Sentencia Definitiva N° 253/2025

Sentencia Nro. 253/2025 - IUE: 2-14319/2019 Montevideo, 07 de octubre de 2025 TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE 3er. TURNO. Ministros firmantes: Dra. Claudia Kelland, Dr. Fernando Tovagliare, Dr. Gustavo Iribarren. Ministro redactor: Dr. Gustavo Iribarren. Vistos: Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “CROCI LONGO, Claudia c/ RUILOPEZ, Gabriel - Juicio ejecutivo cambiario”, I.U.E 2-14319/2019, venidos a conocimiento de este Tribunal en mérito al recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia definitiva No 159/2024 dictada en autos por el Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 19no. Turno, Dr. Andrés Hernández. Resultando: 1. Por sentencia definitiva No 159/2024 del 18 de diciembre de 2024 (fs. 86-97) el tribunal a quo amparó la excepción de prescripción opuesta por la Defensora de Oficio designada en autos en representación de los sucesores de Gabriel RUILOPEZ, declarando la prescripción de la acción cambiaria promovida en autos. 2. Dicha sentencia fue impugnada por la parte actora, la que al interponer recursos de reposición y apelación (fs. 102-104) articuló, en síntesis, los siguientes agravios: a) No comparte la solución alcanzada en la sentencia recurrida por entender que en el caso la interrupción de la prescripción quedó bien verificada en virtud de lo establecido por el art. 68 del decreto ley 14.412. Si bien el juez a quo analiza el alcance de la norma citada -sobre la cual la doctrina especializada ha ofrecido diversas interpretaciones-, la apelante afirma que, contra lo sostenido en la recurrida, la presentación de la demanda es un medio eficaz para interrumpir la prescripción, de lo cual deriva que la acción de autos fue movilizada en plazo; conclusión particular que se encuentra respaldada por jurisprudencia que la recurrente cita. Y subraya la recurrente que la sentencia impugnada adopta una postura que soslaya, en favor del deudor, la tutela del crédito del acreedor. b) En función de tales argumentos la recurrente solicita se revoque por contrario imperio la recurrida (sic) y que, en su defecto, se eleven los autos al Tribunal de Apelaciones en lo Civil que por turno corresponda, a los efectos que este disponga la revocatoria impetrada. 3. Por decreto No 305/2025 del 19 de febrero de 2025 (fs. 105) el tribunal a quo rechazó el recurso de apelación por improcedente y confirió traslado del recurso de apelación por el plazo legal. 4. Con fecha 13 de marzo de 2025 compareció la Defensora de Oficio a evacuar el traslado conferido, exponiendo en el escrito respectivo (fs. 108-110) los argumentos por los cuales entiende que los agravios formulados por su contraria no son de recibo. 5. Por decreto No 596/2025 del 14 de marzo de 2025 (fs. 111) se franqueó el recurso de apelación, con efecto suspensivo. 6. Recibidos los autos en este Tribunal, integrado por el Dr. Gustavo Iribarren por licencia de una de sus miembros naturales (Dra. Loreley Opertti), con fecha 30 de abril de 2025 se dispuso el pasaje a estudio por su orden (fs. 115). Y cumplido el estudio sucesivo se acordó el dictado de la presente en legal forma. Considerando: I. Tras un examen de las presentes actuaciones el Tribunal revocará la sentencia recurrida y declarará de oficio la nulidad de las actuaciones procesales cumplidas en autos. Y ello por los fundamentos que se expondrán de inmediato. II. Se asiste en autos a un proceso ejecutivo iniciado con fecha 28 de marzo de 2019 por Claudia CROCI contra Gabriel RUILOPEZ, juicio en el que se presentó como título ejecutivo un cheque de pago diferido librado por RUIMI LTDA. por la suma de USD 37.000 con vencimiento el 28 de setiembre de 2018 y endosado por el accionado Gabriel RUILOPEZ; documento que presentado al cobro fue devuelto por falta de fondos (fs. 4- 5). Tras la presentación de la demanda y una vez cumplidas por la promotora las exigencias impuestas por el tribunal a quo (intimación y citación de reconocimiento de firma), por providencia No 2923/2019 (fs. 18) se dictó el decreto liminar de ejecución, trabándose el embargo específico solicitado y citando de excepciones por el plazo legal. Y con fecha 4 de febrero de 2020 se presentó en la Oficina del Juzgado quien dijo ser la hermana del ejecutado, comunicando el fallecimiento del mismo y presentando la partida