Sentencia Definitiva N° 38/2025

N.º 38 Montevideo, 16 de octubre de 2025 VISTOS : Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “AA y otros – Coautores a título de dolo eventual de un delito de homicidio muy especialmente agravado en reiteración real con un delito de lesiones personales agravado” - I.U.E.: 2-101594/2023 , venidos a conocimiento del Tribunal en mérito al recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía Departamental de Rivera de 3 er . Turno, Dra. María Alejandra Domínguez y por las Defensas de los imputados AA y BB, Dres. Martín Frustaci y Santiago Moratorio por el primero, y Dr. Miguel Angel Fossatti por el segundo, contra la sentencia Nº 68/2025, dictada en audiencia celebrada el 13 de junio de 2025, por la Sra. Jueza Letrada de Rivera de 1 er . Turno, Dra. Claudia Romano Cortazzo. RESULTANDO : 1º) Se tiene por reproducida la relación de antecedentes procesales de la apelada pues se ajusta a las resultancias del proceso. Por la misma se dispuso: “ 1ro. Declárase la nulidad por ilegalidad de la diligencia de allanamiento realizada el día 21 de octubre de 2023 en la finca sita en Ana Alvares de Araujo CC de la ciudad de Santana do Livramento y en su mérito de la prueba derivaba de la misma. 2do. En virtud de la nulidad declarada, dispónese el cese de la incautación respecto del vehículo Volkswagen Gol matrícula brasileña QUV DD, procediéndose a su devolución, oficiándose. 3ro. Absolviendo a los señores EE, FF y GG de las imputaciones por las que fueron acusados en la presente causa, declarándose su libertad definitiva y el cese inmediato de la cautela que pesa sobre los mismos, comunicándose sin más trámite si fuera pertinente. 4to. En virtud de dichas absoluciones devuélvase la totalidad de los bienes incautados a los señores EE, FF y GG. 5to. Condénase a AA como coautor penalmente responsable a título de dolo eventual de un delito de homicidio muy especialmente agravado en reiteración real con un delito de lesiones personales agravadas, a cumplir la pena de veintiún (21) años de penitenciaría, con descuento de la medida cautelar cumplida y siendo de su cargo las accesorias de rigor (artículo 105 literal E del Código Penal). 6to. Condénase a BB como coautor penalmente responsable a título de dolo eventual de un delito de homicidio muy especialmente agravado en reiteración real con un delito de lesiones personales agravadas, a cumplir la pena de diecinueve (19) años de penitenciaría, con descuento de la medida cautelar cumplida y siendo de su cargo las accesorias de rigor (artículo 105 literal E del Código Penal). 7mo. Dispónese el comiso del dinero incautado a los señores AA: ocho mil Dólares Americanos (U$S 8.000) y ciento cincuenta y seis reales (R 156) y, BB: siete mil seiscientos dólares americanos (U$S 7.600) y doce mil novecientos sesenta reales (R 12.960) y póngase a disposición de Rentas Generales. 8vo. Dispónese el comiso de la camioneta Volkswagen Amarok matrícula brasileña HH, y póngase a disposición de Rentas Generales. 9no. Dispónese el comiso de las prendas de vestir incautadas a los señores AA y BB conforme detalle de actas de fojas 348 y 350 y póngase a disposición de Rentas Generales. 10mo. Absolviendo a los señores AA y BB por los delitos de asociación para delinquir y contrabando por los cuales fueron acusados. En mérito a ello, dispónese el cese de la incautación de los demás bienes incautados a los señores AA y BB, que no fueron comisados en el presente fallo, cuyo detalle emerge de actas de fojas 348, 349, 350 y vuelto, procediéndose a su devolución, oficiándose. 11ro. Efectúense las comunicaciones de rigor. 12do. Ejecutoriada, cúmplase y oportunamente, remítase con las formalidades de estilo al Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia que corresponda de conformidad con lo establecido en las Circulares 48 y 74/2024, previa liquidación de pena, si fuera pertinente. 13ro. Notifíquese al señor II (artículo 273.7 CPP), oficiándose y cometiéndose con las formalidades de estilo, si fuera pertinente. 14to. Quedan las partes notificadas en este acto (artículo 115.2 CPP), entréguese copia íntegra de la presente sentencia dejándose la constancia respectiva en autos”. 2º) Oportunamente compareció en tiempo y forma la Representante Legal del Ministerio Público y Fiscal, Dra. María Alejandra Domínguez, interponiendo recurso de apelación contra la sentencia definitiva dictada en autos (fs. 1031 a 1046), solicitando la revocación parcial de la misma, formulando los siguientes agravios: 1) En primer lugar se agravia respecto de la no aplicación de la agravante del concurso, a la no condena por los delitos de asociación para delinquir y contrabando y a la pena dispuesta en primera instancia respecto de BB y de AA . a- Tentativa de Homicidio y el delito de Lesiones consumadas. En el caso de marras, se condenó por la figura incluida en el art. 312 numeral 4 del C.P., esto es para preparar, facilitar o consumar otro delito, en autos, para apoderarse mediante sustracción de una mochila, la que contenía en su interior una gran suma de dinero. El agravio se fundamenta en que se condenó por un delito de homicidio y por un delito de lesiones consumadas agravadas, en régimen de reiteración real, desconociendo lo solicitado por fiscalía al momento de presentar su demanda acusatoria, en lo referente a la comisión de un delito de homicidio muy especialmente agravado por el concurso, por ser responsable de dos delitos de homicidios, uno de ellos en grado de tentativa. Manifiesta que la apelada deja de lado el contexto real de los hechos acaecidos, esto es, un grupo de personas que se dirigieron en un vehículo a asaltar una camioneta, con el fin de apoderarse del dinero que traían sus ocupantes para realizar compras en los Free Shop de la ciudad de Rivera. En efecto no se trata de lesiones provocadas por una razón originada en causar un mal a una persona, sino en virtud de la ejecución de otro maleficio, ya sea como medio o para facilitarlo. Por lo que se entiende que no estamos frente a una rapiña que concurre con lesiones sino frente a un homicidio complejo. b- Delito de Contrabando. Respecto a este punto, luego de analizar los hechos, Fiscalía expresa que a su juicio, sí se probó el delito de contrabando cometido por BB y AA, en virtud de que se circulaba en esta ciudad en un vehículo con matrícula de otro país en el caso de BB y tenía en su domicilio en Uruguay, en el caso de AA, sin haber realizado el trámite correspondiente para su ingreso en forma legal. c- Delito de Asociación para delinquir. Con relación a este delito, quedó probado en autos que todos los imputados tenían contacto entre sí, que se conocían, lo que surge del testimonio del Crio. Mayor Héctor Alves y del Informe 071/2023. De este último se visualiza a los mismos con sus vehículos en la casa sita en la calle Ana Alvarez de Araújo No. CC de Santana do Livramento, finca que fue arrendada por el imputado BB y su pareja con fecha 28/7/23. A juicio de Fiscalía se probó que los imputados, en el mes de julio de 2023, mantenían un vínculo, que se habían asociado, como grupo para realizar un hecho delictivo, que luego del reato, continuaron en contacto, lo que también se probó. d- Pena. En cuanto a la pena, expresó que la pena individualizada en primera instancia retribuye con inadecuada benevolencia las conductas antijurídicas cometidas por los imputados en autos, lo cual provoca un claro agravio. Entiende que la pena dispuesta no resulta adecuada, aunque se mantenga la sentencia recurrida, en lo referente a la aplicación del art. 36 del C.P., sin perjuicio de entender que en autos, se debió contemplar la pretensión fiscal en lo referente a la aplicación del artículo 312 numeral 6 del C.P. y por ende el cuantum punitivo que fuera solicitado en la demanda acusatoria. No contempla la totalidad de las agravantes relevadas ni tampoco el grado de culpabilidad así como la reiteración de la conducta. Con la pena impuesta no se logra obtener sensación de justicia que retribuya o restablezca el quebrantamiento del orden social ante el aberrante crimen cometido en el caso. 2) En segundo lugar se agravia respecto de la absolución de EE y a la declaración de nulidad del allanamiento realizado en la finca sita en Santana do Livramento. La recurrida declaró nulo la diligencia de allanamiento realizada por la policía civil brasilera en la finca arrendada por BB, sita en la calle Ana Álvarez de Araújo No. CC en Santana do Livramento, en virtud de entender que se ingresó a la misma sin orden judicial. Fiscalía realiza un análisis de normas legales, jurisprudencia y doctrina brasilera, concluyendo que para considerar lícito el ingreso al domicilio sin mandato judicial, en busca de personas o vehículos, deben haber existido fundadas razones, las cuales deben ser controladas posteriormente en caso de detención del sospechoso. Posteriormente realiza el análisis al caso de autos, de lo cual surge a modo de conclusión a juicio de la representante fiscal que: - en primer lugar, se estuvo frente a un caso de flagrancia impropia (art. 302 numeral III en consonancia con el artículo 240 numeral d) del CPP brasilero) - en segundo lugar existieron fundadas razones para el ingreso a la morada sin mandato judicial en busca de los sospechosos y/o de instrumentos utilizados para la práctica del crimen, en este caso el vehículo que se utilizó (art. 240 numeral d) del CPP) - en tercer lugar, la búsqueda de los sospechosos o instrumentos fue continua y sin interrupción desde que se tuvo conocimiento del hecho ocurrido en Uruguay. - en cuarto lugar de acuerdo a lo previsto en el art. 241 del CPP brasileño, se establece que cuando la propia autoridad policial o judicial no realicen personalmente, la búsqueda domiciliaria (el ingreso a la morada) deberá ser precedida de mandato judicial. - en quinto lugar, el control posterior de las razones fundadas para el ingreso a la morada sin mandato judicial, ocurre cuando se procede a la detención del sospechoso en la hipótesis de flagrancia impropia (art. 5 numeral LXI de la Constitución brasilera), lo que en el caso de autos no existió detención alguna, por lo tanto no estaban obligados a la comunicación al Tribunal. Atento a lo expuesto, se considera que la diligencia de allanamiento realizada en la finca sita en calle Ana Alvarez de Araújo CC de Santana do Livramento, al amparo de las normativas legales, doctrina y jurisprudencia brasilera, debe ser considerada legal y así las evidencias obtenidas en el mismo, no siendo de aplicación la teoría del “fruto del árbol venenoso” admitiendo las mismas como lícitas. Con relación a los delitos de porte y tenencia de arma de fuego en lugares público, se probó con la declaración de víctima II, del Informe de viodeovigilancia donde se los visualiza portando dicha arma y efectuando el disparo hacia II en la vía pública. Con relación al porte por ser reincidente se probó con la incorporación de la planilla de antecedentes judiciales, donde surge que tenía un antecedente por un delito de lesiones personales, habiendo quedado ejecutoriada la sentencia con fecha 31 de agosto de 2021. Con relación al delito de asociación para delinquir se remite a la fundamentación que se realizara de los imputados BB y AA. 