Sentencia Definitiva N° 252/2025

Sentencia Nro. 252/2025 - IUE: 381-967/2018 Montevideo, 07 de octubre de 2025 TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE 3er. TURNO. Ministros firmantes: Dra. Claudia Kelland, Dr. Fernando Tovagliare, Dr. Gustavo Iribarren. Ministro redactor: Dr. Gustavo Iribarren. Vistos: Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “SAINZ ALBERTI, María Lucía c/ SIERRA, Martín Eduardo y otros - Acción reivindicatoria y daños y perjuicios”, I.U.E 381-967/2018, venidos a conocimiento de este Tribunal en mérito al recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia No 17/2024 dictada en autos por la Jueza Letrada de Primera Instancia de Mercedes de 2do. Turno, Dra. María Inés Ayala. Resultando: 1. Por sentencia definitiva No 17/2024 del 6 de diciembre de 2024 (fs. 209-216), a cuya correcta relación de actos procesales se hace remisión, se falló: “Ampárase la demanda de reivindicación. Se acoge el derecho de retención del demandado del inmueble hasta que no se paguen por la parte actora el valor de las mejoras U$S 26.250.” (sic), sin especiales condenas procesales. 2. Contra dicha sentencia la parte actora interpuso recurso de apelación (fs. 220- 223 vto.) y articulando agravios, expresó, en síntesis: a) La sentencia recurrida causa perjuicio en tanto admitió el derecho de retención de la parte demandada y en tanto desestimó la pretensión de daños y perjuicios formulada por la accionante. b) En relación al derecho de retención amparado, señala la apelante que la impugnada consideró a los demandados como poseedores sin más, soslayando su debida calificación como poseedores de mala fe y arribando a conclusiones que merecen objeciones jurídicasprobatorias. En sede de acción reivindicatoria el pago de las mejoras debe apreciarse según la regulación especial de los arts. 695, 698, 699, 700, 701 y 704 del C.C., la que fue ignorada por el tribunal a quo, el que aplicó en forma errónea la solución prevista por el art. 751 ejusdem. Sin perjuicio de lo anterior, señala la apelante que la recurrida tampoco se encuentra fundada en una valoración correcta de la prueba de autos, ya que la jueza a quo omitió considerar que la edad, el domicilio de la accionante y la ubicación del inmueble reivindicado le impidieron a ésta conocer la construcción clandestina que se realizara en su predio; saber que no puede darse por cierto por el conocimiento que sobre dichas edificaciones pudieran tener los vecinos del lugar. c) Asimismo, causa agravio el rechazo por falta de prueba de la indemnización por daños y perjuicios que movilizara la parte actora, conclusión que queda desmentida por la estimación de arriendos informada en autos por una inmobiliaria de la zona, prueba que permite establecer una base razonable para calcular los daños invocados en la demanda. d) En función de lo anterior solicita la apelante se revoque la sentencia de primera instancia, acogiendo la demanda y desestimando el derecho de retención (petitorio 2 a fs. 223 vto.). 3. Conferido el traslado de rigor (fs. 224), oportunamente compareció la parte demandada a evacuar el mismo, articulando en su escrito de fs. 227-232 los argumentos por los cuales entiende que los agravios formulados por su contraria no son de recibo. 4. Por decreto No 112/2025 del 6 de marzo de 2025 (fs. 233) el tribunal a quo franqueó la alzada con efecto suspensivo. 5. Recibidos los autos en este Tribunal, integrado por el Dr. Gustavo Iribarren por licencia de una de sus miembros naturales (Dra. Loreley Opertti), con fecha 23 de abril de 2025 se dispuso el pasaje a estudio por su orden. Y cumplido el estudio sucesivo se acordó el dictado de la presente sentencia en legal forma. Considerando: I. El objeto de la instancia. A modo preliminar corresponde establecer que el objeto de esta instancia se encuentra limitado por el contenido de los agravios articulados por la parte actora en su apelación (tantum devolutum quantum apellatum), quedando vedado al Tribunal ingresar en el examen de cuestiones que no merecieron objeciones en la vía recursiva (art. 257 del C.G.P.). Asentado lo anterior, la Sala, con el número de voluntades exigido legalmente (art. 61 de la ley 15.750), habrá