Sentencia Definitiva N° 225/2025

. SENTENCIA DEFINITIVA TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE 4º TURNO MINISTRA REDACTORA: DRA. MÓNICA IVANOVICH OUJO. MINISTROS FIRMANTES: DRA. SYLVIA DE CAMILLI HERMIDA, DRA. MÓNICA IVANOVICH OUJO Y DR. ADOLFO FERNÁNDEZ DE LA VEGA MÉNDEZ. VISTOS EN EL ACUERDO: Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “GÓMEZ CORREA, ROSA C/ IRAZABAL ESTRADE, MARÍA - PROCESO LABORAL ORDINARIO (LEY 18.572)” IUE 2-115094/2024, venidos en apelación del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Paso de los Toros de 1er. Turno a cargo de la Dra. Naama Cóccaro Calcerrada. RESULTANDO: 1) La Sala acepta el relato de antecedentes procesales que se consignan en la sentencia apelada, procediendo al dictado de la presente. 2) Por sentencia definitiva de primera instancia Nº 1/2025 de fecha 22 de mayo de 2025 (fs. 62-72 vto.), se ampara parcialmente la demanda y en su mérito, se condena a María Margarita Irazabal Estrade a pagar a Rosa Gómez Correa la suma de $ 88.681 (pesos uruguayos) por concepto de liquidación por egreso (licencia, salario vacacional, presentismo y aguinaldo), IPD, daños y perjuicios preceptivos, multa, reajustes e intereses, sin perjuicio de la reliquidación de estos dos últimos a la fecha del efectivo pago, desestimándose la demanda en lo demás. 3) La representante de la parte actora, interpone recurso de apelación (fs. 77-79) contra la referida sentencia, agraviándose, en síntesis, por cuanto: No hizo lugar a la diferencia salarial existente entre lo efectivamente abonado y el valor del jornal establecido en la ley de las empleadas domésticas. Conjuntamente, tampoco tuvo en cuenta la a-quo los días realmente laborados, ya que la actora estaba registrada en BPS por un día de trabajo en la semana pero en la realidad trabajaba entre 2 y 3 veces semanales, así como tampoco el horario realizado. Por ende requiere que se condene a la demandada al pago de las diferencias salariales, sumando la reliquidación a todos los rubros liquidados, reclamados y adeudados. 4) Por decreto Nº 77/2025 de fecha 10 de junio de 2025 (fs. 91), se dispuso el traslado a la contraparte del recurso deducido por el plazo de diez días hábiles, resultando evacuado a fs. 96-97. 5) Por providencia Nº 94/2025 de fecha 30 de junio de 2025, se tuvo por evacuado el traslado conferido y se dispuso franquear el recurso de apelación deducido en autos con efecto suspensivo para ante el Tribunal de Apelaciones del Trabajo que por turno corresponda (fs. 98). 6) Recibidos los autos en el Tribunal el 30 de julio de 2025, los mismos fueron devueltos por mandato verbal Nº 240/2025 de esa fecha (fs. 105-107). 7) Levantadas las observaciones y recibidos las actuaciones nuevamente el 9 de setiembre de 2025, se señaló fecha de acuerdo y se dispuso el pase a estudio de conformidad con lo establecido en el art. 17 de la Ley 18.572 en la redacción dada por el art. 6 de la Ley 18.847 (fs. 111-112), dejándose constancia que la Sala se encontró desintegrada desde el 10 al 13 de septiembre de 2025 inclusive, por licencia de dos de sus miembros. CONSIDERANDO: I) La Sala por la unanimidad de sus voluntades naturales irá a confirmar la sentencia apelada, salvo en cuanto desestima el rubro diferencias salariales y respecto de la liquidación de los rubros acogidos, en lo que se revoca y en su lugar, se condena a la demandada conforme a lo liquidado en la presente, más actualización e intereses desde su exigibilidad hasta su efectivo pago, por los fundamentos que seguidamente se expondrán. II) La parte actora se considera agraviada en relación a los días trabajados, ya que