3) En tercer lugar se agravia respecto de la absolución de los imputados GG y FF. Con referencia a los agravios respecto del delito de asociación para delinquir y de contrabando en relación al imputado GG, se remite a lo expresado en el capítulo correspondiente cuando se fundamentó el agravio de dichos delitos respecto de BB y de AA. Con relación al delito de contrabando se amplía que los vehículos incautados en su domicilio sito en esta ciudad, lo fueron una camioneta marca Volkswagen Saveiro matrícula JJ y una camioneta Chevrolet Montana, matrícula KK, ambas brasileras, no presentando al momento de la incautación ni tiempo después la documentación que acreditara el ingreso legal al país. No se comparte lo expresado por la Sede en su fallo al momento de fundamentar la absolución del imputado GG, con relación a que no se lo visualizó conduciendo la camioneta marca Chevrolet S 10 ni se probó que era de su propiedad. Respecto a la absolución respecto del imputado FF, la a quo, fue muy escueta en su fundamentación, limitándose a expresar que la fiscalía no cumplió con la carga probatoria que habilite hacer lugar a la acusación y que les asiste razón a los Sres. Defensores del imputado en que éste no estuvo involucrado en el hecho. Expresa Fiscalía que al analizar las pruebas allegadas para el caso de estos imputados sí se logró probar con la certeza requerida, la participación de los mismos en el hecho de marras y para ello es importante tener en consideración la prueba por indicios. Con relación al grado de participación, se acusó por la coautoría, según lo previsto en el art. 61 numeral 4 del C.P. En definitiva solicitó se eleve al Tribunal de Apelaciones que por turno corresponda, a los efectos de que analice los fundamentos a favor de la apelación solicitada, revocando parcialmente la sentencia, en lo que refiere a: Condenar a EE como autor penalmente responsable de un delito de homicidio muy especialmente agravado para preparar, facilitar o consumar otro delito y por el concurso, por ser responsable de dos delitos de homicidios, uno de ellos en grado tentativa, en régimen de reiteración real con un delito de porte y tenencia de arma de fuego en lugares públicos, un delito de porte de arma de fuego por ser reincidente y un delito de asociación para delinquir, a una pena de treinta años de penitenciaría. A condenar a GG. como co autor penalmente responsable de un delito de homicidio muy especialmente agravado para preparar, facilitar o consumar otro delito y por el concurso, por ser responsable de dos delitos de homicidios, uno de ellos en grado tentativa, en régimen de reiteración real con un delito de asociación para delinquir y un delito de contrabando, éstos en calidad de autor, a una pena de veintisiete años de penitenciaría. A condenar a FF, como co autor penalmente responsable de un delito de homicidio muy especialmente agravado para preparar, facilitar o consumar otro delito y por el concurso, por ser responsable de dos delitos de homicidio, uno de ellos en grado tentativa, en régimen de reiteración real con un delito de asociación para delinquir, éste en calidad de autor, a una pena de veinticinco años de penitenciaría. Con relación a BB y AA, se los condene como co autores penalmente responsable de un delito de homicidio muy especialmente agravado para preparar, facilitar o consumar otro delito y por el concurso, por ser responsable de dos delitos de homicidios, uno de ellos en grado tentativa. a título de dolo directo, en régimen de reiteración real con un delito de asociación para delinquir y un delito de contrabando, éstos en calidad de autor, a una pena de veintinueve años de penitenciaría. Asimismo se disponga para el caso de la revocación parcial de la Sentencia recurrida, acogiendo los agravios de la Fiscalía, la incautación y decomiso de los siguientes vehículos (en virtud de que ya fueron devueltos por orden de la a quo): 1- camioneta marca Chevrolet S 10. matrícula FRF LL, 2- auto marca Volkswagen modelo Gol. matrícula QUVDD, 3- camioneta marca Mitsubishi. modelo Pajero, matrícula brasilera MM, 4- una camioneta marca Volkswagen Saveiro. Matrícula JJ. 5- una camioneta marca Chevrolet Montana. matrícula KK. 6- camioneta marca Volkswagen Saveiro. matrícula NN y 7) auto marca Fiat, matrícula ÑÑ. como fuera solicitado en la demanda acusatoria. 3º) Por su parte, el 21 de julio de 2025, la Defensa de Particular Confianza del imputado AA, -Dres. Martín Frustaci y Santiago Moratorio- interpuso recurso de apelación contra la sentencia definitiva, solicitando que se revoque respecto a la condena por el delito de homicidio agravado a título de dolo eventual, en reiteración real con un delito de lesiones personales agravadas, considerando que debe modificarse la condena por el delito de Rapiña especialmente agravada; centrando la discrepancia con el fallo, en tres elementos. En primer lugar la incriminación de AA en grado de coautor sobre la figura delictiva del homicidio por dolo eventual en reiteración con el delito de lesiones. En segundo lugar, pero acoplado con lo ut supra mencionado, la modificación de la calificación delito, debiendo imputarse la figura de la rapiña especialmente agravada en lugar del homicidio en reiteración con lesiones. Y en tercer lugar, por guarismo punitivo fijado. Manifestó que no se ha negado la presencia de AA y sus actos, en asegurar y sustraer el dinero. Y es por dicha figura delictiva que se lo debe juzgar. Pero no comparte la condena a AA en grado de coautor penalmente responsable por el delito de homicidio especialmente agravado en reiteración con las lesiones y justamente la defensa ataca la calificación a título de dolo eventual. El concepto de dolo eventual es la única modalidad por el cual justifican vincular y responsabilizar a AA con la muerte del Sr. OO y las lesiones de II, actos concretos que no ejecuto, no planificó, ni previó ese acontecimiento. Expresó que hablar de dolo eventual para entablar la culpabilidad de la comisión de un acto ajeno, exige acudir una valoración de un componente intangible, como es el conocimiento en la voluntad de AA. No se ha aseverado ni probado en la dirección adecuada que expresamente AA se propusiera darle muerte a OO o que se planteara internamente lesionar a II. No se puede afirmar que sus acciones fueran concatenadas en el resultado de muerte. Por otro lado, manifestó en cuanto a la tipificación de la conducta, que al desmenuzar la conducta de AA, así como la situación y circunstancias en que estaba inmerso, debe corregirse la calificación entonces, ya que su conducta por todas las características ya expuestas queda comprendida por otra figura penal: un delito de rapiña especialmente agravada. Es esta figura delictiva del art. 344 del C.P., a la cual se ajusta la conducta juzgada del Sr. AA y es por el cual debe realmente responder. Y respecto del último agravio, esto es, el quantum punitivo, expresó que considera que la pena impugnada se exacerba de los márgenes de respetar la correcta aplicación de las pautas para su individualización, establecida en los arts. 50, 53, 80 y 86 del C.P. Se suma a su vez que la calificación delictual que si concierne aplicar, ya de por si sola modifica necesariamente el quantum de pena que amerita imponer. Sobre esta modificación, es que intrínsecamente debe operar la reducción del quantum punitivo al balancear el análisis sobre guarismos que refeiren a esta figura delictiva del art. 344 y no otro. Las penas de la recurrida a la luz de los conceptos de razonabilidad y proporcionalidad exceden el grado de lo injusto (art. 312 numeral 4), las circunstancias, diferentes grados de participación, así como la personalidad de los agentes, AA en este caso. En definitiva solicitó se revoque la recurrida respecto a las condenas del Sr. AA sobre las figuras del homicidio agravado a título de dolo eventual en reiteración real con un delito de lesiones personales agravadas y en su mérito se le impute un delito de rapiña especialmente agravada. Y subsidiariamente en caso de persistir el Tribunal en un afán condenatorio, se abata la pena a imponer. 4º) Por su parte, el día 23 de julio de 2025, la Defensa del imputado BB- Dr. Miguel Ángel Fosatti- compareció interponiendo recurso de apelación, pidiendo que se revoque la atacada, acogiéndose en definitiva los agravios allí expuestos. Manifestó que no comparte los fundamentos de la apelada, pues durante el juicio no se acreditaron los hechos con la certeza que requiere el art. 142 del CPP, no logrando hacer caer el estado de inocencia de su defendido En la hostilizada, BB ha sido considerado coautor conforme al art. 61.4, ya que, según la a quo, su accionar fue determinante tanto en la consumación como en la organización del hecho, atribuyéndole responsabilidad por las lesiones de II y el homicidio de OO, considerándose su participación indispensable para la comisión del delito. Considera el apelante que ello no es correcto, la conducta de BB, no fue indispensable para la comisión del ilícito. Fundó sus agravios en dos ejes medulares . El primero, sobre los Indicios , expresando que el fundamento de la sentencia de condena es “...los indicios con que cuenta la parte acusadora para sustentar su teoría del caso y, en definitiva, su pretensión punitiva y la condena de los señores BB y AA, surgen sólidos y en consonancia con la probanza diligenciada, no dejando margen a ninguna otra hipótesis de razonamiento que pueda llevar a otra conclusión”. Los indicios con los cuales contó la Fiscalía y en definitiva sirvieron de insumo a la Decisora son: A) la casa de Ana Alvares de Araujo CC donde ingresaron los autores de los ilícitos, objeto del presente, está arrendada a nombre de la señora PP esposa de BB. B) el vehículo Volkswagen Gol plateado matrícula brasileña QUV DD es propiedad de BB. Entiende la Defensa que a la hora de ponderar los indicios en su conjunto se debió considerar que BB tiene domicilio en Rivera como quedó acreditado en el juicio. Y si bien en el proceso ha quedado acreditado que la vivienda ubicada en Livramento fue alquilada por la pareja de BB, no se ha demostrado que en dicha propiedad viviera el imputado ni que la haya utilizado de manera permanente. Por lo tanto, los indicios que permitan establecer la conexión deben presentarse de manera unívoca, sin margen para interpretaciones alternativas. En el expediente se encuentra acreditada la presencia de personas y vehículos en la vivienda el 21 de octubre del 2023; sin embargo, no existe otra prueba relevante en los autos. La Defensa no comparte que de la prueba recogida se logre la certeza procesal exigida por el art. 142 del CPP, que amerite la tipificación de los delitos de homicidio y lesiones personales con el grado de participación que entiende la Sede a quo. El segundo, sobre coautoría por participación decisiva (art.61.4 CP): Fiscalía solicitó la condena de los imputados en calidad de coautores. La Defensa de BB argumentó que su participación en los hechos se limitaría a la de cómplice, a diferencia de lo solicitado en la demanda acusatoria, que plantea la imputación como coautor conforme al art. 61, numerales 3 y 4 del CP. La recurrida cita abundante doctrina y jurisprudencia sobre el concepto de coautor, y apoyándose en ello y