Texto de la sentencia
Sentencia Nro. 249/2025 - IUE: 2-9771/2020 Montevideo, 07 de octubre de 2025
TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE TERCER TURNO
Ministro Redactor: Dr. Fernando Tovagliare.
Ministros Firmantes: Dra. Claudia Kelland, Dr. Gustavo Iribarren y Dr. Fernando Tovagliare.
VISTOS:
Para sentencia definitiva en segunda instancia estos autos caratulados: “GOJDYCZ, MIGUEL C/ TABOADA, LUIS Y OTRO – DAÑOS Y PERJUICIOS” I.U.E 2-9771/2020, venidos a conocimiento de este Tribunal en mérito a los recursos de apelación interpuestos por la parte actora (fs. 662/663), y por Consur Ltda (fs. 666/668) contra la Sentencia definitiva de 1ra. Instancia No120/2024 (fs. 630/649) (y su aclaratoria, fs. 656) dictada por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 16o Turno.
RESULTANDO:
1.- Por sentencia definitiva No120/2024 (fs. 630/649),y su aclaratoria (fs. 656), a cuya exacta relación de antecedentes procesales útiles se hace remisión:
i) Se hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva de Arentex International SRL, desestimando la demanda a su respecto. Y se desestimó la excepción de falta de legitimación pasiva del Arquitecto Luis Taboada.
ii) Se hizo parcialmente lugar a la demanda contra el Arquitecto Luis Taboada y el tercero citado Consur Ltda. condenándoselos a pagar al actor la suma de $ 475.840, más IVA, mas leyes sociales, con intereses y reajustaste desde la demanda. Sin especial condenación.
2.- A fs. 662/663 y a fs. 666/668 la parte actora y Consur Ltda. Interpusieron respectivamente RECURSO DE APELACIÓN contra la sentencia definitiva, abogando por la revocatoria de la misma, por las razones allí expuestas.
3.- Habiéndose sustanciado los traslados conferidos, los mismos fueron evacuados en tiempo y forma; franqueándose la apelación para ante este Tribunal, pasando los autos a estudio de los Sres. Ministros por su orden, encontrándose integrada la Sala con el Sr. Ministro Dr. Gustavo Iribarren, por la licencia médica de la Dra. Opertti.
CONSIDERANDO:
1 - La Sala acepta el correcto relato de antecedentes procesales que se consignó en la recurrida, y por el número de voluntades requerido por la ley (art. 61 inc.1 de la LOT) habrá de revocar parcialmente la sentencia impugnada, en los términos y por las razones que se expondrán.
2 - El juez de la apelación, no tiene más poderes que los que caben dentro de los límites de los recursos deducidos.
En términos de Calamandrei, la mirada del Tribunal se halla limitada por decirlo así, por la mirilla del principio dispositivo (y de congruencia) y no está en condiciones de ver sino lo que la partes colocan dentro del campo visual contemplado desde esta estrecha abertura.
(Calamandrei, P., ‘Apuntes sobre la reformatio in peius’, en ‘Estudios sobre el proceso civil’, trad. Sentís Melendo, S. bs. As. 1961, Omeba, p. 301).
3 - El embate crítico desarrollado por el actor (Gojdycz) recurrente -a fs. 662/663- se encuentra encaminado –en lo medular- a cuestionar: i) la declaración de falta de legitimación pasiva de Arentex Internacional SRL en la medida que no se consideró que la propietaria y arrendadora del inmueble (Arentex Internacional SRL) tenía conocimiento y conformidad sobre las construcciones realizadas en el inmueble, habiendo consentido las mismas, y no consideró tampoco que las reformas en cuestión quedaron en beneficio de la propiedad. Y se cuestionó asimismo: ii) el rechazo del reclamo por lucro cesante en la medida que –a su entender- quedó demostrada la privación de ganancia causada al impedírsele arrendar los apartamentos afectados.
4 - La Sala coincide con el planteo del recurrente en cuanto a que la propietaria y arrendadora del inmueble en principio reviste la calidad guardián del inmueble en cuestión.
En efecto, en autos constituye un hecho no controvertido, que Arentex S.A. es la propietaria del inmueble en cuestión. Y si bien es cierto que el hecho de ser propietaria de la cosa que interviene en la causación del daño no es determinante en la atribución de responsabilidad, ya que tal como enseña Gamarra “... la responsabilidad por el hecho de las cosas no es una carga de la propiedad, y el guardián puede ser otra persona, que no sea dueño. Vale decir, que no se responde por ser propietario, sino por ser guardián ...” (Gamarra, T.D.C.U., t. XXI, F.C.U. 3a ed., marzo del 2002, pg. 249) se advierte de todos modos, que tal circunstancia no es intrascendente pues, como explica Gamarra, lo que caracteriza al guardián es el ejercicio de un poder efectivo de dirección y control sobre la cosa, y éste es ejercido generalmente por el propietario a quien le corresponden los poderes de usar y gozar de la cosa (art. 487 del C. Civil) (Gamarra, op. cit. p. 250).
