Sentencia Definitiva N° 227/2025

Sentencia Nro. 227/2025 - IUE: 672-100/2023 Montevideo, 08 de octubre de 2025 Ministra Redactora: Dra. Analía García Obregón Ministras Firmantes: Dra. Gabriela Rodríguez Marichal Dra. Cecilia Schroeder Rius Dra. Analía García Obregón VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia, estos autos caratulados: “PREVE DOMÍNGUEZ, CAMILO C/ DIXIO SA – ENTREGA DE LA COSA” IUE: 672-100/2023, venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia definitiva No. 52/2024 dictada por la Sra. Jueza Letrada de Maldonado de 6o Turno, Dra. Gabriela Tuberosa Etchart. RESULTANDO: I. Por el referido pronunciamiento de fecha 20 de diciembre de 2024 (fojas 89 - 95), en lo que interesa a la instancia, se FALLÓ: “1) DESESTÍMASE EL EXCEPCIONAMIENTO Y DEFENSAS OPUESTAS EN TODOS SUS TÉRMINOS Y EN SU MÉRITO, CONTINÚESE CON LA VÍA DE APREMIO DE CONFORMIDAD CON LO OPORTUNAMENTE DISPUESTO POR PROVIDENCIA No. 3246/2023 SIN MÁS TRÁMITE; CON COSTAS Y COSTOS DE PRECEPTO DE CARGO DE LA EJECUTADA.” II. Contra dicha decisión se alzó la accionada, interponiendo recurso de apelación en escrito obrante de fojas 111 a 112, agraviándose, en lo medular, por el rechazo de las excepciones opuestas, en particular la referida a la posesión alegada y al reintegro de mejoras con el consecuente derecho de retención. Sostiene que la sentenciante no valoró adecuadamente las pruebas documentales y testimoniales que, considera, demuestran la posesión ejercida con ánimo de dueña por más de veinte años; siendo los testigos contestes en cuanto al tiempo y calidad de la posesión, identificando a la Sra. Muñiz como propietaria de la finca. En cuanto a las mejoras y el derecho de retención, manifiesta que las fotos con fecha cierta glosadas y las declaraciones testimoniales acreditaron las refacciones y su valor, siendo abonables de acuerdo a los artículos 698 y 699 del Código Civil, por lo que solicita se revoque la recurrida, haciendo lugar a lo solicitado por su parte en primera instancia. III. Sustanciada la impugnación deducida, de fojas 116 a 120 comparece el accionante, evacuando el traslado conferido y aboga por su rechazo. Sostiene que la sentencia recurrida fue dictada conforme a derecho; la valoración de la prueba fue correcta, por lo que los cuestionamientos formulados por la contraparte resultan infundados. Asimismo, señala que los pretendidos agravios deducidos por la demandada no cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 253 del CGP, en tanto no contienen una crítica razonada de la sentencia impugnada, limitándose a manifestar discrepancias con lo resueltoa reiterar lo expresado en su anterior comparecencia. En síntesis, afirma que la jueza a quo valoró correctamente la prueba, detallando la prueba documental y testimonial aportada por las partes, y puntualiza que los documentos aportados por la contraria son de fecha posterior a la traba del embargo, por lo que no se cumple a su respecto con el requisito legal edictado en el artículo 396 del CGP. Respecto de los gastos por mejoras reclamados, sostiene que la ejecutada no presentó comprobante alguno que acredite los mismos; las fotografías agregadas no resultan suficientes para probar los montos pretendidos, no habiéndose logrado acreditar los hechos invocados. Reitera que, en el marco de este proceso y conforme a la normativa aplicable, las defensas se encuentran limitadas, no pudiendo oponerse más excepciones que las previstas en el artículo 396 del CGP. Finalmente, señala que las estrategias dilatorias ensayadas por los demandados tienen por único fin retrasar la entrega de los bienes a su legítimo propietario, lo que a su juicio revela mala fe y deslealtad procesal, por lo que solicita la condena en costas y costos, en atenciónque se apeló a sabiendas de la sinrazón de la acción. IV. Franqueada la alzada (fojas 122), el expediente fue recibido en esta Sala (fojas 128 vuelto), pasando los autos a estudio el 12 de junio de 2025, culminado el cual, en sesión delde octubre de 2024, se acordó sentencia por unanimidad, designándose redactora. CONSIDERANDO: I. El Tribunal, por decisión anticipada adoptada al amparo de lo establecido por el artículo 200.1 del Código General del Proceso, confirmará la recurrida, por los fundamentos que se exponen a continuación. II. El Sr. Camilo Preve Domínguez compareció en autos caratulados: “REPÚBLICA AFISA C/ DIXIO SA – LIQUIDACIÓN JUDICIAL” IUE 290-28/1995, en