en la prueba indiciaria, la decisora concluyó que la conducta desplegada por BB se adecúa al tipo penal de la coautoría y no de la complicidad. Ha sido debidamente descartado por la Magistrada que BB condujera el vehículo en el momento de la comisión del delito. Manifiesta que para sostener la coautoría atribuida a BB, debió acreditarse en autos que su intervención fue insustituible, es decir, que sin su aporte el hecho no se hubiera producido. Y el carácter de “imprescindible” estaría dado, para la Magistrada, por el aporte de la logística, vivienda y automóvil. Para la Defensa este extremo no ocurre en autos, ya que se ha demostrado que la vivienda fue arrendada a nombre de la esposa de BB, dos meses antes de los hechos referidos. No obstante, dicha vivienda no fue habitada por no satisfacer las necesidades de la familia, por lo que el domicilio de la pareja continuó siendo Rivera. Con relación al automóvil, según Fiscalía, en el hecho intervinieron seis vehículos, de los cuales solo uno pertenece a BB. Por lo tanto no resulta razonable considerar que la participación del Volkswagen Gol haya sido indispensable para la comisión de los hechos que resultaron en el fallecimiento de OO y las lesiones de II. En definitiva, solicitó se revoque la sentencia definitiva de primera instancia, acogiendo los agravios expuestos. En caso de que el Tribunal estime procedente la imputación de responsabilidad penal a la conducta del imputado, se solicita que dicha conducta se encuadre conforme a lo previsto en el art. 62 del CP, en calidad de cómplice, y que, en consecuencia, se modifique de manera significativa la pena impuesta a BB. 5º) Por providencia No. 954/2025 de 24 de julio de 2025, se confirió traslado del recurso de apelación interpuesto por Fiscalía a las respectivas Defensas. Asimismo se confirió traslado de los recursos de apelación presentados por las Defensas a Fiscalía . 6º) A fs.1068 y ss compareció el Ministerio Público evacuando el traslado de los recursos interpuestos por los Defensores de los imputados AA y BB, abogando porque no se mantenga la recurrida, no rebajándose el guarismo punitivo. Considera la Sra. Fiscal, que desde el inicio de la investigación preliminar han existido elementos suficientes para acreditar la existencia de los hechos por los cuales fueran condenados, la participación de las personas imputadas y un cúmulo de evidencias que incorporadas en el juicio, adquirieron valor probatorio para demostrar tales extremos, atento a lo cual se decidió seguir por el camino del juicio oral y público. Con relación al imputado AA , expresó que él se encontraba en el automóvil conducido por el coimputado BB, el cual intercepta a la camioneta Van donde se encontraban las víctimas. AA desciende junto con el coimputado EE, portando ambos un arma de fuego. De la declaración del testigo UU surge que AA le colocó el arma de fuego en la cabeza, le sustrae el teléfono y le dice que no lo mire a la cara. La participación de AA quedó registrada en las cámaras de videovigilancia del MI, estaba presente cuando les disparan a las dos víctimas, él mismo porta un arma de fuego y huye con los demás imputados, por lo tanto no fue para nada una actitud pasiva ni de partícipe extraño de los hechos. Sino que por el contrario tuvo una efectiva y relevante participación en la ejecución del delito. La posibilidad cierta de que alguien se resistiera al atraco y ocurriera un desenlace fatal, era totalmente previsible, así como también que la rapiña concertada con armas de fuego pudiera terminar como terminó, en base a principios de lógica y máxima experiencia. La Defensa se agravia en el entender que su defendido no debe ser responsabilizado a título de dolo eventual, en atención a que había concertado un acto que encuadra en la figura del delito de rapiña. En el dolo eventual, el resultado si bien no es querido directamente por el imputado, el mismo es previsible teniendo en cuenta las máximas de experiencia y principios generales, y no obstante esa previsión, continuo adelante con su acción, asumiendo el riesgos. Los dos imputados que descienden del vehículo conducido por BB, lo hacen portando armas de fuego, es imposible que no hayan previsto el resultado, el desenlace que efectivamente sucedió. Se entiende que no estamos frente a una rapiña que concurre con lesiones sino frente a un homicidio complejo. La resolución criminal y el actuar criminoso, fue uno solo, cometer un asalto, apoderarse del dinero de las víctimas, siendo previsible el resultado fatal, lo que ocurrió, sin perjuicio que uno de los homicidios fue en grado de tentativa, atento a lo cual, la conducta desplegada por los imputados AA y BB, lo fue a título de dolo directo, en atención a que el dolo eventual no admite tentativa. Con relación al imputado BB , luego de analizar el cuadro fáctico, se desprende que no se trató de un apoyo meramente moral a las decisiones tomadas por AA; todo lo contrario, colaboró y dispuso. Por otro lado, se probó que aportó la logística fundamental para cometer el crimen y para huir del lugar una vez cometido, asegurando a los autores la eficacia de la acción. La actividad desplegada por BB es justamente la de un coautor y no la de un cómplice. A los efectos de determinar si nos encontramos en una hipótesis de co-autoría prevista en el art. 61 num. 4 o de complicidad, conforme al art. 62 del CP, debemos considerar si el acto cumplido por el sujeto es de una influencia decisiva en la consumación del hecho, en tal hipótesis estaremos ante un coautor y no ante una mera complicidad. En el caso concreto, la colaboración prestada por el imputado resultó ser esencial, sin la cual el hecho no pudo haberse cometido, por lo menos en la forma en que se pensó llevar a cabo. Con relación a la pena, el Ministerio Público manifestó que encuentra que la pena dispuesta no resulta adecuada, aunque se mantenga la recurrida, en lo que refiere a la aplicación del art. 316 del CP, sin perjuicio de entender que en autos se debió contemplar la pretensión fiscal en lo referente a la aplicación del art. 312 num. 6 del CP y por ende el cuantum punitivo que fuera solicitado en la demanda acusatoria. La atacada no contempla la totalidad de las agravantes relevadas ni tampoco el grado de culpabilidad así como la reiteración de la conducta. 7º) Posteriormente compareció la Defensa de BB evacuando el traslado que le fuera conferido del recurso interpuesto por el Ministerio Público. (fs. 1076 a 1080 vto.) Contestó uno a uno los agravios de la fiscalía en relación a su Defendido. 1. Con relación al agravio sobre la condena por el delito de lesiones personales agravadas y no por tentativa de homicidio, expresó que el imputado no participó de ninguno de los hechos que son motivo de agravio de la Fiscalía. No le asiste razón a la apelante al afirmar que no se trata de dos delitos de homicidio, sino, como correctamente determinó la sentencia, de un delito de homicidio y otro de lesiones personales. Las grabaciones demuestran que el Sr. II, encontrándose en situación de vulnerabilidad ante su agresor, recibió un solo disparo en una zona no vital, sin que existieran acciones adicionales orientadas a consumar la muerte de la víctima. Por lo que no corresponde hacer lugar al agravio presentado. No ha quedado probado que la intención del autor del disparo tuviera como intención dar muerta a II. 2. Con relación al agravio sobre la no condena por el delito de asociación para delinquir, expresó que no comparte lo sostenido por el Ministerio Público en cuanto a “que todos los imputados tenían contacto entre sí, que se conocían, lo que también surge del Informe 071/2023, del cual se visualiza a los mismos con sus vehículos en la casa sita en la calle Ana Álvarez de Araújo CC de Santana do Livramento, finca que fue arrendada por el imputado BB y su pareja con fecha de 28 de julio de 2023, lo que se probó con el ingreso del contrato de arrendamiento, atento a lo cual se desprende que la foto fue tomada con fecha posterior a la celebración del contrato que desde el mes de julio las partes se conocían y se habían asociado como grupo.” Ello no deja ser mas que meras afirmaciones especulativas sin ningún respaldo en la plataforma fáctica. Doctrina y jurisprudencia coinciden en que se requieren ciertos elementos para configurar una asociación ilícita, los cuales no se presentan en esta caso. Una asociación implica, como elemento material, un acuerdo de voluntades sostenido en el tiempo para alcanzar un objetivo común. 3. Respecto al agravio sobre la no condena por delito de contrabando, expresó que fiscalía dice que “se probó a través del Informe Técnico de Videovigilancia, que BB el día del hecho a las 01.45 horas, sale de su domicilio, sito en calle Lavalleja casi Aurelio Carámbula de esta ciudad, conduciendo la camioneta Mitsubishi Pajero, matrícula brasilera, circulando tanto en Rivera como en Santana do Livramento, arribando a las 01.52 a una Estación de Servicio Posto Rosul sito en Santana”. Con lo cual dice no sólo se limitó a relatar el hecho en su plataforma fáctica, sino que se probó con los medios de pruebas admitidos y diligenciados. La Sede no hizo lugar a lo peticionado ya que en su demanda acusatoria la Fiscalía no refirió a los hechos, ni tampoco en que conducta incurrió BB de acuerdo a lo establecido por el art. 209 del CAROU. En conclusión, no le asiste razón a la Sra. Fiscal al afirmar que se probó el delito de contrabando cometido por BB. No solamente que el mismo no fue probado, sino que la ley 20102 ampara al imputado por tener constituido domicilio tanto en Uruguay como en Brasil. 4) Agravio sobre la pena. La Defensa al interponer recurso de apelación no compartió la condena impuesta al imputado BB y en consecuencia la pena derivada de la misma. Fiscalía por su parte, considera que debió aplicarse el art. 312.6 en consonancia con entender que se trata de un delito de homicidio y un delito de homicidio en grado de tentativa. Ya ha dicho la defensa que no corresponde hacer lugar a este agravio, ya que la conducta del autor encuadra en lo establecido en el art. 316 del CP y no lo preceptuado en el art. 312.6, con lo que es razón suficiente para desestimar el incremento de pena solicitada. 5) Por último, en relación al agravio sobre la nulidad del allanamiento, Fiscalía alega que la búsqueda de los autores se realizó en forma continua y sin interrupción, lo cual permite llegar a la casa donde se encontraba el vehículo y podían estar alguno de los partícipes del ilícito, lo que justificaría el ingreso sin mandato judicial, estando amparado por la normativa brasileña. Sostiene la Defensa que lo manifestado por Fiscalía no es correcto, ni desde el punto de vista normativo, ni jurisprudencial. La prueba diligenciada demuestra que no se cumplió con la normativa brasileña: no se estuvo frente a un caso de flagrancia impropia por el solo hecho de no haber cesado la búsqueda (art. 302 numeral III en consonancia con el art. 240 numeral d) del CPP brasilero). Lo relatado por el Ministerio Público no se corresponde con los hechos. 