la negativa del sospechoso o acusado a someterse a exámenes de partes íntimas, tanto como pruebas degradantes, porque nadie puede ser obligado a hacer prueba contra sí mismo.” Por su parte, MIRANDA ESTAMPES, diferenciando con precisión la prueba ilícita de la prueba irregular, indica: “Por prueba ilícita debe entenderse aquella prueba obtenida y/o practicada con vulneración de derechos fundamentales. Por el contrario, prueba irregular sería aquella obtenida, propuesta o practicada con infracción de la normativa procesal que regula el procedimiento probatorio pero sin afectación nuclear de derechos fundamentales. La anterior diferenciación conceptual tiene una enorme repercusión, pues la regla de exclusión probatoria y el reconocimiento de su eficacia refleja, que se expone más adelante, se debe predicar con exclusividad de la denominada prueba ilícita, mientras que la prueba irregular quedaría sometida al régimen de nulidad de los actos procesales, admitiéndose, en determinados casos, su subsanación y/o convalidación”. Una vez más, sobre el concepto de prueba ilícita GOMES SANTORO señala: “Como venimos de decir, el concepto de inadmisibilidad es amplio y una de sus subespecies es la prueba ilícita, la cual en el proceso penal cobra una especial relevancia. En el proceso, el camino a la certeza está guiado por las reglas que el ordenamiento jurídico determina, éstas no pueden desatenderse so pretexto de lograr el convencimiento judicial. Las normas que regulan la prueba son una garantía general y su transgresión, sea en la obtención sea la forma en que la prueba se incorpora al proceso, atenta contra un interés general. Como señalan GARDERES y VALENTÍN: “La obtención de la verdad no es actualmente un objetivo absoluto, sino que sólo puede realizarse cumpliendo ciertas reglas (constitucionales y legales) y con respecto a los derechos del imputado y de (terceros) frente a los cuales cede”. MINIVELLE habla de prueba prohibida y diferencia cuatro subespecies: 1) La prueba vedada a texto expreso por la ley. 2) La prueba cuya obtención o utilización no es prohibida expresamente, pero cuya prohibición se deduce del sistema, inclusive aplicando prohibiciones analógicas expresas. 3) la prueba irritual, aquí el medio de prueba es obtenido mediante violación a la ley. 4) La prueba ilícita propiamente dicha, en este caso el medio de prueba es obtenido extraprocesalmente, mediante violación de derechos sustanciales”. Asimismo, MINVIELLE señala: “El autor colombiano H. DEVIS ECHANDÍA define a la prueba ilícita como la “expresa o tácitamente prohibida por la ley o que atente contra la moral y las buenas costumbres del respectivo medio social o contra la dignidad y libertad de la persona humana o violan sus derechos fundamentales que la Constitución y la ley amparan. Y agrega el citado autor, la ilicitud puede resultar de: 1º) El medio mismo que se pretende emplear. 2º) El procedimiento empleado para la obtención de la prueba por sí misma ilícita. 3º) La violación de una norma que prohíba utilizar cierto modo de prueba, autorizado en general para un caso determinado o respecto ciertos hechos. 4º) La prohibición de investigar el hecho sobre el cual versa. 5º) En un sistema de medios taxativos, será lícito todo medio que no pueda quedar incluido entre los legalmente autorizados. Sobre el particular, M. CAPPELETTI, distingue: A) Las pruebas en sí y por sí admisibles (relevantes y eficaces) en juicio, las cuales, sin embargo, han sido creadas, o han llegado al sujeto que la introduce en juicio, a través de un acto ilegítimo. B) Las pruebas respecto de las cuales la ley prohíbe directamente la admisión en juicio, por tanto, la ilegitimidad es propia del acto mismo de admisión. V) Como cuestión previa, en lo que hace a la Sentencia Interlocutoria Nº 1896/2025 dictada en la misma audiencia, importa destacar que por decisión de la a-quo las actuaciones no acceden a la Sala al respecto, pues se le confirió a la vía impugnativa un efecto diferido. Sin embargo, tal efecto fue derogado por el artículo 19 de la ley 19831, por lo que su aplicación no tiene anclaje en el derecho. Ello no obstante, la decisión adoptada por la a-quo no fue cuestionada por las partes, por lo que la Sede tiene vedado acceder a su conocimiento. VI) a- Sentencia Interlocutoria N.