Sentencia Definitiva N° 266/2025

Sentencia No. 266/2025 Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Segundo Turno Ministro redactor: Dra. Rosario Sapelli Ministros Firmantes: Dr. Pablo Benítez, Dra. Patricia Hernández y Dra. Rosario Sapelli Montevideo, 8 de octubre de 2025 V I S T O S: Para Sentencia definitiva en segunda instancia en estos autos caratulados: “ALTIMEC C/ SOSA, Washington y OTRO. Cobro de pesos” IUE: 2-73543/2022, venidos a conocimiento de este Tribunal en mérito al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia definitiva No. 142/24 de 6 de diciembre de 2024, dictadas por la Señora Jueza Letrada de Primera Instancia en lo Civil de 10º Turno, Dra. Mª Aurora Larramendi R E S U L T A N D O: I.- La apelada Sentencia definitiva No. 142/2024, (fs. 540-558 v.), a cuya exacta relación de antecedentes procesales útiles se hace remisión y en lo medular al caso, ampara en parte la demanda y condena a la reclamada a abonar a la accionante U$S 75.177,40 por concepto de facturas impagas, U$S 7.738,86 por concepto de interés moratorio y U$S 28.548 por concepto de tabletas no devueltas y devueltas con averías, suma que incluye el IVA, con más intereses legales desde la fecha de la demanda. Asimismo, desestima la reconvención. II.- Contra las mismas se alza la parte perdidosa y expresa agravios solamente contra la Sentencia definitiva, incumpliendo la carga de fundamentar agravios contra la interlocutoria de prueba No.1701/2024, habiéndose concedido oportunamente la apelación con efecto diferido (fs.474/475 vto). Dicha resolución, resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la interlocutoria No. 710/24, (fs. 439) que no hace lugar a la reiteración de oficio impetrada por la accionada. de prueba. Por lo que dicho decisión devino firme. Consecuentemente, resulta que los representantes de Tur-Este S.R.L. y del Sr. Washington Dardo Sosa interpusieron recurso de apelación contra la sentencia definitiva dictada en autos, fs. 561/586. En síntesis, sostuvieron los recurrentes: - Que en la recurrida se justifica la obstaculización de la prueba pericial dispuesta en autos, que llevara adelante la parte actora en que “con el paso del tiempo los sistemas, hardware y software, van variando, por lo que no se le puede atribuir intencionalidad alguna, a la parte actora en obstaculizar la realización de la pericia dispuesta, ni valoración desfavorable” cuando la propia actora es la desarrolladora del software en cuestión y, tal como se relevó en la contestación de la demanda y el alegato, resulta increíble que iniciara el juicio eliminando la prueba fundamental relativa a su objeto. - Que las facturas emitidas por Alutel no pueden ser consideradas fuente válida de obligación alguna pues nunca fueron conformadas y fueron sistemáticamente (desde la primera factura) objetadas. - Le agravia la recurrida en cuanto sostiene que no hubo incumplimiento de las obligaciones contractualmente asumidas por Alutel en función de que consideró que no se probó dicho incumplimiento, pese a la abundante prueba propuesta y producida en autos que lo acreditó totalmente. - No comparte con la recurrida en cuanto en esta se refiere a causas de sospecha (art. 157 del CGP), en relación con los testigos propuestos por esta parte por el mero hecho de ser funcionarios de Tur Este o tratarse de empresas en su momento subcontratadas para el transporte, pero no justificó por qué las facturas emitidas por la actora o las declaraciones de su personal no están sometidas a la misma tacha. - Les agravia que en la resistida se sostenga que no existe prueba alguna respecto a la sobrefacturación del número de tablets entregadas por la actora desplazando la carga de la prueba de quien pretende al cobro a quien señala que no hay crédito alguno lo que implica exigir la prueba de un hecho negativo. - Se desconoció que los cálculos de tablets entregadas realizados por Alutel tomando como punto de partida el mes de abril de 2021 (factura 4148) desconocen que a esa fecha (y desde el propio comienzo de la relación comercial) las partes discutieron diferencias con relación al número de tablets entregadas por lo que el propio punto de partida del cálculo no puede ser tomado como un hecho no controvertido, así como tampoco puede considerarse como probado. - No comparte con la decisión de primera instancia se determinará como la fecha de la rescisión del contrato el 27 de julio de 2022 cuando la propia actora estableció la expiración del vínculo en el 30 de junio de 2022, lo que determina que la factura emitida el 6 de julio de 2022 pueda ser considerada como referida a servicios efectivamente prestados. - No se consideró en la impugnada que la razón principal para el no pago de las facturas fue que el servicio no se prestó ya que las tabletas por las que se pretendía el cobro no fueron entregadas. - Les agravia que por la impugnada se rechazara la excepción de contrato no cumplido, cuando existe prueba documental (correos electrónicos) y testimonial (declaración de testigos propuestos por ambas partes y de funcionarios de UPM) que dan cuenta de las fallas en el sistema informático. - Expresan agravios los recurrentes en relación con el rechazo de la reconvención, por considerar la Sra. Jueza que el incumplimiento de Alutel no fue probado (considerando VIII de la sentencia), cuando claramente lo fue. - Les agravia que en el caso se convocara por la Sede la teoría de los actos propios, argumento no incluido en los actos de proposición de la contraria y, por ende, respecto del cual no hubo posibilidad de defensa por parte de los accionados. En definitiva, solicita se revoque la recurrida y se ampare la reconvención en todos sus términos, con costas y costos para la actora. III.