Sentencia Interlocutoria N° 562/2025

N.º 562 Montevideo, 16 de octubre de 2025 VISTOS: Para Sentencia Interlocutoria de Segunda Instancia, estos autos caratulados: “ AA . Un delito de negociación de sustancia estupefaciente prohibida especialmente agravado. BB . Un delito de tenencia no para consumo de sustancia estupefaciente prohibida ” IUE: 169 - 241 /202 5 , venidos a conocimiento del Tribunal, en mérito al recurso de apelación interpuesto por las Sras. Defensoras públicas de los imputados, AA y BB, Dra. Steffani Ferre y Dra. Karen Trinidad, contra las sentencias interlocutorias Nº 1672/2025 y N.º 1674/2025, así como al recurso de apelación deducido por la Sra. Fiscal Departamental de las Piedras de 2º turno, Dra. Sofia Magallanes contra la Sentencia Interlocutoria Nº 1673/2025, dictadas en todos los casos en la audiencia el 13 de octubre de 2025, por la Sra. Juez Letrado de Primera Instancia de Las Piedras de 1º Turno, Dra. Sandra Mouzo. RESULTANDO : I) a- Fiscalía compareció ante la Sede Judicial solicitando la formalización de la investigación seguida respecto de AA por la presunta comisión de un delito de negociación de sustancia estupefaciente prohibida especialmente agravado, en calidad de autor. A su vez, la formalización de la investigación seguida respecto de BB, por la presunta comisión de un delito de tenencia no para consumo de sustancia estupefaciente prohibida, en calidad de autor. b- Se convocó a audiencia para el día 22 de mayo de 2025. II)a- Por Sentencia Interlocutoria Nº 764/2025 dictada en la instancia referenciada se dispuso la formalización de la investigación de AA por la presunta comisión de un delito de negociación de sustancia estupefaciente prohibida especialmente agravado, en calidad de autor. También la formalización de la investigación seguida respecto de BB, por la presunta comisión de un delito de tenencia no para consumo de sustancia estupefaciente prohibida, en calidad de autor. b- La Defensa anunció la interposición del recurso de apelación. III)a- Continuándose con la audiencia, por Sentencia Interlocutoria Nº 765/2025 se les impuso como medida cautelar la prisión preventiva por el plazo de 90 días, con vencimiento automático el 20 de agosto de 2025 a la hora 17:00, salvo disposición en contrario. b- La Defensa anunció la interposición del recurso de apelación. IV) a- Fue entonces que de conformidad a lo previsto en el art. 365 del CPP, en la redacción dada por el art. 42 de la ley 19889, la letrado patrocinante de los imputados procedió a expresar agravios respecto a las dos decisiones impugnadas, esto es, la Nº 764/2025 por la que se dispuso la formalización de la investigación y la Nº 765/2025 por la que se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva. b- Conferido traslado al Ministerio Público, lo evacuó abogando por el mantenimiento de las dos decisiones impugnadas. c- Por Decreto Nº 766/2025, se mantuvieron las recurridas con expresión de fundamentos y se franquearon los recursos de apelación, sin efecto suspensivo y con las formalidades de estilo. d- La Sala por Sentencia Interlocutoria de Segunda Instancia Nº 262/2025 del 29 de mayo de 2025, confirmó la decisión de Primera Instancia Nº 764/2025 dictada en la audiencia celebrada el 22 de mayo de 2025, por la que se dispuso la formalización de la investigación seguida respecto de AA por la presunta comisión de un delito de negociación de sustancia estupefaciente prohibida especialmente agravado, en calidad de autor. También confirmó la formalización de la investigación seguida respecto de BB, por la presunta comisión de un delito de tenencia no para consumo de sustancia estupefaciente prohibida, en calidad de autor. Asimismo, se confirmó la Sentencia Interlocutoria Nº 765/2025, dictada en la misma audiencia, por la que se dispuso la medida cautelar de prisión preventiva respecto de ambos imputados por el plazo de 90 días, con vencimiento automático el 20 de agosto de 2025, a la hora 17:00, sin perjuicio de ulterioridades. V)a- Fiscalía compareció ante la Sede Judicial solicitando la convocatoria a audiencia con la finalidad de elucidar la prórroga de las medidas cautelares fijadas a los imputados. b- Se convocó a audiencia para el día 18 de agosto de 2025, la que tuvo como hora de inicio 15:06 (Decreto Nº 1251/2025 del 11 de agosto de 2025) VI)a- Por Sentencia Interlocutoria Nº 1281/2025 dictada en la instancia referenciada se resolvió prorrogar la medida cautelar de prisión preventiva respecto de los imputados AA y BB por el plazo de 60 días, a contar del vencimiento de la vigente, con cese automático el 18 de octubre de 2025 a la hora 15:00, salvo nueva disposición en contrario. b- La Defensa interpuso recurso de apelación contra la decisión adoptada. c- Conferido traslado al Ministerio Público lo evacuó abogando por el mantenimiento de la decisión pronunciada. d- Por Decreto Nº 1282/2025 se mantuvo la recurrida y se franqueó la apelación, sin efecto suspensivo y con las formalidades de estilo. e- La Sala por Sentencia Interlocutoria de Segunda Instancia Nº 412/2025 del 21 de agosto confirmó la decisión de Primera Instancia Nº 1281/2025 dictada en la audiencia celebrada el 18 de agosto de 2025, por la que se dispuso la extensión de la medida cautelar de prisión preventiva respecto de AA y BB por el plazo de 60 días con vencimiento automático el 18 de octubre de 2025 a la hora 15:00, sin perjuicio de ulterioridades. VII)a- En la audiencia celebrada el día 17 de setiembre de 2025, la Sede declaró admisible tramitar las actuaciones por la vía del proceso simplificado, ante la solicitud fiscal formulada en tal sentido. b- La decisión no fue cuestionada por las partes. VIII)a- Fue entonces que de conformidad a lo previsto en el artículo 273 ter del CPP, Fiscalía presentó en forma oral, en la misma audiencia la demanda acusatoria. En ella reclamó la condena de AA como autor responsable