Sentencia Interlocutoria N° 566/2025

N.º 566 Montevideo, 16 de octubre de 2025 VISTOS: Para Sentencia Interlocutoria de Segunda Instancia estos autos caratulados: “ AA . Un delito de hurto ” IUE: 642-2 63 /2025 , venidos a conocimiento del Tribunal, en mérito al recurso de apelación interpuesto por la Sra. Defensora pública del penado AA, Dra. Irupe Caraballo, contra la Sentencia Interlocutoria Nº 4775/2025, dictada el 17 de setiembre de 2025, por la Sra. Juez Letrado de Ejecución y Vigilancia de Libertad de 1º turno, Dra. Marcela López, con intervención del Sra. Fiscal Departamental de Libertad de 2º turno, Dra Ivana González. RESULTANDO: I) a- Por Sentencia Definitiva de Primera Instancia Nº 167/2021, dictada en la audiencia celebrada el 29 de noviembre de 2021, en el marco de un proceso abreviado, por la Sede Letrada de Primera Instancia de Libertad de 3º turno, se dispuso la condena de: “AA , como autor penalmente responsable de un delito de hurto a la pena de cinco (5) meses de prisión, los que podrán cumplirse en régimen de Libertad a Prueba, asumiendo las siguientes obligaciones: A) Residir en un lugar determinado donde sea posible la supervisión de la OSLA. B) Sujeción a la orientación y vigilancia permanente de dicha oficina. C) Presentación una vez por semana en la Seccional Policial de su domicilio; D) Prestación de servicios comunitarios durante dos horas semanales durante el plazo de 30 días. b- Las partes consintieron la sentencia definitiva de primera instancia, por lo que pasó en autoridad de cosa juzgada formal y material. c- Se remitieron las actuaciones a la Sede de Ejecución y Vigilancia de Libertad de 1º turno, donde se asumió competencia. II) a- Por Sentencia Interlocutoria Nº 4775/2025 dictada el 17 de setiembre de 2025, se resolvió: “Decrétase la revocación de la libertad a prueba impuesta al penado AA por sentencia definitiva dictada en autos, disponiéndose la privación de libertad del mismo por el saldo restante de pena, teniéndose presente que le restarían cumplir tres semanas. Líbrese orden de detención del penado de marras y una vez aprehendido, comuníquese a la suscrita vía telefónica y a la Sede en formato papel y fecho, condúzcase al mismo al CIDD a fin de que sea alojado en un establecimiento carcelario por el plazo de tres semanas a fin de cumplir el saldo de pena impuesto en las presentes actuaciones, debiéndose comunicar a la Sede en el plazo de 72 horas la Unidad Penitenciaria donde fuere alojado. Practíquese liquidación de pena, cometiéndose a la Oficina Actuaria, una vez que el penado comience a cumplir pena en la presente causa...” b- El día 23 de setiembre de 2025, la Defensa del penado interpuso recurso de apelación contra la decisión adoptada. Fundó sus agravios expresando que el régimen de libertad a prueba fue concedido por un período de 5 meses, plazo que se cumplió el 29 de abril de 2022. Por tanto, al momento que se toma conocimiento de la comisión de nuevos delitos, esto es el 15 de junio de 2022 y el 19 de noviembre de 2023, el régimen ya había finalizado. La supuesta comisión de nuevos delitos, aunque reprochable, ocurrió con posterioridad al vencimiento de la libertad a prueba, por lo que no puede justificar válidamente su revocación. A su vez, debe tenerse presente la situación personal y social de penado quien estaba trabajando en la actividad metalúrgica en la ciudad de Libertad, conviviendo con su familia (tía materna y prima), perdiendo recientemente a la madre, encontrándose en situación de vulnerabilidad social. En definitiva, reclamó se revoque la decisión de primera instancia, manteniéndose el régimen de libertad a prueba, intensificándoselo. c- Por Decreto Nº 4978/2025 del 25 de setiembre de 2025 se confirió traslado a Fiscalía por el término legal. d- El día 3 de octubre, la titular de la acción penal evacuó el traslado conferido, abogando por la confirmación de la recurrida en todos sus términos. Refirió a que desde el momento de la condena y hasta la actualidad, AA incumplió con absolutamente todas las obligaciones dispuestas, sin dar respuesta ni justificaciones a la inobservancia. En efecto, varió su domicilio sin dar aviso a la Sede, siendo citado no se presentó a realizar el plan de intervención individual. Asimismo, solo se registraron 2 firmas en la Seccional Policial en dos oportunidades, cuando correspondía un total de 20 firmas, atento a los 5 meses de condena. Además, no se presentó siquiera a coordinar las tareas comunitarias que le correspondían Por otra parte, el penado fue formalizado en otras dos oportunidades posteriores. e- Por dispositivo Nº 5219/2025 del 7 de octubre de 2025, se franqueó la apelación sin efecto suspensivo y con las formalidades de estilo. III) La Sala asumió competencia, disponiéndose el estudio por los integrantes y acordándose sentencia en legal forma. CONSIDERANDO: I) La Sala con la unánime voluntad de sus miembros naturales confirmará la Sentencia Interlocutoria Nº 4775/2025 dictada el 17 de setiembre de 2025, por la que se revocó a AA el régimen de libertad a prueba, disponiéndose en su lugar el cumplimiento del saldo de pena en reclusión. El pábulo de los agravios esgrimidos por la letrado patrocinante, carecen de la eficacia y eficiencia necesaria para hacer naufragar lo resuelto en primera instancia. Lo expuesto es en mérito a las