8º) Por su parte compareció la Defensa de AA, GG y FF, evacuando el traslado del recurso interpuesto por el Ministerio Público. Relacionó los agravios de la Fiscalía, los cuales abarcan en puntos: 1. la no aplicación del agravante del concurso, la no condena por los delitos de asociación para delinquir y contrabando y la pena dispuesta sobre BB y AA; 2. La absolución de EE y la declaración de nulidad del allanamiento realizado en la finca sita en Santana Do Livramento; 3. La absolución de GG y FF, expresando que los agravios deben de ser desestimados, abogando por la confirmatoria de la absolución de sus representados. Por otra parte, se aboga por la aplicación de la debida tipificación delictual de AA, a quien le corresponde se le condene por el delito de rapiña especialmente agravada, con su conveniente aplicación de pena proporcional. Con respecto al imputado AA, en lo que hace a los delitos de asociación para delinquir y contrabando, consideró que es correcto que no se apliquen pues la Sede bien entiende que no se acreditó en debida forma la plataforma fáctica sobre la cual Fiscalía funda su acusación. En relación a la asociación para delinquir el Ministerio Público refirió dicha representación que los imputados se conocían de antes y trajo a colación mediante testimonios y probanzas referidas a otras investigaciones, la que además al ser simples fotografías descontextualizadas no cumplen con tener fecha cierta, por tanto, mal puede darse el valor convictivo necesario. Fiscalía no cumplió con el art. 127 literal b del CPP en cuanto a exponer su plataforma fáctica de forma clara y circunstanciada en relación a la imputación del delito. Por tanto le asiste razón a la decisora que la prueba diligenciada no permite tener por acreditado el delito en cuestión. En lo que hace al delito de contrabando se aludió a la circulación en vehículos con matrícula brasileña, pero nada de probó. Tampoco se cumplió con lo previsto por el texto normativo en cuanto a describir las acciones que conjugan los verbos nucleares del mismo, a saber, la entrada o salida de mercadería del territorio aduanero en forma clandestina o violenta, o sin la documentación correspondiente y con la finalidad de generar una pérdida a la renta fiscal o en violación de las normas de importación o exportación. En efecto, en autos no emerge probado que las conductas desplegadas estén en transgresión de las normas. Por tanto, Fiscalía no cumplió con el onus probandi que es carga del acusador, sus simples y someras alegaciones no sirven de sustento para imputar el delito pretendido de contrabando. En cuanto a la pena, expresó que dentro del razonamiento judicial no puede cuestionarse los criterios como insuficientes a efectos de la fijación del monto de la pena. Con relación al agravio sobre la declaración de nulidad, expresó que le asiste total razón a la Sede al concluir respecto a la declaración de nulidad. La diligencia realizada en la finca de Ana Alvares de Araujo CC de la Ciudad de Santana Do Livramento el día 21 de octubre de 2023, fue una clara contravención de las normas brasileñas invocadas en el juicio y aplicables al caso, en materia de registro domiciliario. Por último, en cuanto a la situación de los imputados absueltos GG y FF, expresó respecto del primero y los delitos de asociación para delinquir y contrabando, que en el proceso Fiscalía no cumplió con su carga de acreditar la veracidad de la plataforma fábrica propuesta con la certeza procesal exigida en la instancia, esto es la plena prueba. Por su parte, respecto de los delitos de homicidio y de lesiones, no está acreditad su participación, intervención (ni conocimiento) y por tanto no tienen responsabilidad alguna. La Sede tuvo plena razón al entender que no se logró derribar el estado de inocencia que pesa sobre los imputados FF y GG. Por lo cual fue acertada la absolución de los mismos. 9º) La Defensa de EE compareció evacuando el traslado conferido del recurso interpuesto por Fiscalía. Luego de realizar un análisis de la normativa brasileña aplicable y una comparación entre lo que surge de dicha normativa y el raciocinio seguido por la magistrada en la sentencia, procedió a contestar los agravios de la Fiscalía. Concluyó que nada puede objetarse a la sentencia recurrida en cuanto al análisis de la diligencia de allanamiento realizada en el domicilio sito en Ana Alvarez de Araújo CC, de la ciudad de Santana do Livramiento, Estado de Río Grande del Sur, República Federativa de Brasil. Y en definitiva ante la nulidad de esa diligencia y de la prueba recogida, la sentenciante no tiene más que concluir en la absolución del Sr. EE, ya que esa era la única prueba de cargo aportada por Fiscalía. Las argumentaciones de Fiscalía no logran conmover el sólido fundamento del fallo. El mismo se ajusta en forma impecable a la normativa aplicable y a los hechos probados, por lo que en lo que tiene que ver con la situación del señor EE no otra cosa cabe que confirmar la impugnada y ratificar su absolución respecto de las imputaciones por las que fue acusado. En definitiva solicitó se mantenga la recurrida en todos sus términos, y en su mérito se ratifique la absolución del Sr. EE de todos los cargos que se le imputan. 10º) Por providencia No. 1130/2025 de 18 de agosto de 2025, se franquearon las apelaciones con las formalidades de estilo. Recibidos los autos por el Tribunal que asumió competencia. Debido a la licencia de la Dra. Gabriela Merialdo, se procedió al sorteo correspondiente, resultando designado a tales efectos al Dr. Julio Ernesto Olivera Negrín, Ministro de la Sala Homónima de 3º turno. CONSIDERANDO : I) La Sala, debidamente integrada revocará parcialmente la impugnada, por los fundamentos que a continuación se expondrán. II) En lo formal la causa se desarrolló en término razonable con todas las garantías del debido proceso legal y el pleno ejercicio del derecho de defensa. III) Conforme a la prueba diligenciada en autos, se desprende que el 21 de octubre de 2023, a la hora 08:10 aproximadamente el acusado BB conducía el vehículo Volkswagen Gol, matrícula brasileña QUV DD, color plateado, interceptando en la calle Paul Harris casi Ceballos de la ciudad de Rivera, obstaculizando la marcha, al micro matrícula FRB QQ, propiedad del free shop For You, el que era conducido por RR, llevando como acompañantes a UU, II y OO, este último mencionado había llegado a la ciudad de Rivera con la finalidad de efectuar compras en el free shop, portando una importante suma de dinero. Del automóvil conducido por BB, descendieron dos personas, uno del lado del acompañante que a la postre fue identificado como AA y por la puerta trasera del mismo lado, descendió EE. Fue entonces que EE, utilizando un arma de fuego que portaba y tras dirigirse al micro realizó más de un disparo, impactando uno en OO, que a la postre y debido a la entidad de las lesiones que presentaba, falleció en la sociedad médica CASMER de aquella ciudad. Surge del protocolo de autopsia realizada por la médica-forense perteneciente al ITF Dra. Alexia Pérez (audire audiencia 25/3/2025 pista No.6) que se constató una herida en el hemitórax izquierdo con un solo orificio de entrada y salida, siendo la causa de la muerte por “exanguinación”, debido a la hemorragia a nivel torácica y por el sangrado continuo que presentaba a nivel del paquete lesionado. A su vez, II descendió del micro llevando la mochila que contenía el dinero, y al llegar a la vereda EE le efectúo por la espalda un disparo con el arma de fuego que portaba, cayendo al piso, apoderándose el agresor de la mochila con el dinero. Debido al disparo, II sufrió diversas lesiones que fueron certificadas por la médica forense actuante Dra. Alexia Pérez, prestando su declaración en audiencia, expresó que la víctima presentaba una herida de arma de fuego con orificio de entrada a nivel de cara anterior de muslo y orificio de salida en cara posterior de muslo de miembro inferior derecho. Del testimonio de II prestado en la audiencia del 19/3/2025, (pista No.29,) emerge que OO era su amigo y cliente, recogiéndolo momentos antes en el DAE (lugar donde llegan los ómnibus con turistas que vienen a Rivera a efectuar compras en los diferentes free shop) trasladándose en la camioneta Van de la empresa “For You” con el fin de llevarlo al freeshop. El declarante II venía sentado junto a OO, en la parte de atrás de la camioneta Van, en el piso, ya que no tiene asientos, porque la usan para transportar mercadería, lo que se condice con lo que se desprende de las gráficas Nos. 100 y 101 de la carpeta técnica No. 382/2023-fs. 419 y 420). En ese momento siente que el micro “ frenó abruptamente porque el coche paró en la parte de adelante. Entonces cuando él frena, vienen dos personas, una por cada lado. Abrieron por afuera la puerta…Entonces, hubo el primer tiro que acertó a OO. No fue abierta la puerta. Fue tirado sin abrir la puerta. Ellos tiraron por el vidrio del chófer” … continúa el testigo “yo creo que el disparo fue direccionado a OO. Porque el estaba muy próximo al motorista. Si no fuese, si fuese para motorista, él estaría casi acostado. Relata la víctima, que logró bajar de la Van, y salió corriendo, llevando la mochila, cuando le efectúan un disparo desde atrás, “por la espalda, Porque el abrió la puerta y yo pasé por él. Y de ahí le tiró por mi espalda ”, siendo herido en una pierna cae al piso, de espalda y uno de los agresores le saca la mochila, no pudiendo precisar cuál de los dos, porque cayo boca abajo. Con la prueba relevada y que oportunamente se analizará quedó acreditado que EE fue quién efectúo los disparos hiriendo a ambas víctimas, con un desenlace fatal respecto a OO. La declaración de II es coincidente en la forma como ocurrieron los hechos con lo manifestado por la testigo UU (audire audiencia 19/3/2025-pista 33), quién también iba en la Van, y vio cuando hirieron a OO, que tenía mucha sangre “ y como los ojos se le daban vuelta, estaba muy asustada”, sustrayéndole el celular Iphone modelo 12 que ella tenía en la mano, habiéndole previamente apuntado a la cabeza con un arma de fuego, coadyuvando con lo que surge de las carpetas técnicas glosadas en autos (fs.360 a fs. 469), efectuando un relevamiento de la escena del hecho y de los vehículos involucrados, así como por las pericias médico-forense e informe del laboratorio Biológico y Departamento de Identificación Criminal fs.552 a fs. 554- fs. 55vto y 556), habiéndose efectuado un relevamiento fotográfico de dichos efectos (carpeta técnica No.413/2023 fs. 448 a 469, con su respectiva cadena de custodia -fs.470 a 472 vto.) Una vez que se apoderaron mediante sustracción de la mochila que portaba II, que contenía 150.000 reales y el teléfono celular Iphone 12 de UU, se subieron ambos al vehículo que conducía BB y se dieron a la fuga hacia la ciudad de Santana do Livramento, Brasil, donde fue hallado el teléfono celular por un particular. Con la información aportada por vecinos a la policía brasileña, así como por las cámaras de videovigilancia, se ubicó el automóvil Volkswagen Gol en la vivienda ubicada en calle Ana Álvarez de Araujo No. CC de la ciudad de Santana Do Livramento-Brasil. La policía brasileña ingresó a la finca, incautó el vehículo y otros objetos como ropas, guantes de látex, y otras prendas similares a la que tenía puesta la persona que efectúo los disparos conforme a lo declarado por el Comisario Sergio Ricardo Goncalvez Viera