Sentencia Definitiva N° 228/2025

Sentencia Nro. 228/2025 - IUE: 2-96555/2023 Montevideo, 08 de octubre de 2025 Ministra Redactora: Dra. Cecilia Schroeder Rius Ministras Firmantes: Dra. Gabriela Rodríguez Marichal Dra. Analía García Obregón Dra. Cecilia Schroeder Rius VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia, estos autos caratulados: “CABLE VIDEO URUGUAY LTDA y OTRO C/ ESTADO – PODER EJECUTIVO Y OTRO – REPARATORIO PATRIMONIAL POR RESPONSABILIDAD ADM. POR OMISIÓN” IUE: 2-96555/2023, venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia interlocutoria N.o 2016/2024 y la definitiva No. 90/2024 dictadas por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia Contencioso Administrativo de 4o Turno, Dr. Carlos Waldemar Aguirre Daniele. RESULTANDO: I. Por los referidos pronunciamiento del 29 de agosto de 2024 (fs. 433/446) y del 19 de diciembre del 2024 (fs. 487/496), en lo que interesa a la instancia se falló: Providencia N.o 2016/2024: “DIFIRIENDO LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA DE LA URSEC AL DICTADO DE SENTENCIA DEFINITIVA PREVIO AL MÉRITO, AMPARANDO PARCIALMENTE LA EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA. MÁNDASE A CONTINUAR CON LA AUDIENCIA PRELIMINAR EN LO PENDIENTE.” Sentencia Definitiva N.° 90/2024: “ACOGIENDO LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA DE LA URSEC. CONDENANDO AL PODER EJECUTIVO AL PAGO A LA ACTORA DEL DAÑO EMERGENTE DISPUESTO POR LA PRESENTE, A LA SUMA DE U$S 21.204,35 CON SUS INTERESES DESDE CADA FACTURACIÓN, SIN ESPECIAL CONDENA” Por providencia N.° 74/2025 (fs. 499) se corrigió error material en el fallo, estableciéndose que el monto de la condena es de U$S 27.204,35. II. Contra dicha decisión se alzó el demandado, Estado – Poder Ejecutivo, interponiendo recurso de apelación en escrito obrante de fojas 503 - 506, agraviándose, por considerar que URSEC tiene legitimación pasiva, tanto por las competencias asignadas por la normativa vigente, así como su naturaleza jurídica. En consecuencia, el acogimiento de la excepción de falta de legitimación pasiva planteada por la parte demandada no resulta procedente, dado que en la acción de nulidad tramitada previamente ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), la URSEC fue incluida como parte demandada y cumplió con el pago de la condena impuesta en el proceso de ejecución de sentencia correspondiente. Le causa agravio la condena impuesta por daño emergente consistente en el pago de honorarios profesionales derivados de los procesos anulatorios, por cuanto –afirma– tales rubros no integraron el objeto procesal, limitado a “honorarios y gastos profesionales en vía anulatoria” y no a los honorarios derivados del agotamiento de la vía administrativa, circunstancia que implicaría un fallo extra petita; agrega que, según jurisprudencia uniforme, cuando en sede anulatoria no media condena expresa en costas y costos, resulta improcedente reconocer indemnización por honorarios, extremo que en el caso concreto no se verifica. III. A fojas 507 - 523 comparecen las accionantes, Cable Video Uruguay Ltda y Bruster S.A., interponiendo recurso de apelación contra la sentencia definitiva y fundando la apelación contra la sentencia interlocutoria N. 2016/2024, agraviándose en particular por el acogimiento parcial de la excepción de cosa juzgada eventual, por considerar que se aplicó erróneamente el derecho, sin tener en cuenta el efecto vinculante de lo resuelto por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) ni la diferencia esencial entre el objeto y la causa de las pretensiones instauradas en cada oportunidad. Sostienen que trata de dos pretensiones diversas, en este caso se reclaman daños derivados de actos administrativos conforme al artículo 24 de la Constitución, mientras que la acción iniciada en 2013 se basó en el artículo 312 de la Constitución, por la omisión de los demandados. Además, afirma que no existe coincidencia de los