estaba inscripta en el B.P.S. por un jornal por semana, como surge de la historia laboral, cuando trabajaba 2 y 3 veces por semana, no dando cumplimiento a las normas de seguridad social, ya que se debe aportar por los días realmente trabajados. Además, el horario de trabajo, era entre 6 horas y media y 7 horas y media y el salario abonado era de $ 600 por jornal, sin tomar en cuenta la hora establecida por la ley de las empleadas domésticas, el que actualmente asciende a $ 150,27 por hora trabajada. Expone que la sentencia tuvo una errónea interpretación de la declaración de esa parte, en tanto los testigos la vieron trabajar después del mediodía y más de una vez a la semana, de mañana y por la tarde y limpiando la vereda, sacando pasto, o sea, que no era sólo limpiando una parte de la casa, como se expresó al contestar la demanda. Así, no se condenó a la demandada por la diferencia salarial sobre lo que percibía por jornal, por errónea interpretación de lectura de las fs. 47 y 48 de la audiencia, si se reconoció que cuando la demandada se trasladó a vivir a otra ciudad, concurría una vez por semana, durante más de diez meses continuó trabajando sin salario hasta su despido el 31 de julio de 2024, por tener el único aporte a la seguridad social, sumando a que la Sede entendió que el jornal era abonado por hora, cuando era por día, por debajo de lo que se establece la Ley 18.065. En definitiva, solicita que se condena a la demandada a abonar la diferencia salarial, según la normativa aplicable correspondiente a $ 150,27 la hora, por 6 horas y media a 7 horas y media el jornal, que trabajaba más de una vez a la semana, sumando 8,3 jornales mensuales, realizando más de 100 jornales anuales, sumando la reliquidación a todos los rubros ya condenados en autos. Al respecto, cabe recordar que, admitida la relación laboral, recae sobre la empleadora la carga de acreditar los días y horarios laborales de la actora, mediante la agregación de la documentación que acredite la situación laboral de su dependiente, por aplicación del principio de disponibilidad de los medios probatorios, y si lo no hace, debe estarse a lo señalado en la demanda. Como estableciera el T.A.T. 1° Turno en Sentencia N° 44/2000 de 7 de abril de 2000: "Desde De Ferrari la doctrina y jurisprudencia juslaboralista son contestes en que el Juez está habilitado, atendiendo las circunstancias del caso, para gravar con el onus probandi a la parte que se halla en mejores condiciones de suministro probatorio con abstracción de la estricta calificación de los hechos como constitutivos, impeditivos o extintivos de la pretensión.- Desde otra perspectiva se postula la superación del esquema clásico que impone a las partes, con toda estrictez, soportar la carga de la demostración de los presupuestos fácticos controvertidos en que apoyan su pretensión u oposición, para dar cabida a un concepto flexible y funcional que enfatiza la satisfacción del deber de colaboración que corresponde a cada contrincante, según su posición en el conflicto.- No se debe ver en la asignación por el Juez, de incumbencias en el aporte de la información de los hechos relevantes de la causa y de los medios probatorios disponibles, un desconocimiento del principio de igualdad de las partes.