de un delito de negociación de sustancia estupefaciente prohibida especialmente agravado, a la pena de 3 años de penitenciaría con descuento de la preventiva cumplida. También la condena de BB, como autor responsable de un delito de tenencia no para consumo de sustancia estupefaciente prohibida agravado, en calidad de autor, a la pena de 3 años de penitenciaría con descuento de la preventiva cumplida. Ofreció la prueba que se proponía producir. b- Se confirió traslado a la Defensa, quien optó por contestar la demanda acusatoria por escrito, en el plazo legal estatuido para tal fin. c- Fue así que el día 30 de setiembre de 2025, la Defensa compareció ante la Sede Judicial contestando la demanda acusatoria. Reclamó que en definitiva se absuelva a los acusados de los hechos atribuidos por Fiscalía. Ofreció la prueba que se proponía producir. d- Por Decreto Nº 1597/2025 del 1 de octubre de 2025, se convocó a audiencia para el día 13 de octubre de 2025 a la hora 13:30. IX)a- Por Sentencia Interlocutoria Nº 1672/2025 dictada en la instancia referenciada se resolvió: “...Admítese la declaración del Oficial del caso CC quien conforme lo establecido a fs. 55 y 56 ingresará informe elaborado por él así como cadena de custodia de sustancia amarillenta...” b- Defensa interpone recurso de apelación contra la decisión adoptada. Fundó su agravio fundamentalmente en que no se cumplió con el discovery respecto de la cadena de custodia y el informe de investigación previa que manifiesta Fiscalía. Lo que la Dra. manifiesta en su resolución que eso está, pero lo que en realidad está es ofrecido en la acusación fiscal, no está en la carpeta investigativa. Además, el informe al que se hace referencia, no estaría debidamente identificado, un informe sin fecha no permite saber cuándo fue elaborado, si se hizo antes o después del hecho investigado, incluso si existía al momento de la acusación. No se puede hacer una debida contraprueba porque se ignora de que informe se trata y además no se tuvo acceso a en la carpeta investigativa como se solicitó en dos oportunidades, el 8 de setiembre y el 19 de setiembre, no surgían de esa carpeta. Se accedió en esas dos oportunidades a la carpeta y faltaban esas cosas. Por lo expuesto no debería poder incluirse esta evidencia en juicio, por lo que solicitó su exclusión. c- Conferido traslado al Ministerio Público lo evacuó señalando que en cuanto al informe del Oficial del caso, el mismo de fecha 20 de agosto de 2025. La Dra. manifestó que la última vez que accedió a la carpeta fue el 19 de setiembre y que la acusación se presentó el día 17 de setiembre, estamos hablando de un informe que se hizo previo a la acusación y como suele hacerse entre los colegas de buena fe, cuando se advierte por parte de la Defensa o de la Fiscalía que hay un medio de prueba al cual no se tuvo acceso, como ya pasó en este caso con los videos go pro se le pide al fiscal el acceso debido. A veces estos informes pesan, y pesan de tal manera que los policías no lo pueden cargar o los administrativos no lo pueden cargar, entonces están en modelo pendrive, la computadora del fiscal o se le tiene que exigir directamente al Fiscal por que no se he podido descargar el informe al que usted ha hecho referencia, lo cual no ocurrió, y estamos hablando de la Defensoría de Oficio que a diferencia del resto de los defensores de particular confianza no se tienen que agendar para ver la carpeta, vienen y nos piden la carpeta. Se sabe bien que debido a la carga y el volumen de trabajo, tienen un trato distinto y diferencial a los defensores de particular confianza, saben que pueden ir al despacho del fiscal a pedir las evidencias que entienden que no están o que no tuvieron acceso, no así los defensores de particular confianza. Entonces, la Dra decidió llegada esta instancia decir que no accedió al informe, ya se dijo que ese informe es previo a la acusación, es del 20 de agosto y como ella dice, no es cargo de la defensa reclamar la carpeta, eso está errado y está regulado en el CPP. La única carga, la única obligación que tiene el Defensor es de procurarse la carpeta investigativa y aún así, llegada esta instancia pretende excluirlo alegando que no hubo discovery . También se propuso una moción de orden para que la misma acceda al informe que tiene 4 páginas, que dice que en 10 minutos no le da, y la mayoría son fotos, con la finalidad que el Tribunal lo resuelva en vez de si le interesara realmente acceder al informe que ya lo tuvo adelante, hubiera tomado los 15 minutos o el tiempo necesario para que la misma acceda o incluso solicitar una prórroga de la audiencia como se ha hecho. En cuanto a la cadena de custodia de la sustancia incautada a que hace referencia, está desde el 21 de setiembre en la carpeta, no entendemos por que en la formalización no se opuso a que no existía la cadena de custodia, cuando la fiscalía al relacionar las evidencias para solicitar la formalización refiere a las actas de incautación y cadena de custodia y ahora llegado el momento de control de acusación dice que no la vio, cuando está desde el momento en que ellos fueron detenidos. Parece que el único fin de esto es la dilatación del proceso en perjuicio de sus defendidos, ya que cuenta con la cadena de custodia desde el día 1 en que ellos son detenidos porque es de las primeras cosas que se hace. Si usted lee un recibo de acceso a la carpeta no va a entender nada porque lo único que dice es parte policial, parte policial número, en base a eso es muy fácil decir no tuve acceso a nada. Es muy difícil saber a que accedió, según ella, aquí está toda la evidencia que le fue todo descargada todo lo que hay en el sistema se descarga. Si ella intenta decir que no está por el nombre, está desde el primer día y usted en la formalización no se opuso y no alegó que no estaba la cadena de custodia, siendo el principal elemento de prueba que la