elementos necesarios para declarar la cosa juzgada, ya que no resultaba jurídicamente posible solicitar una condena a futuro en la primera causa, debido a la diferencia de pretensiones entre ambas, lo que impide la acumulación de pretensiones en un mismo proceso. Consecuentemente, como resultado del error padecido por el juez a quo, en cuanto a la presunta configuración de la cosa juzgada eventual, restringiendo el objeto del proceso, limitándolo a la determinación de la procedencia y monto de los honorarios y gastos profesionales en vía anulatoria, lo que, en definitiva, llevó a disponer el rechazo de la restante prueba ofrecida por considerarla "manifiestamente impertinente" correspondiendo proceder de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 257.5 y 344.3 del C.G.P. Por último, señala que URSEC tiene legitimación pasiva lo que se encuentra debidamente acreditada por su intervención en los actos anulados y en los hechos que fundan el presente reclamo, por lo que se agravia por lo decidido por el decisor de primer grado. IV. A fs. 528 – 537, compareció la demandada, URSEC, evacuando el traslado conferido de los recursos de apelación deducidos. En relación con los agravios expuestos por la parte actora, sostiene que existe cosa juzgada, ya que las pretensiones reclamadas derivan de la misma causa y hechos principales, y pudieron haberse planteado oportunamente en el primer proceso. En ese sentido, el período ahora requerido ya fue objeto de pretensión previa y, en todo caso, debería haberse incluido entonces, por lo que entiende no corresponde admitir el agravio, en tanto, la actora intenta, mediante estos nuevos procedimientos, corregir errores anteriores en el cálculo de los daños, errores que ya buscó subsanar en el expediente de liquidación de sentencia y que ahora pretende enmendar cambiando la normativa aplicable. Con respecto a la excepción de falta de legitimación pasiva, tanto la actora como el Poder Ejecutivo deducen agravios sobre este punto, pero considera que resulta correcto lo decidido conforme a la normativa vigente y los límites competenciales de URSEC. Como agravio eventual, señala que si se revocara la sentencia en cuanto al acogimiento de la excepción de cosa juzgada, debe admitirse la excepción de caducidad, tal como se fundamentó en la contestación de la demanda. V. Comparece el Poder Ejecutivo, en escrito obrante a fs. 539 – 548, evacuando el recurso de apelación deducido por las accionantes. Señala que en la sentencia anulatoria el daño futuro fue considerado hasta diciembre de 2013 o bien hasta la revocación de la licencia de VAL, por lo que ese acto anulatorio, conforme lo solicitado por el accionante, no podría generar nuevos daños, y por ese motivo se limitó temporalmente su requerimiento, porque consideró que los daños se extenderían hasta diciembre de 2013, pero no tenía impedimento alguno que pudiera solicitar un plazo mayor. Por lo tanto, no existe un nuevo daño, fundado en el art. 312 de la Constitución, solamente reclama el mismo daño, con diferente fundamento normativo, planteando una pretensión en cascada cuando omitió hacerlo en la oportunidad correspondiente. En contestación al agravio formulado por el accionante, respecto a la interlocutoria que rechazó los medios de prueba ofrecidos en la demanda, remite a lo ya expresado oportunamente, reiterando que la prueba no admitida no resulta suficiente para acreditar los extremos pretendidos por el accionante. VI. A fs. 549 – 555, comparecen las accionantes, evacuando el traslado conferido del recurso de apelación interpuesto por el codemendado Poder Ejecutivo. Señalan en primer lugar que comparten el agravio respecto a la falta de legitimación pasiva de URSEC, admitida por el sentenciante. En lo que respecta al daño emergente, sostienen que debe confirmarse la condena por honorarios y gastos profesionales tanto en la vía administrativa como en la anulatoria, ya que esos conceptos fueron