Sentencia Definitiva N° 267/2025

Sentencia Nro. 267/2025 - IUE: 2-89766/2023 Montevideo, 17 de octubre de 2025 TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE TERCER TURNO Ministros firmantes: Dr. Fernando Tovagliare, Dr. Gustavo Iribarren, Dra. Claudia Kelland. Ministra redactora: Dra. Claudia Kelland.. VISTOS: Para dictado de sentencia definitiva en segunda instancia los presentes autos caratulados: "AA y OTROS C/ ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA - RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL" I.U.E 2- 89766/2023, venidos a conocimiento de este Tribunal, en mérito al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia definitiva N° 46/2024, dictada por el titular del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Salto de 6° Turno, Dr. Luis Imperial. RESULTANDO: 1- Por la sentencia definitiva impugnada, el Magistrado actuante desestimó la demanda en todos sus términos; sin especial condena procesal (fs. 330- 344). 2- En tiempo y forma comparece el representante judicial de la parte actora e interpone recurso de apelación (fs. 345- 354). Conferido el correspondiente traslado (providencia No 34/2025), es evacuado en tiempo y forma por la parte demandada, quien abogó por la confirmación de la hostilizada en todos sus términos (fs. 357-359 vto.). 3- Por providencia No 390/2025 (fs. 360), el tribunal a quo franqueó la alzada de la apelación con efecto suspensivo. Los autos fueron recibidos por el Tribunal, y pasaron a estudio por su orden. Culminado el mismo, se acordó el dictado de la presente decisión por anticipado, designándose redactora a la Dra. Claudia Kelland (art. 200 del C.G.P.). 4- Tengan presente las partes que por licencia médica de una de sus integrantes naturales, el Tribunal se encuentra integrado por el Sr. Ministro Suplente Dr. Gustavo Iribarren. CONSIDERANDO: I- El Tribunal debidamente integrado por el número de voluntades requerido por la ley (art. 61 inc. 1 de la L.O.T.), y en la ocasión por unanimidad de sus integrantes, habrá de revocar la sentencia definitiva impugnada, y en su mérito amparará la demanda en forma parcial, condenando a la ANEP al pago del daño moral y daño emergente pretendidos, en la forma y por los fundamentos que dará; sin especial condena procesal en la instancia. II- En virtud del principio de congruencia que se impone en toda decisión judicial (art. 198 del C.G.P.), el Tribunal de alzada por mandato legal (arts. 257.1, 257.2, 257.3 del C.G.P.) se ve limitado a revisar únicamente lo que fue expresión de agravios, sin perjuicio de las facultades que le confiere el legislador acorde lo preceptúa el art. 217 y el art. 257.4 del C.G.P.. Corresponde al Tribunal -preceptivamente- efectuar el examen de la procedencia y regularidad formal de los recursos, con antelación al estudio de los agravios, pues el régimen de los medios impugnativos es de orden público. En virtud de lo referido en los Resultandos, no existe impedimento formal para analizar el mérito del accionamiento movilizado por la parte actora. III- En la recurrida el tribunal a quo efectuó un correcto resumen del caso y de las resultancias procedimentales, a lo que el Tribunal se remite por ajustarse a las emergencias de autos, sin perjuicio de referir a los hechos principales fundantes de la pretensión para mejor intelección del presente pronunciamiento. El caso: tratan las presentes actuaciones de un proceso reparatorio patrimonial iniciado contra la ANEP con fundamento en responsabilidad extracontractual (en supuesto por el hecho de las cosas), por la caída de un portón de un liceo sobre un niño (de 5 años de edad). Comparecen los padres por sí y en representación de sus menores hijos CC (víctima) y DD (su hermana de 2 años de edad). Afirman que el día 4 de marzo de 2023 concurre la madre con sus dos hijos al Liceo N° 4 de la ciudad de Salto para tomar conocimiento de las listas de estudiantes por el inicio de los cursos respecto de otro de sus