sustancia estaba en poder del imputado y lo dice ahora en el control de acusación. A los miembros del Tribunal dejar constancia que la propia Dra. Ferré dijo que ella tuvo acceso a la carpeta y que advirtió la ausencia de alguna evidencia pero que después advirtió la carencia de otras y que en realidad estaba de turno y que en realidad no pudo acceder. Planteó una imposibilidad que es propiamente de ella, no hace relación ni con la dinámica de Fiscalía ni con la dinámica Judicial, por lo tanto, entiendo que hay una carencia en este sentido que se pretende hacer valer hoy como una oposición al ingreso de una prueba cuando ello no es hábil. X)a- Por Sentencia Interlocutoria Nº 1673/2025 se resolvió: “...No se admite la declaración de los testigos con identidad reservada...” b- Fiscalía interpuso recurso de apelación contra lo resuelto. Fundó sus agravios manifestando que no se ha ponderado justamente la necesidad de preservar la identidad de los testigos en el entendido de lo ya manifestado. Los hechos dan cuenta del microtráfico de sustancias estupefacientes en una localidad pequeña de esta ciudad donde en un período de tiempo se habría comercializado pasta base de cocaína de forma sostenida a por lo menos 6 personas que dan cuenta que eso así sucedía. En este sentido se entiende que es una obligación no solamente de Fiscalía sino también estatal de proteger a los testigos para que su declaración sea libre de todo tipo de coacción, es decir, el testigo que sabiéndose inmerso dentro de esta estructura ha prestado su colaboración y tanto Fiscalía como el Juzgado deben darle la protección necesaria como para poder venir a acreditar esos hechos ante el estrado. Este tipo de protección a nuestro entender no menoscaba ninguno de los derechos de los imputados ni el eventual contra-examen del mismo. Este criterio tan cerrado que este Juzgado aplica no obedece al normal acontecimiento y al normal tipo de investigación en estos casos que son la negociación de sustancias estupefacientes, porque en definitiva todos los testigos van a dar cuenta que BB era la persona que proporcionaba y negociaba la sustancia estupefacientes, van a decir cuanto le cobraba, que les vendía, en que épocas estaba, como era la casa, etc. todos esos datos dados por personas que van a tener que dar su identidad claramente menoscaba la integridad de la prueba de Fiscalía. Notése que un consumidor de sustancias estupefacientes va a prestar su apoyo a la investigación penal toda vez que se le brinden ciertas garantías, las cuales el juzgado ha borrado de un plumazo; vamos a tener que sentarlos acá a venir a señalar con el dedo a la persona que les vendió droga durante un tiempo determinado, ellos van a ser los que los van a meter presos, eso es lo que la gente entiende afuera de esta sala, el testigo entiende eso. Se ha ponderado erróneamente la necesidad de salvaguardar su identidad a los testigos, por lo tanto solicitamos al Tribunal que revoque tal resolución. No se trata de un desmedro de las garantías ni del imputado ni de la Defensa ya que van a poder contra interrogar, el distorsionador de voz se puede acondicionar para que se escuche mejor la voz, ello no debería ser un impedimento para rechazarlo y por último, es un tema de valoración, es cierto que el testigo de identidad reservada por el Juez puede valorarse distinto a un testigo que viene acá a dar la cara. Sin embargo, se entiende, como se manifestó que también tiene el cometido de proteger a los testigos y a las víctimas, no corresponde que una persona venga a declarar acá a contribuir con el proceso penal y se sienta después amedrentado. c- Conferido traslado a la Defensa, lo evacuó señalando que compartía lo resuelto. El instituto del testigo intimidado es excepcional, para casos de existencia de peligro grave para la persona, la libertad o los bienes del testigo o sus familiares, entendemos que no sería el caso. Incluso mis defendidos tienen derecho a estar presentes durante el desarrollo de la audiencia y durante la declaración de los testigos. Es una solicitud la de la declaración con estas medidas que debe ser aplicada con mucha prudencia y con fundamentos debidamente razonables. Esta Defensa, el Juez y mis defendidos tienen derecho también a poder ver a los testigos a efectos de observarlos y percibir por parte de si existe alguna duda respecto a lo que se está declarando o a contrainterrogar. En caso de disponerse lo contrario se estaría violando el derecho de defensa y la medida de protección resultaría excesiva, justamente como dijo la Sra Juez en la resolución, con la entidad de los hechos que no amerita este tipo de declaración, también se trata de muy poca sustancia y además como se dijo se vería vulnerado el derecho de defensa. Concluyó que se debe mantener la hostilizada. XI)a- Por Sentencia Interlocutoria Nº 1674/2025 se dispuso: “…No se hace lugar a la prueba testimonial a, b, c, d y e por no estar claro lo que se quiere probar con su declaración y no ser conducente para el juicio...” b- La Defensa interpuso recurso de apelación contra lo resuelto. Señaló que no se compartía la providencia pues al contestar la demanda acusatoria si se expresó que se controvertía la participación de los imputados, que se controvertía la calificación jurídica de los hechos y que los elementos que se iban a ofrecer como prueba, iban a acreditar la inocencia. Desde un primer momento, se sostuvo que los imputados no se dedicaban ni al suministro ni en el caso de BB tampoco a la tenencia para no consumo, sino que eran consumidores. Incluso se pidió a la Sede un examen de orina a efectos de probar el consumo. Por lo tanto, desde el principio tanto la Sra. Juez como Fiscalía supieron cual era la teoría del caso de la Defensa porque se ventiló desde que se formuló oposición a la formalización. Como se dice en el escrito de contestación de la acusación, se controvierte y se