Sentencia Interlocutoria N° 628/2025

Sentencia Nro. 628/2025 - IUE: 37-28/2025 Montevideo, 08 de octubre de 2025 Ministra Redactora: Dra. Cecilia Schroeder Rius Ministras Firmantes: Dra. Analía García Obregón Dra. Cecilia Schroeder Rius VISTOS: Para sentencia interlocutoria de segunda instancia, estos autos caratulados: “AA C/ BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY – DAÑOS Y PERJUICIOS – RECURSO DE APELACIÓN SIN EFECTO SUSPENSIVO” IUE: 37-28/2025, venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia interlocutoria No. 673/2025 dictada por la Sra. Jueza Letrada de Primera Instancia en lo Civil de 17o Turno, Dra. María Alexandra Facal. RESULTANDO: I. Por el referido pronunciamiento del 24 de marzo de 2025 (fojas 157 - 159), en lo que interesa a la instancia se falló: “No ha lugar al emplazamiento del tercero.” II. Contra dicha decisión se alzó el demandado, interponiendo recurso de apelación en escrito obrante a fojas 163 a 166, agraviándose en lo medular por considerar que la citación de terceros resulta necesaria, siendo que el propio fallo de primera instancia reconoció que la participación del tercero debía ser contemplada a efectos de determinar la responsabilidad. Señala que la decisora de primer grado no expuso razones ni argumentos que sustentaran la negativa; considera fundamental la participación del tercero en el proceso para el esclarecimiento de los hechos. Afirma que la jueza a quo interpretó de manera equivocada los principios legales relativos al principio dispositivo, al concluir que no corresponde la condena directa al tercero porque el actor no formuló pretensión contra éste, siendo el actor el único con facultad para determinar contra quién dirigir la demanda; por el contrario, entiende que la normativa procura evitar que el actor disponga discrecionalmente la participación de eventuales responsables. Agregó que se incurrió en una errónea valoración de su solicitud, pues no se pretendió que se declarara la responsabilidad del tercero para que le alcanzara la sentencia, sino que su eventual responsabilidad se determinaría en función de la prueba producida. Asimismo, se agravia por la aplicación del artículo 218 del CGP, sin que se precisara cuál de sus disposiciones resultaba aplicable ni se expusieran fundamentos jurídicos que justificaran su aplicación. En síntesis, sostiene que la denegatoria de intervención necesaria del tercero le impide adquirir el conocimiento judicial del pleito. Solicita que se revoque la impugnada, ordenando la intervención necesaria por citación de la señora BB. III. Sustanciada la impugnación deducida, a fojas 170 - 171 comparece la accionante,evacuando el recurso de apelación en traslado, aboga por la confirmatoria, expresando que la pretensión del BROU de citar a terceros carece de fundamento, en tanto las personas que presuntamente realizaron las maniobras fraudulentas no son empleados del Banco ni guardan relación alguna con la actora, afirmando que cualquier accionar de terceros no exime al Banco de su obligación de seguridad frente a su cliente, siendo éste responsable de la custodia de las cuentas, de la evaluación de riesgos y de la verificación de identidad en la concesión de préstamos. Esgrime que lo solicitado por el demandado constituye un intento de desviar la atención de su propia responsabilidad. Sostiene que incurrió en una grave falla de seguridad al otorgar cuatro préstamos sucesivos en un lapso inferior a quince minutos, sin activar protocolo alguno de verificación, entendiendo que disponía de los medios para evitar la maniobra y que, por su negligencia y omisión, facilitó el perjuicio sufrido por la clienta. En síntesis entiende que en virtud del vínculo contractual que liga a las partes, la responsabilidad resulta objetiva por los daños derivados del incumplimiento de su deber de seguridad, siendo este deber de custodia un elemento esencial del contrato bancario que fue vulnerado de manera flagrante en el caso. En definitiva, señala la improcedencia de la citación impetrada, señalando que no corresponde trasladar la carga del incumplimiento del Banco a terceros que, aun cuando pudieran tener responsabilidad en sede penal, no integran la relación jurídica sustancial en examen. IV. Franqueada la alzada (fojas 173), el expediente fue recibido en esta Sala (fojas 176 vuelto), requiriéndose a las partes por decreto N.o 335/2025 la reposición de tributos omitidos (fojas 177), lo que fue cumplido (fojas 183). Pasaron los autos a estudio el 31 de julio de 2025, culminado el cual, en sesión del 18 de setiembre de 2025, por los votos legalmente requeridos se acordó sentencia designándose redactora. CONSIDERANDO: I. El Tribunal, por decisión anticipada adoptada al amparo de lo establecido por el artículo 200.1 del Código General del Proceso, confirmará la recurrida, por los fundamentos que se exponen a continuación. II. En el sublitem tramita la pretensión de la accionante originada en el presunto incumplimiento contractual del Banco, ya que fueron tramitados por parte de terceros, diversos préstamos bancarios a través de e-brou, lo que le produjo un serio perjuicio a la accionante por el que ahora reclama. El demandado Banco República del Uruguay, solicitó llamar como tercero a la Sra. BB en el entendido de que debió ser demandada en su lugar; considera que la demanda debió ser dirigida contra aquellos que realizaron la maniobra, lo que permitió acceder a la plataforma e-brou de la accionante y solicitar los préstamos bancarios, por los que ahora reclama y agrega, aunque escuetamente en el numeral 82 de su escrito de fs. 141 vto., sin detrimento de ello, pide su citación en garantía, aunque en el petitorio ninguna pretensión deduce contra ella. III. La sentencia de primera