perteneciente al Área de Investigaciones de la policía brasileña de Santana Do Livramento, en la audiencia celebrada el 19 de marzo de 2025, explicando el procedimiento realizado , habiendo actuado conforme a la colaboración existente entre la policía de ambos países, siendo un caso de fragancia impropia, ya que es frecuente que un hecho empiece en territorio de un país, y finalice en el otro, siendo muy fácil cruzar la frontera seca. Respecto a este hecho puntual, además de haberse localizado el teléfono de UU, una vecina, informó que vio ingresar personas encapuchadas en la finca ubicada en la calle Ana Alvarez de Araujo No. CC de la ciudad de Santana Do Livramento-Brasil, observando el auto en cuestión desde afuera, corroborando que era la misma matrícula del vehículo con el cual se habían trasladado los agentes delictuales, conforme surgía de la información proporcionada por sus pares uruguayos y lo que surgía de las cámaras de videovigilancia. La mencionada finca en Santana Do Livramento estaba arrendada a nombre de PP, esposa de BB, lo que fue debidamente probado con el contrato de arrendamiento cuya traducción luce glosada a fs. 755 a 758 vto, prueba documental incorporada al juicio oral. Se efectúo el relevamiento de las cámaras de videovigilancia como se desprende de la declaraciones del oficial del caso Comisario Mayor, Héctor Alvez Quintada, habiendo quedado registrado los movimientos de los imputados, desde horas de la madrugada, hasta que ocurrió el hecho, aproximadamente hora 8:10 de la mañana y posterior fuga hacia Brasil, los que fueron incorporados como prueba. Por lo que, hechos ocurridos en el territorio nacional concretamente en la ciudad de Rivera, tuvieron derivaciones en la ciudad fronteriza de Santana Do Livramento, habiendo los agentes delictuales huido hacia la misma y ocultado el vehículo utilizado, así como se desprendieron de otros efectos, ropas, guante de latex, los que fueron incautados por la policía brasileña y fue documentado conforme surge del documento glosado de fs. 355 a 357. Asimismo, al allanarse la vivienda de AA, ubicada en la calle Lavalleja casi Aurelio Carambula, en la ciudad de Rivera, se incauta una camioneta Volkswagen Saveiro, un auto Fiat y una camioneta Mitsubishi que este conducía. IV) En primer término se pronunciará la Sala respecto a la decisión de la a quo de declarar la nulidad por ilegalidad de la diligencia de allanamiento realizado el 21 de octubre de 2023 en la vivienda ubicada en la calle Ana Álvarez de Araújo No. CC de la ciudad de Santa Ana do Livramento, por la autoridad policial brasileña, lo que determinó que se considerara por la sentenciante de primer grado inadmisible la prueba proveniente de la misma; motivo de agravio de Fiscalía. La Sala no comparte los argumentos expuesto en la atacada, considerando que la diligencia realizada no estuvo viciada de nulidad y en consecuencia la prueba derivada de la misma es admisible. A los efectos de determinar el marco jurídico a los efectos de analizar la situación planteada, debe tenerse presente que la Cooperación Policial entre Uruguay y Brasil, se rige por la Ley No. 18.157 de 20 de julio de 2007. En función de ello, considera la Sala que no hay nulidad en la diligencia de allanamiento en cuestión, llevada a cabo, por la policía brasileña en la finca ubicada en territorio de la República Federativa de Brasil. En la especie, se configura una flagrancia impropia, pues inmediatamente a la comisión del hecho ilícito, ante la información proporcionada por vecinos, a la conmoción que se creó por el hecho delictivo y por la forma en que se ejecutó, habiéndose visualizado el automóvil utilizado en la comisión del mismo, se ingresó a la vivienda para incautarlo así como efectos provenientes del ilícito, como lo detalló el Comisario Sergio Ricardo Goncalves Vieira de la Sección Investigaciones Primera Delegación de Policía de Santana Do Livramento en la audiencia de 19/3/2025, y surge del parte policial ( documento traducido glosado a fs. 354 a 357), enterando a sus superiores y plasmando por escrito las actuaciones llevadas a cabo. Asimismo, la diligencia está regida por la legislación brasileña, no correspondiendo analizarla a la luz de las normas nacionales sobre la materia. Por lo tanto, no hay nulidad de la diligencia de allanamiento ni de la prueba que derivó de la misma, sin perjuicio que el planteamiento resulta intempestivo, ya que debió realizarse en la primera oportunidad hábil para ello, al tomar conocimiento y no esperar para plantearla en la sentencia definitiva. V) Calificación Delictual . Conforme a la plataforma fáctica y la prueba reunida en el juicio oral, valorada conforme a los principios de la sana crítica en forma individual y en su universalidad, respecto a los delitos atribuidos se revoca parcialmente la hostilizada, acogiéndose parcialmente los agravios formulados por Fiscalía y en su mérito se dispone la condena de: EE, como autor penalmente responsable de dos delitos de homicidios muy especialmente agravados por cometerse para consumar otros delitos, uno de ellos en grado de tentativa, un delito de porte y tenencia de arma de fuego en lugares públicos, un delito de porte de arma de fuego por reincidente y un delito de asociación para delinquir, todos ellos en reiteración real, a una pena de 30 años de penitenciaría. (arts. 5, 18, 47 num.1, 60, 54 150, 152 ter, 310, art., 312 num. 4 Del C. Penal y art. 141 de la Ley 14.296) BB y AA , como co- autores penalmente responsables de dos delitos de Homicidios muy especialmente agravados por cometerse para consumar otros delitos, y uno de ellos en grado de tentativa, un delito de Asociación para delinquir y un delito de Contrabando, este en calidad de autores, todos ellos en reiteración real, a las respectivas penas de veintinueve años de penitenciaría.(arts. 5, 18, 54, 60 num.1, 61, 150, 152 ter, 310, 312 num. 4 del C. Penal, y arts. 209, 247 y 258 del CAROU) GG , como co-autor penalmente responsable de dos delitos de Homicidios muy especialmente agravados cometidos para consumar otros delitos, uno de ellos en grado de tentativa, un delito de Asociación para delinquir y un delito de Contrabando, éste último en calidad de autor, todos en régimen de reiteración real, a una pena de veintisiete años de penitenciaría. (arts. 5, 18, 54, 60, 61, 150, 310, 312 num. 4 del C. Penal, arts. 247, 209 y 258 del CAROU) FF, como co-autor penalmente responsable de dos delitos de Homicidios muy especialmente agravados cometidos para consumar otros delitos, uno de ellos en grado de tentativa y un delito de Asociación para delinquir, todos en régimen de reiteración real, a una pena de veinticinco años de penitenciaría. (arts. 5, 54, 60, 61, 150, 310, 312 num. 4 del C. Penal) VI) Respecto a la calificación jurídica Fiscalía se agravia, por considerar que debe aplicarse el artículo 312 numeral 6 del C. Penal. Si bien se reconoce que el punto es un tema opinable y que ha dividido la jurisprudencia y la doctrina, incluso esta redactora ha sostenido en algunas oportunidades que se está frente a un delito complejo y no ante un cúmulo real, en el caso de autos se concluyó por este Colegiado que se está en presencia de dos homicidios – en la emergencia, uno de ellos en grado de tentativa- que concurren entre sí en régimen de reiteración real.(arts. 5, 54, 310 del C. Penal) y no el "concurso" previsto en el art. 312 nal. 6 del C.P. Al respecto en la Sentencia No. 981/25 de 2/9/2025 por mayoría la Corporación, en un caso similar, expresó: “en postura de los firmantes, al igual que el Sr. Ministro Dr. Charles en la sentencia impugnada, ante homicidios ocurridos prácticamente en simultáneo, en un mismo contexto, corresponde aplicar el artículo 310 y computar ambos como ocurridos en régimen de reiteración real (artículo 54 CP). La imposibilidad de determinar “el homicidio anterior”, atento al tenor literal de a agravante del art. 311.4 y del art. 312.6 del CP, las hace inaplicables. Por lo tanto, lo ajustado a derecho y a los principios que rigen la materia penal es considerarlos como dos homicidios por el art. 310 del C. Penal, ocurridos en régimen de reiteración real”… “Así, tal como correctamente explica CAIROLI, al analizar el artículo 311 numeral 4: “La ley exige dos acciones distintas, un homicidio que ha precedido en el tiempo a otro, dejando de lado los cometidos casi simultáneamente, o con una leve precedencia, aun de corte infinitesimal que serán juzgados, como homicidios en reiteración real de acuerdo al régimen del artículo 54 del Código Penal” (Cfme. Cairoli, M…”Derecho Penal Uruguayo”. T.2, La Ley, 2da. Edición, Montevideo, Pág. 90 ). En ese sentido la Sala de Tercer Turno, por ejemplo ya en sentencia No.91 de 1992, sostuvo: “Comparte asimismo la Sala, la exclusión del casus respecto de las hipótesis contempladas por los arts. 311 nral. 4 y 312 nral. 6 del Código Penal, habida cuenta que ambas muertes fueron el resultado de conductas dirigidas contra una y otra víctima en mínimo intervalo de tiempo, que la hicieron prácticamente simultáneas como bien acota el sentenciante de primer grado. La lógica de lo razonable indica, que las referencias normativas citadas encierran la ocurrencia de un homicidio anterior, distinto y alejado del obrar que se traduce a la vez en dos supresiones de vidas producto de un mismo hecho en un mismo contexto psicológico. La cita de Piñeyro Chain luce por demás precisa, puesto que razonablemente “…La gravedad de la responsabilidad penal se acentúa cuando ha surgido la posibilidad de repetir el raptus homicida, como significado de mayor peligrosidad. Se trata de actos voluntarios diferentes en el tiempo y en la decisión homicida, y no de dos muertes como resultado de un accionar simultáneo. Debe suponerse que el autor de una muerte anterior, ha sido penal y socialmente sancionado lo que debió surgir como un muro a su reacción; cuando el ímpetu homicida vuelve a repetirse traduce una mayor peligrosidad que lesiona a la sociedad en cada uno de sus actos”. Y, en sentencia muy anterior (nro. 96 / 90 caso 441 de la Revista de Dcho. Penal nro. 9) redactada por el Dr. Pereira Manelli ya ese Tribunal de 3er turno sostenía, descartando en el caso concreto la agravante muy especial del art. 312 nral. 6 (o art. 311 nral. 4) en caso de delitos de homicidios simultáneos que “…el hiato cronológico que media entre los dos hechos infractores del sub exámine, cede en su importancia ante la unidad contextual del rapto homicida, que no es otra cosa que una unión inescindible de la “intentio” desfogada en una acción unitariamente generada en un estado volitivo emocional, bien que no pasional, según enseñanzas de Salvagno Campos (“Homicidio” T. I. 1952 p. 220)”.- Y, se agrega luego en dicha sentencia “…Idéntica tesitura fue adoptada por empinada jurisprudencia vernácula, que por ser íntegramente trasladable, transcribiremos fragmentariamente “…lo de homicidio anterior no tiene efecto cuando los actos de un doble homicidio se llevan a cabo, en un mismo contexto de acción. La ley exige dos acciones distintas, un homicidio que ha precedido en el tiempo a otro, dejando de lado a los cometidos simultáneamente o con una leve precedencia, aún de corte infinitesimal que serán juzgados, como homicidios en reiteración real de acuerdo al régimen del art. 54 C. P. (Sent. nro. 8 de 1.973 del T.A.P. de 1er. Turno)…”. Significa pues, que se configura la agravante especial del numeral 4 del art. 311 del C.P. cuando existe conjunción jurídica de homicidios cronológicamente separados… ”.