de revocar en todo la sentencia definitiva de primera instancia. Y ello por los fundamentos que se expondrán de inmediato. II. El caso bajo examen. Tratan los presentes de una acción reivindicatoria promovida por María Lucía SAINZ contra Martín Eduardo SIERRA, Ruben Eduardo SIERRA y Gladys Berta CORIA, cuyo objeto es el bien inmueble padrón XX de la localidad catastral de Mercedes (Departamento de Soriano), pretensión a la que se acumuló la de daños y perjuicios. La parte demandada controvirtió la pretensión -tanto en cuanto refiere a la legitimación activa de la accionante así como a las cuestiones de fondo involucradas- e invocó derecho de retención hasta tanto la actora abone el valor de las mejoras realizadas en el inmueble por los codemandados. Tras ello, el tribunal a quo convocó, sin más, a audiencia preliminar, en la cual el objeto del proceso quedó fijado en estos términos: “Consiste en determinar si corresponde hacer lugar a la demanda de acción reivindicatoria del padrón XX de la localidad catastral de Mercedes y daños y perjuicios por la suma de $ 1.200.000 intereses y reajustes por concepto de daños y perjuicios o si por el contrario corresponde pagar por derechos de retención la suma de U$S 80.000 a los demandados en autos.” (sic: fs. 34). Y en tanto las partes no objetaron el tracto procesal observado ni la determinación del objeto del proceso, la Sala no ingresará en consideraciones sobre el particular, limitándose a señalar que, una vez cumplidas las restantes etapas del proceso ordinario, la primera instancia culminó con el dictado de sentencia definitiva que amparó la acción reivindicatoria (con la tácita condena a los demandados a restituir el inmueble en un plazo que no se determinó) y que concedió a la parte demandada derecho de retención hasta tanto no se le abonaran las mejores realizadas por ella, cuyo valor, que no quedó expresamente establecido en el Fallo, fue establecido en el Considerando III (último párrafo) en la suma de U$S 26.250. III. El análisis del Tribunal. III.1. La acción reivindicatoria y la prueba de la propiedad. El art. 676 del C. Civil establece: “El propietario tiene derecho para perseguir en juicio la propiedad de la cosa contra cualquiera que la posea y pretenda retenerla. La acción que le compete en este caso se llama reivindicación o acción de dominio (art. 1318).”. Bajo tales términos es que nuestra legislación civil define la acción real (actio in rem) que tiene el propietario no poseedor frente a quien tiene la posesión del bien, acción cuya finalidad es perseguir y obtener (ius persecuendi) la efectiva restitución de la cosa cuyo dominio le corresponde (rei vindicatio). Y en tanto la acción reivindicatoria solo se concede al propietario, va de suyo que el primer presupuesto sustancial y lógico para su progreso es que quien la ensaya acredite tener el dominio del bien a reivindicar. En el sentido propuesto, se ha señalado: “La acción reivindicatoria tiene por objeto la prueba de la propiedad del bien que se reivindica (art. 679 del C. Civil). Solo el propietario (o, en su caso, el titular del derecho real en la cosa) es el sujeto legitimado para perseguir en juicio la propiedad de la cosa contra cualquiera que la posea y pretenda retenerla (art. 676 del C. Civil). Recae enteramente sobre la parte actora la carga de la prueba de la propiedad invocada, y del cumplimiento acabado de tal carga depende que la sentencia de mérito le sea favorable o no. El demandado, por su parte, goza de la presunción a su favor que le concede el art. 649 numeral 1 del C. Civil, en tanto al poseedor se le presume dueño mientras no se pruebe lo contrario. De manera tal que, aun cuando el demandado no ejerza actividad probatoria alguna, la presunción que rige a su favor lo puede hacer triunfar en el juicio reivindicatorio si el actor no logra probar la titularidad del derecho real que invoca.” (T.A.C. 6to. –Hounie, Klett, Martínez-, sentencia 277/2007). Y más recientemente la S.C.J. ha sostenido: “La acción reivindicatoria tiene por objeto la prueba de la propiedad del bien que se reivindica (art. 679 C.C.). En términos generales, sólo el propietario es el sujeto legitimado para perseguir en juicio la propiedad de su cosa, contra cualquiera que la posea y pretenda retenerla (art. 676 C.C.). Recae enteramente sobre la parte actora la carga de la prueba de la propiedad invocada y del cumplimiento acabado de tal carga depende que la sentencia de mérito le sea favorable o no.” (S.C.J. -Martínez, Minvielle, Morales, Pérez Brignani, Sosa-, sentencia 86/2025). De lo anterior deriva que, en tanto la prueba sobre la propiedad está llamada a elucidar la legitimación de la accionante, tal extremo –que en el presente proceso quedara controvertido- admite, por su calidad de presupuesto procesal necesario para el progreso de la pretensión, ser relevado de oficio. Asentados tales conceptos, que exponen a las claras la trascendencia que el onus probandi adquiere en este tipo de proceso y, con ello, las particulares exigencias que debe observar el accionante para acreditar la circunstancia que es condición necesaria para el progreso de su pretensión reivindicatoria, corresponde ingresar en el examen del cúmulo probatorio de autos, el que indica que la prueba documental aportada para ello por los accionantes, consistió: a) En información registral referida al bien de autos (fs. 41-44) que da cuenta de una inscripción de fecha 25 de octubre de 2016, de la cual surge como adjudicataria la accionante María Lucía SAINZ en partición que tuvo como copartiente a María Elena GUTIERREZ. b) En un certificado notarial obrante a fs. 1 del acordonado IUE 384-67/2017, que informa que María Lucía SAINZ es propietaria del bien de autos, el que “hubo por escritura de Partición celebrada entre María Elena GUTIERREZ y María Lucía SAINZ el 19 de octubre de 2016, cesando el condominio de origen sucesorio que mantenían las nombradas, resultando adjudicataria ésta última y cuya primera copia expedida en función de Hijuela para María Lucía SAINZ fue inscripta en el Registro de Propiedad, Sección Inmobiliaria de Soriano, con el número 1897 el 25 de octubre de 2016.” Y nada más. Ningún título fue presentado y tampoco fue ofrecida otra documentación hábil para dar cuenta del tracto sucesivo del dominio. En ese escenario, la Sala estima que la documentación obrante en autos no es suficiente para acreditar la propiedad derivada invocada por la accionante. En primer lugar porque el dominio indiviso del bien que la accionante habría sostenido con su copartiente previamente a adquirir la propiedad por partición, requería ser acreditado por los títulos y procesos sucesorios correspondientes; documentos que, por lo demás, son requisitos para el debido control del tracto sucesivo que asegure la regularidad de la transmisión de la propiedad que no resulta originaria. Sobre tal rigor esta Sala, con anterior integración, ha indicado: “El reivindicante es obligado a presentar la prueba de su propiedad. Dicha prueba, por su parte, debe estar constituida, en el caso de postularse que la misma se tiene por adquisición derivada de un anterior dominus, por los medios idóneos que permitan controlar que se tiene tal derecho emergente del título y modo ....” (T.A.C. 3ro. –Alonso, Cardinal, Chalar- sentencia 65/2012). Y el incumplimiento de tal exigencia no puede ser suplido mediante información registral, la que resulta insuficiente para tal propósito en tanto la misma no contiene el detalle completo de los negocios jurídicos que permita efectuar el aludido control. Al respecto este mismo Tribunal ha señalado: “Las inscripciones registrales no tienen más consecuencias que preservar los derechos de los sucesivos adquirentes, pero de forma alguna pueden trasuntar el derecho de propiedad, el que ha de emerger del título y modo que luego se registra, siendo solo aquéllos los que prueban el dominio.” (Cfm.: T.A.C. 3ro. –Alonso, Cardinal, Opertti-, sentencia 238/2014). En el mismo sentido, y para caso análogo, el T.A.C. 5to. sostuvo: “La actora ... solo agrega un documento para acreditar la propiedad que invoca: la inscripción registral en donde consta que el 11 de junio de 1993 adquirió el bien de autos ... Tal como sistemáticamente ha referido doctrina y jurisprudencia, si la adquisición ha sido originaria, bastará con demostrar la existencia del hecho originador, pero sí –como en el caso- es