incluidos en el objeto del proceso -y de la prueba- y debidamente acreditados mediante la documentación acompañada, y no resultaron impugnados en la oportunidad procesal correspondiente. Agrega que aunque no existiera condena expresamente impuesta en costas por el TCA, la reparación integral del daño exige restituir el perjuicio causado, lo que incluye los honorarios abonados a los letrados que representaron a las actoras en ambas etapas, administrativa y anulatoria. VII. Franqueada la alzada (fojas 557), el expediente fue recibido en esta Sala (fojas 561 vuelto), requiriéndose a las partes por decreto N.o 205/2025 la reposición de tributos omitidos (fojas 562), lo que fue cumplido (fojas 564). Pasaron los autos a estudio el 22 de mayo de 2025, culminado el cual, en sesión del 29 de setiembre de 2025, se acordó sentencia por unanimidad, designándose redactora. Consta en autos, el período en que el Tribunal estuvo desintegrado del 22 al 26 de setiembre por licencia reglamentaria de la Dra. Gabriela Rodríguez Marichal. CONSIDERANDO: I. El Tribunal, por decisión anticipada adoptada al amparo de lo establecido por el artículo 200.1 del Código General del Proceso, confirmará las recurridas, por los fundamentos que se exponen a continuación. II. El subexámine fue iniciado por Cable Video Uruguay Ltda. y Bruster S.A., promoviendo acción reparatoria patrimonial por responsabilidad administrativa del Estado, por omisión; las empresas accionantes, son proveedoras de TV por cable, y en esa condición reclamaron reparación patrimonial por los daños derivados de la permanencia irregular de la licencia de VAL SRL, vulnerando su negocio ya que la licencia fue prolongada ilegítimamente tras haber incurrido en incumplimientos operativos. Promovieron acciones de nulidad ante el TCA y obtuvieron, oportunamente, sentencia anulatoria de los actos administrativos que no revocaron la licencia de telecomunicaciones clase D a favor de la empresa VAL (acto omisivo). Señalaron en definitiva, que el objeto de estos obrados corresponde a la determinación del monto del resarcimiento, en virtud de haberse acreditado la ilegitimidad de la actuación del Estado, por la denegatoria de la solicitud de revocación de la licencia y confirmación de la misma respecto de la empresa VAL; por tal motivo reclamaron daños emergentes como resultado de la pérdida de abonados desde enero de 2014 hasta julio de 2022; honorarios y gastos profesionales incurridos en vía administrativa y anulatoria, así como el lucro cesante por lo que debieron obtener pero no obtuvieron como ganancia relacionada a la permanencia de los abonados, lo que se traduce en definitiva a una pérdida de valor de la empresa; subsidiariamente solicita pérdida de chance, reajustes e intereses desde el hecho ilícito. Por su parte, el Estado - Poder Ejecutivo – opuso excepción de cosa juzgada sobre los mismos hechos por una acción reparatoria previa (IUE 2?2855/2013), donde el daño futuro se limitó a lo solicitado oportunamente por las accionantes a diciembre de 2013; asimismo opuso excepción de caducidad por considerar que ha transcurrido el plazo de cuatro años desde la exigibilidad. En relación al daño emergente reclamado, se opone en todos sus términos, respecto a la procedencia, y montos, realizando una serie de observaciones; señala en primer lugar que la presunta pérdida de abonados y la liquidación respecto a este rubro no fue correctamente ejecutada, agrega que tal como fue presentado el reclamo no configura daño emergente sino lucro cesante, rubro que también reclama posteriormente, por lo que controvierte su existencia así como el monto reclamado. Refiere que no corresponde resarcir los honorarios profesionales y gastos judiciales, en tanto no existe condena expresa en costas y costos en sede anulatoria, por lo tanto existe cosa juzgada en este punto. En cuanto a la pérdida de la chance, expresa que no resultó acreditada su configuración, oponiéndose al