hijos. Afirman que CC resultó gravemente lesionado cuando al tomar el portón de acceso al liceo, éste cae sobre el niño ocasionándole graves lesiones (traumatismo de cráneo, heridas cortantes en rostro y cuero cabelludo), que ameritaron su internación por varios días en el Centro Médico de Salto (CAM), dejando importantes secuelas (cicatrices). Imputan responsabilidad a la demandada por el insuceso, pues el portón estaba en mal estado. Relatan que es de su conocimiento que el mismo portón se había caído antes sobre un auxiliar de servicio y que fue reparado (soldado) en forma precaria por el cantinero del liceo. También señalan que luego de lo ocurrido a CC, concurrió a la institución un Arquitecto e Inspectores, e inmediatamente se procedió a reparar el portón. Reclaman daño moral para cada uno de los coactores (U$S 30.000 para CC, U$S 10.000 para la madre, U$S 10.000 para el padre y U$S 5.000 para la hermana), lucro cesante futuro y/o pérdida de chance a favor de CC ($ 1.063.742) y daño emergente ($ 60.000). Defensa: la ANEP contesta la demanda y opone eximente de responsabilidad hecho de la víctima en el entendido que los adultos son los responsables del niño, y la desatención de la madre en la ocasión causó el lamentable hecho. Refiere que el accidente ocurrió mientras su madre estaba mirando las listas de inicio de cursos, desatendiendo a su hijo, quien se encontraba trepado en el portón, jugando sobre él, lo que determinó el desprendimiento del mismo y la caída sobre el niño. IV- El Magistrado actuante desestimó la demanda, acogió la defensa opuesta por la ANEP (hecho de la víctima), al haber arribado a la conclusión que el portón estaba en buenas condiciones (había sido reparado ante un suceso similar anterior), y que la causa del siniestro es imputable al descuido de la madre del niño quien lo desatendió permitiendo que su hijo se trepara al portón en forma innecesaria lo que provocó la caída. En suma, entendió el Magistrado actuante que el Estado no incurrió en responsabilidad alguna, pues el servicio no falló (art. 24 de la Constitución), y por contrario la única responsable fue su madre por tener la guarda, y no cuidar a su hijo. V- Apelación de la parte actora (fs. 345- 354). Los agravios de los demandantes en el orden esgrimidos están encaminados a cuestionar: i) incorrecta desaplicación al guardián (ANEP) de la presunción de culpa por el hecho de las cosas (art. 1324.1 del C.C); ii) errónea valoración de la prueba y falta de motivación al respecto; iii) error de derecho en la aplicación del nexo causal; iv) falta de consideración de la responsabilidad objetiva del Estado (art. 24 de la Constitución de la República). VI- Respecto del régimen legal que resulta aplicable al caso. El Tribunal comparte el encuadre normativo en que funda su decisión el Magistrado actuante, quien incluso cita a sus efectos, una sentencia de este Tribunal (N° 39/2024), donde el Colegiado manifestó que adhiere a la jurisprudencia y doctrina que postula que conforme a lo dispuesto por el art. 24 de la Constitución, la responsabilidad civil del Estado, se rige por el régimen general de responsabilidad civil (Carlos De Cores, ‘Reflexiones sobre la naturaleza de la responsabilidad civil del Estado’, en Anuario de Derecho Civil Uruguayo, t. XXII, pag. 399 y ss.). Ello por cuanto, el texto del art. 24 de la Carta Magna, cuando señala que “el Estado será civilmente responsable” realiza un ‘reenvío’ a la aplicación de las disposiciones normativas que regulan la responsabilidad civil, que no son otras que las que se encuentran en el Código Civil. Por ende, el factor de atribución dependerá del tipo de responsabilidad de que se trate, debiéndose tener en cuenta que la responsabilidad del Estado, al igual que la de los particulares, es regida por un régimen normativo plural, que admite, según el caso, hipótesis de responsabilidad contractual o extracontractual, subjetiva u objetiva, según cada caso, fundado en las normas generales