- En igual sentido se pronunció asimismo el Tribunal de Primer Turno en Sentencia No. 120 / 88 publicada en la Revista de Derecho Penal No.9, caso 401, págs. 168 – 169. Por ello se considera por la Sala que se está ante dos delitos de Homicidio muy especialmente agravados por haberse cometido para consumar otros ilícitos, uno de ellos en grado de tentativa, en régimen de reiteración real previsto en el art. 54 del Código Penal y no ante un Homicidio complejo como lo pretende la Fiscalía impugnante. VII) Respecto a la participación que le correspondió a cada uno de los imputados, los medios de prueba agregados, valorados individual y conjuntamente en régimen de sana crítica, permiten concluir con la certeza legalmente requerida, que la participación de EE, debe ser a título de autor, al realizar los actos materiales para ejecutar los homicidios uno de ellos en grado de tentativa atribuidos. (art. 60.1 del C. Penal) Mientras que los demás co-imputados BB, AA, GG y FF deben responder en calidad de co-autores de los delitos de homicidios uno en grado de tentativa (art. 61.4 del C. Penal) ya que realizaron actos de cooperación necesaria con el autor material, para la ejecución de los ilícitos, ya sea en la faz preparatoria, ya sea en la faz ejecutiva, por el cual el delito no se hubiera podido cometer. Asimismo los tres primeros mencionados deben responder en calidad de autores respecto al delito de Contrabando (art.60.1 del C. Penal) Al contrario de lo que afirman las Defensas apelantes, la filmación de los hechos por las cámaras de video vigilancia, así como la declaración de testigos, la prueba documental y pericial diligenciada, así como de la demás prueba reunida en el juicio oral aportaron la certeza requerida para determinar la participación de todos los imputados con diferentes grados de participación unos en calidad de autores y otros de coautores, en los ilícitos atribuidos. VIII) Respecto a los agravios formulados por la Defensa de BB, considerando que debe responder como cómplice, ello no es de recibo. Surge plenamente probado que el imputado BB tuvo activa y decisiva participación en el desenlace fatal de OO y en las lesiones de II. El acusado BB, es quién conducía el vehículo, llevando como acompañante aAA y EE, este último autor material de los disparos que cegaron la vida de OO e hirieron a II. Fue BB quién interceptó al micro que trasladaba a las víctimas, descendiendo AA y EE, portando este último un arma de fuego, disparándole a OO y a II, provocándole al primero la muerte y al segundo lesiones, con el fin de apoderarse del dinero que llevaban consigo y después de obtenido el botín, aseguró la huida de todos los partícipes a Santana do Livramento. Por lo tanto el accionar de BB, lejos está de poder catalogarse en calidad de cómplice, previsto en el art. 62 del C. Penal, teniendo una participación activa, durante todo el iter criminis. Debe tenerse presente que el cómplice, limita su participación a la cooperación “…moral o materialmente al delito por hechos anteriores o simultáneos a la ejecución, pero extraños y previos a la consumación” (art. 62 del C.P.), de la prueba diligenciada surge sin hesitación, que el acusado BB, participó activamente en toda la ejecución, sus actos no fueron ni extraños ni previos a la misma. Por el contrario, fueron previos, concomitantes y posteriores a la ejecución. Excede su accionar delictivo los actos de los cómplices que están previstos como de segundo orden, oblicuos, nunca esenciales “La regla básica para distinguir a los cómplices, está dada por un límite infranqueable: no hay complicidad por la cooperación en el momento de la consumación. El cómplice es ajeno a ella, su actuación debería de ser “extraña y previa” a la consumación, en todos los casos. En etapa de consumación solo debería haber autores (art. 60 C.P.) o coautores (art. 61 C.P.)” (Cf. Langón, M. “C. Penal y leyes penales complementarias de la R.O.U”, tomo I, 3ª. ed. p. 287 a 297). En función de lo expuesto, el agravio de la Defensa de BB, es de franco rechazo, los hechos plenamente probados indican que su defendido actuó activa y decisivamente en el momento de la consumación, con actos sin los cuales el delito no se hubiera cometido. Respecto a FF y GG, deben responder como coautores respecto a los homicidios, uno de ellos en grado de tentativa- art. 61 del C. Penal, ya que es evidente que ambos cooperaron “… a la realización, sea en la faz preparatoria, sea en la faz ejecutiva, por un acto sin el cual el delito no se hubiera podido cometer” . IX) Con relación al agravio formulado por la Defensa de Confianza, del acusado AA, controvirtiendo la atribución del delito de homicidio, considerando que su defendido debe ser condenado por un delito de Rapiña, no es de recibo, por lo que se dirá. Asistiéndole razón a la Sra. Fiscal en la apelación formulada, no compartiéndose la calificación delictual plasmada por la decisora de primera instancia en la hostigada, el homicidio de OO, no fue a título de dolo eventual, sino que fue a título de dolo directo, realizado con conciencia y voluntad (art. 18 del C. Penal), como se desprende si hesitación al analizar el testimonio de II, que el disparo fue dirigido a OO realizado desde afuera. Mientras que la agresión a II, conforme a la plataforma fáctica no configura un delito de Lesiones Personales agravado como se dispuso en la instancia anterior, sino que es un delito de Homicidio en grado de tentativa a (art. 310 y 5 del C. Penal). La intentio necandi, emerge clara, nítida, habida cuenta del poder letal del arma de fuego empleada, efectuando EE, disparos por la espalda a II a muy corta distancia y demás circunstancias en que se produce el ataque, no logrando su finalidad de darle muerte, al igual que momentos antes lo había hecho con OO, por razones ajenas a su voluntad, como puede ser una mala puntería, o porque la víctima estaba en movimiento tratando de huir. Cuando EE hiere mortalmente a OO, éste estaba sentado dentro del micro, en el piso, como surge documentado en la carpeta técnica, no teniendo la camioneta asientos, por ser utilizada para transportar mercaderías, lo que es corroborado con lo declarado por los demás ocupantes de la Van (II, UU), mientras que II logró bajar del vehículo, siendo herido al llegar a la vereda por EE, cayendo al piso, siendo en ese momento que le sustraen con apoderamiento la mochila con el dinero. Por lo que si bien la intención primaria pudo haber sido realizar una rapiña, ello se desvanece ante la prueba recabada, y de la forma en que actuaron y ejecutaron los ilícitos de homicidios uno de ellos en grado de tentativa; la violencia desplegada por los agentes delictuales, en el caso por AA, atento al agravio de su Defensa, excede a la prevista en el art. 344 del C. Penal , emigrando de la figura de la Rapiña para ingresar en la figura penal prevista en el art. 310 del C. Penal, del homicidio uno consumado y el otro tentado. Respecto a la “ intentio necandi”, en términos totalmente compatible la Sala Penal de Segundo Turno en sentencia No. 306 de 2004 publicada en la Revista de Derecho Penal No. 16, caso. 243, pág. 721 ha señalado que esta intención “ … consiste en el requisito inveterado por el cual, en la imputación de un homicidio doloso debe acreditarse siempre la intención de querer dar muerte a la víctima ” “ Y la prueba de dicha intencionalidad específica, en el homicidio doloso, se infiere de las circunstancias mismas en que se ejecuta la acción; por supuesto que el dolo no se presume – como destaca la Sra. Defensora – que el mismo debe acreditarse pero, tal acreditación se infiere de múltiples circunstancias atinentes al hecho que se investiga, a saber:” “ a) características del arma empleada, b) potencialidad ofensiva de la misma; c) distancia que separaba a ofensor y ofendido, d) posición de ambos cuerpos, e) lugar del cuerpo de la víctima hacia donde se dirige el disparo, etc., en suma, surge de la experiencia jurisprudencial, que la mayor parte de los sindicados o indagados por homicidio doloso niegan haber tenido la intención de dar muerte, pero esa negativa no configura motivo bastante para descartar la existencia del dolo de querer matar”. Y dice FONTAN BALESTRA, traído a colación en la Sentencia No. 47 de 2004 del Tribunal Penal de 3er. Turno publicada en la mencionada Revista como caso No. 246: “ es necesario trasladar a lo externo los elementos internos, para formar juicio sobre si ha habido o no dolo, y no es necesario un análisis introspectivo, que sólo podrá llegar hasta el límite que fijen las manifestaciones del sujeto. En consecuencia, si de la forma como los hechos se han producido, surge que el autor debió forzosamente preverlo, se supone que lo ha querido”. CUELLO CALON por su parte afirma, que la intención de matar es un acto interno que no es posible apreciar directamente, por cuya virtud corresponde inducirla, ora de la desproporción existente entre las armas o medios empleados y el daño resultante, o de los antecedentes del hecho, ocasión y demás circunstancias del caso, o de la situación moral del culpable, del modo, forma o accidentes del delito (CUELLO CALON, Eugenio: "Derecho Penal, Parte Especial" T. II, Vol. 2do., pág. 488/489). FINZI, en tanto, expresa que la intención de matar puede derivarse de la modalidad del hecho (medios, dirección, número y violencia de los actos, condiciones de espacio, tiempo, lugar; toda clase de circunstancias conexas con la acción delictiva) y pueden extraerse asimismo de otros elementos que avalan la existencia de la referida "intentio necandi" (manifestaciones y actividades de los protagonistas, relaciones entre ambos, causa para delinquir, índole del culpable, etc.) (FINZI, Marcelo: "Intenzione de Por su parte BAYARDO, también considera que: "...el dolo de matar, la intentio necandi cuando no emerja confesada, puede de todos modos inferirse de una serie de aspectos extrínsecos, a saber: los medios usados, modo de agresión, número de heridas, dirección de los golpes, intensidad de los mismos, lugar del cuerpo escogido como blanco, etc.; todo lo cual -excluyendo por supuesto toda presunción- dibuja una verdadera cuestión de hecho, a elucidarse, frente a cada caso en concreto" (BAYARDO, Eugenio: "Derecho Penal Uruguayo" T. VIII, pág. 30). En función de la plataforma fáctica y jurídica, atento a las características del ataque contra II considera la Sala que el resultado muerte se ajustó plenamente a la intención del enjuiciado, en función de ello corresponde amparar el agravio formulado por Fiscalía. X) Se desprende del cúmulo probatorio, que el contrato de la finca de Santana Do Livramento está a nombre de PP, esposa del imputado BB. A su vez, BB, es el propietario del vehículo Volkswagen Gol , con el cual se trasladaron para cometer los ilícitos, siendo conducido por éste, llevando como acompañantes a AA y EE, quién realizó los disparos contraOO , cegándole la vida e hiriendo a AA, apoderándose del botín (mochila con