monto en tanto no funda correctamente las bases de su liquidación. La codemandada, URSEC, opuso excepción de falta de legitimación pasiva por no tener competencia, ni haber tenido poder decisorio en el objeto del reclamo; asimismo, opone excepción de cosa juzgada por la coincidencia de la pretensión de estos autos, en relación a lo ya reclamado en el expediente IUE 2-2855/2013 en el que recayó sentencia de condena ya cumplida por esta parte oportunamente. Subsidiariamente opone excepción de caducidad por considerar que al momento que tuvo conocimiento de la omisión debió promover el presente, por lo que se ha configurado la caducidad de su derecho. Contestó la demanda, controvirtiéndola en todos sus términos, en particular la existencia, procedencia y nexo causal de los daños reclamados, así como la falta de prueba que acredite los extremos antes mencionados; oponiéndose en definitiva a los rubros y montos peticionados. III. En orden cronológico corresponde ingresar al agravio deducido respecto a la falta de legitimación pasiva de la codemandada, URSEC. Sobre este punto el sentenciante manifestó lo siguiente: “El llamado deberá contar con un informe técnico previo de la URSEC...’ De lo expuesto emerge la actuación de la URSEC para conformar el acto administrativo del Poder Ejecutivo es de carácter eminentemente técnico, de asesoramiento, por tanto, no decisorio y, como tal, acto simple (Cfe. Sayagués Laso, Enrique, Tratado de Derecho Administrativo, T. I 9a. Ed. puesta al día 2010 por Daniel Hugo Martins, La Actividad Administrativa, p. 403 y ss.)” La URSEC, no tiene legitimación, pues conforme lo dispone el art. 94 Bis de la Ley N.° 17.296, no tiene dentro de sus competencias, otorgar licencias ni autorizar el funcionamiento de televisión para abonados, tratándose de un organismo que asesora al Poder Ejecutivo y dictamina pero no decide. En consecuencia, corresponde confirmar la sentencia respecto a la falta de legitimación pasiva por parte de la URSEC. IV. En cuanto al agravio esgrimido por el accionante respecto a la sentencia interlocutoria N.o 2016/2024, que amparó parcialmente la excepción de cosa juzgada, la Sala coincide con lo expresado por el sentenciante. Por su parte, la cosa juzgada opuesta por la parte demandada y amparada por el a quo, se basa en que, bajo la misma plataforma fáctica, se dedujo demanda ante el Juzgado Letrado Contencioso Administrativo de 4° Turno en IUE 2-2855/2013 y una acción de nulidad ante el TCA. En el expediente mencionado recayó sentencia de primera instancia 68/2013 confirmada por sentencia de segunda instancia N.o 104/2014 de TAC 7°, y casación desestimada por sentencia N.o 142/2015 de la SCJ. Así como el expediente de liquidación de sentencia IUE 29-59/2018, en la que se dictó sentencia de primera instancia N.o 979/2020, de segunda instancia N.o 134/2020, y desestimatoria de casación N.o 366/2021. Como enseña Selva KLETT, “El objeto del proceso debe hallarse, fundamentalmente y salvo algunas excepciones legales, en la pretensión formulada por el actor. Sostiene Palacio, concepto que fue recogido por la jurisprudencia vernácula, que ‘si bien la pretensión y la oposición aparecen así como el anverso y reverso de una misma figura, solo la primera constituye el objeto del proceso. Los distintos tipos de oposición...solo tienen incidencia en la delimitación del área litigiosa y en la mayor amplitud que imprimen al thema decidendum, pero no alteran el objeto del proceso, que está exclusivamente fijado por el contenido de la pretensión.” (autora citada, “Proceso Ordinario en el Código General del Proceso” T I FCU 2016, página 54). En el proceso promovido por la actora en el año 2013 ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 14° Turno -entre las mismas partes-, la insatisfacción jurídica planteada que la llevó a acudir a la Justicia fue que URSEC toleró el incumplimiento por parte de VAL SRL de las condiciones impuestas en el pliego de