º 1920/2025, por la que se admitió la declaración de la Licenciada del ITF Constance Keurogliam. b- Fiscalía movilizó las vías impugnativas postulando que la prueba es ilegal ya que la Defensa se podría haber presentado ante su Sede a solicitar la nueva pericia y con la negativa reclamar a la Sede la realización de la misma. Afirmó que habría una victimización secundaria, destacando que no se sabe si la Sede conoce que a la niña ya se le hizo una pericia psicológica, que declaró en cámara Gesell y que concurría a psicólogo desde hacía años. c- La Defensa en sede de contestación de los agravios, postuló que el diligenciamiento de la evidencia fue bien seleccionado. Lo que se va a plasmar es la respuesta de las negativas ya que la pericia no se llegó a realizar. Destacó que Fiscalía cuenta con esa información y ni siquiera planteó una eventual nulidad como hubiera correspondido si lo entendiera del caso. Se trata de una respuesta que el Ministerio Público la tiene, por lo que el medio debe ingresar al juicio. d- Ubicados en dicho terreno, la cuestión debe resolverse, como no podría ser de otra manera, conforme lo previsto en el ordenamiento procesal vigente. Debe tenerse en cuenta que podrá declarar como testigo “toda persona cuya declaración se considere útil para el descubrimiento de la verdad sobre los hechos investigados. Nadie podrá negarse a declarar como testigo, salvo las excepciones establecidas expresamente por la ley”. Puede declarar toda persona, no hay tachas ni testigos inhábiles “sin perjuicio de la facultad del Tribunal de apreciar el valor de su testimonio” (art. 149). A su vez las excepciones al deber de testimoniar están consignadas en el art. 150. Se trata de una facultad “podrán abstenerse de testificar en contra del imputado...”. Por otra parte el art. 151 alude a la abstención de rendir testimonio “deberán abstenerse de declarar quienes deban guardar secreto profesional o mantener información reservada o confidencial”. Sin embargo en el punto Nº 1 de este artículo se prevé que estas personas “no podrán negarse a testificar cuando sean liberadas del deber de guardar secreto por quien se los haya confiado”. A ello cabe agregar que la parte podrá contra examinar a los testigos e incluso proponer nuevos interrogatorios. Al respecto deberán tenerse en cuenta el objeto de la prueba previsto en el art. 141 del CPP. En efecto, es objeto de la prueba en materia penal: a) La comprobación de los supuestos fácticos descriptos en la ley como configurativos del delito imputado. b) La averiguación de la participación del imputado en los hechos. c) La concurrencia de causas de justificación. d) Las alteratorias que puedan existir. e) Los elementos que permitan el mejor conocimiento de la personalidad del imputado y puedan incidir en la individualización de la pena. A su vez, conforme lo previsto en el art. 144 del CPP “podrán probarse los hechos y circunstancias de interés para el caso, por cualquier medio de prueba, salvo que se encuentre expresamente prohibido por la Constitución de la República o la Ley”. VII) Conforme al art. 127 del CPP la acusación se debe ajustar formalmente a las reglas prescriptas para la sentencia en lo pertinente, debe presentarse por escrito y contener entre otros aspectos: “...e) El ofrecimiento de la prueba para el juicio, la que de ser admitida de acuerdo con el art. 268 de este Código, será incorporada en la oportunidad procesal pertinente de acuerdo con el art. 270 de este Código...” Importa destacar que el art. 260 del CPP, faculta al imputado, a su Defensor y a la víctima a solicitar al Fiscal las diligencias que considere pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos, durante la investigación preliminar. También se prevé que en caso de negativa del Fiscal, el imputado y su Defensa (no la víctima) pueden recurrir al órgano jurisdiccional para que la ordene. En cambio, no está consagrada la preclusión en cuanto a la posibilidad de solicitar el diligenciamiento de prueba para el juicio oral. Al respecto debemos tener en cuenta por un lado el art. 128 Inc. 2 del CPP “recibida la acusación el Juez emplazará al acusado y su Defensor, notificándole la acusación en su contra, para que en el plazo de 30 días ofrezca la prueba que pretende producir en juicio oral”. Por otra parte, existía una nueva oportunidad de ofrecer prueba para las partes en la audiencia de control de acusación. Esto derivaba del art. 268.2 “resueltos los planteos en audiencia, cada parte ofrecerá su prueba y formulará las observaciones que considere pertinentes respecto de la prueba de la parte contraria...” Sin embargo, con la entrada en vigencia de la ley 19.889 el 24 de julio de 2020, ya no se puede ofrecer prueba en la audiencia de control de acusación, pues de acuerdo a la nueva redacción del art. 268.2, dada por el art. 37 de la misma “...cada parte enunciará la prueba ofrecida oportunamente...”. Ello sin perjuicio, de la “prueba nueva” art. 39 y la “prueba sobre prueba” art. 40 de la citada norma legal. VIII) Ahora bien, la Defensa al contestar el traslado conferido incluyó en su ofertorio probatorio, específicamente en el capítulo “Testimonial” a “la Licenciada del ITF Constance Keurogliam de fecha 8 de abril de 2025, donde informa los motivos de la pericia solicitada hacia la menor que fue frustrada. Quien declarará sobre los motivos por los cuales la solicitud de la pericia por parte de la defensa respecto a la menor no pudo llevar a cabo. Solicitando que la misma declare desde ITF vía zoom...” Así las cosas, la exigencia legal de ofrecer los medios probatorios que se pretenden producir en el juicio oral se cumple en lo que hace