dinero propiedad de OO). A su vez de las cámaras de video vigilancia y del informe de los registros de LPR, (registro en disco compacto incorporado como prueba), obtenidos con la colaboración de la Policía Brasileña en la investigación que efectúo la Policía de la Jefatura de Rivera, quedó registrado los movimientos de todos los imputados, antes, durante y después de cometido los hechos ilícitos. A primeras horas de la mañana del 21 de octubre de 2023, previo al hecho, salió de la vivienda de Santana Do Livramento, el Volkswagen Gol perteneciente a BB, una moto marca Honda, conducida y propiedad de FF; los que posteriormente de ejecutado el ilícito regresan a dicha vivienda, dejando el vehículo Volkswagen -gris plata-, para ascender a la camioneta marca Volkswagen, modelo Amarok, conducida por AA, trasladando a los mencionados hasta un galpón sito en Camino Internacional, donde se encontraba GG, lo que quedó registrado en las cámaras de videovigilancia Asimismo las cámaras de video vigilancia, instaladas en la ciudad de Rivera, captan a las 07:44, cuando FF conduciendo la marca Honda, lleva como acompañante a EE, este se baja de la moto y asciende a la camioneta Chevrolet S 10, matrícula FRF LL, conducida por el coimputado GG, trasladándose hasta la zona del DAE, donde estaba estacionado el Volkswagen Gol plateado conducido y propiedad del acusado BB; a dicho lugar llegan los micros, ómnibus, excursiones, con los turistas que vienen a realizar compras a los free shop de Rivera, posibles víctimas de los imputados. Uno de los primeros ómnibus que arribó fue en el que venía la infortunada víctima, BB, siendo el único en subir a la Van del free shop que lo estaba esperando para trasladarlo hasta la ciudad de Rivera para realizar las compras. Una vez que la víctima subió a la Van, comienza a seguirla el Volkswagen conducido por BB, hasta que al llegar a la altura de calle Paul Harris en la ciudad de Rivera, la intercepta , impidiéndole que continúe la marcha, descendiendo EE portando un arma de fuego, hiriendo a OO y a II, al primero de ello mortalmente. De forma inmediata y ya con la mochila que contenía el dinero, y el teléfono Iphone modelo 12 propiedad de UU, quién también iba en el micro, huyen los agresores rápidamente hacia Santana Do Livramento, a la casa de calle Ana Álvarez de Araújo CC, para posteriormente ser trasladados por AA, hasta un galpón en que lo esperaba GG. Cuando llegan a la casa de Santana Do Livramento, una vecina los observa y alerta a la policía brasileña que vio bajar e ingresar a la vivienda a unas personas encapuchas, lo que derivó en el procedimiento que determinó la incautación del vehículo en cuestión y otros efectos. Asimismo surge del informe del Laboratorio Biológico y del Departamento de Identificación Criminal (fs. 555 a 556) el resultado de las pericias realizadas al material genético, encontrado en el buzo y los guantes de látex, incautados en la finca de calle Ana Alvarez No.CC-Santana Do Livramento-, determinándose que el perfil genético único e irrepetible le pertenece al imputado EE, autor material de los homicidios, uno de ellos en grado de tentativa. (fs. 555vto y 556). Asimismo de las cámaras de videovigilancia pudo determinarse que EE, vestía esas prendas sobre las cuales se tomó el material genético, y que a la postre fueron incautadas por la autoridad brasileña, consistentes en un buzo de color azul con capucha e inscripción en el frente, y guantes de color negro, lo que coadyuva con las declaraciones de la víctima y testigos directos, II y UU, cuando describen la vestimenta de uno de los agresores, sindicando a EE como la persona que efectúa los disparos. En función de la prueba reunida, se logró la certeza procesal requerida, que habilita la condena de los imputados BB, AA, EE, FF y GG por los delitos atribuidos, por lo que corresponde desestimar los agravios de las respectivas Defensas, amparándose parcialmente la apelación deducida por Fiscalía, revocándose las absoluciones dispuestas en la hostigada, no compartiéndose los fundamentos esgrimidos por la a quo, fundamentalmente la nulidad de las actuaciones cumplidas por la autoridad brasileña al incautar los efectos en la vivienda ubicada en la finca de Santa Do Livramento, aplicando la teoría del árbol envenenado. Respecto a la certeza procesal, requerida para condenar, señala José Ramón Fernández: “Para poder arribar a la “certeza” es indispensable cotejar afirmaciones o representaciones relativas a los objetos a probar, a los efectos de constatar si los diversos elementos coinciden o no, por ende, hay que efectuar un análisis de los resultados o conclusiones de las pruebas producidas y recibidas en el Juicio oral . Aquí corresponde marcar, la necesaria relación que existe entre la certeza-como estado mental- resultante de las pruebas rendidas dentro del juicio oral y la verdad, como exigencia del proceso penal. Aquí con relación a lo marcado traigo a colación lo que reza el Dr. Eduardo Jauchen en su obra: “El estado de inocencia del imputado sólo podrá ser quebrantado mediante una sentencia condenatoria. Para que ello, sea posible, es menester que las pruebas obtenidas, tengan en cuanto a su eficacia, la aptitud suficiente como para hacer madurar en el estado intelectual del Juez el pleno convencimiento de la existencia del hecho y de la participación del imputado en el mismo. La verdad histórica de esos extremos debe ser alcanzada de manera tal que la noción ideológica que de ella se tiene se corresponda con la realidad. No es posible en materia penal elaborar una verdad ficticia, tampoco es aceptable que se la obtenga (en el sistema de la libre convicción y sana crítica) mediante pura intuición o exclusiva cobertura” (Fernández, José Ramón. “El sistema Acusatorio y la actividad probatoria”, pág 161 y 162). XI) Con relación al agravio de Fiscalía por la no atribución del delito de asociación para delinquir en calidad de autores de todos los imputados (art. 150 y 60 del C. Penal), se admitirá el mismo y en consecuencia se revocará la atacada sobre el tópico. Conforme a la plataforma fáctica descripta y a la prueba diligenciada en el juicio oral, valorada conforme a la regla de la sana crítica, emerge sin hesitación que los imputados tenían una comunidad de vida, como surge de la prueba recabada, especialmente de las filmaciones en las reuniones en la casa de Santana Do Livramento en la calle Ana Álvarez de Araújo No. CC, la que fue alquilada por la esposa de BB, lo que fue debidamente probado con el contrato de arrendamiento incorporado como prueba documental (audiencia 20/3/2025-pista 22), siendo indiferente si vivieron o no ella, como señala la Defensa de BB. Lo cierto es y fue documentado que los imputados se reunían en dicho vivienda, que luego de cometido el ilícito, huyeron hacia dicho lugar, abandonando el vehículo que utilizaron para trasladarse como otros efectos que utilizaron, siendo incautados por la autoridad policial brasileña. Se acreditó que existieron contactos entre ellos previos y posteriores a la comisión de los hechos. Aunque fuera una organización precaria, para cometer un solo delito, quedó probado que existió distribución de roles a desempeñar por cada uno de los partícipes, así como se configuró la nota de permanencia que requiere la figura penal en examen, los imputados continuaron juntos hasta cometer los hechos delictivos, obtener el botín, por lo tanto se han configurado los elementos que requiere el tipo penal: organización que tiene como principal objetivo delinquir, ya sea para cometer uno o más delitos y atacar la paz pública, con división de tareas. En función de lo expuesto, se amparará el agravio de la Fiscalía, condenándose a los imputados por el delito de Asociación para delinquir a título de autores (art. 60 y 150 del C. Penal) XII) Respecto al agravio formulado por Fiscalía por no haberse condenado a BB y a AA por el delito de contrabando el mismo será amparado, por los fundamentos que a continuación se expondrá. Emerge de la prueba diligenciada que les fueron incautados vehículos con chapa matrícula brasileña, no teniendo documentación habilitante para circular en territorio nacional, por lo que se configura la infracción prevista en el art. 147 del CAROU. Si bien no se desconocen las cuestiones propias de las zonas de fronteras, como lo es indudablemente donde sucedieron estos acontecimientos, lo cierto es que no presentaban los vehículos los permisos de admisión temporaria ni de importación, en consecuencia corresponde que se amplíe la calificación delictual al respecto. En función de lo expuesto, corresponde la incautación y decomiso de los siguientes vehículos (en virtud de que ya fueron devueltos por la a quo): a) camioneta marca Chevrolet S 10, matrícula FRF LL: b) auto marca Volkswagen modelo Gol, matrícula QUVDD; c) camioneta marca Mitsubishi, modelo Pajero, matrícula de Brasil MM; d) camioneta marca Volkswagen Saveiro, matrícula JJ; e) camioneta marca Chevrolet Montana, matrícula KK; f) camioneta marca Volkswagen Saveiro, matrícula NN y g) auto marca Fiat, matrícula ÑÑ, como fuera solicitado en la demanda acusatoria y motivo de agravio. XIII) Circunstancias alteratorias de la responsabilidad . Se computa la atenuante genérica de la primariedad absoluta en vía analógica para FF (art. 47 num.13 del C. Penal). Como circunstancia agravante genérica se releva para todos imputados la pluriparticipación (art. 59.2 del CP) Para los imputados AA y GG, BB, y EE, se computa la agravante genérica de la reincidencia, lo que surge acreditado con las respectivas planillas de antecedentes judiciales (art. 48.1 del C. Penal). Para los acusados BB, EE y AA se computa la agravante de haberse cometido el hecho con arma de fuego (art. 141.2 de la Ley 17.296). Asimismo se computa para todos los imputados en el delito de homicidio la agravante muy especial de cometer los homicidios uno en grado de tentativa para consumar otros delitos.