- Por el contrario al hacer gravitar sobre la parte que está en mejores condiciones de aportar y probar los hechos fundamentales de la litis, el onus de la afirmación categórica y de la prueba, el Juez no solo actúa la ley, en interpretación lógico sistemática y teleológica de las normas del CGP que regulan la etapa de proposición y consagran firmemente el principio rector del proceso, sino que por añadidura, si introduce una aparente desigualdad lo hace precisamente para lograr la igualdad" (Cf. De Paula, Fiorentino y Kerouglián, “Anuario de Jurisprudencia Laboral", Año 2000, c. 1058). Si bien no es necesario que el empleador implemente un sistema de marcas de entrada y salida para probar los días y horarios de trabajo, no se puede desconocer que cobra especial relevancia sobre el punto, el hecho de que la demandada no presente los recibos de salarios a los que estaba obligada a extender. Por lo tanto, no existe documentación alguna que acredite los días de trabajo y el horario de la jornada que se sustentan en la contestación (un día a la semana, 3 horas). Al respecto, en la Sentencia N° 176/2022, la Dra. Rosina Rossi integrando este Tribunal sostuvo: “…un análisis en perspectiva del ordenamiento jurídico laboral sustantivo da cuenta de la existencia de numerosas disposiciones, que para casos puntuales regulan la distribución de las cargas probatorias, o bien a través de presunciones, o bien a través de la asignación directa. La consideración en conjunto, permite inferir ciertas pautas constantes que el legislador ha tenido en cuenta y una solución de principio. Las pautas: la priorización de la incidencia de la posición de las partes en la relación sustantiva respecto de la procesal y en consecuencia, de la pretensión y la defensa; el poder que cada una hubiera podido ejercer sobre el hecho a probar (su determinación, su ejecución, etc.). La solución de principio: la carga surgirá de considerar el señorío de la parte respecto del hecho a probar. Vale decir: estará gravada con la carga de la prueba no necesariamente la parte que pretende, sino la que en la relación sustantiva ostentó mayor poder respecto del hecho a probar. A su entender, el hallazgo de la regla distributiva en los términos y en la fuente que se viene de indicar y resultando priorizadas por la especialidad de la materia y por definición, la característica de tributar al principio protector siendo más favorable que las del derecho común, quedan desplazadas las reglas del Código General del Proceso. Por otro lado, continúa diciendo, las obligaciones que gravan a las partes de la relación de trabajo, se proyectan en el proceso en dos sentidos: uno, determinan la carga de la prueba en sentido objetivo y otro, determinan el medio probatorio conducente. En cuanto al primero, si el empleador tuvo obligaciones encaminadas a la formalidad de la relación de trabajo, que por otra parte garantizan derechos humanos laborales a la persona que trabaja, como el derecho a la seguridad social por ejemplo, y que esas obligaciones se debieron ejecutar en el marco de su posición de poder a la hora del proceso, puede demostrar que las cumplió y cómo las cumplió. Las obligaciones de la relación sustantiva determinan la carga de la prueba en sentido objetivo, no se trata de la parte que “debía” probar en el proceso sino que por cuanto la prueba es una facultad de las dos partes en el proceso, pero una de ellas es quien debe soportar los efectos adversos de la omisión o insuficiencia. En el caso, el demandado, antes empleador, gravado por un conjunto de obligaciones impuestas en la relación sustantiva, es quien tiene que soportar los efectos adversos de la insuficiencia de prueba del tiempo de trabajo de la trabajadora. En cuanto al segundo: si las obligaciones de la relación sustantiva, consistían en registrar a la trabajadora en la seguridad social, en la planilla de trabajo y expedirle recibos, todo ello conllevaba la confección de documentos, entonces, la prueba conducente es la documental