probará la inocencia, esto es, que no se dedicaban a la negociación y que la tenencia era para el consumo. Esa es la teoría del caso de la Defensa. Respecto a la prueba a la que se opuso Fiscalía, en realidad lo que se hizo es ofrecer prueba documental que se pretende sea incorporada por estas personas. Por eso, se puso que se incorporaran mediante lectura. Siempre se puso cual era el objeto, que es incorporar mediante lectura prueba documental. Dicha prueba documental que se solicitó en esta Sede fueron los exámenes de orina e informes médicos respecto a los imputados. Acreditan que son consumidores, no hay otra cosa para descubrir ni expresar ni exponer que no se sepa por Fiscalía o por la Sra. Juez. Desde un primer momento se supo en el caso, surge de lo que se expresó en la contestación de la acusación que si bien no fue extensa, se controvierte la participación y la calificación así como se consigna que los elementos de prueba tienden a acreditar la inocencia. La conducencia y pertinencia de estos elementos de prueba que se pretenden agregar por la Defensa es que son conducentes y pertinentes para acreditar la inocencia, esto es que la tenencia es para consumo y no para negociar. En definitiva reclamó se revoque la recurrida y se admita la prueba solicitada. c- Conferido traslado al Ministerio Público, solicitó se mantenga la sentencia de primera instancia en todos sus términos, por entender que los agravios no son de recibo. En el capítulo uno de la contestación de la acusación, se asume una defensa pasiva. En el capítulo dos, una defensa activa, ofreciendo medios de prueba. Es cierto que la Defensa no tiene la obligación de probar nada, el principio de inocencia está incólume mientras no haya una sentencia de condena firme. La Defensa no tiene que probarlo, corresponde a Fiscalía derribar ese principio. Sin embargo, la Defensa afirma que la prueba está dirigida a probar la inocencia, que ambos imputados son consumidores de sustancia y que eso se sabe desde el principio. Eso no es así, ya que se tiene que tener presente el principio de igualdad de armas tanto para la acusación como para la contestación. Con el criterio de la Defensa, Fiscalía en todos los casos no presentaría una acusación, directamente podría solicitar medios de prueba y decir que la teoría fiscal es la que se sostuvo en la formalización de la investigación. Ello no corresponde, porque los hechos van variando desde que se formaliza hasta que se presenta la acusación. No es de recibo suponer que los hechos son los mismos. En este caso, no han variado pero no se sabe cual son los hechos investigados que la Defensa decidió probar. Si bien en su momento, se habló de consumo, ahora no se sabe que se quiere probar, porque como se dijo en el capítulo uno habla de una teoría pasiva. En cambio, en el capítulo dos ofrece prueba, asume una defensa activa, pero no se sabe dirigida a que se quiere probar. El momento de plasmar su teoría del caso es en la contestación de la demanda acusatoria. Las mismas reglas que para la acusación que debe presentar Fiscalía. Si quería probar que eran consumidores debió plasmarlo en la contestación, no en el aire como algo que se dijo una vez en la etapa de formalización. No se sabe que hechos quiere probar. En suma, reclamó que se mantenga la decisión ya que las pruebas son inadmisibles e inconducentes. d- Por Decreto Nº 1678/2025 se franquearon los tres recursos de apelación interpuestos, con las formalidades de estilo. XII)a- Corresponde señalar que por Sentencia Interlocutoria Nº 1677/2025 se prorrogó la medida cautelar de prisión preventiva respecto a los imputados AA y BB por el plazo de 120 días a contar del vencimiento de la cautela vigente, venciendo el 14 de febrero de 2026 a la hora 16:00, salvo disposición en contrario. b- Las partes no impugnaron la providencia precedente. c- Recibidas las actuaciones en la Sala, se asumió competencia, se dispuso el estudio simultáneo por los integrantes y se acordó sentencia en legal forma. CONSIDERANDO : I) La Sala con la unánime voluntad de sus miembros naturales, confirmará la Sentencia Interlocutoria Nº 1672/2025 dictada en la audiencia celebrada el 13 de octubre de 2025, por la que se admitió la declaración de CC Oficial del caso de la Brigada Antidrogas de Canelones, quien declarará sobre la investigación realizada respecto de la finca donde se negociaba sustancia y como llegó a identificar a los imputados. Quién elaboró informe al respecto e incorporará el mismo con su declaración. Asimismo incorporará la cadena de custodia de la sustancia amarillenta en piedra incautada a BB con fecha 21 de mayo de 2025. Las razones expuestas por la Defensa de los imputados con el propósito de hacer caer lo decidido en Primera Instancia, no son de recibo. A su vez, se revocará la Sentencia Interlocutoria Nº 1673/2025 dictada en la misma audiencia, disponiendo en su lugar la admisibilidad de la declaración de los testigos propuestos con identidad reservada. El pábulo de los agravios fiscales tiene la eficacia y eficiencia necesaria para afectar la pervivencia de lo decidido. Asimismo, se revocará la Sentencia Interlocutoria Nº 1674/2025 disponiéndose en su lugar la admisibilidad de la prueba testimonial propuesta. Los motivos invocados por la Defensa tienen la virtualidad jurídica necesaria para hacer naufragar lo decidido en primera instancia en tal sentido. Lo expuesto es en mérito a las consideraciones que se expondrán. II) En el aspecto formal corresponde señalar que en la tramitación las partes han contado con las garantías del debido proceso, en particular el pleno ejercicio del derecho de defensa. III) Como cuestión previa importa destacar que el proceso simplificado irrumpe con la aprobación de la ley 19889, la que entró en vigencia el 24 de julio de 2020, para intentar ocupar el espacio dejado por el frustrado proceso extraordinario que nunca entró