condiciones del llamado público a interesados en suministrar -en régimen de autorización- el servicio de televisión para abonados en las ciudades de la Paz y Las Piedras, causando daños y perjuicios de Cable Video Uruguay Ltda. que ejerce en forma absolutamente legítima la misma actividad. Consideró que luego de realizadas numerosas denuncias a la URSEC sin éxito, “la omisión de la Administración competente en adoptar las medidas necesarias para restablecer el ordenamiento jurídico violado (...) obliga como último recurso a acudir a esta vía jurisdiccional, a fin de lograr en la Justicia que se respete la regla de Derecho y se reparen los daños ocasionados”. (fs. 222 vto de los autos IUE 2-2855/2013). Los daños y perjuicios reclamados consistieron “En primer lugar, (...) en “el daño emergente resultante [de] la constante pérdida de abonados, que comenzó a verificarse mes a mes, a partir de que VAL SRL empezó en agosto de 2011 a realizar el tendido de cables de manera ilegítima. (...) En segundo lugar, es evidente que esta situación ocasiona a las comparecientes también un daño futuro, producto de los abonados que éstas seguirán perdiendo mientras VAL SRL continúe ofreciendo sus servicios” (...) En tercer lugar debe señalarse que la situación planteada ocasiona también un lucro cesante a las comparecientes, producto de los abonados que éstas no han podido captar, porque fueron captados por VAL SRL. En cuarto lugar, también cabe identificar y reclamar un lucro cesante futuro, resultante de los abonados que las comparecientes se verán privadas de captar en adelante, mientras VAL SRL continúe prestando servicios”. (fs. 228/229 vto. de los autos antes relacionados). También reclamaron por daño a la imagen y pérdida del valor llave. Luego de efectuar una liquidación de daños, afirmó que “Los rubros de daño cuantificados a diciembre de 2013 seguirán incrementándose mientras perdure la omisión ilegítima de la Administración que motiva esta demanda” (fs. 234 de los autos previamente relacionados). El trámite se siguió con oposición de la parte demandada hasta que recayó sentencia de primera instancia que condenó al Estado al pago del daño emergente pasado y futuro consistentes en: -El 70% de la pérdida de abonados desde que Val empezó a operar (abril 2012) hasta el mes de diciembre de 2012 y -Por daño emergente futuro, desde diciembre de 2012 hasta diciembre de 2013, o hasta que se revocara la licencia de Val, o se autorizara otra licencia de telecomunicaciones. La sentencia fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7° turno, llegando a casación, habiendo la Suprema Corte de Justicia desestimado el recurso, quedando entonces firme la sentencia de primera instancia. En incidente de liquidación de sentencia posterior, se discutió el tiempo que había que considerar para interpretar correctamente la condena de primera instancia, quedando fijados con autoridad de cosa juzgada, los daños hasta diciembre de 2013. La condena procedente de la liquidación dispuesta y firme fue pagada por la parte demandada. Los hechos fundantes de la pretensión del presente proceso son exactamente los mismos, con la única diferencia que aquí, se reclaman los daños anteriormente desestimados con fundamento en que se obtuvo la anulación de los actos administrativos de la Administración por parte del TCA, que dieron lugar a la situación generadora de los daños y perjuicios antes reclamados, los que -como se vio- incluyó el daño emergente pasado y futuro, cuyo alcance no satisfacía en su totalidad de la pretensión actora. El hecho de que el TCA hubiera anulado los actos administrativos impugnados por la actora no da derecho a replantear los mismos daños y perjuicios ya reclamados, definidos judicialmente de acuerdo a la pretensión deducida por la actora y abonados por la demandada, con independencia de la acción de nulidad entablada ante el TCA, cuyas jurisdicciones son diferentes y el objeto de las pretensiones distintas. Se expresó por el TCA en sentencia N.