Sentencia Interlocutoria N° 211/2025

Sentencia Nro. 211/2025 - IUE: 110-78/2024 Montevideo, 07 de octubre de 2025 TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE CUARTO TURNO. Ministra Redactora: Dra. Mónica Besio. Ministro Firmante: Dr. Álvaro França. Dr. Guzmán López Montemurro. AUTOS: “AA c/MINISTERIO DEL INTERIOR – LIQUIDACION y EJECUCION DE SENTENCIA DE CONDENA FIRME” IUE: 110-78/2024. I) El objeto de la instancia está determinado por el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la Sentencia Interlocutoria No 753/2025, dictada por el titular del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 2o Turno, Dr. Alejandro Martínez de las Heras, por la que resolvió: 1) Fijar la suma liquida objeto de condena según lo fallado en el principal IUE 2-49062/2023 caratulado “AA c/ Ministerio del Interior - Reparatorio patrimonial por responsabilidad administrativa por acto”, en el total establecido por la demandada al contestar la pretensión incidental, sin perjuicio de la aplicación de la actualización correspondiente hasta el efectivo pago y 2) Oficiar al M.E.F de acuerdo con lo preceptuado por el Art 400 del C.G.P por el monto de la liquidación establecida, debiéndose denunciar cuenta bancaria por el actor para el respectivo depósito una vez firme la presente sentencia. Sin especial condena procesal. II) La parte actora, a fs. 67 y sig., interpuso recurso de apelación, formulando agravios. Refirió lo actuado en los autos principales acordonados, IUE 2-49062/2023, y transcribió el fallo de la sentencia de segunda instancia dictada por la Sala en dichas actuaciones. Expresó que, en cumplimiento de la Sentencia No 262/2024 dictada por el Tribunal, se confeccionó por medio de Contador Público, la liquidación que luce en la demanda incidental, a la cual se acompañó informe explicativo conforme los parámetros de la sentencia dictada, la que arrojó la suma líquida de $ 7.384.361. Sostiene que de una interpretación textual de la sentencia de segunda instancia, al confirmar parcialmente la de primera instancia, es cosa juzgada la liquidación de diferencias jubilatorias mes a mes realizada por la parte actora con sus actualizaciones legales, respecto al período reclamado, con anterioridad a la adecuación de la jubilación período 2001 al 2014, teniendo en cuenta los pagos. En la liquidación presentada en la demanda liquidatoria de autos, se mantuvo la liquidación primigenia aprobada en la Sentencia Definitiva No 113/2023 de primera instancia, como lo estableció el tribunal de alzada, tomando en cuenta la adecuación y verificándose los pagos realizados a valores históricos y descontándoselos, lo que arroja la suma de $ 8.059.506 ajustada a octubre de 2024, así como tomando en cuenta los pagos y los descuentos legales de Tutela Social e IASS, detallados en el informe adjunto. La liquidación que presentara la demandada y que fuera la recogida en la recurrida, no se ajustó fielmente a lo dispuesto en la sentencia de segunda instancia, ya que no consideró, ni explicó como realizó el cálculo de las diferencias jubilatorias por el ajuste del Art. 13 Ley 13.793, ni presentó los índices de actualización, lo que difiere en un número sensiblemente mayor a las aprobadas en primera instancia. No se acreditó en autos ningún otro pago que el de $ 675.145, que fue a valores históricos. Le agravia que se haya vulnerado la cosa juzgada, así como la incorrecta valoración del material probatorio, de las diferentes liquidaciones presentadas, principalmente la de su parte, donde se dió fiel cumplimiento a la sentencia de segunda instancia, efectuando el descuento de la suma paga a valores históricos, y con un informe explicativo de la operativa. Considerando el período de diferencias reclamado, 2001-2014, no puede haberse amortizado el capital y el interés con la suma condenada, $ 533.055,79, aún considerando que el capital se amortizó en la suma de $ 675.145, de haberse actualizado en legal forma y con el interés respectivo, y las detracciones, la suma resultante supera la cantidad condenada. Señaló que, dicha suma difiere de la liquidación de la Contaduría del ministerio, que asciende a $ 2.604.013 (con descuentos legales). En consecuencia, solicita se revoque la impugnada aprobando la liquidación de la parte actora con las diferencias ajustadas a la liquidación primigenia de octubre de 2024, como lo estableció la sentencia de la Sala, por el período 2001 a 2014, efectuando el descuento de la suma abonada a valores históricos y tomando la adecuación del haber jubilatorio, no generando diferencias a futuro a partir de la reforma de la cédula jubilatoria, en un importe liquido a pagar al actor de $ 7.384.362. III) La parte demandada, a fs. 73 y sig., evacuó el traslado del recurso, abogando por no hacer lugar al recurso interpuesto por el actor. IV) Se franqueó la correspondiente alzada, se remitieron los autos a esta Sede, y recibidos los mismos, previo estudio legal, se acordó resolver la cuestión anticipadamente (Art. 200.1 del C.G.P), y se dispuso el dictado de la presente sentencia en legal forma (fs. 77 y sig.). V) En primer término corresponde señalar que de los autos principales caratulados “AA c/ Ministerio del Interior - Reparatorio patrimonial por responsabilidad administrativa por acto” IUE 2-49062/2023, surge que el actor de autos, Sr. AA, promovió demanda reparatoria patrimonial contra el Ministerio del Interior. En la misma expresó que se jubiló por incapacidad física, por acto directo de servicio, y accedió a una jubilación privilegiada, a partir del 1/4/2001, bajo el régimen especial del Art. 13 de la Ley 13.793 con un sistema de ajustes jubilatorios específico. La Administración recién advirtió con la petición que formuló, que no se estaban aplicando los incrementos respectivos, no se ajustaba su pasividad por el régimen especial, sino solo por el general. La Sentencia No 894/2022 del T.C.A acogió la demanda anulatoria oportunamente promovida por el Sr. AA concluyendo que los efectos temporales de la reforma impuesta por la Administración fue un proceder erróneo imputable a la misma y que el haber de retiro debió consignar los beneficios concedidos por los Art. 8 y 13 de la Ley 13.793. Sostuvo que corresponde se adecue el haber de retiro desde el primer aumento percibido luego de jubilarse, mayo de 2001, y se le abone por concepto de lucro cesante las diferencias jubilatorias generadas por el período impago desde abril de 2001 a diciembre de 2014, con reajustes e intereses legales, mes a mes, y liquidó el adeudo en la suma nominal de $ 7.340.066, sin perjuicio de la actualización hasta el efectivo cobro, a la que se hará los descuentos legales, IASS, Sanidad Policial y Tutela Social Policial, por lo que el monto líquido a cobrar es $ 6.890.748, sin perjuicio de los ilíquidos a determinar por el Art. 378 del C.G.P El Ministerio del Interior, en su contestación expresó que realizó los trámites respectivos para la reforma de la cedula jubilatoria del actor desde su cese en Abril de 2001 a Diciembre de 2014 y ajustó el haber de retiro de conformidad al Art. 13 de la Ley 13.793. Abonó al actor las diferencias jubilatorias reclamadas relativas a la adecuación de los ajustes de su haber de retiro, Art. 13 de la Ley 13.793, desde el cese 1/4/2001 al 9/12/2014. Y que de conformidad al Decreto-Ley 14.500, y fundamentos que invocó, no correspondía la actualización de las sumas abonadas en sede administrativa, por lo cual no existía obligación principal pendiente de pago. Controvirtió la liquidación presentada por el actor. La sentencia de primera instancia amparó la demanda y condenó al Ministerio del Interior a abonar al actor el monto líquido establecido en el Considerando IV por concepto de la adecuación de la asignación jubilatoria ya referida, desde el primer ajuste y al pago de diferencias jubilatorias por lucro cesante de acuerdo a lo solicitado en la demanda, sin perjuicio de la aplicación del reajuste e interés legal hasta el efectivo pago. La sentencia de segunda instancia dictada por esta Sala, confirmó parcialmente la de primera instancia y condenó al demandado a abonar al Sr. AA, las diferencias generadas en su haber de pasividad, calculadas de conformidad a lo dispuesto por el Art. 13 de la Ley 13.793, exigibles desde abril de 2001 a diciembre de 2014, con más sus reajustes legales del Decreto- Ley 14.500, calculados mes a mes desde que cada una de ellas se hiciera exigible y con más sus intereses legales, calculados desde el mismo momento y en la forma referida, hasta su pago efectivo, tomando en consideración la adecuación y los pagos ya efectuados por el Ministerio del Interior eventualmente reajustados conforme al citado Decreto-Ley, difiriéndose la liquidación a la vía incidental del Art. 378 del C.G.P. En las presentes actuaciones el actor promovió incidente de liquidación de sentencia, en cuya demanda incidental sostuvo que la suma adeudada por Ministerio del Interior, por la reparación integral del daño, de conformidad a lo dispuesto en la sentencia de segunda instancia, ya efectuadas las detracciones legales (IASS, y Tutela Social Policial 1%), al mes de octubre de 2024, asciende a la suma de $ 8.059.506, sin perjuicio de los ilíquidos que se generen hasta el efectivo pago. Expresó que, la liquidación que presentó se efectuó por Contador Público siguiendo las pautas de la sentencia de segunda instancia, acompañó planilla e informe respectivo. Ofreció prueba y fundó el derecho. Solicitó se condene a abonar la suma que liquidó en $ 8.059.506 - ajustada a octubre de 2024, efectuados los descuentos legales, sin perjuicio de la actualización hasta el efectivo pago -, por concepto del lucro cesante generado por diferencias jubilatorias en su haber de pasividad por la desaplicación del Art. 13 de la Ley 13.793, desde abril de 2001 a diciembre de 2014, tomando en consideración la adecuación de su haber jubilatorio y el pago realizado por diferencias desde diciembre de 2014 hasta la fecha de la efectiva adecuación de la cédula jubilatoria del promotor en el año 2022. VI) La sentencia recurrida liquidó la condena impuesta al Ministerio del Interior en la suma total establecida por el demandado al contestar la demanda incidental de liquidación, sin perjuicio de la aplicación de la actualización respectiva hasta el efectivo pago. En la misma se sostuvo en síntesis que dicha liquidación es la que se adecua a los límites de la cosa juzgada emergente del principal y en particular de la sentencia dictada por la Sala, considerando para ello el informe del Servicio de Liquidaciones de Actividad y Retiro de la DNASS Policial, obrante a fs. 19 y el cálculo de ajustes e intereses efectuado por la Contaduría de dicha Dirección, agregado a fs. 19 y sig. Expresó asimismo que no se contó con prueba pericial, la que no fue solicitada por ninguna de las partes, ni dispuesta de oficio por la sede judicial, y estimó que la liquidación de la demandada se ajusta a derecho, asistiendo razón a la misma en cuanto a que no resulta procedente la liquidación de una condena firme en base a una deflactación para el cálculo de la pasividad en el año 2001, en lo relativo a la incidencia de las diferencias ya abonadas al actor y el correcto cálculo efectuado por las dependencias ya citadas del Ministerio del Interior (según lo advertido por éste en los alegatos a fs. 53 y sig.). VII) La Sala habrá de revocar parcialmente la sentencia recurrida y fijará la suma líquida de la condena al demandado, Ministerio del Interior, en $ 2.604.013,2 a noviembre de 2024, con más su actualización, hasta la fecha del efectivo pago, en mérito a los fundamentos que se expresarán seguidamente. Tanto doctrina como jurisprudencia sostienen que, el poder de decisión del juez del proceso liquidatorio está delimitado por los términos de la sentencia de fondo, de los cuales no resulta posible apartarse en virtud de la cosa juzgada, ya que se trata de hacer efectivo en el caso concreto, un derecho declarado anteriormente. A este respecto el T.A.C 2o expresó, en conceptos trasladables y compartibles, que: “En primer término y con carácter general debe señalarse que el sistema procesal vigente establece que el objeto del proceso de liquidación que nos ocupa no es otro que el de determinar el monto de lo debido conforme a una sentencia previa de condena ya ejecutoriada con fuerza de verdad legal como se ha dicho en alguna oportunidad. Las bases a partir de las cuales deberían haber sido establecidas en ese proceso previo de conocimiento (o etapa principal) lo que lleva a que el juez de la ejecución no pueda apartarse de tales parámetros, ni desconocerlos aunque se advierta un error. Lo precedente no es más que la consecuencia del efecto preclusivo lo que ha llevado a Alsina a sostener que `Los poderes del juez de la ejecución están limitados por los términos de la sentencia, de los que no puede apartarse en virtud de la cosa juzgada’ (Derecho Procesal, Tomo 5, pág. 118). Así se ha sostenido por otra parte por la Suprema Corte de Justicia al afirmar que `Lo mismo sucede en la etapa de liquidación, en donde el decisor debe estar a las pautas que se le fijaron en la sentencia que debe concretar’ (Sentencias No 233/06, 3009/07, 4657/10, 290/13 y 522/14 en BJN.).” (T.A.C 2o Sent., No 137/2016, Conf. RUDP 1/2018, caso 205, pág. 139; de la Sala Sent. Int. No 200/2024 y No 234/2024, entre otras). Esta Sala asimismo ha expresado en reiteradas ocasiones que: “... el proceso de liquidación de sentencia constituye una continuación o complemento de la etapa de conocimiento que le precede (donde el crédito ya fue reconocido), en el cual se debe determinar únicamente el monto de lo debido en función de la insuficiencia de prueba a su respecto advertida en la etapa procesal anterior. Se trata específicamente de un supuesto de formación progresiva de la cosa juzgada. En este proceso incidental regulado precisamente en el artículo 378 del CGP, únicamente debe determinarse el monto (quantum debeatur) del crédito porque éste último ya existe y ha pasado en autoridad de cosa juzgada. El objeto del proceso de liquidación consiste en determinar el monto de lo debido conforme a una sentencia previa de condena ya ejecutoriada con fuerza de verdad legal, y en la cual debieron de haber sido establecidas las bases de la liquidación a realizar, lo que lleva a que el Juez no pueda apartarse de tales parámetros, ni desconocerlos. En la actual etapa no corresponde a las partes ni al Juez de la liquidación, introducir al debate cuestiones que debieron plantearse y resolverse en fase de an debeatur.” (de la Sala Sent. Def. No 125/2022 Sent. Int. No 129/2023). Oportunamente se fijó el objeto del proceso en: “Determinar la liquidación correspondiente a la sentencia de condena firme dictada en el principal IUE 2-49062/2023..., correspondiente al rubro daño patrimonial considerando los respectivos fallos emitidos en primera ....y segunda instancia... en lo pertinente, así como los escritos de los litigantes: parte actora (fs. 8-10) y parte demandada (fs. 43-45)” y el objeto de la prueba en: “Circunstancias de hecho controvertidas relativas al objeto del proceso determinado.” (fs. 56 y 57). VIII) Como primera precisión corresponde señalar que la Sentencia Definitiva No 262/2024 dictada por el Tribunal, condenó al demandado a abonar al actor las diferencias generadas en su haber de pasividad de conformidad al fallo respectivo (fallo a fs. 183 vlto.-184 del acordonado). En la misma en relación al ajuste de la jubilación del actor se expresó: “Surge de autos que la demanda se promovió con fecha 7/6/2023 (fs. 43) y que como lo señalara la demandada en su contestación (fs. 105 vlto., la que fuera presentada con fecha 25/7/2023), la misma procedió a ajustar el haber de retiro del actor desde su cese en abril de 2001 a diciembre de 2014, de conformidad a la norma ya citada, generándose (con fecha 2/6/2023) el pago de las diferencias por un pago especial para el presupuesto 6/2023, lo cual surge del testimonio del Exp. Electrónico No 2023-4-25-0000992 (obrante de fs. 50 a 104), en particular fs. 97 a 104, de lo cual se dio vista al actor con fecha 6/6/2023 (fs. 104). El actor en su demanda promovida con fecha 7/6/2023, nada dijo a ese respecto.” y se agregó: “La demandada si bien procedió a la reforma de la pasividad de conformidad a la sentencia dictada por el T.C.A, y abonó al actor las diferencias por el período objeto de reclamo en autos, lo hizo a valores históricos, sin reajustes, ni intereses, los cuales son también objeto de reclamo.” (nal. VIII, fs. 180 vlto. y 181 del principal acordonado). En suma, se señaló por la Sala que se había procedido a la reforma de la cédula jubilatoria y que se habían abonado las diferencias por el período objeto de reclamo, pero a valores históricos, sin reajustes, ni intereses (fs. 181 del principal). Como resulta de lo relacionado - lo que fuera expresado por el Tribunal en relación al fondo del asunto en la sentencia dictada en el principal -, la actora nada dijo oportunamente en cuanto a que, la demandada había procedido a ajustar su haber de retiro desde su cese en abril de 2001 a diciembre de 2014, y que lo había efectuado de conformidad a la norma respectiva (Art. 13 de la Ley 13.793) y en el nal. IX de la citada sentencia se dispuso: “IX) Sin perjuicio de entender la Sala que corresponde acoger la procedencia del reclamo del lucro cesante, en virtud de la adecuación y pagos efectuados por la demandada y que fueran ya citados y acreditados en autos, corresponde acoger la demanda de autos pero parcialmente solo respecto de la condena al pago del reajuste legal del Decreto-Ley 14.500 y de los intereses legales, y cuya liquidación se diferirá a la vía incidental del Art. 378 del C.G.P. Corresponde por tanto revocar parcialmente la recurrida, en cuanto condenó a la demandada al pago de la suma líquida de $ 6.890.748, habiendo acogido la liquidación que presentara el actor con su demanda, de la cual no resulta que se hubieran considerado los reajustes de pasividad y los pagos efectuados por la demandada... Ni la liquidación de la parte actora resulta ajustada, ni tampoco es de recibo lo invocado por la demandada en cuanto a la no procedencia del reclamo y pago del reajuste legal y de los intereses, en virtud de lo ya expresado...” (el subrayado no es del texto original). Resulta claramente de la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal, que no se dispuso en la misma que, se debiera estar a la liquidación primigenia presentada por la actora en su demanda principal como pretende la misma en el escrito de apelación presentado, en la presente pieza liquidatoria. En el citado libelo recursivo el actor sostuvo que, una interpretación textual de la referida sentencia, al haber confirmado parcialmente la sentencia de primera instancia, lleva a que la liquidación de diferencias jubilatorias mes a mes realizada por la parte actora con sus actualizaciones legales respecto al período reclamado, con anterioridad a la adecuación de la jubilación período 2001 al 2014, es cosa juzgada. Eso no fue lo que se dispuso por el Tribunal en los autos principales acordonados. El fallo de la citada sentencia confirmó parcialmente la sentencia definitiva de primera instancia y condenó al Ministerio del Interior a abonar al actor “... las diferencias generadas en su haber de pasividad, calculadas de conformidad a lo dispuesto por el Art. 13 de la Ley 13.793, exigibles desde abril de 2001 a diciembre de 2014, con más sus reajustes legales del Decreto- Ley 14.500, calculados mes a mes desde que cada una de ellas se hiciera exigible y con más sus intereses legales, calculados desde el mismo momento y en la forma referida, hasta su pago efectivo, tomando en consideración la adecuación y los pagos ya efectuados por el Ministerio del Interior eventualmente reajustados conforme al citado Decreto-Ley, difiriéndose la liquidación a la vía incidental del Art. 378 del C.G.P.”. No resulta de recibo lo referido por la parte actora apelante en relación a que la demandada no explicó cómo realizó el cálculo de las diferencias jubilatorias por el ajuste del Art. 13 Ley 13.793. En efecto, a dicho respecto corresponde señalar que el actor, como ya se refiriera, nada dijo oportunamente en los autos principales, - luego de que el demandado contestara la demanda y expresara que había procedido a realizar la reforma de la cédula jubilatoria del actor por el período 1/4/2001 al 9/10/2014 y a abonar las diferencias generadas-, en cuanto a que la adecuación de su jubilación no se hubiera cumplido conforme al Art. 13 Ley 13.793, más allá de que se hubiera abonado el monto a valores históricos, sin reajuste, ni intereses. En relación a ello, entiende la Sala que del escrito de apelación presentado por la actora no resulta agravio fundado respecto a que la demandada oportunamente no hubiera efectuado la adecuación de la pasividad en debida forma de conformidad a lo dispuesto por la citada norma. El actor reiteró e insistió en que había operado cosa juzgada, lo que como ya se expresara, no operó y se limitó a referir que el monto objeto de condena, $ 533.055,79, aún cuando se entendiera que el capital se amortizó en la suma de $ 675.145, aplicando a ésta última la actualización e intereses legales respectivos, y efectuando los descuentos legales, la suma final que corresponde supera la suma objeto de condena. A ello se agrega que como ya se expresara, la parte actora nada dijo oportunamente, en el principal, en cuanto a que la adecuación de la pasividad cumplida por la demandada no fuera acorde al Art. 13 Ley 13.793. IX) La demandada acompañó oportunamente con la contestación de la demanda liquidatoria, la liquidación de lo que el actor dejó de percibir oportunamente por el no reajuste de su pasividad de conformidad con el Art. 13 de la Ley 13.793 (liquidaciones a fs. 20 -del 1/4/2001 a 1/1/2008- y a fs. 21 -del 1/1/2009 a 1/1/2014), por el monto total de $ 675.145,46 (109.278,97 + 565.866,49; acompañó asimismo a fs. 22, el cálculo del Art. 13 de la Ley 13.793, relacionando los respectivos montos del haber de retiro desde 31/3/2001 al 1/1/2014, y el respectivo monto al cual debía de haber ascendido cada pasividad. La demandada abonó al actor las diferencias adeudadas con el presupuesto en junio de 2023 (documentos de fs. 19, 23 y 24 de autos y fs. 99 y 100 del principal acordonado), según la liquidación ya referida (de fs. 20 y 21, y la de fs. 97 y 98 del principal acordonado), por la suma de $675.145,46. Resulta de las liquidaciones relacionadas efectuadas por la demandada y de lo abonado al actor, que el monto referido no fue actualizado, se abonó a valor histórico y que tampoco se abonaron intereses. El Ministerio del Interior al contestar la demanda en el principal sostuvo que, no procedía el pago de reajustes e intereses porque la Administración había abonado en vía administrativa y no en cumplimiento de una sentencia judicial de condena, Dec.-Ley 14.500, pero la Sentencia Definitiva No 262/2024 dictada por el Tribunal, dispuso, como fuera ya relacionado en el numeral anterior, que las diferencias por adecuación, “...exigibles desde abril de 2001 a diciembre de 2014”, debían abonarse“... con más sus reajustes legales del Decreto- Ley 14.500, calculados mes a mes desde que cada una de ellas se hiciera exigible y con más sus intereses legales, calculados desde el mismo momento y en la forma referida, hasta su pago efectivo, tomando en consideración la adecuación y los pagos ya efectuados por el Ministerio del Interior eventualmente reajustados conforme al citado Decreto-Ley, difiriéndose la liquidación a la vía incidental del Art. 378 del C.G.P.”. Entiende el Tribunal que, la liquidación de la actora no resulta adecuada a los términos de la sentencia de segunda instancia, en tanto en la misma no se procedió a efectuar el cálculo del reajuste legal e intereses de la adecuación abonada, en la forma dispuesta por dicha sentencia. Asiste razón al sentenciante de primera instancia en cuanto a que, no resulta procedente la liquidación de la sentencia de condena en base a una deflactación para el cálculo de la pasividad al año 2001. En efecto, ello no fue lo resuelto por el Tribunal, el cual no dispuso “retrotraer” el monto jubilatorio de la jubilación del actor del mes 12/2014 por el Índice Medio de Salarios y de esa manera calcular los respectivos montos jubilatorios por el período 2001 a 2014, como se hizo en la liquidación de la actora, según se refiere en el informe extendido por la Cra. Pública Norah Tabó (obrante a fs. 6), que fuera presentado por la actora con la demanda liquidatoria, el cual no constituye un informe pericial, sino un informe técnico de parte. El peritaje constituye “... una actividad procesal, desarrollada en virtud de un encargo judicial. El dictamen pericial es el resultado de un conjunto de actos procesales, que comprenden el acto de proposición, la resolución judicial que admite la prueba y designa al perito, determinando los puntos sobre los que ha de pronunciarse.......la práctica de la prueba, y la comunicación del dictamen a las partes; ...... De lo anterior se infiere, que no participa de la naturaleza asignada a este instituto, el informe técnico emanado del perito de parte, que es -en su génesis-un dictamen extraprocesal, aún cuando pueda presentarse en el proceso acompañando un determinado acto procesal (demanda o contestación, por ejemplo). Porque, al margen de otras consideraciones, el informe del perito de parte no es un acto procesal, ya que –siguiendo el criterio de GUASP para definir la actividad procesal –no produce una influencia inmediata o directa en el proceso, sino a través de otro acto (demanda o contestación, por ejemplo), y no obedece a un encargo judicial (con la correlativa garantía de imparcialidad e idoneidad) que confiera al experto legitimación en esa causa. En cuanto al valor de esos dictámenes extraprocesales, se comparte el criterio sustentado por DEVIS ECHANDÍA, que les niega naturaleza pericial, señalando