y no corresponde que se la sustituya con la testimonial. El empleador tuvo todo el poder necesario en la relación de trabajo para confeccionar estos documentos, que ni más ni menos ilustraban la tutela de los derechos de la trabajadora, si no los confeccionó asumió el riesgo de no poder demostrar los hechos en la relación de trabajo a través de medios idóneos. Para el empleador que gozó de todo el poder de gestión y dirección del trabajo, de regla, no le es admisible la sustitución de un medio apropiado por otro.” Si bien en autos, asiste razón a la recurrente en que la demandada no acreditó los días y horarios de trabajo mediante un medio idóneo, tampoco es posible estar estrictamente a lo que la actora señaló en su demandada, lo que ni siquiera replica en su escrito recursivo. En efecto, en estas actuaciones se ha verificado la confesión de la parte actora, al admitir la veracidad de un hecho personal desfavorable a su interés y favorable a la adversaria (art. 153 del C.G.P.). En efecto, de lo expuesto por la actora se desprende que no trabajaba desde las 8 hs, sino que lo hacía desde las 8:30 hs, por lo que conforme a lo denunciado en la demanda y lo confesado, sólo pudo haber trabajado seis horas y media por jornal (fs. 48). En tanto, tampoco trabajaba siempre tres veces por semana, sino que dependiendo del trabajo, podía laborar “tres o un día dos días” (fs. 47 vto.) e incluso cuando la demandada se mudó a la ciudad de Achar, la recurrente admite que iba una vez a la semana durante 10 meses. De acuerdo con lo expuesto, le asiste la razón a la parte actora en cuanto a que trabajaba más días y con una mayor carga horaria que los denunciados por la parte demandada. Sin embargo, ambos extremos deberán ajustarse en función de lo que la recurrente confesó y admitió. Esto lleva a la conclusión de que, en el período reclamado, la actora trabajó un promedio de 2 días por semana, salvo en los últimos 10 meses, cuando trabajaba una vez a la semana. En tanto, la jornada se extendía desde las 8:30 a 15 horas (esto último expuesto en la demanda y que no fue objeto de confesión), lo que determina una carga horaria de 6,5 horas. A su vez, habiendo quedado admitido que la actora percibía $ 600 por jornal, resulta que conforme a lo trabajado, dicho monto resulta inferior al salario mínimo del Grupo 21 “Trabajo doméstico”. Aunque como la accionante refirió a un solo monto recibido sin distinción, corresponde considerar ese monto por 6,5 horas de trabajo durante toda la relación laboral y comparándolo con el salario mínimo antes referido en cada período, lo que determina la siguiente liquidación: Enero-junio 2019. $ 95,45 x 6,5 horas = $ 620,43 - $ 600 abonado = $ 20,43 x 2 jornales a la semana = $ 40,86 x 4,32 semanas x 6 meses= $ 1.059,09 Julio-diciembre 2019. $ 100,02 x 6,5 horas = $ 650,13 - $ 600 abonado = $ 50,13 x 2 jornales a la semana = $ 100,26 x 4,32 semanas x 6 meses= $ 2.598,74 Enero-junio 2020. $ 107,19 x 6,5 horas = $ 696,74 - $ 600 abonado = $ 96,74 x 2 jornales a la semana = $ 193,48 x 4,32 semanas x 6 meses= $ 5.015 Julio-diciembre 2020. $ 109,03 x 6,5 horas = $ 708,7 - $ 600 abonado = $ 108,7 x 2 jornales a la semana = $ 217,4 x 4,32 semanas x 6 meses= $ 5.635 Enero-junio 2021. $ 116,23 x 6,5 horas = $ 755,5 - $ 600 abonado = $ 155,5 x 2 jornales a la semana = $ 311 x 4,32 semanas x 6 meses= $ 8.061,12 Julio-diciembre 2021. $ 121,76 x 6,5 horas = $ 791,44 - $ 600 abonado = $ 191,44 x 2 jornales a la semana = $ 382,88 x 4,32 semanas x 6 meses= $ 9.924,25 Enero-junio 2022. $ 123,55 x 6,5 horas = $ 803,08 - $ 600 abonado = $ 203,08 x 2 jornales a la semana = $ 406,16 x 