De ahí que desde mucho tiempo atrás la jurisprudencia afirma que en la generalidad de los casos se reputa que el propietario tiene la guarda de la cosa; porque habitualmente el propietario reúne las condiciones según las cuales se es guardián (Gamarra, op. cit. pg. 250).
La referida presunción, es simple o relativa, ya que por excepción, en algunos casos el propietario puede perder la guarda sin que medie acto alguno de su parte (como sucede en el hurto), o puede transferir por vía convencional los poderes que definen la guarda, a un tercero.
Y es en razón de lo expuesto que tal como sostiene Gamarra, esta presunción simple o relativa tiene grandísima importancia por lo que atañe a la carga de la prueba: “... La víctima que tiene dificultades para individualizar al guardián puede demandar al propietario (a quien se presume guardián), y éste, si busca excepcionarse, deberá indicar cuál es el verdadero guardián. De esta manera la carga de la prueba se traslada al propietario, que debe destruir la presunción de guarda que gravita sobre sí...” (Gamarra, op. cit. pg 251).
En suma, son los poderes de control y dirección que el art. 487 del C. Civil confiere al propietario de la cosa, los que hacen presumir ab initio, que éste es el guardián de la misma.
5 - En el caso en examen, la propietaria y presunta titular de los referidos poderes de control y dirección del inmueble en cuestión era Arentex S.A., quien no controvirtió su calidad de propietaria, aunque adujo que no tenía responsabilidad en la medida que había arrendado el inmueble a otra empresa, Deruela S.A. (arrendataria), quien contrató a la empresa constructora que hizo las obras en cuestión.
6 - Ahora bien, el contrato de arrendamiento invocado por la demandada Arentex S.A., procurando justificar el traspaso de la guarda y su falta de legitimación pasiva, a criterio del Tribunal no resultó determinante para traspasar la guarda del inmueble en lo relativo a reformas y obras pues, el referido contrato contiene previsiones expresas respecto a que la realización de mejoras y reformas requería consentimiento previo de la arrendadora (propietaria) (cláusula 6 - fs. 55), careciendo por ende de autonomía la arrendataria para realizar las reformas en el inmueble por si sola; previéndose asimismo que las mejoras que se realizaran en el inmueble serían en beneficio de la arrendadora (propietaria). Todo lo cual conduce a entender que en rigor, el contrato de arrendamiento invocado por la demandada (propietaria/arrendadora) no resultó idóneo para traspasar el control y dirección del inmueble y de las mejoras o reformas que se hicieran en el miso, por lo cual, la propietaria arrendadora mantuvo la guarda del inmueble en cuestión, rigiendo a su respecto la presunción de culpa prevista por el art. 1324.1 y 6 del C. Civil. (Gamarra, J. T.D.C.U. – t. XXI – F.C.U. - 3ra. Ed. – marzo del 2002, p. 180).
7 - Así las cosas, entiende el Tribunal que en función de las consideraciones precedentes Arentex S.A. debe responder en su condición de guardián original, junto con el causante material del daño (no guardián) respondiendo ambos en forma concurrente, indistinta o in solidum .
Ello por cuanto, como señala Van Rompaey, el guardián que no se desprendió válidamente de la guarda, no puede esgrimir como excusa liberatoria, ni total ni parcial, el comportamiento ilícito culposo del tercero, que halla su origen en la propia conducta omisiva o comisiva (negligente o imprudente). (Van Rompaey, ‘Es admisible la condena in solidum en la responsabilidad extracontractual’ – A.D.C.U. – t. XXII – pg.. 475).
8 - En otro orden, estima la Sala que corresponde amparar el agravio formulado por la parte actora relativo al reclamo de los perjuicios padecidos por habérsele privado de arrendar los apartamentos afectados.
9 - El Tribunal coincide en el punto con el apelante, en cuanto a que la pericia diligenciada en la causa (fs. 509/519) da cuenta de los perjuicios causados a los apartamentos del actor, lo que además resultó corroborado por las declaraciones testimoniales de Rossi, Sardella y Alemán, no pudiendo reprochársele al actor omisión alguna en la falta de arriendo de los apartamentos pues, no estaban en condiciones de ser arrendados a causa de los desperfectos generados, y podían ocasionar eventuales reclamos por problemas de habitabilidad.
10 - Ahora bien, entiende este Colegiado que en rigor, el actor no logró acreditar una pérdida de ganancia concreta (lucro cesante) sino que en todo caso, se logró probar que a consecuencia de los daños causados a sus apartamentos, se le privó la posibilidad de arrendar los mismos, correspondiendo por ende, tener por acreditada la existencia de una pérdida de chance, resultando la misma un perjuicio indemnizable.
11 - Como sostuviera la S.C.J. en sentencia No. 273/2013: “...para que pueda hablarse de una pérdida de chance se requiere que la chance sea seria, real, suficiente, verdadera y que esté relacionada con una probabilidad concreta.
En palabras de Gamarra, hablamos de chance en el sentido de probabilidad de ganar algo... En la pérdida de una chance, el dato definitorio es la existencia de una probabilidad concreta, y la reparación queda reducida, inevitablemente, a una fracción de la ganancia esperada (Tratado de Derecho Civil Uruguayo, Tomo XXIV, págs. 115 y 116; cf. sentencia No. 1.303/2011 de la Corporación). ...”. (Ver asimismo sents. Nos. 2710/02 y 313/2015 de la S.C.J.).