de defunción respectiva, la que fue agregada a la contracarátula (dada cuenta a fs. 21 vto.). El trámite prosiguió su tracto corriente y recién al intimarse al demandado en los términos del art. 384 del C.G.P. la Alguacil llamada a cumplir dicha diligencia dio cuenta de lo que surge de fs. 21 vto., lo que motivó que con fecha 29 de mayo de 2025 la parte actora solicitara el emplazamiento por edictos de los sucesores a cualquier título de Gabriel RUILOPEZ (fs. 41-41 vto.). Y así fue dispuesto por decreto No 1477/2023 (fs. 42). Cumplido el término del emplazamiento sin comparecencias se designó como Defensora de Oficio a la Dra. Virginia Carnelli, quien tras aceptar el cargo compareció en autos a oponer la excepción de prescripción. Y transitadas las etapas propias del proceso monitorio la primera instancia concluyó con el dictado de sentencia definitiva que, tal como quedara relacionado supra, amparó la referida excepción, declarando la prescripción de la acción cambiaria ensayada en autos. III. Asentados tales antecedentes, la Sala, sin perjuicio de señalar que la noticia del fallecimiento del accionado ha observado carencias formales, entenderá que en autos se está ante un proceso nulo, siendo la causa de esa nulidad que el proceso se haya iniciado contra persona que falleciera antes de quedar trabada la litis, circunstancia ésta que, una vez advertida, permitía el relevamiento de oficio de la nulidad consecuente (numeral 9 del art. 24 del C.G.P.). Para fundar tal conclusión debe reiterarse aquí que, según emerge de autos, la demanda fue presentada con fecha 28 de marzo de 2019 (fs. 5 vto.), y que, tal como surge de la partida de defunción agregada en autos, el demandado falleció con fecha 2 de noviembre de 2018 (fs. 120). Consecuencia de lo anterior es que la demanda -dirigida contra persona fallecida- resultó por completo inhábil para trabar una relación jurídico procesal válida, la que exige, como condición necesaria, que el accionado se encuentre con vida. En ausencia de ese presupuesto corresponde declarar la nulidad del proceso, el que, eventualmente, deberá ser iniciado nuevamente contra quienes, como consecuencia del fallecimiento del deudor, se encuentren legitimados pasivamente para ello. Conviene aquí prevenir una eventual objeción que pretendiere invocar en el caso el instituto de sucesión de parte. No habiéndose trabado la litis en forma válida no corresponde acudir a la previsión del art. 35 del C.G.P. ya que la sucesión de parte allí contemplada tiene como presupuesto necesario que el fallecimiento del demandado se haya verificado con posterioridad a haberse trabado la relación procesal entre actor y demandado. Por tanto, desde que en el caso fue conocido que la demanda -y, en consecuencia, también el emplazamiento- presentaban fecha posterior al fallecimiento del demandado, el proceso iniciado debió tenerse por nulo, correspondiendo que el tribunal a quo relevara de oficio la nulidad de lo actuado -incluyendo el decreto liminar de ejecución dispuesto contra persona fallecida-, y ordenara, sin más, el levantamiento del embargo trabado en autos. Pero ello no se hizo; no pudiendo admitirse que el posterior emplazamiento por edictos de los sucesores tenga efectos de convalidación de un proceso ejecutivo que resultó inexistente por no haber quedado trabado contra persona viva (Cfm.: T.A.C. 6to. -Hounie, Klett, Martínez-, sentencia 349/2009). Corolario de lo anterior es que, verificada la nulidad de la actuaciones cumplidas en autos, no debió recaer pronunciamiento alguno respecto a excepciones cuyo análisis quedaba supeditado a la existencia de un proceso válido. IV. La Sala no aprecia mérito para establecer especiales condenas procesales en el grado. Por tales fundamentos y por lo dispuesto en las normas citadas, el Tribunal FALLA: Revócase la sentencia definitiva impugnada y, en su lugar, declárase de oficio la nulidad de todas las actuaciones procesales cumplidas en autos y, en consecuencia, el levantamiento del embargo trabado en autos, cometiéndose al tribunal a quo la comunicación respectiva. Sin especiales condenas procesales en el grado. Notifíquese a domicilio. Y oportunamente devuélvase al Juzgado de origen, a sus efectos. Dra. Claudia Kelland - Ministra Dr. Fernando Tovagliare - Ministro Dr. Gustavo Iribarren - Ministro Esc. Laura Pérez - Secretaria Letrada