consideraciones que se expondrán. II) En el aspecto formal, las partes han contado con las garantías del debido proceso, en particular el pleno ejercicio del derecho de defensa. III) Corresponde consignar que la libertad a prueba es una modalidad de cumplimiento de la pena privativa de libertad. Consiste en someter al condenado a un programa de actividades para la reinserción social en el ámbito personal, comunitario y laboral, a través de la intervención individualizada y la aplicación de condiciones especiales. Esto bajo la orientación y vigilancia permanente de la DINAMA. IV) Se condenó a AA como autor penalmente responsable de un delito de hurto, a la pena de cinco (5) meses de prisión. Se dispuso que la pena privativa de libertad se cumpliría bajo el régimen de libertad a prueba, con las condiciones que se fijaron. Sin embargo, el 15 de junio de 2022 y el 19 de noviembre de 2023 fue condenado como autor responsable de un delito de hurto especialmente agravado y un delito de hurto, respectivamente. A su vez, incumplió las medidas que le habían sido impuestas. En efecto, debido a que la OSLA no lo pudo ubicar no se realizó el plan de intervención individual. Asimismo, sólo compareció en dos oportunidades ante la Seccional Policial de su domicilio para firmar, no volviendo luego a hacerlo, sin dar aviso en tal sentido. Además, cambió de domicilio sin dar aviso a la Sede. Por lo tanto, lejos de honrar el beneficio otorgado, lo que hizo fue incumplir las obligaciones impuestas. Las consideraciones formuladas por la Defensa en sede de agravios no enervan que el penado incumplió las obligaciones asumidas al momento de dictarse la sentencia definitiva de primera instancia, por lo que la revocación del beneficio tiene su anclaje en la ley. V) Debe tenerse en cuenta que al regularse el régimen de libertad a prueba y sus incumplimientos, en la Ley N° 19.889 vigente desde el 24 de julio de 2020, no se previó la vía a transitar para su elucidación. Se habla de facultades de Fiscalía en determinados supuestos y de deberes del Juez de Ejecución en otros. Conforme lo preceptuado por artículo 295 bis del CPP, ante el incumplimiento de algunas de la medidas impuestas, la Fiscalía previa valoración de las circunstancias del caso, podrá solicitar al tribunal la revocación de la libertad a prueba, privando de la libertad al condenado por el saldo de pena. Se considera violación grave, entre otras, la existencia de una formalización posterior. En consecuencia, se distinguen dos tipos de incumplimientos o transgresiones en atención a su entidad, esto es leves o menores y graves, con directa repercusión en sus consecuencias. En la primera hipótesis se prevé una facultad o posibilidad para la Fiscalía “podrá”, en tanto que en la segunda es preceptivo para el Juez, sin que se requiera la previa intervención del Ministerio Público. Respecto al incumplimiento grave, la ley es clara, previendo como consecuencia la revocación del beneficio, privando de la libertad al condenado por el saldo de pena restante. En los demás casos, se infiere que se podrá revocar el beneficio ante determinados incumplimientos. Ello será valorado primero por Fiscalía, luego por la Defensa y por último resolverá el Juez. La particularidad de estos incumplimientos menores, se observa que en la generalidad de los casos la nota adjetiva no se presenta de manera tan clara y manifiesta como acontece en las violaciones graves. VI) En dicho ámbito conceptual, emerge en forma prístina que AA al incumplir las condiciones fijadas, incurrió en una vulneración grave. Por lo tanto, corresponde la sustitución de dicho régimen por prisión efectiva durante el saldo de pena que le resta por cumplir, lo que responde a los criterios de necesidad, racionalidad y proporcionalidad. VII) La Ley 19.446 promulgada el 28 de octubre de 2016 y publicada el 14 de noviembre del mismo año (anterior a la entrada en vigencia del CPP 2017) que regulaba la libertad vigilada y la libertad vigilada intensiva, preveía a texto expreso (artículo 12) la posibilidad, ante incumplimientos a las medidas impuestas y de acuerdo a las circunstancias del caso, intensificar las condiciones impuestas. La referida previsión de intensificación desapareció en la Ley 19.831 promulgada el 18 de setiembre de 2019 y publicada el 26 del mismo mes, en la que se consagra exclusivamente la libertad vigilada, con una regulación diferente. Tampoco figura tal previsión en la normativa actual, donde se prevé la libertad a prueba (art. 295 bis del CPP en la redacción dada por el art. 31 de la Ley N° 19.889). Sin embargo, teniéndose presente la propia regulación del instituto, en supuestos de vulneraciones graves reveladoras de la prescindencia por las reglas fijadas, corresponde la revocación del beneficio por ser ajustada a derecho. Por lo expuesto y las normas legales citadas, EL TRIBUNAL RESUELVE: CONFÍ RMASE LA SENTENCIA INTERL OCUTORIA Nº 4 775 /202 5 DICTADA EL 17 DE SETIEMBRE DE 202 5 , POR LA QUE SE REVOCÓ A AA E L R É GIMEN DE LIBERTAD A PRUEBA , DISPONIÉNDOSE EN SU LUGAR EL CUMPLIMIENTO DEL SALDO DE PENA EN RECLUSIÓN. OPORTUNAMENTE DEVUÉLVASE A LA SEDE DE ORIGEN. Dr. Luis Charles Vinciguerra – Ministro Redactor Dra. Gabriela Merialdo Cobelli – Ministra Dra. Adriana de los Santos Arigoni – Ministra Esc. Eric Longobardo Cantou – Secretario Letrado