de la responsabilidad civil. En el sub-examine, los demandantes reclaman daños (extrapatrimonial y patrimonial) padecidos en forma directa por un niño (e indirectamente por su padre, madre y hermana), por las lesiones que le generara la caída de un portón del liceo en ocasión de concurrir al mismo junto a su madre y hermana menor para tomar contacto con la listas por el próximo inicio de cursos. Y estando a la situación fáctica planteada (siendo demandado el Estado), y por reenvío del art. 24 de la Constitución al régimen de la responsabilidad civil, aplica al caso de autos el art.1324 inc. 1° y 6° del C.C., donde se presume la culpa y el nexo causal del guardián de la cosa (ANEP). Sin perjuicio, aplica también la normativa citada a la madre, en tanto tiene la guarda de su hijo, y al ser menor de 10 años, la madre responde por hecho propio (y no ajeno), con presunción de culpa. Por tanto, la cuestión central al momento de examinar los agravios del apelante es determinar si la omisión de la madre en vigilar a su hijo (5 años), constituyó culpa que enerva el nexo de causalidad del guardián de la cosa, lo que será objeto de estudio en el próximo Considerando. En suma, el Tribunal comparte el encuadre normativo de la recurrida, y en su consecuencia rechaza el agravio referido respecto a que el a quo debió considerar el régimen de la responsabilidad objetiva del Estado. VII- Respecto de la errónea valoración de la prueba diligenciada y su falta de motivación al respecto. La Sala considera que estamos ante una sentencia bien motivada, cuestión diferente es compartir o no la valoración que realizó el a quo de las probanzas diligenciadas. Veamos. La recurrida acogió la eximente de responsabilidad alegada por la ANEP (hecho de la víctima), en el entendido que la única responsable del insuceso fue la madre del niño al omitir los cuidados debidos inherentes a la patria potestad, y descuidar a su hijo al no supervisarlo en la ocasión, lo que motivó que el niño trepara en el portón con la consecuencia de que el portón cae sobre él ocasionando los daños que constituyen el objeto del reclamo. Tal hecho lo entendió acreditado, con la declaración de un único testigo presencial, EE (83 años de edad), quien vio cuando el niño estaba jugando en el portón y se vino abajo. El testigo declaró "Vi cuando la puerta se iba con el angelito al suelo", que se encontraba "zamarreando el portón". El sentenciante consideró esa declaración decisiva y tuvo por acreditada la eximente de responsabilidad hecho de la víctima como interrupción del nexo causal entre los daños sufridos por la víctima y el hecho que se le imputa a la ANEP (mal estado del portón). El Tribunal luego de analizar cada una de las pruebas y en su conjunto bajo la regla de la sana crítica (art.140 del C.G.P.), arribó a la conclusión que, si bien asiste razón al a quo en cuanto releva desatención por parte de la madre, quien tenía la guarda de su niño, no es menos cierto que quedó probado en autos que el portón no estaba en buen estado. Por tanto, si bien existió incidencia causal por la conducta de la madre, ésta no resultó idónea para enervar totalmente el nexo causal. Y por contrario este Colegiado considera que la incidencia causal de la ANEP (art. 1324 inc.1° del C.C. por el hecho de las cosas) es muy superior (85 %) a la incidencia causal por la conducta asumida por la madre en la ocasión (15%). Ello porque el cuidado y mantenimiento del portón de metal (cuyas dimensiones se aprecian en la foto que luce a fs.14), es responsabilidad exclusiva de la ANEP (guardián de la cosa, culpa presumida), y la máxima de experiencia indica que un portón de esas características no puede (ni debe) caerse porque un niño de 5 años se trepe en él para jugar. La regla de experiencia indica también que no es rara avis que los niños den un uso inadecuado a este tipo de estructuras (puertas, portones, ventanas), y no por ello se caen por completo como ocurrió en la ocasión. El único testigo presencial (EE), declaró que vio cuando el niño estaba "zamarreando el portón", "se le vino encima", que el niño "estaba solo y que su madre demoró" en llegar al lugar. Aún de admitirse la versión del único testigo sobre la conducta del niño, resulta que el mal estado del portón era de conocimiento de la ANEP, quien debió adoptar las medidas adecuadas para prevenir un accidente como el que ocurrió. Al respecto declaró el testigo FF (vecino que acudió al lugar en forma inmediata al hecho, vio el portón caído sobre el niño), quien fue preguntado en forma concreta si vio el estado del portón. Y declaró "al trabajar en construcción y en metalúrgica, vi que la parte de abajo del portón estaba oxidado, en mal estado, y se había quebrado. Esa fue la consecuencia que el portón se cayera, al fallar la parte de abajo el portón queda sin sostenibilidad y se cayó, estaba agarrado de abajo y de arriba. Hablé con una persona que me dijo que esto había pasado con anterioridad se la cayó sobre otra persona, y que la habían jubilado" (fs. 305 in fine- 306). Asimismo declaró que "a los días estaba el portón en el lugar". Refirió que entre que vio llegar a la madre al liceo con los niños (sus dos hijos) y la caída del portón "fue un segundo, 10 segundos", "...yo se de metalúrgica y pensamos que lo había matado al niño, un niño que pesa 20 kgs con un portón de 150 kg encima...". El testigo GG fue otra de las personas que colaboró para sacar de encima el portón al niño. Y en lo que interesa declaró que "... mi padre ayudó a un funcionario que se le había caído en horas de la tarde noche cuando fue a cerrar el portón, y se le había descalzado" (fs.117 in fine). Preguntado quien era el funcionario; respondió "HH que trabajaba ahí, que se jubiló" (fs.122). Y manifestó que en esta ocasión el portón se volvió a descalzar y cayó sobre el niño "...lo que puedo decirle es que si él se hubiera colgado del portón, su peso no le hubiera dado para romper el portón si estaba en condiciones". Por su parte la testigo KK (subdirectora del liceo), corroboró que el portón antes (octubre de 2020) ya se había desprendido de las bisagras y el funcionario HH (actualmente jubilado) se había lastimado sus rodillas, y relató que el portón se arregló con "mano de obra benévola" (fs.125). En igual sentido declaró la testigo LL (funcionaria del liceo, auxiliar de servicio), "el portón se le había caído a HH", y luego se lo había reparado con "mano benévola" (fs.145- 146). En adición a lo anterior la investigación realizada por la ANEP arrojó como resultado precisamente el mal estado del portón, y que el mismo antes ya se había caído sobre un funcionario siendo arreglado en forma precaria (tal como lo declararon todos los testigos), por "mano benévola" (fs. 44 vto. informe del Director del liceo ratifica que el último mantenimiento se había hecho en marzo de 2022 a través de "mano benévola"). Asimismo la Inspectora (del Litoral Norte), informó "El portón tenía un desperfecto, atento a esa situación es que se dejó abierto para que no fuera manipulado (...) Ese mismo día 6 se solicitó la reparación definitiva del portón a la Arq. MM, lo cual se realizó, requirió de los servicios de un Herrero para colocar nuevamente el portón (...) El desperfecto del portón fue herrumbre en la articulación inferior. Tenía dificultad por eso solo lo manipulaban los funcionarios" (fs. 45). Por su parte surge de la Resolución N° 936 de fecha 16 de marzo de 2023 que la Arquitecta Residente del CODICEN, informó que al inspeccionar el portón detectó una soldadura que se había hecho en forma "casera", la cual había cedido ante un uso no debido de la hoja batiente, y aconsejó que correspondía "realizar una soldadura adecuada para ese tipo de cerramiento, así como proceder a la colocación de elementos complementarios en las partes superiores de ambas hojas, para que en caso de que una soldadura falle, la hoja quede colgada y no se vuelva a desprender (fs. 52 vto.). Así las cosas, el conocimiento del mal estado del portón es un hecho acreditado y no menor, pues a sabiendas de que el portón no estaba en condiciones, los funcionarios responsables del liceo permitieron que siguiera funcionando con un arreglo "precario", "casero", realizado por "mano benévola", luego de una caída anterior del portón sobre un funcionario. La reparación en forma se hizo luego de que pasó el lamentable hecho de autos, incumpliendo una obligación genérica de seguridad respecto de las cosas que tiene a su cargo (no actuó con la diligencia de un buen padre de familia). Al respecto aplica al caso de autos lo manifestado por el TAC 2° (Pérez Brignani, Sosa, Franca) en sentencia N°145/2017, en un caso donde se condenó a la ANEP por la caída de una reja perimetral sobre un niño de 6 años en ocasión del recreo: "Asimismo, es un hecho público -y por ende exento de prueba- que la Administración relacionada cuenta con un completo y burocrático sistema de control -con arquitecto residente, tal como se admite en la contestación de la demanda, fs. 37 v. “ab initio”, num 12o-, lo que le da posibilidades incuestionables de conocer absolutamente todo lo relativo a la reja que da origen a la presente causa, de efectuar las observaciones que estimara conveniente y de solicitar las modificaciones que entendiere del caso. Si la reja no estaba bien amurada, o si la reja no estaba en condiciones de ser recolocada, es evidente que debió haber sido advertido por el sistema de control estatal y si no lo advirtió no puede pretender fundado en su propia negligencia para exonerarse de responsabilidad...". Mutatis mutandis, el Tribunal considera que luego de que el portón se cayó sobre el funcionario HH, debió ser reparado en debida forma, por persona idónea y ser supervisada la obra por los Arquitectos funcionarios de la ANEP (Arquitecta Residente), y no en forma "casera" por "mano benévola" como se hizo. Luego del evento, la demandada actúa en forma correcta, concurre al lugar una Arquitecta e Inspectores, y se dispuso iniciar una investigación administrativa. Y pasados más de dos años, recae la Resolución N°1408/2025 (de fecha 14 de mayo de 2025), que da por concluida la investigación administrativa sin ninguna consecuencia desfavorable para los funcionarios del Liceo N° 4, por haberse arribado a la conclusión que no se violó ninguna normativa vigente, no existiendo falta administrativa pasible de sanción. Tal decisión es contraria a lo informado por el Dr. M. Mauri Vidal (abogado de División Jurídica que culminó la investigación ante omisiones y demoras del primer instructor), quien concluyó, "que el Director NN incurre en falta administrativa grave por no cerciorarse sobre el estado del citado portón y no efectuar las reparaciones por técnicos competentes (artículo 3 literales a), f) del EFD). Y el instructor OO por su negligencia incurre en falta muy grave dada la magnitud alcanzada y el daño provocado a un menor de cinco años, demostrando cero empatía con la situación del lesionado (artículo 3 literales b), g), k) del EFND)" (fs. 396 vto. documentos agregados en segunda instancia por ser prueba superviniente). En suma, dada la situación fáctica acreditada y jurídica analizada en autos, debe la ANEP responder de conformidad a lo dispuesto en el art.1324 inc.1 del C.C. Corresponde presumir su culpa y su contribución causal en la generación del lamentable hecho no habiendo demostrado que actuó con la diligencia de un buen padre de familia (art. 1324 inc.6 del C.C). Como nos enseña Gamarra, el poder de control y dirección de la cosa objeto de guarda, trae aparejado como consecuencia el deber de controlar, dirigir y vigilar la cosa para prevenir la causación de daños a terceros ( TDCU, t. XXI, págs.178-180). Y de la presunción de culpa debe deducirse la presunción de causalidad porque lo que causa el daño es la omisión o negligencia del guardián, ya que si éste hubiera cumplido con su deber de vigilancia, el