En este sentido expresa Matilde Zavala De González, que cuando el perjuicio no reside en la privación de la ganancia, sino en la frustración de la oportunidad de un beneficio, en tales casos, el resarcimiento no alcanza la integridad del valor de la ventaja, sino que se circunscribe al valor de la probabilidad de lograrla, el cual puede ser mayor o menor según las circunstancias del caso, pero sin alcanzar nunca la totalidad de aquel otro. (Zabala De González, Resarcimiento de daños, vol. 4, pág. 454, Ed. Hammurabi).
12 - En el caso, estando a las declaraciones testimoniales diligenciadas en autos, y considerando que el actor reclamó por la pérdida del alquiler correspondiente a seis meses a razón de $ 17.000 (total $ 102.000) y teniendo en cuenta que la posibilidad de arrendar a ese precio era relativamente importante, se estimará la pérdida de chance un 70% de $ 102.000, esto es en $ 71.400.
13 - En otro orden, la apelación deducida por Consur Ltda, se encuentra encaminada a cuestionar la atribución de responsabilidad formulada en la sentencia de primera instancia, en cuanto no habría tenido en cuenta que Consur Ltda actuó diligentemente, siendo carga del propietario la tramitación de los permisos de construcción; y en cuanto no habría considerado que no puede responder por la antigüedad de las construcciones del inmueble lindero que no resistió a las vibraciones.
14 - A criterio de la Sala los agravios que se vienen de referir no resultan de recibo pues, del dictamen pericial obrante a fs. 508/510 surge que los daños en las unidades del inmueble del actor fueron causados por las tareas de demolición realizadas con maquinaria pesada (retroexcavadora, martillo hidráulico) utilizada por la empresa Consur Ltda, y considerando que la referida pericia no fue objeto de impugnación, corresponde estar a las conclusiones del Dictamen Pericial emitido en la presente causa, (art. 184 C.G.P.) que atribuyó incidencia causal en los daños padecidos en los apartamentos del actor, a las tareas de demolición llevadas a cabo por Consur Ltda. (con el previo consentimiento del propietario y guardián del inmueble en cuestión) todo lo cual conduce a rechazar la apelación formulada por Consur Ltda., y a confirmar la sentencia impuesta a su respecto en todos sus términos.
15 - Cabe tener presente que, como señala Alsina, cuanto más técnica sea la cuestión de hecho sometida al juez, tanto mayor es la utilidad de la pericia, en cuyo caso, el juez no puede en consecuencia, apartarse del dictamen del perito sin expresar las razones que tiene para ello. (Alsina H. ‘Tratado teórico de Derecho Procesal’, t. 3, 2da. ed., Ediar, Bs. As., 1958, págs. 475 y 521 - Cfme. Tarigo, E. Lecciones de Derecho Procesal Civil, T II, Ed. 1994, pág. 116; Babieri, L. ‘Pericia y Responsabilidad Médica. Su valoración por el Juez. ADCU, t. XXVIII, págs. 691/692).
16 - En fin, entiende el Tribunal, que la condena impuesta a Consur Ltda se justifica en virtud de lo dispuesto por el art. 1319 del C. Civil, ya que el comportamiento ilícito culposo de dicha empresa resulta subsumible en el supuesto de hecho previsto por el referido artículo, resultando por ende aplicable la consecuencia normativa prevista en el mismo. .
17 - De conformidad con lo dispuesto por los arts. 56, 198 y 261 del Código General del Proceso, y art. 688 del Código Civil, no se impondrá condena especial en la instancia, en virtud de que los litigantes han actuado dentro de su línea argumental sin desarreglo.
Por estos fundamentos, el Tribunal FALLA:
1o - Revocando la sentencia impugnada exclusivamente en cuanto:
i) desestimó la demanda entablada contra Arentex International SRL y en su lugar se condena a la referida demandada a pagar (en forma indistinta junto con Consur Ltda. y el Arquitecto Luis Taboada) las cantidades objeto de condena en la sentencia de primera instancia en los términos allí dispuestos.
ii) y en cuanto, se desestimó el reclamo por privación de ganancia y en su lugar se condena a la empresa Arentex International SRL, (en forma indistinta con Consur Ltda. y el Arquitecto Luis Taboada) a indemnizar la pérdida de chance padecida por el actor, estimando la misma en la cantidad de $ 71.400 con reajustes e intereses desde la fecha del ilícito hasta su efectivo pago.
2o - Desestimando los restantes agravios formulados.
3o - Sin especial condenación en costas y costos. HF. 15 BPC.
4o - Notificada y ejecutoriada, devuélvase a la Sede ‘a quo’ con las formalidades de estilo.-
Dra. Claudia Kelland - Ministra Dr. Gustavo Iribarren - Ministro Dr. Fernando Tovagliare - Ministro Esc. Laura Pérez - Secretaria Letrada.
Fuente: Base de Jurisprudencia Nacional del Poder Judicial. Los nombres de las partes figuran anonimizados en el original.