a la prueba testimonial, con la individualización de la persona, el aporte de los datos identificatorios y la indicación del objeto sobre el que depondrá. Esto rige tanto para los testigos propuestos por Fiscalía como por la Defensa. Esto se cumplió pues se aportaron los datos indentificatorios de la testigo y se consignó sobre lo que declararía. No es necesaria una declaración previa en etapa administrativa ya que la prueba es en el juicio ante el Juez y no en ninguna fase previa. Tal solución no menoscaba en lo más mínimo las garantías del debido proceso, en particular el mal llamado principio de igualdad de armas pues no se trata de un combate, por lo menos es lo que se aguarda. Fiscalía tiene pleno conocimiento del objeto sobre el cuál habrá de declarar la testigo, lo que le permite preparar el contrainterrogatorio sin dificultad de especie alguna. En efecto, el letrado patrocinante definió el objeto. Lo editado por el artículo 268.4 del CPP, en su actual redacción no tiene el alcance pretendido por Fiscalía. Es suficiente con la propuesta del medio probatorio en el estadio procesal correspondiente si se cumple con aportar los datos identificatorios y el objeto respecto al cual ha de deponer el testigo. Si no se cumple con tales extremos, la solución no es el rechazo del medio probatorio, pues el Juez tiene la carga de adoptar “las medidas pertinentes para garantizar el control por las partes”. La vía referenciada, esto es conceder un plazo durante el desarrollo de la audiencia intermedia para permitir a la contraparte el acceso o el debido control de un medio probatorio, no alude a obtener una declaración previa de un testigo, sino a salvar omisiones atinentes a título de ejemplo a definir o delimitar el objeto del mismo o aportar datos identificatorios no proporcionados. En suma, está expedita exclusivamente para el supuesto que ello no fuera así. En el caso, como se ha postulado la Defensa al evacuar el traslado conferido de la acusación fiscal consignó el nombre de la testigo, los datos identificatorios y el objeto sobre el cual iba a declarar. Entonces corresponde analizar en la especie, si la misma ingresa en alguna de las categorías previstas en el Art. 268.2. En otras palabras, si el testimonio propuesto por la Defensa es inadmisible, impertinente, sobreabundante, dilatorio o ilegal, categorías que sí permiten al Juez el rechazo del medio probatorio cuando se ajustan a las mismas. En efecto, la Defensa tuvo la llave que abrió la primer puerta pues ofreció la prueba testimonial que pretendía producir para el juicio oral en la instancia hábil para tal fin. También tiene la segunda llave para superar las razones que permiten al Juez su rechazo. En consecuencia, la fase de admisibilidad esta claramente superada y todo ha de centrarse en la valoración que de tal testimonio se lleve a cabo en el juicio oral. IX) Debe tenerse en cuenta que la prueba testimonial es una declaración representativa, emanada de una persona que no es parte en el proceso y que depone sobre hechos que no habían adquirido naturaleza procesal en el momento de ser percibidos. En cambio la prueba pericial es el resultado de la actividad de terceros técnicos, ajenos al proceso, dirigida a ilustrar al Juez sobre determinados hechos relevantes en el proceso y respecto de los cuales es menester poseer conocimientos especializados. En la especie, la testigo experta propuesta va a declarar sobre los motivos de la pericia solicitada que se frustró, por que no pudo llevarse a cabo. No se trata de un tema de credibilidad, de valoración, sino de aporte de elementos que permitan al Juez de juicio un conocimiento cabal de la situación y así poder dictar una sentencia definitiva en base a información de calidad. Debe tenerse presente que la audiencia de control de acusación o audiencia intermedia tiene como uno de sus propósitos asegurar que lo que llegue al juicio sea eficaz y eficiente a la hora de resolver. Por lo tanto, el medio probatorio propuesto, debe pasar al juicio en su integralidad pues no ingresa en ninguna de las categorías que permiten al Juez su rechazo. En suma, la testigo experta propuesta es pertinente sin retaceo de especie alguna en lo que hace al objeto de sus declaraciones, más allá de la valoración que deba hacer en su oportunidad el único habilitado para ello, el Juez de juicio. Por lo expuesto y las normas legales citadas, EL TRIBUNAL RESUELVE: CONFÍRMA SE LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nº 1920 /202 5 DICTADA EN LA AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN CELEBRADA EL 8 DE OCTU BRE DE 202 5 , POR LA QUE SE ADMITIÓ LA DECLARACIÓN DE LA LICENCIADA DEL ITF CONSTANCE KEUROGLIAM. OPORTUNAMENTE DEVUÉLVASE A LA SEDE DE ORIGEN. Dr. Luis Charles Vinciguerra – Ministro Redactor Dra. Gabriela Merialdo Cobelli – Ministra Dra. Adriana de los Santos Arigoni – Ministra Esc. Eric Longobardo Cantou – Secretario Letrado p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent }