Sentencia Definitiva N° 224/2025

. SENTENCIA DEFINITIVA TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE 4º TURNO MINISTRO REDACTOR: DR. ADOLFO FERNÁNDEZ DE LA VEGA MÉNDEZ. MINISTROS FIRMANTES: DRA. SYLVIA DE CAMILLI HERMIDA, DRA. MÓNICA IVANOVICH OUJO Y DR. ADOLFO FERNÁNDEZ DE LA VEGA MÉNDEZ. VISTOS EN EL ACUERDO: Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “AA C/ MASTERSON S.R.L. DESPIDO ABUSIVO” IUE 2-117939/2024, venidos en apelación del Juzgado Letrado de Trabajo de la Capital de 8º Turno a cargo de la Dra. Roberta Licciardi Lacava. RESULTANDO: 1) La Sala acepta el relato de antecedentes procesales que se consignan en la sentencia apelada, procediendo al dictado de la presente. 2) Por sentencia definitiva de primera instancia Nº 34/2025 de fecha 17 de junio de 2025 (fs. 154-172), se desestima la demanda. Costas a cargo de la demandada, sin especial condenación en costos. 3) El representante de la parte actora, interpone recurso de apelación (fs. 177-187 vto.) contra la referida sentencia, agraviándose, en síntesis, por cuanto: Desestimó la demanda en todos sus términos, basándose en forma exclusiva en una supuesta nota de renuncia, agregada por la parte demandada al contestar la demanda. Por lo cual, el fallo de primera instancia no valora en forma armoniosa e integral todos los hechos alegados y probados en autos, ya que no cita ninguna declaración de los testigos, no evalúa los mensajes intercambiados entre empresa y trabajador días antes del cese de la relación laboral, no analiza los injustos e ilegales cambios de condiciones laborales resuelto por la contraparte, no tiene en cuenta lo comunicado por la demandada al B.P.S., no considera el incumplimiento de la intimación de autos por parte de la empresa. En definitiva, no valora la prueba producida en autos en su totalidad, que demuestra que el trabajador fue despedido por decisión unilateral de la demandada como una sanción encubierta en virtud de la negativa del Sr. AA a trabajar la navidad del 2023 y el año nuevo del 2024. En conclusión, se omite valorar la mayoría de los hechos probados, no considera ninguno de los documentos aportados ni las declaraciones vertidas en autos, arriba a una conclusión errada basándose pura y exclusivamente en un documento cuya validez fue debidamente cuestionada, sin tener en cuenta los más básicos principios procesales o laborales en la materia. El recurrente sostiene que, en caso de que hubiere redactado y firmado esa nota de renuncia, lo que no recuerda, pero como tiene su misma letra no puede descartar que lo haya hecho, por lo tanto habrá sido bajo la misma amenaza de presión que el documento de transacción que le obligaron a firmar sin asistencia letrada y no refleja su voluntad. 4) Por decreto Nº 1297/2025 de 21 de julio de 2025 (fs. 189), se dispuso el traslado a la parte contraria del recurso de apelación interpuesto por el término legal, resultando evacuado a fs. 191-193 vto. abogando por la confirmatoria de la recurrida y la condena en costas y costos del proceso al actor por su actuar malicioso y de mala fe. 5) Por providencia Nº 1508/2025 de 13 de agosto de 2025, se tuvo por evacuado el traslado conferido y habiéndose interpuesto en tiempo y forma recurso de apelación contra la sentencia definitiva, se dispuso franquear el mismo con efecto suspensivo para ante el Tribunal de Apelaciones del Trabajo que por turno corresponda (fs. 197). 6) Recibidos los autos en el Tribunal el 26 de agosto de 2025, se señaló fecha de acuerdo y se dispuso el pase a estudio de conformidad con lo establecido en el art. 17 de la Ley 18.572 en la redacción dada por el art. 6 de la Ley 18.847 (fs. 201-202). Dejándose constancia que el Colegiado estuvo desintegrado desde el 26 de agosto al 3 de setiembre de 2025 inclusive y del 10 al 13 de setiembre de 2025 inclusive, por licencias de sus miembros. CONSIDERANDO: I) La Sala por la unanimidad de sus voluntades naturales irá a confirmar la sentencia apelada por los fundamentos que seguidamente se expondrán. II) Que la parte actora se agravia por cuanto la recurrida desestima la demanda en todos sus términos, basándose exclusivamente en una nota de renuncia, omitiendo, según el apelante, realizar un análisis racional y en su conjunto, del resto de la prueba producida conforme a las reglas de la sana crítica, evitando tratar la tacha de falsedad deducida, sin tener en cuenta que el trabajador no había siquiera iniciado los trámites jubilatorios, por lo que, quería seguir trabajando. Agrega que, el actor fue citado a una reunión en la que le comunicaron que no podía seguir trabajando, esgrimiendo su supuesto límite de edad, cuando la realidad era otra, luego de la cual, la empresa informa que el cese por término de contrato, por lo que, entiende que no se necesita más para dar probado el despido. Fue deducida tacha de falsedad ideológica contra la nota de renuncia, el actor no recuerda haberla redactado y firmado, pero como la letra es similar a la suya, no puede descartar haberlo hecho, y en ese caso, haberla redactado bajo la misma presión con la que firmó el documento de transacción. También se equivoca la recurrida al minimizar la grosera actitud de aplicarle una sanción encubierta de cambiarle durante tres días, el lugar de trabajo, como represalia por haberse negado a trabajar en dos feriados y tan solo un mes después convoca a la famosa reunión en la que lo despide. Si el actor había sobrepasado el límite de edad hacía más de un año, no se explica por qué entonces, se vuelve relevante en ese momento, máxime cuando antes le había pedido que trabajar los dos feriados. La invalidez del acuerdo transaccional resulta porque no contiene recíprocas concesiones y el trabajador careció de asesoramiento profesional. A juicio de la Sala, en el caso, no fue probado que el actor no hubiere redactado de su puño y letra la carta renuncia que luce agregada a fs. 62, ni mucho menos que, la firma no le perteneciera, ya que no fue ello desconocido por el actor, quien se limita a invocar meras dudas, pero tampoco deduce querella de falsedad material. Por otra parte, para cuestionar la validez de la renuncia no alcazaba con, meramente, invocar su falsedad ideológica, sino que, era carga del actor probar supuestos vicios del consentimiento y las presiones que señala en su agravios. La renuncia es un acto de voluntad del trabajador que, por poner fin al vínculo laboral, debe ser libre y no condicionada, representando la decisión de desvinculación tomada en forma autónoma y sin vicios del consentimiento. Plá Rodríguez enseña que la posibilidad de renunciar “es una consecuencia del carácter personalísimo del contrato de trabajo, que lleva a requerir indispensablemente la conformidad del trabajador y, por tanto a determinar el cese de la relación de trabajo si falta la voluntad del trabajador” (cfr. “Curso de Derecho del Trabajo”, T. II, Vol. I, Pág. 245), también que “dada la excepcionalidad de esta medida, ella no puede presumirse y, por el contrario, debe ser examinada con especial cuidado” (Ob. cit., pág. 246), aclarando que ello “… no parece suficiente para autorizar una presunción de fraude y mucho menos la extensión automática de la nulidad establecida en cuanto a la renuncia de los derechos” (cfr. “Los principios del Derecho del Trabajo”, Cuarta Edición, pág. 161). En nuestro Derecho no existen requisitos de solemnidad con respecto a la misma, pero señala el autor citado precedentemente que en ella “hay una manifestación expresa de voluntad”, que diferencia del abandono, donde “hay un comportamiento que no siempre es inequívoco” (Ob. Cit. Pág. 246). Respecto a la carta de renuncia, el actor nada había dicho en su demanda, pretendiéndose justificar en sus agravios que no dijo nada porque no recordaba, pero no es creíble que alguien no recuerde una renuncia que redactara de su propio puño y letra, sabiendo que con la misma da término, nada menos que, a una relación laboral. Porque no estamos en el caso, ante documentos que meramente se firman al pasar, sin leerlos detenidamente, que ya vienen confeccionados, sino de uno, que como ya señalamos, el propio interesado tiene que tomarse el trabajo de redactarlo sabiendo la temática del mismo, por lo que, difícilmente pueda olvidarse. Por otra parte, a nuestro juicio, no existe un solo elemento probatorio que permita determinar que el consentimiento del actor se encontrara viciado, en particular no se probó que el trabajador haya sido, en realidad, coaccionado o presionado para que renunciara a la empresa. Ni puede verse que, porque se le citara para comunicarle que por haber pasado el límite legal establecido para poder trabajar como guardia seguridad, cargo para que el que había sido contrato y que desempeñó, no iba a poder continuar trabajando en la empresa, ello implicara presión alguna para que renunciara. Al respecto, cabe precisar que, para nada como se pretende sostener en los agravios estamos ante un “supuesto” límite legal de edad”, sino que dicho límite realmente existe y está establecido con meridiana claridad, actualmente en el art. 11 de la Ley 19.721, lo que impediría la renovación de la habilitación del Ministerio del Interior para ejercer el cargo de guarda de seguridad privado. En efecto, la referida norma legal establece: “Los trabajadores de la seguridad privada tendrán la calidad de dependientes de la empresa contratante, la cual deberá gestionar la habilitación respectiva ante la dirección correspondiente del Ministerio de Interior cuyo objeto sea la seguridad privada y le serán aplicables las normas laborales y de seguridad social de nuestro ordenamiento jurídico. La edad límite para el desempeño de funciones será de setenta años.” Por lo que, frente a una situación de impedimento para continuar ejerciendo el cargo, que daría lugar a la culminación o agotamiento de la relación laboral por falta de un requisito legal para ejercerlo sin responsabilidad de la empresa, el trabajador opta por renunciar libremente, por lo cual, nada pierde con su renuncia. No hay probada ninguna presión o coerción para que lo hiciera, ni puede verse ello en lo que invoca la demandada. Por lo tanto, la relación laboral culminó por renuncia expresa del actor al trabajo, la que, a nuestro juicio y a diferencia de lo expuesto por el recurrente, es válida y eficaz, en tanto no se demostró ningún vicio del consentimiento. Asimismo, a diferencia de la transacción, una carta renuncia, no requiere la asistencia letrada, tratándose de una expresión de voluntad unilateral del trabajador. El que la empresa le dé la baja al trabajador ante el B.P.S. posteriormente por la causal Nº 4 término de contrato, no cambia las conclusiones, pues en lugar de perjudicarlo lo beneficia, permitiéndole acceder al seguro de desempleo. Tampoco cambia las conclusiones el hecho de que un mes antes, por 3 días, se le hubiere cambiado de lugar de trabajo, por negarse a trabajar en alguno de los feriados de las fiestas tradicionales, porque más allá de que el art. 1 del Decreto Nº 201/979 en su art 1 establece que debe interpretarse el artículo 18 de la ley 12.590 de 12/XII/958 en el sentido de que en aquellas actividades que, por las características del proceso productivo o por la naturaleza de las tareas que cumplen, no admitan interrupción, es facultad del empleador disponer qué trabajadores subordinados cumplirán labor en los días 1º de enero, 1º de mayo, 18 de julio, 25 de agosto y 25 de diciembre de cada año, debiendo abonar al trabajador en estos días, doble salario de acuerdo a lo dispuesto por el mencionado artículo; de todos modos en el caso, lo determinante para el cese, es que el actor no podía seguir ocupando el cargo de guardia de seguridad al no renovar más su habilitación del Ministerio del Interior, como consecuencia de haber pasado el límite de 70 años establecido en el art. 11 de la Ley 19.721. Finalmente, el mero hecho de que el actor contara con más de 71 años, por lo que, se hubiere por la empresa tolerado que continuara, para nada implica haber generado un “derecho adquirido” a seguir ejerciendo el cargo en contra de una disposición legal vigente, que le impediría conseguir renovación de la habilitación. Así las cosas, como señala la Dra. Ivanovich en su fundado estudio, la circunstancia de que no exista un despido directo del trabajador, descarta la procedencia de la pretendida indemnización por despido e incluso del despido abusivo. En tanto la inexistencia de acoso laboral y de la falta de verificación y ausencia absoluta de prueba de un daño determinado, también descartan el daño moral. Todo lo que determina el rechazo de los agravios y que se confirme la recurrida en cuanto desestima la condena a las indemnizaciones pretendidas. III) No se establecerá especial imposición de costas y costos en el grado. Por tales fundamentos, disposiciones legales citadas y en los arts. 17, 18, 28, 29 y concordantes de la Ley N° 18.572 del 13.9.2009, art. 7 de la Ley N° 18.847 del 15.11.2011, el Tribunal, FALLA: CONFÍRMASE LA SENTENCIA APELADA. SIN ESPECIAL IMPOSICIÓN DE COSTOS Y COSTAS EN EL GRADO. HONORARIOS FICTOS: CINCO BASES DE PRESTACIONES Y CONTRIBUCIONES. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE Y DEVUÉLVASE. DRA. SYLVIA DE CAMILLI HERMIDA MINISTRA PRESIDENTE DRA. MÓNICA IVANOVICH OUJO MINISTRA DR. ADOLFO FERNÁNDEZ DE LA VEGA MÉNDEZ MINISTRO ESC. VERÓNICA LAMELA SANTURIO SECRETARIA LETRADA