derivada, será preciso no solo exhibir el título de propiedad por virtud del cual el adquirente haya adquirido el bien, sino justificar el derecho del causante que se lo transmitió, y el de la serie, más o menos larga, de transmisiones anteriores, ya que es norma fundamental que nadie puede transmitir más derechos de los que realmente tiene en la cosa (Cf.: sentencia 164/2012 del T.A.C. 2do.)” (T.A.C. 5to. –Fiorentino, Gradín, Simón-, sentencia 88/2016). Y en el mismo sentido, y también en un caso de propiedad derivada, la S.C.J. dijo: “... Así las cosas, la calidad de propietario alegada no se puede tener por debidamente justificada, porque al no agregarse los antecedentes dominiales, no permite al Oficio analizar la regularidad de la totalidad del tracto dominial que lo precede o por lo menos en lo que refiere a los últimos treinta años.... resulta claro que, para acreditar la propiedad y, por ende, la legitimación activa exigida al promotor de la acción reivindicatoria, es absolutamente insuficiente la aportación de un certificado notarial relativo a las resultancias de una escritura de partición (de la que surge la adjudicación del bien a la actora) ... Lo que debía hacer la accionante, para acreditar su legitimación activa, era exhibir el título por virtud del cual adquirió el bien y, además, justificar el derecho del causante que se lo transmitió, así como el de la serie de transmisiones anteriores, al menos por los últimos treinta años, extremos que están ausentes en el caso.” (S.C.J.: sentencia 86/2025.) Y tales conceptos no quedan desvirtuados por el debido control registral del tracto sucesivo impuesto por art. 57 de la ley 16.871, ya que, el caso bajo examen, el mismo está integrado por actos inscritos con anterioridad a la vigencia de la norma que ordenó dicho control por parte del Registro. Por ende, la propiedad invocada por María Lucía SAINZ exigía la presentación de los títulos y de la documentación sucesoria posterior a la adquisición originaria; aporte que, debiendo y pudiendo hacerse, no se hizo. Corolario de lo anterior es que la accionante no ha acreditado la propiedad del bien objeto de su acción, de lo cual deriva a su vez que la suerte de su pretensión quede formalmente sellada en su contra, correspondiendo desestimar la demanda por no haber quedado probada la condición necesaria para ejercer la acción reivindicatoria de autos. III.2. El alcance de la solución desestimatoria. Conviene y corresponde, por último, establecer el alcance de la solución a la que se arribará, señalando el Tribunal que la misma, en tanto no se pronuncia sobre el fondo del asunto, no impide a la accionante formular una eventual y nueva pretensión reivindicatoria. Para fundar tal opinión, la Sala hará propios los conceptos vertidos en caso análogo por la S.C.J., los que se transcribirán en razón del exhaustivo relevamiento doctrinario que dicho pronunciamiento ofrece: “... el rechazo de la demanda por la razón que viene de anotarse (falta de legitimación activa) no impide a la accionante formular una nueva pretensión reivindicatoria, similar a la pretendida en estos obrados. Ello pues, la sentencia a dictarse en esta causa, al desestimar la demanda por no haberse acreditado suficientemente la legitimación activa de la promotora, no se pronuncia sobre el fondo del asunto, ergo, ni niega ni afirma que el derecho invocado por la actora exista (Cfm.: Devis Echandía, Hernando, “Nociones generales de Derecho Procesal Civil”, Aguilar, Madrid, 1966, págs. 284/285). ... En los problemas derivados de la legitimación procesal, tales como aquellos en que se rechaza la demanda por no ser el actor el titular del derecho invocado, el concepto de cosa juzgada formal permite distinguir el alcance del fallo. Este decide, en todo caso, mediante cosa juzgada formal, el problema tal como ha sido propuesto en el juicio decidido. Pero no existe cosa juzgada sustancial en cuanto a que el verdadero titular pueda promover la misma cuestión en un nuevo proceso. (Couture, Eduardo J. “Fundamentos del Derecho Procesal Civil.” Tercera edición (póstuma). Roque Depalma Editor. Buenos Aires. 