su calidad de propietario, adquirente en remate y posterior escrituración judicial de traslación del dominio autorizada en Maldonado, el 23 de febrero de 2021, respecto al inmueble padrón N.o XX, manzana 10, solar 17, en la localidad catastral de La Floresta, promoviendo juicio de Entrega de la Cosa, atentoque el bien se encuentra ocupado, disponiéndose la formación de la presente pieza. Se dispuso la entrega peticionada y se citó de excepciones a la demandada, compareciendo la Sra. Bárbara Muñiz y el Sr. Christian Hernández, oponiendo como defensa la prescripción adquisitiva, solicitando el reintegro de mejoras y ejerciendo derecho de retención. III. La sentencia definitiva rechazó las excepciones opuestas por los demandados, disponiéndose la continuación de la vía de apremio conforme lo dispuesto por Decreto 3246/2023. La a quo fundó su decisión en la falta de acreditación por parte de los demandados de los requisitos para la declaración de la prescripción adquisitiva del inmueble, así como de las mejoras alegadas.Señaló la orfandad probatoria y la ausencia de fecha cierta en la documentación presentada, en particular teniendo presente el embargo trabado en el año 2006. Se destacó que la prueba testimonial indicaba una permanencia de la demandada en el inmueble por un período máximo de siete u ocho años, lo cual resulta insuficiente para la prescripción adquisitiva y se consignó que la documentación más antigua de servicios del inmueble está a nombre de una tercera persona y es posterior al embargo, y que no se presentaron otros documentos que acreditaran el ejercicio de actos de dominio por parte de los demandados. IV. Como se adelantó, la Sala desestimará el recurso bajo análisis, por considerar, en primer lugar, que no se cumple con la carga de fundar los agravios que impone el arts. 253 inc. 1 y 253.1 inc. 3 del CGP. La mera expresión de discrepancias con lo resuelto, sin prueba que acredite los requisitos requeridos por el art. 396 inc. 2°, ni referencia alguna al fundamento de la atacada, no constituye expresión de agravios. En efecto, la expresión de agravios debe hacer un análisis razonado de la decisión y aportar la demostración que es errónea, injusta o contraria a derecho; se requiere un análisis crítico; con expresión concreta de las razones que fundan el agravio, no una mera reiteración de lo manifestado en su escrito de oposición de excepciones. Puntualiza Alsina: “por expresión de agravios se entiende el escrito en el cual el apelante examina los fundamentos de la sentencia y concreta los errores que, a su juicio, ella contiene, de los cuales derivan los agravios de que reclama...” (Tratado, T. IV, págs. 389 -391). El agraviante nada dice respecto a la proponibilidad de las excepciones que opusiera oportunamente, en relación a lo requerido por el art. 396 inc. 2° del CGP, ensayado un agravio que no configura una crítica razonada a la recurrida, lo que determina la suerte de su apelación. V. En segundo lugar, conforme RUDP 2-3/94 ps. 171 y ss.; y Tarigo, E.: Lecciones de Derecho Procesal Civil, t. III p. 93, “en todos los casos el adjudicatario del bien ejecutado debe reclamar la entrega y desocupación mediante el proceso de entrega de la cosa (art. 396 CGP) y será siempre competente el tribunal de la ejecución (art. 394 CGP) (ob. cit. p. 469)." El CGP, en las dos disposiciones citadas, establece la vía procesal del juicio de entrega de la cosa para obtener la entrega y desocupación del bien adquirido en remate, y atribuye la competencia para entender en este proceso, al tribunal de la ejecución, consagrando -como el propio nomen juris lo advierte- una competencia por conexión. Según el jurista de la cita, la finalidad de las normas procesales en análisis es privilegiar al adquirente en remate judicial mediante un solo tipo de proceso monitorio y una competencia específica. "Se trata de normas procesales que derogan las de arrendamiento vigentes (también procesales) limitadas al caso del adquirente en remate en una ejecución judicial" (ob. cit. p. 469; cf. fallos de las Salas de 1o, 2o y 4o, RUDP 4/00, c. 1081, 1087, 1088; sent. de la SCJ 109/96). El juicio de entrega de la cosa puede, entonces, dirigirse contra cualquier ocupante. Si el ocupante es el ejecutado no se admitirá que oponga excepción alguna. Si el ocupante es un tercero, éste podrá hacer valer los plazos legales en materia de arrendamiento y los derechos que provengan