instancia desestima la pretensión de citación en garantía, señalando que: “En el caso de autos, no hay oposición, pero no corresponde la condena directa al tercero como fue solicitado, porque el actor no formuló pretensión contra el tercero y este este el único que tiene la facultad para determinar contra quién dirige la pretensión.” IV. La Sala comparte la decisión de la decisora de primer grado, por lo que no son de recibo los agravios deducidos por el demandado, BROU. En cuanto a la intervención necesaria por citación, se ha señalado: “La posibilidad de que un tercero frente al proceso sea llamado al mismo por una parte radica en la alegada existencia de algún vínculo sustantivo entre ellos; en una clara aplicación de la idea de que los institutos procesales siempre se encuentran conectados con institutos del derecho sustantivo, en virtud de la finalidad instrumental que aquéllos tiene en relación con éstos (art. 14, CGP).” (Véscovi et alter, “Código General del Proceso. Comentado, anotado y concordado”, Tomo 2, página 168). En términos trasladables al caso, la Sala ha expresado: “Como se sabe, el instituto de la citación coactiva de terceros es complejo. En lo sustancial es dable remarcar que el art. 51 del CGP prevé tres hipótesis de citación en garantía: la propiamente dicha, los casos de comunidad de la controversia y aquellos en que el tercero pueda ser alcanzado por los efectos de la sentencia. La citación en garantía propiamente dicha constituye una pretensión autónoma que requiere petición específica (que como viene de decirse aquí no se formuló debidamente) y debe respaldarse en un vínculo sustantivo entre el demandado y el citado. En los otros dos casos previstos por la norma aludida se pretende que los terceros contesten la demanda del actor, se verifica una hipótesis de ampliación de la parte demandada, quien pasa a integrar el contradictorio con aquellos que desde el principio pudieron haber sido litisconsortes o únicos demandados...” (Sentencia de la Sala No. i121/2012). El accionado hace referencia al conocimiento por parte de la actora, de cómo sucedieron los hechos que dieron lugar a su reclamo, esto es, respecto al procesamiento de diversas personas vinculadas con la maniobra fraudulenta de la que fue víctima la accionante. Señala que los hechos antes mencionados, no fueron originados por la acción u omisión del Banco, sino por el accionar delictivo de terceros, por lo que en definitiva considera deben ser emplazados. La accionante funda su pretensión en la responsabilidad contractual que la vincula con el Banco, relación contractual que no fue controvertida por las partes. En casos de similares aristas trasladables mutatis mutandis al sublitem, el Tribunal se ha pronunciado desestimando la citación en garantía: “En suma, la Sala entiende que no se cumple ninguno de los requisitos para habilitar la citación de terceros bajo las modalidades señaladas. No existe una relación sustancial y menos de garantía, que pudiera habilitar la convocatoria bajo la típica hipótesis de citación en garantía. En último término, lo que buscan los citantes es desplazar la responsabilidad hacia los citados, objeto por completo extraño a la citación en garantía propiamente dicha (Conf. Sentencias de la Sala nos. 59/2008 y 0004-000003/2013) Tampoco una controversia es común porque así lo afirme el demandado si no invoca vínculo de comunidad establecido en la ley (por ejemplo: condominio); ni puede afectar a terceros solo porque así lo postule la parte demandada, ya que el encuadre de la citación ha de quedar comprendido en las expresiones del artículo 218 del CGP. Al no configurarse ninguna de las tres hipótesis del art. 51 del CGP ni deducirse por el actor pretensión contra los terceros, no procede la citación...”. (sentencia interlocutoria No 15/2017, TAC5, Ministros: Dra. M.E. Gradin, Dr. L.M. Simón [r]) “La Sala ha sostenido en su anterior integración en un caso de aristas similares que puede cómodamente trasladarse al ocurrente que: “Carece entonces de toda utilidad convocar a la tercera, complejizando subjetiva y objetivamente una litis que no requiere de su concurso ni tiene por qué alcanzarla en su cosa juzgada, afectándola en su libertad, cuando ninguna pretensión se ha enderezado contra ella y la temática sustantiva involucrada no la comprende necesariamente, pues no podría ser condenada en beneficio de la parte actora, quien no lo solicitó así, ni en forma regresiva en beneficio de la citante, quien no invocó régimen jurídico que así lo posibilitara; ni existe norma alguna que le imponga auxiliar a la citante en su defensa porque la controversia no les es común ni existe disposición jurídica que le haga extensible el alcance de la cosa juzgada.” (sentencia interlocutoria No 16/2017, TAC5, Ministros: M.E. Gradin, B. Fiorentino -r-) V. La condena procesal al perdidoso en segunda instancia es preceptiva, conforme a lo dispuesto por el art. 57 inciso 2° del CGP, no existiendo mérito, a criterio del Tribunal, para la imposición especial de condena en costos. Por todo lo expuesto y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 197, 198, 200, 256 y 257 del Código General del Proceso y demás normas concordantes y complementarias, el Tribunal, RESUELVE: I) Confírmase la sentencia impugnada, con costas a cargo del apelante en la segunda instancia, sin especial condenación procesal en costos. II) Establécese en la suma de $ 30.000 los honorarios por el patrocinio letrado de cada parte gravada en la segunda instancia, a los solos efectos fiscales. III) Notifíquese personalmente a las partes y devuélvase con copia para la Sra. Jueza Actuante. Dra. Analía García Obregón Dra. Cecilia Schroeder Rius Ministras Esc. Mónica Falótico Secretaria Subrogante