(art.312 num.4 del C. Penal) Respecto al agravio de Fiscalía por no computarse la agravante de la alevosía (art. 47.1 del C. Penal),se considera por la Sala que le asiste razón y debe relevarse. Quedó debidamente probado que se trató de un ataque violento, sorpresivo – la camioneta “frenó abruptamente porque el coche paró en la parte de adelante. Entonces cuando él frena, vienen dos personas, una por casa lado …” declara II en juicio en consonancia con los dichos de otra de las testigos UU – y que cuando II trató de huir con el dinero fue alcanzado por un disparo de arma de fuego por la espalda. El análisis armónico de todas las resultancias del proceso permite sostener hábilmente que las víctimas no estaban en condiciones de defenderse de la concreta agresión que sufrieron; se encontraban desapercibidos en el episodio, esto es física y moralmente desprevenidos ante el violento y sorpresivo ataque. Señala CHAVES HONTOU que en la alevosía un componente de ocultación, sea moral simulando amistad o disimulando la enemistad hacia la víctima, sea material, lo que incluye la ocultación de persona o de medios. La víctima a su vez está indefensa cuando a consecuencia de su desprevención se encuentra limitada en su capacidad de defensa de modo relevante: su indefensión debe vincularse a su desprevención (ingenuidad). Basta para constituir la alevosía que el agente haya aprovechado de ese estado de la víctima aún en la etapa de la preparación del delito. (El Derecho penal desde la Constitución pág. 555-556) En lo que respecta al elemento psicológico para evaluar y juzgar la alevosía, se han manejado tanto en doctrina como en jurisprudencia, tres criterios principales, a saber: a) el objetivo por el cual se debe atender únicamente a las circunstancias por las que la alevosía se manifiesta o sea a la indefensión de la víctima; b) subjetivo: el victimario debe tener conciencia del estado de indefensión de la víctima y aprovecharse de ello y c) eclético o intermedio: alevosía es tener conciencia de las condiciones inadecuadas en que se encuentra la víctima sin que sea necesario aprovechase de ellas. IRURETA GOYENA en sus notas explicativas señala que la alevosía en sustancia, es obrar sobre seguro; eso depende que la víctima se halle unas veces físicamente desapercibida para la defensa y otras moralmente. Acerca del criterio predominante para computar esta agravante, se ha adoptado mayoritariamente el criterio eclético por el que la alevosía es tener conciencia de las condiciones inadecuadas en que se encuentra la víctima sin que sea necesario aprovecharse de ello. En este sentido se pronuncian BAYADRO BENGOA (“Derecho Penal Uruguayo”, T II, ed. 1978, pág. 281) y CAIROLI (“Curso de Derecho Penal Uruguayo”, Tomo II, ed. 1988, pág. 175). Por lo antes expuesto, la Sala estima que en la especie existió alevosía, las víctimas se encontraban en condiciones inadecuadas de cualquier naturaleza que fueren, para prevenir o repeler el ataque, siendo sorprendidos por el accionar intempestivo de los agentes delictuales; por lo que corresponde computar dicha agravante genérica, prevista en art. 47 num. 1 del C. Penal XIV) Individualización de la Pena . Tanto las respectivas Defensas de los imputados, como la Fiscalía se agraviaron por los guarismos punitivos fijados en la hostilizada. Mientras las Defensas abogan por una disminución de las penas impuestas, la Fiscalía solicita que se aumenten conforme a lo peticionado en la demanda acusatoria. Tal como ha sostenido el Tribunal Tercero, por ejemplo en Sentencia No. 113 de 8 de Agosto de 2019 –entre muchas otras-, “... la aplicación de la pena requiere tener presente dos principios básicos: el de legalidad que exige que la pena por el delito esté determinada con certeza en la ley y los imperativos de justicia y utilidad social que propician una pena adaptable al delincuente en particular. La cuantificación que realiza el legislador al establecer el mínimo y máximo de la pena para cada figura penal se complementa con la individualización que formula el Juez actuando con el grado de precisión que requieren las circunstancias del caso concreto...”. Para JESCHEK, citado por dicho Tribunal en Sentencia N° 60/1998 (LJU caso 13533), dos pensamientos dominan la cuestión: retribución y prevención; la primera mirando hacia el pasado y la segunda hacia el futuro, ya atendiendo el hecho delictivo generando un nuevo daño como es la pena o intentando operar sobre el delincuente y la sociedad evitando nuevos males con lo cual se concluye que las penas no tienen una finalidad “per in se” sino que son un mal necesario. El art. 86 del Código Penal dispone que en la individualización de la pena se ha de tener presente los antecedentes personales del justiciable en tanto el art. 89 alude a la forma de participación, los antecedentes personales del justiciable y los móviles que acusen una visible mayor peligrosidad.- En su Nota Explicativa del precitado artículo 86, IRURETA GOYENA establece que “éste artículo consagra el principio de la individualización judicial de la pena en la única forma quizá compatible con el desenvolvimiento del sentido jurídico nacional”. “ Darle mayor extensión habría sido despertar el temor a la arbitrariedad; contraerlo o estrecharlo, importaría mantenerse dentro del régimen legal de la penalidad que tan justas críticas suscita” “… Se ha tenido la precaución de espaciar los máximum y mínimun de cada pena en la medida suficiente, para que el Juez pueda ajustar la represión a las condiciones personales del delincuente. La incógnita la constituye la peligrosidad del agente, y los medios de despejarla, los antecedentes personales del mismo y la cantidad y sobre todo la calidad de las circunstancias recurrentes (Ver Jiménez de Asúa )”. O sea que en nuestro Derecho la pena se individualiza en base a un doble juicio: el de responsabilidad, que se desprende del evento y las circunstancias que lo rodearon y el de peligrosidad, que atiende a la personalidad del agente y las posibilidades de reincidencia.- Esencialmente la pena se individualiza en base al primer juicio, o sea el de responsabilidad, actuando el segundo como un correctivo, debiéndose seguir al respecto en nuestro ordenamiento las pautas brindadas por los arts. 50, 53, 80 y 86 del Código Penal. Según CAIROLI en su “Curso de Derecho Penal Uruguayo”, Tomo III, pág. 194, “ es posible afirmar que la peligrosidad es una calidad que presenta todo autor de delito, que hace presumir la probabilidad de que vuelva a delinquir. La peligrosidad es un juicio sobre el futuro del individuo, en cambio la culpabilidad un juicio de reproche sobre el pasado, es decir el delito ya cometido. ” “ Ese juicio sobre la probabilidad de la futura conducta del autor de un delito no es un juicio sobre toda la personalidad suya, sino acerca de la que surja de la evidencia del mismo delito cometido. Como se ha dicho bien, debe tratarse de la peligrosidad que se ha evidenciado en el delito conforme a las circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión”. Así pues, la necesidad de adecuar la sanción al caso concreto, a la orientación, a las consecuencias y a los fines de la pena y del Derecho Penal, se derivan de las exigencias de los principios de justicia e igualdad, por una parte, y de la aceptación de los fines preventivos de la sanción penal. Estos son los estándares ideales que deben guiar al diseño legal y al razonamiento judicial para imponer una sanción penal. Con la proporcionalidad se procura mantener un equilibrio entre la sanción impuesta y el grado de participación y culpabilidad del imputado, tomándose en cuenta asimismo la magnitud del daño causado. La proporcionalidad enfocada desde la sanción sirve como una salvaguardia necesaria y útil frente al peligro de excesos en la reacción estatal. En base a las consideraciones antes realizadas, se acogerá el agravio formulado por Fiscalía, considerando la Sala que fue excesivo el abatimiento de las penas dispuesto en el grado anterior, por los fundamentos que a continuación se desarrollará. En base al marco fáctico y jurídico, atendiendo a la gravedad de los delitos cometidos, con circunstancias agravantes especiales de real relevancia , la personalidad y peligrosidad de los agentes, incluso algunos ya cuentan con antecedentes penales en su haber, puesta de manifiesto en la ejecución de los ilícitos atribuidos, al bien jurídico tutelado, quedando de relieve el desprecio que sienten por la vida y la integridad física de las personas, habiendo cegado la vida de una de las víctimas y lesionado a la otra con el fin de sustraerle una importante suma de dinero, como decía el Dr. Langón, “se cosifica” al ser humano, a las pautas establecidas en el art. 86 y 50 del C. Penal, se considera razonable y adecuado fijar las respectivas penas de: BB y AA en veintinueve (29) años de penitenciaría ; EE , en treinta (30) años de penitenciaría ; GG , en veintisiete (27) años de penitenciaría y FF , en veinticinco (25) años de penitenciaría, con descuento de las preventivas cumplidas. Como señala Zaffaroni: “ Entre la cuantificación que formula el legislador al establecer la escala general para el delito y la que precisa el juez al cuantificar la pena, en concreto media una complementación, que significa la culminación de un mismo proceso llevado adelante con igual criterio, sólo que delegando en el juez un grado de precisión que el legislador no puede darle, porque depende de las circunstancias concretas en cada caso, sumamente variables e imponderables” (Cfr. Manual..pág 699) . En función de lo expuesto, se amparará el agravio formulado por el Ministerio Público, revocándose la hostigada en el tópico. Por los fundamentos expuestos, lo dispuesto en las normas citadas y 361 y ss. del C.P.P., EL TRIBUNAL , FALLA : Revócase parcialmente la sentencia de primera instancia No 68/2025 y en su mérito se dispone: No ha lugar a la nulidad por ilegalidad de la diligencia de allanamiento realizado el 21 de octubre de 2023 en la finca ubicada en calle Ana Álvarez de Araujo No. CC de la ciudad de Santa Do Libramento- República Federativa de Brasil- y en su mérito se admite la prueba derivada de la misma. Se releva la agravante genérica de la alevosía y se dispone la condena de: a) EE, como autor penalmente responsable de dos delitos de homicidio muy especialmente agravados cometidos para consumar otros delitos, uno de ellos en grado de tentativa, un delito de porte y tenencia de arma de fuego en lugares públicos, un delito de porte de arma de fuego por reincidente y un delito de asociación para delinquir todos ellos en reiteración real, a una pena de treinta (30) años de penitenciaría, con descuento de la preventiva cumplida. BB y AA como co-autores penalmente responsables de dos delitos de homicidio muy especialmente agravados cometidos para consumar otros delitos, uno de ellos en grado de tentativa, un delito de asociación para delinquir y un delito de contrabando, todos ellos en reiteración real, a las respectivas penas de veintinueve (29) años de penitenciaría, con descuento de la preventiva cumplida. c)GG, como co-autor penalmente responsable de dos delitos de homicidio muy especialmente agravados cometidos para consumar otros delitos, uno de ellos en grado de tentativa, un delito de Asociación para delinquir y un delito de contrabando, éste en calidad de autor, todos en régimen de reiteración real, a una pena de veintisiete (27) años de penitenciaría, con descuento de la preventiva cumplida. d) FF, como co-autor penalmente responsable de dos delitos de homicidios muy especialmente agravados cometidos para consumar otros delitos, uno de ellos en grado de tentativa, y un delito de asociación para delinquir, este en calidad de autor, en régimen de reiteración real, a una pena de veinticinco (25) años de penitenciaría, con descuento de la preventiva cumplida. 3) Se dispone la incautación y decomiso de los siguientes vehículos, cometiéndose: a) camioneta marca Chevrolet S 10, matrícula FRF LL: b) auto marca Volkswagen modelo Gol, matrícula QUVDD; c) camioneta marca Mitsubishi, modelo Pajero, matrícula de Brasil MM; d) camioneta marca Volkswagen Saveiro, matrícula JJ; e) camioneta marca Chevrolet Montana, matrícula KK; f) camioneta marca Volkswagen Saveiro, matrícula NN g) auto marca Fiat, matrícula ÑÑ Notifíquese. Oportunamente devuélvase a la Sede de origen a sus efectos. Dra. Adriana de los Santos Arigoni Ministra Redactora Dr. Luis Dante Charles Vinciguerra Ministro Dr. Julio Ernesto Olivera Negrín Ministro Esc. Eric Longobardo Cantou Secretario Letrado