que esos informes ‘valen como testimonio, en cuanto a la relación de hechos verificados por los expertos en el desempeño del encargo privado’ siempre que sea ratificado ‘con las formalidades del testimonio judicial’; y en cuanto aportan ‘reglas de experiencia especializada’, valen como alegaciones técnicas de la parte, ‘que el tribunal podrá utilizar para ilustrar su criterio’. TARIGO, citando a MORTARA, considera que ‘el origen extrajudicial de esta pericia de parte determinará que el tribunal deba considerarla con una particular circunspección, pero sin que ello por sí solo sea suficiente para descartarla o negarle crédito” (Conf. Angel Landoni Sosa y equipo en Código General del Proceso...Vol. 2 A, pág. 537 y 538). Como lo señalara la Sala en anteriores pronunciamientos: “La prueba pericial, provista por el sujeto que por encargo judicial es llamado a exponer al juez no sólo sus observaciones materiales y sus impresiones personales acerca de los hechos observados, sino las inducciones que deben derivarse objetivamente de los hechos observados o tenidos como existentes, resulta fundamental para que el Oficio puede informarse de aspectos técnicos que exceden sus conocimientos (arts. 177 y ss. C.G.P.; Véscovi y colaboradores, C.G.P., T. 5, págs. 270 y ss., de la sede, Sent. 7/97, 181/00, 46/01, 38/02, etc.). Debiéndose diferenciar claramente la figura del perito y del asesor técnico de parte, fundamentalmente, en materia de valoración, porque la pericia ingresa como un medio de prueba y el pronunciamiento del asesor como un simple acto de alegación (arts. 180, 181, 184 y conc. C.G.P., Véscovi y colaboradores, op. cit., págs. 274-275, 329-332, 360-361, etc.)...” (Conf. de la Sala Sentencia Definitiva No 36/2013. Es sobre esa base del informe técnico de parte que, se aplicaron posteriormente los reajustes e intereses legales. Ello no fue lo que estableció el Tribunal. Como fuera ya referido en el numeral anterior, en el principal acordonado se dispuso: “IX) Sin perjuicio de entender la Sala que corresponde acoger la procedencia del reclamo del lucro cesante, en virtud de la adecuación y pagos efectuados por la demandada y que fueran ya citados y acreditados en autos, corresponde acoger la demanda de autos pero parcialmente solo respecto de la condena al pago del reajuste legal del Decreto-Ley 14.500 y de los intereses legales, y cuya liquidación se diferirá a la vía incidental del Art. 378 del C.G.P.”. Se dispuso que las diferencias por adecuación, exigibles desde abril de 2001 a diciembre de 2014, debían abonarse con más sus reajustes e intereses legales, considerando asimismo el pago ya efectuado por la demandada. Pero la liquidación presentada por el demandado, tampoco resulta totalmente de recibo, no es de recibo el monto que la parte demandada concluye que adeuda al actor, $ 533.055,79 (contestación a fs. 44 vlto.), ni en tanto en la misma si bien se efectuó el cálculo del reajuste adeudado de las diferencias por adecuación y asimismo se calculó el monto abonado, también reajustado, y se arribó a una diferencia de $ 1.185.106,97, se omitió añadir el monto de los respectivos intereses, lo que hace un total con los intereses a noviembre de 2024 de $ 2.746.102,90, a los cuales corresponde restar la suma de $ 142.089,67 por los descuentos por concepto de Tutela Social Policial, Sanidad e IASS (todo lo cual resulta del documento de fs. 32 agregado por el M. del Interior con la contestación de la demanda liquidatoria), lo que en suma arroja un saldo a abonar al actor de $ 2.604.013,2, a noviembre de 2024, con más su actualización, hasta la fecha del efectivo pago. X) La conducta de las partes en la instancia ha sido correcta por lo cual no se impondrá especial condena en costas y costos. Por los fundamentos expuestos, disposiciones enunciadas y aplicables, el Tribunal RESUELVE: Revócase parcialmente la Sentencia Interlocutoria recurrida No 753/2025 y en su mérito liquídase el monto objeto de condena en la suma de $2.604.013,2 a noviembre de 2024, con más su actualización, hasta la fecha del efectivo pago. Sin especial condena en costas y costos en la instancia. Notifíquese personalmente. Oportunamente, devuélvanse. Fijanse los H.F.P en 8 B.P.C. Dra. Mónica Besio. Dr. Álvaro França. Dr. Guzmán López Montemurro. Esc. Adriana León. MINISTRA MINISTRO MINISTRO SECRETARIA