a regir. Presenta tres modalidades, la primera cuando el titular de la acción pública la solicita en audiencia y el Juez luego de escuchar a la Defensa, la admite. (Art. 273 ter.3). Se trata de una facultad exclusiva de la Fiscalía, pues la Defensa no tiene la posibilidad de peticionar la vía referenciada. La segunda modalidad es la de pleno derecho, pues cuando el Fiscal anuncia que no ha de requerir una pena mayor a tres años de penitenciaría para ninguno de los imputados, “el juez así lo decretará” (Art. 273 ter.3). La tercera modalidad es la subsidiaria o alternativa del proceso abreviado (Art. 273 ter.4), ya que si el Juez entiende que el acuerdo arribado, no cumple con los requisitos legales para su validez (incluso al respecto puede pedir información complementaria al Fiscal que la proporcionará en base a su carpeta de investigación), declara su inadmisibilidad y que se siga el proceso simplificado si el Fiscal así lo hubiera solicitado en base a alguna de las hipótesis previstas. Debe tenerse presente que la segunda de las modalidades referenciadas es preceptiva para el Juez. En efecto, controlado el cumplimiento de los requisitos debe disponerse la vía, sin otras consideraciones. Por su parte, la primera y la tercera de las modalidades implican una facultad, por supuesto no discrecional sino reglada para el Juez, quien debe decidir en base a una motivación suficiente y adecuada. En cualquiera de las tres posibilidades, el proceso simplificado puede ser calificado como un abreviado encubierto en el supuesto que el imputado admite su responsabilidad en los hechos contenidos en la acusación, pues si bien no se basa en un acuerdo, por expreso mandato (art. 273 ter.10), ello “será valorado en forma legal y no fueren necesarias otras diligencias, el Juez dictará sentencia inmediatamente”. En otras palabras, no tiene beneficios para el justiciable y en éste supuesto su base es la confesión. En cambio, si el mismo decide seguir con el juicio, sería un ordinario concentrado, donde desaparece la audiencia de control de acusación y el auto de apertura a juicio. En lo que hace a la admisibilidad no se distingue por la naturaleza del ilícito, por la posible pena a recaer, por estar cumpliendo prisión preventiva ni por ninguna otra causa o razón. Ello no obstante, el Juez en uso de sus facultades es quien resuelve, para lo cual debe considerarse todo aspecto que pueda tener incidencia, los que podrían ir desde los motivos en base a los cuales fiscalía solicita ir a la vía referenciada, el derecho del imputado a obtener una decisión en un plazo razonable así como todo otro elemento que pueda tener incidencia. Siempre teniendo presente que celeridad no es sinónimo de justicia, aunque es deseable y también esperable que ambos conceptos transiten de la mano. Admitida la solicitud, el Fiscal debe presentar la acusación en forma oral en la misma audiencia, de la que se confiere traslado al imputado y a la Defensa, quien podrá contestar en forma oral en la misma audiencia o por escrito en el plazo de 10 días. Cuando la contestación es en forma oral, se sigue el trámite en la misma audiencia. Cuando es por escrito, recibida la misma el Juez debe convocar a una audiencia en el plazo máximo de 10 días. En la misma, el Juez le debe preguntar al imputado si admite su responsabilidad en los hechos contenidos en la acusación o si ha de seguir con el juicio. En la primera hipótesis, si no son necesarias otras diligencias, se dicta sentencia de inmediato, ello sin perjuicio de destacarse que esto entraría en colisión con lo preceptuado en el artículo 146.2 del CPP, en sede de confesión. En la segunda, el Juez debe convocar a una nueva audiencia en un plazo no menor a 20 días ni mayor a 40 días contados desde la resolución. El Juez ordenará a las partes que comparezcan a la audiencia con los medios de prueba. Sin perjuicio de ello, si se solicita la citación judicial de un testigo perito, la petición debe hacerse con antelación no inferior a 5 días de la audiencia. En la misma, se resuelven las cuestiones preliminares que obstan el desarrollo válido y se delimita el objeto del proceso. Cumplido lo anterior, se le cede la palabra a las partes para alegatos iniciales, producción de prueba y alegatos finales. En la misma audiencia se dicta sentencia. En caso de complejidad se fija nueva audiencia para el dictado de sentencia con sus fundamentos en el plazo de 5 días. La audiencia no puede suspenderse por estar pendiente la rendición de pruebas. Sin perjuicio de ello, se trata de la citación judicial de un testigo perito y se entiende que es indispensable o manifiestamente útil para la adecuada resolución del caso, el Juez adoptará las medidas necesarias para asegurar la comparecencia. La suspensión no puede superar los 5 días, transcurridos los cuales proseguirá el trámite aunque falte el testigo perito. Como se ha señalado anteriormente, en el proceso simplificado no existe la audiencia intermedia, lo que no implica que no deba efectuarse un control, una depuración para que la prueba que se produzca sea de calidad, verdaderamente útil para elucidar eventuales responsabilidades, causales de justificación, circunstancias alteratorias, personalidad del imputado. La cuestión radica en definir el momento en que se debe llevar a cabo el referido control. Ello debe acontecer en la audiencia en que el Juez dispone la convocatoria a otra y ordena a las partes que comparezcan con los medios de prueba, con la excepción consagrada en el numeral 12 del art. 273 ter del CPP. Esto responde a razones negativas y afirmativas. En lo que hace al primer orden debe tenerse en cuenta que la audiencia que se convoca no es para debatir sobre la admisibilidad de los medio probatorios. No se prevé ninguna instancia a texto expreso en tal sentido. No es una cuestión que obste al desarrolló válido del acto. Cabe preguntarse como podría serlo