daño no se hubiese producido (Gamarra TDCU t. XXI Montevideo 2012, p.145). Este deber de control y dirección de la cosa asume mayor intensidad en el caso, puesto que la fuente del mismo no radica exclusivamente en lo dispuesto en el inciso 1° del art.1324 del C.C., sino además en diversa normativa citada en el expediente administrativo (por el Instructor), y principio general que rige a aquel que presta un servicio destinado a adolescentes y a jóvenes estudiantes, como ocurre en el caso de un liceo; debe razonablemente extremarse los cuidados y actuar en forma diligente para prevenir y evitar que resulten dañados (tal como ocurrió en este caso, donde no experimentó daños un estudiante, pero sí un hermano de un estudiante en ocasión de concurrir con su madre previo al inicio de cursos). Sin perjuicio de la responsabilidad imputada con mayor incidencia causal a la ANEP (85 %), el Tribunal considera que la conducta omisiva de la madre (cuya culpa por falta de vigilancia se presume en forma relativa, en los términos previstos por el art.1324 inc. 6 -Cfme. Gamarra T.D.C.U., t XX F.C.U., agosto de 2003, pag.342) también tuvo incidencia causal al desatender a su hijo en la ocasión, lo que también incidió en el daño ocasionado (15%). VIII- Respecto de los daños y perjuicios pretendidos. Reclaman daño moral. Surge acreditado en autos que el niño quedó atrapado debajo del portón con abundante sangrado por cortes en su rostro y en cuero cabelludo (ver foto fs. 5). El hecho en sí mismo es razonablemente traumático para un niño de 5 años de edad y para sus padres (víctimas indirectas), siendo el mismo a criterio del Tribunal indemnizable. Como consecuencia de las lesiones, y según surge de la H.C, CC sufrió traumatismo encéfalocraneano (sin pérdida de conocimiento), fue trasladado por su madre al Centro Médico de Salto, donde permaneció internado tres días. Fue derivado a cirujano plástico para suturar las heridas cortantes en cara y cuero cabelludo. Evolucionó favorablemente, fue dado de alta con indicación de analgésicos y posteriores controles en policlínica (a los siete días). No contamos con pericia médica, ni testimonio de los médicos que trataron al niño, medios de prueba que pudieron ilustrar al Tribunal acerca del nexo causal entre las lesiones experimentadas y lo relatado por los testigos respecto a determinados comportamientos luego del hecho (no poder dormir, ansiedad, etc). Sin esa prueba no puede valorarse de mejor forma la entidad de las lesiones ni secuelas, pues el Tribunal no está formado en el arte de la ciencia médica (art.177 C.G.P.). Sin perjuicio, fue agregado en autos un informe médico realizado por el Dr. Luis Moller (cirujano plástico), que da cuenta que examinado el niño resulta visible "las cicatrices en su rostro generando un daño estético y psicológico afectando su vida familiar y social". Señala el profesional, que para su reparación el niño requiere de un "trabajo dificultoso requiriendo una o más instancia quirúrgicas, por las medidas de la cicatriz y la zona de la cara donde asienta la misma no se la puede quitar pero sí intentar atenuarla". Manifiesta que para la "realización de la cirugía es necesario un tratamiento psicológico específico pre y post quirúrgico para ayudar al paciente en sus expectativas en cuanto a los resultados finales". Refiere al costo de las cirugías reparatorias necesarias, en el orden de U$S 6.000 a U$S 7.000. Concluye el médico que se lograría una mejoría estética "sin quitarla completamente, por lo que permancerán las secuelas estéticas en el rostro del menor" (informe obrante a fs. 28 con certificación de firma). Así las cosas (aunque no contemos con prueba pericial), no puede desconocerse -porque sería ir en contra del sentido común y regla de experiencia- que un evento dañoso como el que nos ocupa ocasiona razonablemente sufrimiento físico en la víctima directa, y daño emocional no solo en la víctima, sino en su madre y padre al ver sufrir a su hijo