° 80/2019 del 26/2/2019 (en RUDP 1/2023 c. 455): “Más allá de las distinciones teóricas o dogmáticas que puedan surgir en torno al intrincado tema de la cosa juzgada, las necesidades prácticas ligadas a la resolución del presente juicio obligan a este Tribunal a pronunciarse sobre dos aspectos neurálgicos del tópico: identidad de las pretensiones y extensión de los efectos de la sentencia. Con respecto a la llamada regla de la triple identidad, los comentaristas del C.G.P. consideraron: ‘El procedimiento de identificación de pretensiones debe realizarse en base a los tres elementos que componen la pretensión: sujetos, objeto y causa (...). En atención a que muchas veces resulta dificultoso escindir el aspecto objetivo de la pretensión -es decir el objeto y la causa-, se ha sostenido que ambos integran una sola identidad, la idem questio (...). En primer lugar, de la confrontación de las pretensiones puede surgir que las mismas sean idénticas, en cuyo caso tal situación impediría la prosecución del proceso iniciado con posterioridad (excepción de litispendencia) o bien el pronunciamiento, si existió otro proceso que culminó con sentencia (excepción de cosa juzgada). La cuestión que dio lugar al presente accionamiento -siendo el principal interés del accionante procurar la reparación de daños y perjuicios posteriores a los liquidados y pagados en proceso anterior por la misma causa (omisión de la Administración de tolerar las irregularidades por ella incurrida respecto a VAL SRL y la cesación de tales irregularidades mediante el proceso de anulación ante el TCA en el proceso seguido por la actora ante dicha Corporación en Ficha N.° 457/2016), ya fue resuelto en el primer proceso con autoridad de cosa juzgada. En el proceso corriente se pretende la reparación de los daños y perjuicios emergentes de la pérdida directa de abonados debiéndose considerar el 70% de la pérdida de abonados desde enero de 2014 a junio de 2022 “según criterio definido en el fallo del año 2013 y se actualizó por Índice de precios al Consumo dichas cifras hasta junio de 2023 (fs. 112 vto); honorarios y gastos profesionales y lucro cesante consistente en la ganancia que debió obtener en caso de que los clientes hubiesen permanecido y pérdida del valor del negocio (fs. 113). En subsidio de lo anterior, el daño por pérdida de la chance al perder la posibilidad de obtener una situación futura que implicaría un beneficio para el damnificado, con reajustes e intereses desde el hecho ilícito.” A excepción del reintegro de los honorarios profesionales, los demás rubros también fueron reclamados en el primer juicio y parcialmente desestimados, fijando el daño emergente futuro a diciembre de 2013, con más su reajuste e intereses legales. De manera que, respecto a dichos aspectos existe cosa juzgada y no puede ser planteado en un nuevo juicio. La decisión de primera instancia de acotar el daño emergente futuro a diciembre de 2013 fue apelada por la parte actora diciendo: “se impone reafirmar la sinrazón sustancial del cese de la liquidación en diciembre de 2013 dispuesta por la sentencia en cuestión, solicitando que dicho criterio sea revisado en segunda instancia, a fin de adecuar tal liquidación a los fundamentos de la sentencia de condena.” (fs. 453 vto de los autos IUE 29-59/2018 por liquidación de sentencia). La sentencia de segunda instancia (N.