1958. pág. 420). En la misma línea se pronunciaba Vescovi: “la legitimación procesal es, entonces, la consideración especial en que tiene la ley, dentro de cada proceso, a las personas que se hallan en una determinada relación con el objeto del litigio, y en virtud de la cual exige, para que la pretensión de fondo pueda ser examinada, que sean dichas personas que figuren como partes dentro de tal proceso. La legitimación se resuelve, pues, en una situación determinada: particular posición del sujeto frente al objeto (...) es la posición que permite a un sujeto obtener una providencia eficaz sobre el asunto litigioso (...) si el juez entiende que el actor carece de legitimación (activa) o el demandado igualmente (pasiva) no entrará a juzgar el mérito y rechazará la demanda. No se habrá pronunciado, pues, sobre el fondo; la razón o sinrazón de la demanda quedarán sin fallar. Entonces no habrá, tampoco, cosa juzgada y la misma cuestión (pretensión) podrá deducirse nuevamente”. (Cfm.: Vescovi, E. “Derecho Procesal Civil.” T. II. Ed. Idea. Montevideo. 1974. Págs. 162-164). Al respecto, Devis Echandía con total claridad escribió: “La sentencia que desestima la demanda por falta de legitimación en la causa del demandado o del demandante o por falta de su prueba, no puede constituir cosa juzgada que impida al demandante incoar nuevo juicio contra quien sí es el legitimado para controvertir sus pretensiones; y esto porque el juez se limita a declarar que está inhibido para decidir sobre la existencia del derecho material pretendido, de manera que no niega ni afirma que ese derecho exista. Es imposible que se produzca cosa juzgada sobre un punto que no ha sido objeto de la decisión. Cuando el demandado sí es la persona legitimada para controvertir las pretensiones del demandante, pero no aparece su prueba en el juicio, el juez deberá dictar también sentencia inhibitoria; lo cual significa que no entrará a estudiar si el demandante tiene el derecho material y el demandado la obligación correlativa (esto último cuando se pide una condena en su contra). En tales condiciones es igualmente claro que no puede existir cosa juzgada que impida un nuevo proceso, con el mismo demandado, para que se haga el pronunciamiento de fondo que fue negado antes, en presencia de la debida prueba de su legitimación. La cosa juzgada no existe sino en las sentencias de fondo o mérito, que son las únicas que resuelven sobre la existencia o inexistencia del derecho o relación jurídico-material pretendida y de las obligaciones que quieren deducírsele al demandado’ (Devis Echandía, Hernando. “Nociones generales de Derecho Procesal Civil.” Aguilar. Madrid. 1966. Págs. 284-285). ... De acuerdo con la doctrina procesalista al analizar los requisitos de la cosa juzgada como excepción, se debe tratar, además, de un pronunciamiento sobre el fondo, pues si la sentencia solo se refiriese a un aspecto formal, sin entrar a juzgar sobre el mérito de la pretensión, no se produce el referido efecto. (Cfm.: “Código General del Proceso Comentado”, Obra Colectiva, Tomo 3, Abaco, pág. 390).” (S.C. J., sentencia 86/2025). III.3. Los agravios de la parte actora. La solución desestimatoria a la que se arriba impone que no corresponda ingresar el análisis de las cuestiones de fondo expuestas en la sentencia de primera instancia y a las que refieren los agravios de la parte actora, los que, en ausencia de un presupuesto necesario previo han quedado sin sustento, cuando menos en este proceso y sin perjuicio de lo señalado en el apartado precedente. IV. Condenas procesales. La conducta procesal de las partes no dará lugar a especiales condenas procesales en la instancia (art. 56 y art. 261 del C.G.P.). Por tales fundamentos y por lo establecido en las disposiciones citadas y en los arts. 197 y 198 del C.G.P., el Tribunal FALLA: Revócase la sentencia de primera instancia y en su lugar se dispone: desestímase la demanda, sin perjuicio de lo establecido en el Considerando III.2 de la presente. Sin especiales condenas procesales en la instancia. Honorarios fictos: 8 BPC. Notifíquese a domicilio. Y oportunamente devuélvase al Juzgado de origen. Dra. Claudia Kelland - Ministra Dr. Fernando Tovagliare - Ministro Dr. Gustavo Iribarren - Ministro Esc. Laura Pérez - Secretaria Letrada