y tener presente las secuelas que permanecen en la cara del niño afectando la imagen facial. Lo difícil no es establecer el derecho, sino determinar su cuantía. Cada situación amerita un estudio detenido, y como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia con distintas integraciones, la determinación de la cuantía de la indemnización por daño moral ingresa en el ámbito del ejercicio de poderes discrecionales de los órganos de mérito, son los tribunales quienes deben efectuar el “accertamento” de la dimensión económica de la reparación sin incurrir en el absurdo o arbitrariedad. Es aquí donde debe primar el principio de razonabilidad, regla de experiencia, y sentido común. De acuerdo a los antecedentes de la Sala para casos similares, los montos pretendidos por los coactores resultan muy elevados; debiéndose guardar coherencia con anteriores decisiones. Se estima razonable la suma de U$S 12.000 por daño moral para resarcir a CC, U$S 5.000 para la madre y U$S 5.000 para su padre. No se hará lugar al daño moral pretendido en favor de DD (hermana de CC), pues dada su corta edad (dos años), y la falta de prueba de afectación alguna, impiden que la pretensión prospere. Reclaman lucro cesante: tampoco resulta de recibo la condena solicitada por lucro cesante futuro (o pérdida de chance) a favor de CC. Ello porque no surge acreditado en autos, que el niño no pueda en el futuro razonablemente acceder al mercado laboral y/o estudiar lo que se proponga debido a las lesiones experimentadas y secuelas (cicatrices). Reclaman daño emergente: respecto al reclamo por daño emergente solicitado, se hará lugar al mismo pero en un importe muy menor al pretendido ($ 60.000). Sabido es, que toda vez que ocurre un hecho como el que nos ocupa se incurre en gastos extras que no estaban previstos en la economía familiar, y que tales gastos son indocumentados o que las personas en su momento no tuvieron la precaución de guardar los comprobantes de pagos. De allí que se determinen en base a regla de experiencia y sana crítica en la mayoría de los casos, y éste no escapa a tal regla. CC estuvo internado tres días, y luego debió concurrir a controles médicos, tomar analgésicos, etc. Ello implica gastos de traslado de sus padres, compra de medicamentos, estimando razonable fijar el rubro en examen en $ 10.000, más reajuste desde su exigibilidad (DL 14.500), día del accidente, por ser gastos necesarios que se realizaron en forma inmediata al hecho (si bien no fue pedido en la demanda reajuste, corresponde su imposición de oficio por ser de orden público). No se condena al pagó de interés legal (tanto sea en moneda nacional o extranjera) porque no fue solicitado en la demanda, y atento a su naturaleza reparatoria (indemnizatoria renunciable), no corresponde disponerlo de oficio, so pena de fallar ultrapetita (Cfme. antecedentes de la Sala y de Tribunales homólogos: ADCU, T VI c. 365/366; XIX c.549 y 589; XX c. 396/397, 400 y 402; XXI c. 551; XXII c.570; XXXIII c. 615/617; XLIV 556/557; XXIX c. 413, XLIV c. 344, entre otros). IX- La conducta de las partes en la segunda instancia ha sido correcta, no amerita sanción procesal (art. 261 del C.G.P., art. 688 del C.C.). Por los fundamentos expuestos, normas legales citadas, art.197, 198 del C.G.P. el Tribunal, FALLA: Revócase la sentencia definitiva impugnada. Ampárase parcialmente la demanda condenándose a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) a pagar el 85% (incidencia causal) de los daños objeto de condena estimados en: U$S 12.000 por daño moral a favor de CC, U$S 5.000 por daño moral a favor de AA y U$S 5.000 por daño moral a favor de BB; y $ 10.000 más reajuste (DL 14.500) desde el hecho ilícto, por daño emergente. Desestímase en lo demás. Notifíquese a las partes a domicilio. Cumplido, devuélvase al tribunal de origen. Dr. Fernando Tovagliare - Ministro Dr. Gustavo Iribarren - Ministro Dra. Claudia Kelland - Ministra Esc. Laura Pérez - Secretaria Letrada