° 134/2020) determinó que “diciembre de 2013 es el ‘Tempus ad quem’ límite para considerarse lo que fue asertado como reclamado, ya que la alternativa ‘hasta que se revoque [la Administración] la licencia de VAL SRL, o autorice otra licencia de telecomunicaciones (id) está referido según el mismo pronunciamiento ‘de acuerdo a los parámetros ya referidos y a la información que oportunamente brinde URSEC en cuanto a los abonados de la parte actora y VAL SRL hasta diciembre de 2013 (ibid.). Otra vez, diciembre de 2013 está topeando el reclamo desde el punto de vista temporal.” (fs. 488 de los autos antes relacionados). Volvió a insistir la actora en sus argumentos para extender el período de los daños más allá de diciembre de 2013 mediante recurso de casación entablado en los referidos autos por vía adhesiva. Se agravió de que se haya acotado el parámetro temporal de la condena a la pérdida de abonados verificada entre abril de 2012 hasta diciembre de 2013 (fs. 510 de los autos antes relacionados). Por sentencia N.1 366 del 13 de mayo de 2021 (fs. 537 y siguientes de los autos relacionados) la Suprema Corte de Justicia desestimó los recursos de casación interpuestos por ambas partes. En dicho pronunciamiento se dijo: “lo pretendido por la actora en esta instancia de casación debió ser un punto a resolver en el proceso de conocimiento (...) En conclusión, resulta extemporáneo pretender dar a ‘período reclamado’ un sentido diverso del que recibió en primera instancia, pues tal cuestión, que atañe a las bases de la liquidación, debió haberse definido antes de la etapa actual, a través de los recursos correspondientes, lo que conlleva al rechazo del presente recurso.” (fs. 544 y vto. de los autos relacionados por liquidación de sentencia). De modo que se cumplió lo relativo al objeto de lo pretendido, mediante demanda de indemnización de daños y perjuicios pasados y futuros, agotándose todas las instancias, más el agotamiento de todas ellas en etapa de liquidación de sentencia, específicamente en lo relativo al período en que debe considerarse la indemnización adeudada, por los mismos hechos alegados en la presente demanda. Se produce el efecto de la cosa juzgada cuando una decisión judicial no admite ulterior impugnación, lo que en este caso se produjo. No es posible alterar los efectos de la cosa juzgada mediante el planteamiento de una nueva demanda posterior que, en sustancia, pretende reeditar cuestiones ya decididas en forma definitiva y que se resuelva en forma diferente a lo ya fallado con carácter firme. A modo de resumen, en la primera demanda reparatoria las accionantes pretendieron la condena al pago de todos los daños futuros que se generaran mientras Val continuara prestando servicios. El planteo se reiteró en varias instancias procesales posteriores, a fin de que los daños se liquidaran por todo el período posterior a diciembre de 2013 hasta el cese de la omisión. Este es el mismo período que se reclama en este segundo proceso. La pretensión de condena a pagar los daños que en el presente se reclaman podía plantearse y, de hecho se hizo, ya desde el momento en que se formuló la primer demanda. V. En cuanto a los honorarios profesionales la Sala considera que no es de recibo el agravio del Poder Ejecutivo. Son trasladables -mutatis mutandis- los conceptos vertidos por el Homólogo de 4° Turno en Sentencia N.° 128/2021 que expresa: “Sabido es que la eficacia “ex tunc” de la anulación, impone volver las cosas al estado anterior. Tal extremo es una consecuencia natural de la anulación jurisdiccional, en cuya virtud el acto anulado debe reputarse inválido y por tanto, los efectos de la declaración necesariamente se proyectan hacia el pasado. El efecto “ex tunc” es de carácter temporal hacia el pasado y por tanto elimina sus efectos. La anulación del acto determina que el mismo se haya extinguido de pleno derecho. Ahora bien, para que prospere el accionamiento, y pretensión reclamada en su totalidad, corresponde probar la existencia de nexo causal entre la nulidad del acto y todos los daños y perjuicios reclamados. La doctrina ha señalado al respecto: ‘..... La sentencia anulatoria del Tribunal declara en forma definitiva la invalidez del acto, cuestión ésta que no puede discutirse nuevamente ante el Poder Judicial. Pero para obtener la reparación patrimonial ante los Tribunales ordinarios, el accionante debe probar la existencia del daño indemnizable, su cuantía y el nexo causal con el acto anulatorio. Esto