una prueba sobreabundante o dilatoria. Tampoco se puede vincular con la delimitación del objeto del proceso. A su vez no sería una cuestión práctica ya que por ejemplo se habrían convocado a los testigos a la audiencia y estarían esperando a que se resuelvan eventuales oposiciones que podrían formularse. En lo que hace a las razones afirmativas, cuando el Juez convoca a audiencia y ordena a las partes que comparezcan con los medios de prueba, lo hace también en una audiencia que es una instancia hábil para preparar la que ha de producirse. A título de ejemplo, si una de las partes propuso un medio de prueba ilícito sería contrario a la lógica del derecho que el Juez convocara a la instancia respectiva y le ordenara a esa parte que comparezca con el medio. Por lo tanto se puede y se debe depurar antes de la convocatoria. IV)a- Sentencia Interlocutoria Nº 1672/2025 Por esta providencia se admitió la declaración del Oficial del caso CC quien ingresará el informe elaborado por él así como la cadena de custodia. b- La Defensa hizo foco en que no se cumplió con el descubrimiento respecto de la cadena de custodia y el informe de investigación previa confeccionado. No se puede hacer una debida contraprueba porque se ignora de que informe se trata y además no se tuvo acceso en la carpeta investigativa porque cuando se solicitó no surgían. c- Fiscalía refirió que se está hablando de un informe que se hizo en forma previa a la acusación, por lo que la Defensa pudo haber pedido el acceso. A veces, esos informes pesan y la Policía no los puede cargar, entonces están en pendrive por lo que se tiene que seguir directamente al Fiscal. Se propuso una moción de orden para que la Defensa accediera al informe que tiene 4 páginas pero dijo que en 10 minutos no le era tiempo suficiente. Respecto a la cadena de custodia, está desde el 21 de setiembre en la carpeta investigativa. Parece que el único propósito es la dilación del proceso. d- En términos de Calamandrei, la mirada del Tribunal se haya limitada por decirlo así, por la mirilla del principio de congruencia y no está en condiciones de ver sino lo que las partes colocan dentro del campo visual contemplado desde ésta estrecha abertura. La cuestión debe resolverse, como no podría ser de otra manera, conforme lo previsto en el ordenamiento procesal vigente. Debe tenerse en cuenta que podrá declarar como testigo “toda persona cuya declaración se considere útil para el descubrimiento de la verdad sobre los hechos investigados. Nadie podrá negarse a declarar como testigo, salvo las excepciones establecidas expresamente por la ley”. Puede declarar toda persona, no hay tachas ni testigos inhábiles “sin perjuicio de la facultad del Tribunal de apreciar el valor de su testimonio” (art. 149). A su vez las excepciones al deber de testimoniar están consignadas en el art. 150. Se trata de una facultad “podrán abstenerse de testificar en contra del imputado...”. Por otra parte el art. 151 alude a la abstención de rendir testimonio “deberán abstenerse de declarar quienes deban guardar secreto profesional o mantener información reservada o confidencial”. Sin embargo en el punto Nº 1 de este artículo se prevé que estas personas “no podrán negarse a testificar cuando sean liberadas del deber de guardar secreto por quien se los haya confiado”. A ello cabe agregar que la parte podrá contra examinar a los testigos e incluso proponer nuevos interrogatorios. Al respecto deberán tenerse en cuenta el objeto de la prueba previsto en el art. 141 del CPP. En efecto, es objeto de la prueba en materia penal: a) La comprobación de los supuestos fácticos descriptos en la ley como configurativos del delito imputado. b) La averiguación de la participación del imputado en los hechos, c) la concurrencia de causas de justificación. d) Las alteratorias que puedan existir. e) Los elementos que permitan el mejor conocimiento de la personalidad del imputado y puedan incidir en la individualización de la pena. A su vez, conforme lo previsto en el art. 144 del CPP “podrán probarse los hechos y circunstancias de interés para el caso, por cualquier medio de prueba, salvo que se encuentre expresamente prohibido por la Constitución de la República o la Ley”. Conforme al art. 127 del CPP la acusación se debe ajustar formalmente a las reglas prescriptas para la sentencia en lo pertinente, debe presentarse por escrito y contener entre otros aspectos: “...e) El ofrecimiento de la prueba para el juicio, la que de ser admitida de acuerdo con el art. 268 de este Código, será incorporada en la oportunidad procesal pertinente de acuerdo con el art. 270 de este Código...” Importa destacar que el art. 260 del CPP, faculta al imputado, a su Defensor y a la víctima a solicitar al Fiscal las diligencias que considere pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos, durante la investigación preliminar. También se prevé que en caso de negativa del Fiscal, el imputado y su Defensa (no la víctima) pueden recurrir al órgano jurisdiccional para que la ordene. En cambio, no está consagrada la preclusión en cuanto a la posibilidad de solicitar el diligenciamiento de prueba para el juicio oral. Al respecto debemos tener en cuenta por un lado el art. 128 Inc. 2 del CPP “recibida la acusación el Juez emplazará al acusado y su Defensor, notificándole la acusación en su contra, para que en el plazo de 30 días ofrezca la prueba que pretende producir en juicio oral”. Por otra parte, existía una nueva oportunidad de ofrecer prueba para las partes en la audiencia de control de acusación. Esto derivaba del art. 268.2 “resueltos los planteos en audiencia, cada parte ofrecerá su prueba y formulará las observaciones que considere pertinentes respecto de la prueba de la parte contraria...” Sin embargo, con la entrada en vigencia de la ley 19.889 el 24 de julio de 2020, ya no se puede ofrecer prueba en la audiencia de control de acusación, pues de acuerdo a la nueva redacción del art. 268.2, dada por el art. 37 de la misma “...cada parte enunciará la prueba ofrecida oportunamente...”