4,32 semanas x 6 meses= $ 10.527,67 Julio-diciembre 2022. $ 130,46 x 6,5 horas = $ 847,99 - $ 600 abonado = $ 247,99 x 2 jornales a la semana = $ 495,98 x 4,32 semanas x 6 meses= $ 12.855,8 Enero-junio 2023. $ 134,37 x 6,5 horas = $ 873,41 - $ 600 abonado = $ 273,41 x 2 jornales a la semana = $ 546,82 x 4,32 semanas x 6 meses= $ 14.173,57 Julio-setiembre 2023. $ 139,22 x 6,5 horas = $ 904,93 - $ 600 abonado = $ 304,93 x 2 jornales a la semana = $ 495,98 x 4,32 semanas x 3 meses= $ 6.427,9 Octubre-diciembre 2023. $ 139,22 x 6,5 horas = $ 904,93 - $ 600 = $ 304,93 x 1 jornal a la semana = $ 304,93 x 4,32 semanas x 3 meses= $ 3.951,89 Enero-junio 2024. $ 145,34 x 6,5 horas = $ 944,71 - $ 600 = $ 344,71 x 1 jornal a la semana = $ 344,71 x 4,32 semanas x 6 meses= $ 8.934,88 Julio 2024. $ 147,23 x 6,5 horas = $ 957 - $ 600 = $ 357 x 1 jornal a la semana = $ 357 x 4,32 semanas = $ 1.542,24 Total: $ 90.707,15 Por ende corresponde acoger el agravio de la recurrente y en su mérito se procederá a revocar la recurrida, condenándose a la demandada a pagar a la actora la suma de $ 90.707,15 por diferencias salariales. III) Lo expuesto precedentemente, determina que se reliquiden los rubros acogidos conforme a lo peticionado por la recurrente, lo que determina lo siguientes montos: Total de jornales trabajados. 2018: 10,5 meses x 2 x 4,32 semanas = 90,72 2019: 12 meses x 2 jornales x 4,32 semanas = 103,68 2020: 12 meses x 2 jornales x 4,32 semanas = 103,68 2021: 12 meses x 2 jornales x 4,32 semanas = 103,68 2022: 12 meses x 2 jornales x 4,32 semanas = 103,68 2023: 9 meses x 2 jornales x 4,32 semanas = 77,76 3 meses x 1 jornal x 4,32 semanas = 12,96 2024: 7 meses x 1 jornal x 4,32 semanas = 30,24 Total: 626,4 jornales trabajados Valor jornal: $ 147,23 valor hora x 6,5 horas = $ 957 Aguinaldo: 626,4 jornales x $ 957 valor jornal = $ 599.464,8 : 12 = $ 49.955,4 Licencia: 626,4 jornales x 0,06664 = 41,74 días de licencia x $ 957 = $ 39.945,18 Salario vacacional: 41,74 días de licencia x $ 783,78 jornal líquido de licencia = $ 32.714,97 Presentismo: $ 49.955,4 x 25% = $ 12.488,85 I.P.D.: $ 957 + 63,16 alícuota licencia + $ 51,73 alícuota salario vacacional + $ 79,75 alícuota aguinaldo + $ 19,94 alícuota presentismo = $ 1.171,58 x 46 jornales de IPD = $ 53.892,68 Daños y perjuicios preceptivos: $ 225.811,55 x 5% (según lo dispuesto en primera instancia y que no fuera objeto de agravio concreto) = $ 11.290,58 Multa: $ 279.704,23 x 10% = $ 27.970,42 Así, la demandada adeuda a la parte actora la suma de $ 318.965,23, más la actualización e intereses dispuesta en primera instancia que no fuera objeto de agravio concreto. IV) No se establecerá especial imposición de costas y costos en el grado. Por tales fundamentos, disposiciones legales citadas, arts. 17 y 18 de la Ley N° 18.572 del 13.9.2009, arts. 6 y 7 de la Ley N° 18.847 del 15.11.2011 y concordantes, el Tribunal, FALLA: CONFÍRMASE LA SENTENCIA APELADA, SALVO EN CUANTO DESESTIMA EL RUBRO DIFERENCIAS SALARIALES Y RESPECTO DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS RUBROS ACOGIDOS, EN LO QUE SE REVOCA Y EN SU LUGAR, SE CONDENA A LA DEMANDADA A SU PAGO CONFORME A LO LIQUIDADO EN LA PRESENTE, MÁS LA ACTUALIZACIÓN E INTERESES DESDE SU EXIGIBILIDAD HASTA SU EFECTIVO PAGO. SIN ESPECIAL IMPOSICIÓN DE COSTOS Y COSTAS EN EL GRADO. HONORARIOS FICTOS: CINCO BASES DE PRESTACIONES Y CONTRIBUCIONES. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE Y DEVUÉLVASE. DRA. SYLVIA DE CAMILLI HERMIDA MINISTRA PRESIDENTE DRA. MÓNICA IVANOVICH OUJO MINISTRA DR. ADOLFO FERNÁNDEZ DE LA VEGA MÉNDEZ MINISTRO ESC. VERÓNICA LAMELA SANTURIO SECRETARIA LETRADA