es lógico porque no todos los actos irregulares originan perjuicios, ni todo perjuicio es indemnizable. El procedimiento a seguir en la reclamación patrimonial es el juicio ordinario. La acción no puede encararse como una liquidación de perjuicios en ejecución de la sentencia anulatoria, porque es preciso demostrar la relación causal entre el acto y el daño. Lo que está fuera de litigio es la invalidez del acto como fuente del derecho a indemnización.... La existencia de un daño causado directamente por el acto, es elemento esencial para que surja la responsabilidad, la relación causal directa entre el acto y el perjuicio es indispensable...’ (Cfme Tratado de Derecho Administrativo. T.II. p. 561 y T. I. p. 645. Sayagues Laso 7ma edición actualizada por Daniel Martins. p. 561). Como ha señalado recientemente la jurisprudencia, la acción ante el Poder Judicial no puede ser enfocada como una liquidación de perjuicios en ejecución de la sentencia anulatoria dictada por el TCA. La Justicia Ordinaria en el examen de mérito acerca de la configuración de los elementos de la responsabilidad no se ve acotada de modo alguno por lo resuelto en la jurisdicción administrativa. (Sentencia No 178/2020 del TAC 2do turno publicada en el Portal del PJ). (...) IX) El agravio formulado por el BPS respecto de la condena por el rubro pago de gastos generados por defensa en vía administrativa, será desestimado. La Sala desestimará el agravio. Se considera que en aplicación del Principio de Reparación Integral del Daño, corresponde que la demandada abone a la actora, los gastos en que ha incurrido para logar la nulidad de una resolución ilícita dictada por la Administración. En efecto, en la fase administrativa la recurrencia exige defensa letrada y el dictado de una posterior sentencia anulatoria revela que la incursión en ese costo fue necesaria e imprescindible para la impugnación de un acto que se declara ilegítimo con eficacia retroactiva, y que por tanto no debió haber existido. El Principio aludido ut supra, avala entonces que se indemnice por la generación de un desembolso patrimonial en el que no hubiera incurrido el actor, de no haber acaecido el acto ilícito”. En autos, de fs. 94 a 98, surge el monto efectivamente facturado y abonado por las accionantes, habiéndose recibido la declaración testimonial del Dr. Gabriel Delpiazzo (fs. 468-469) que así lo confirma. Si bien al fijarse el objeto del proceso a fs. 448 se refirió a “honorarios y gastos profesionales en vía anulatoria”, lo reclamado fueron los honorarios generados en vía anulatoria y también en la administrativa previa, por un total de U$S 27.204 (fs. 113), que incluye el recurso administrativo (fs. 94 y 95). La fijación del objeto del proceso en audiencia preliminar, constituye una verdadera providencia interlocutoria, a la que le es aplicable lo dispuesto por el art. 216 del C.G.P que dispone: “Lo resuelto por sentencias interlocutorias firmes, que no pongan fin al proceso, puede ser modificado al dictase la sentencia definitiva, siempre que ello no importe retrotraer el procedimiento.” VI. La conducta procesal de los litigantes ha sido correcta, por lo cual no se impondrán sanciones procesales (artículo 56 del Código General del Proceso y artículo 688 inciso 2o del Código Civil). Por todo lo expuesto y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 197, 198, 200, 256 y 257 del Código General del Proceso y demás normas concordantes y complementarias, el Tribunal, FALLA: I) Confírmanse las sentencias impugnadas, sin especial condenación procesal. II) Establécese en la suma de $ 30.000 los honorarios por el patrocinio letrado de cada parte gravada en la segunda instancia, a los solos efectos fiscales. III) Notifíquese personalmente a las partes y devuélvase con copia para el Sr. Juez Actuante. Dra. Gabriela Rodríguez Marichal Dra. Analía García Obregón Dra. Cecilia Schroeder Rius Ministras Esc. Mónica Falótico Secretaria subrogante