. Ello sin perjuicio, de la “prueba nueva” art. 39 y la “prueba sobre prueba” art. 40 de la citada norma legal. Ahora bien, la exigencia legal de ofrecer los medios probatorio que se pretenden producir en el juicio oral se cumple en lo que hace a la prueba testimonial, con la individualización de la persona, el aporte de los datos identificatorios y la indicación del objeto sobre el que depondrá. Esto rige tanto para los testigos propuestos por Fiscalía como por la Defensa. Esto se cumplió pues se aportaron los datos indentificatorios del testigo y se consignó sobre lo que iba a declarar. A su vez, la prueba documental que iba a incorporar con su declaración. No es posible perder de vista que la prueba es en el juicio ante el Juez y no en ninguna fase previa. Tal solución no menoscaba en lo más mínimo las garantías del debido proceso, en particular el mal llamado principio de igualdad de armas pues no se trata de un combate, por lo menos es lo que se aguarda. La Defensa tiene pleno conocimiento del objeto sobre el cuál habrán de declarar el testigo, lo que le permite preparar el contrainterrogatorio sin dificultad de especie alguna. En efecto, Fiscalía definió el objeto de la declaración y los documentos que habrá de incorporar. Es suficiente con la propuesta del medio probatorio en el estadio procesal correspondiente si se cumple con aportar los datos identificatorios y el objeto respecto al cual ha de deponer el testigo. Si no se cumple con tales extremos, la solución no es el rechazo del medio probatorio, pues el Juez tiene la carga de adoptar “las medidas pertinentes para garantizar el control por las partes”, conforme el artículo 268.4 del CPP. La vía referenciada, esto es conceder un plazo durante el desarrollo de la audiencia intermedia para permitir a la contraparte el acceso o el debido control de un medio probatorio, no alude a obtener una declaración previa de un testigo como se pretendió en el caso, sino a salvar omisiones atinentes a titulo de ejemplo a definir o delimitar el objeto del mismo o aportar datos identificatorios no proporcionados. En suma, esta expedita exclusivamente para el supuesto que ello no fuera así. En el caso, como se ha postulado Fiscalía en la demanda acusatoria consignó el nombre del testigo, los datos identificatorios, el objeto sobre el cual iban a declarar y la documentación que habría de incorporar. Entonces corresponde analizar en la especie, si la misma ingresa en alguna de las categorías previstas en el art. 268.2. En otras palabras, si el testimonio propuesto por el Ministerio Público es inadmisible, impertinente, sobreabundante, dilatorio o ilegal, categorías que sí permiten al Juez el rechazo del medio probatorio cuando se ajustan a las mismas. En efecto, Fiscalía tuvo la llave que abrió la primer puerta pues ofreció la prueba testimonial que pretendía producir en la instancia hábil para tal fin. También tiene la segunda llave para superar las razones que permiten al Juez su rechazo. En consecuencia, la fase de admisibilidad esta claramente superada y todo ha de centrarse en la valoración que de tal testimonio se lleve a cabo. V)a- Sentencia Interlocutoria Nº 1673/2025, por la que no se admitió la declaración de los testigos con identidad reservada. b- La titular de la acción penal consignó que no se ponderó adecuadamente la necesidad de preservar la identidad de los testigos. Se trata del microtráfico de sustancias estupefacientes, en una localidad pequeña. Es una obligación estatal proteger a los testigos para que su declaración sea libre de toda coacción, esto no menoscaba ninguno de los derechos de los imputados ni el eventual contraexamen. Si un consumidor de sustancias estupefacientes va a prestar apoyo a la investigación penal, lo va a hacer si se le brindan ciertas garantías. c- La Defensa refirió a que el instituto del testigo intimidado en excepcional, para casos de peligro grave para la persona, la libertad o los bienes del testigo o su familia y éste no es el caso. Una solicitud de declaración con estas medidas debe ser aplicada con mucha prudencia y con fundamentos debidamente razonables. En caso de disponerse lo contrario, se estaría violando el derecho de Defensa. d- Ahora bien, Calamandrei decía que todas las libertades serian vanas sino pudieran ser reclamadas en juicio. En el mismo sentido, es posible afirmar que la forma como se administra justicia en una sociedad constituye uno de los elementos más importantes para medir la democracia, destacándose en este aspecto el pleno ejercicio del derecho de defensa y su vinculación al debido proceso. Esto se encuentra reconocido a nivel convencional (art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos) a nivel constitucional (art. 12 de la Constitución de la República) y también a nivel legal (art. 71 y siguientes del CPP). Lo expuesto es sin perjuicio de consignarse que Ronald Dworkin en “Los Derechos en serio” plantea una distinción de gran utilidad contraponiendo los “conceptos constitucionales” a las “concesiones constitucionales”. Los primeros en cierto modo asimilables a los conceptos jurídicos indeterminados refieren a aquellas expresiones vagas o amplias que se incluyen en enunciados normativos, que dada su amplitud generan que el elenco de cosas o situaciones que representan se modifiquen con el tiempo. En lo que refiere a las concesiones son expresiones que integran un enunciado normativo y que posen un sentido concreto conferido por el constituyente quien se encargo de definir puntualmente su significado. No enfrentado al derecho de defensa, no en colisión o fricción con el mismo sino en el ámbito de una sistematización lógica, racional, de una verdadera armonización de derechos se ha ido abriendo camino, con