de actos jurídicos en las condiciones que prevé la ley. Conforme a su regulación legal, los presupuestos del instituto de entrega de la cosa consisten en: la existencia de una obligación de dar cosas que no sean dinero; que la misma se deba en virtud de la ley, testamento, contrato, acto administrativo o bien declaración de voluntad en los casos en que ésta es jurídicamente obligatoria; y la justificación de la obligación de entregar y, en su caso, el cumplimiento por parte del actor de la obligación correspectiva (art. 364.1 del Código General del Proceso). Por otra parte, de la sistemática legal se desprende que debe coexistir otro requisito, a saber, que el demandado esté en posesión de la cosa que debe "entregar", lo cual se infiere de la naturaleza personal de esta acción y de lo estatuido por el art. 364.2 atento a que, luego de la intimación, el obligado queda en calidad de depositario del bien, desde la fecha de la práctica de la diligencia y hasta la efectiva entrega de la cosa (Teitelbaum; Curso de Derecho Procesal, FCU 1988, t. V p. 85; LJU c. 12105; RUDP 1990/2 c. 519, 1997/3 c. 616,617). En el presente se dan los presupuestos en tanto no son hechos controvertidos ninguno de los extremos requeridos por la norma del art. 364 para la procedencia del accionamiento, en tanto el actor es el adjudicatario, quien agregó testimonio de la escritura autorizada por la Sede, a fs. 1/4, de la cual deriva la obligación de entregar por parte del ejecutado, así como de cualquier otro ocupante que no logre acreditar derechos que provengan de actos jurídicos en las condiciones que prevé la ley (debidamente registrados) como es el caso de los excepcionantes. Esta Sala comparte la decisión de la sentenciante de primera instancia. Conforme al artículo 396 inciso 2° del Código General del Proceso, en el proceso de entrega de la cosa no se podrán oponer más excepciones que las que surjan de derechos que provengan de actos jurídicos debidamente registrados o que se puedan probar documentalmente, si dicha documentación tuviera fecha cierta anterior al embargo, que en el caso fue trabado por auto No. 4873/2006 de fecha 7/12/2006, y re inscripto con fecha 29/6/2018, según surge de fs. 503/505 del acordonado. Como ha sido acertadamente valorado por la Magistrada de primera instancia, los excepcionantes no han logrado acreditar ser titulares de derechos que provengan de actos jurídicos debidamente registrados ni que puedan probar documentalmente; ni aún su calidad de poseedores con ánimo de dueños por el tiempo exigido por la ley, ni las mejoras invocadas. La prueba documental no tiene fecha cierta anterior al embargo; siendo los recibos de servicios presentados claramente posteriores. A lo que se suma que la permanencia de la parte demandada en el bien, conforme las declaraciones testimoniales vertidas a la causa es muy inferior al plazo legal requerido para la prescripción adquisitiva; y las alegaciones formuladas respecto a la realización de mejoras carecen de respaldo probatorio idóneo, limitándose a testimonios que refieren a trabajos de mantenimiento sin documentación que acredite la supuesta inversión realizada. Resulta insoslayable el principio de inoponibilidad de los actos posteriores al embargo, consagrado en la normativa procesal aplicable a la causa por expresa previsión legal del artículo 396 del Código General del Proceso. VI. Por tratarse de un proceso monitorio, por remisión a las normas del juicio ejecutivo (dado que el art. 396 se remite al art. 364, al que, a su vez, se le aplica el art. 363, que se remite a los arts. 354 a 360 del CGP), las costas y costos devienen preceptivas para el vencido (en este sentido ver Sentencias de la Sala Nos. 31/2008 y 118/2008). Por lo expuesto y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 137, 139.1, 140, 141, 197, 198, 200, 256 y 257 del Código General del Proceso y demás normas concordantes y complementarias, el Tribunal, FALLA: I) Confírmase la sentencia impugnada, con condena en costas y costos a la parte apelante. II) Establécese en la suma de $ 30.000 los honorarios por el patrocinio letrado de cada parte gravada en la segunda instancia, a los solos efectos fiscales. III) Notifíquese personalmente a las partes y devuélvase con copia para la Sra. Jueza Actuante. Dra. Gabriela Rodríguez Marichal - Dra. Cecilia Schroeder Rius-Dra. Analía García Obregón Ministras Esc. Mónica Falótico Secretaria Subrogante