el transcurso del tiempo, un estatuto de protección de las víctimas y testigos, el que se haya diseminado en distintas normas. Retomando el tema de la protección, corresponde consignar que el art. 163.1 del CPP consagra que en el supuesto de peligro grave para la persona, la libertad o los bienes del testigo o sus familiares, la Sede Judicial tiene la potestad de disponer una o más de las medidas previstas en el art. 160 del citado cuerpo normativo, el que refiere al interrogatorio a testigos menores de dieciocho años de edad. Asimismo, el art. 163.2 consagra la posibilidad de disponer la reserva de la identidad, de los demás datos personales y de cualquier otro elemento que pueda servir para su identificación. El contrapeso que tienen las referidas medidas de protección es que de conformidad a lo preceptuado por el art. 163.3, la declaración en tales condiciones, al momento de ser valoradas por el Juez, le corresponde hacerlo “con criterio especialmente riguroso, considerando para su credibilidad el resto de los elementos probatorios y las circunstancias que determinaron su protección”. En consecuencia, la modalidad es admisible, esta prevista a texto expreso pero no es inocua, apareja efectos los que se derraman en sede de valoración. Por lo tanto, lo que en un primer análisis rápido, sin profundidades podría presentarse como una desventaja para la Defensa, el legislador a través del mecanismo de los contrapesos, restauro el equilibro y lo hizo exigiéndole al Juez un determinado criterio de valoración teniendo en cuenta ciertas pautas. Por lo tanto, teniéndose en cuenta que se trata de consumidores que supuestamente le adquirían la sustancia a los propios imputados, esto los coloca en una situación de especial vulneración, lo que determina que la medida de protección requerida por Fiscalía para preservar su identidad, sea de recibo por tener su anclaje en la ley. VI)a- Sentencia Interlocutoria N.º 1674/2025, por la que no se hizo lugar a la prueba testimonial ofrecida por la Defensa constituía por la declaración de la Dra. DD (a), la Licencia EE y/o FF (b), Dra GG (c), Dra. HH (d) y Dra. II (e). b- La Defensa refirió a que la demanda acusatoria expresó que controvertía la participación de los imputados, la calificación jurídica de los hechos y que los elementos que se iban a ofrecer como prueba iban a acreditar la inocencia de los mismos. Desde el primer momento se postuló que no se dedicaban ni al suministro ni a la tenencia no para el consumo de sustancias estupefacientes, eran consumidores. Se trata de una prueba conducente y pertinente para acreditar la inocencia pues se acredita que son consumidores, no hay otra cosa para descubrir ni expresar ni exponer que no se sepa por la contraparte o por la Sede. c- Fiscalía refirió a que las mismas reglas se aplican para la parte acusadora como para la Defensa. Si se quería probar que eran consumidores se debió plasmar en la contestación. No se sabe que hechos se quieren probar. d- La Defensa al contestar por escrito la acusación verbal de Fiscalía en el marco del proceso simplificado, propuso bajo el subtítulo de Prueba Testimonial, la declaración de 9 personas. Por la hostilizada se desestimó la prueba testimonial referida en los literales a, b, c, d y e por entenderse que no surgía en forma clara lo que se quería probar con tales medios y no ser conducente para el juicio. Sin embargo, lejos de ello lo que la Defensa ha plasmado al evacuar el traslado conferido de la demanda acusatoria es la inocencia de los imputados, por entender que en el caso de AA, no negoció sustancia estupefaciente prohibida. A su vez, que respecto a BB no es de aplicación la hipótesis de tenencia no para el consumo. Para tal fin, postuló que se trata de consumidores y que por lo tanto, están exentos de responsabilidad penal. Los testigos propuestos apuntan claramente a su teoría del caso, esto es, demostrar que tenían sustancia estupefaciente porque eran consumidores y solo por eso. Por lo tanto, los testigos propuestos, respecto a los cuales se aportaron los datos identificatorios y se definió el objeto sobre el cual depondrían, están en condiciones de aportar información de calidad. Todo se circunscribirá a una cuestión de valoración respecto a si efectivamente son consumidores y la incidencia que esta condición pueda o no tener en lo que hace a las figuras ilícitas por las que se los acusa. Lo que no corresponde es el rechazo de los testimonios sin más pues son conducentes y pertinentes en relación al punto de vista de la Defensa. Por lo expuesto y las normas legales citadas, EL TRIBUNAL RESUELVE: CONFÍRMA SE LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nº 1672 /202 5 DICTADA EN LA AUDIENCIA CELEBRADA EL 13 DE OCTUBRE DE 202 5 , POR LA QUE SE ADMITIÓ LA DECLARACIÓN DE CC OFICIAL DEL CASO DE LA BRIGADA ANTIDROGAS DE CANELONES, QUIEN DECLARARÁ SOBRE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA RESPECTO DE LA FINCA DONDE SE NEGOCIABA SUSTANCIA Y COMO LLEGÓ A IDENTIFICAR A LOS IMPUTADOS. QUIÉN ELABORÓ INFORME AL RESPECTO E INCORPORARÁ EL MISMO CON SU DECLARACIÓN. ASIMISMO INCORPORARÁ LA CADENA DE CUSTODIA DE LA SUSTANCIA AMARILLENTA EN PIEDRA INCAUTADA A NESTOR LEIVA CON FECHA 21 DE MAYO DE 2025. REVÓCASE LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA N.º 1673/2025 DICTADA EN LA MISMA AUDIENCIA, DISPONIENDO EN SU LUGAR LA ADMISIBILIDAD DE LA DECLARACIÓN DE LOS TESTIGOS PROPUESTOS POR FISCALÍA CON IDENTIDAD RESERVADA. REVÓCASE LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA N.º 1674/2025 DISPONIÉNDOSE EN SU LUGAR LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA TESTIMONIAL PROPUESTA POR LA DEFENSA . OPORTUNAMENTE DEVUÉLVASE A LA SEDE DE ORIGEN. Dr. Luis Charles Vinciguerra – Ministro Redactor Dra. Gabriela Merialdo Cobelli – Ministra Dra. Adriana de los Santos Arigoni – Ministra Esc. Eric Longobardo Cantou – Secretario Letrado