- Se contestaron los agravios (fs. 590-600) y se franqueó la alzada (No. 556/25 de fecha 12/III/25). IV.- Recibido el proceso en el Tribunal, los autos se giraron a estudio en forma sucesiva y en acuerdo celebrado a los efectos (art. 203.4 in fine y 204.2 CGP –red. Ley 19090-), por unanimidad de votos se resolvió el dictado de decisión anticipada (art. 200 CGP –red. Ley 19090-). C O N S I D E R A N D O: I.- El Tribunal, con el voto coincidente de sus miembros naturales (art. 61 Ley No. 15.750), se pronunciará por confirmar la definitiva recurrida, por la siguiente fundamentación: II.- En autos comparece el Representante legal de Altimec S.A., promoviendo demanda de cobro de pesos, cumplimiento de contrato y cobro de multa contra Tur-Este SRL y contra el Sr. Washington Dardo Sosa, expresando en lo sustancial lo siguiente: Manifiestan que el 4 de mayo de 2020, Altimec S.A. y Tur-Este SRL suscribieron un contrato de arrendamiento de servicios y de sistema, cuya fotocopia certificada acompañan (fs.4 a 9). El Sr. Washington Dardo Sosa se obligó en calidad de fiador solidario, liso y llano pagador de todas las obligaciones asumidas por Tur-Este (cláusula 16ª del contrato). El objeto del Contrato fue el arrendamiento por parte de Tur-Este de los servicios y el sistema de Altimec, que consta de un conjunto de tablets, a instalar a razón de una por ómnibus, así como soporte para parabrisas y cargador de batería para cada vehículo. El sistema arrendado consistía en un conjunto de tablets, con soporte para parabrisas y cargador de batería para cada ómnibus, vinculadas a un software de administración y a una interfase con el sistema de control de acceso a UPM, que permitía identificar a las personas habilitadas para subir al ómnibus e ingresar a la planta. Por su parte, Altimec se obligó además de poner en funcionamiento el sistema, brindar dos capacitaciones iniciales y proveer soporte técnico en caso de necesidad (cláusulas 2ª a 4ª del contrato). El precio se pactó por clausula 5ª ; mediante un pago inicial de U$S 4.500 a la firma del contrato, en concepto de “start up”. U$S 225 más IVA por mes y por tablet hasta 50 unidades. U$S 205 más IVA por mes y por tablet si el número estaba entre 50 y 100. U$S 190 más IVA por mes y por tablet si eran 100 o más. En cuanto a la forma de pago, se acordó que los pagos se facturarían al terminar el mes y serían abonados dentro de los 10 primeros días hábiles del mes siguiente. En caso de que las facturas no sean abonadas en tiempo y forma generarían un interés moratorio del 1.2% mensual, produciéndose la caída en mora en forma automática (cláusula 6ª). El contrato se celebró por un plazo de dos años contados desde la entrega de las primeras tablets, con renovación automática por períodos de seis meses, salvo comunicación en contrario con 60 días de anticipación (cláusula 7ª). La obligación principal de Tur-Este consistía en pagar en tiempo y forma el precio de los servicios arrendados (cláusula 8ª, numeral 3). El contrato comenzó a regir el 14 de mayo de 2020, fecha en que se entregaron las primeras 15 tablets, acompañando el correspondiente remito. En junio de 2020, Altimec emitió la primera factura, y así sucesivamente todos los meses, facturando según la cantidad de tablets entregadas. Por clausula 13ava, se pactó la mora automática. Señala el actor haber cumplidocon todas las obligaciones a su cargo y se vio constreñido a rescindir el contrato por los incumplimientos de la contraparte respecto de su obligación de pagar el precio mensual convenido. El artículo 557 del Código de Comercio establece que, si las facturas no son reclamadas, dentro de los 10 días siguientes a la entrega y recibo, se presumen cuentas liquidadas. Es un principio básico del derecho comercial que las facturas no reclamadas, se presumen cuentas liquidadas. Durante todo el tiempo de vigencia del contrato la accionada jamás rechazó la factura que cada mes se emitía. Tur-Este se fue atrasando en el pago de las facturas mensuales emitidas por Altimec “...hasta que llegó un punto en que ésta no toleró más los atrasos y dio por rescindido el contrato por culpa del incumplimiento en el pago de la contraparte...” (fs. 38). Operada la rescisión por falta de pago, la demandada adeudaba facturas impagas por la suma total de U$S 75 .177,4, lo que corresponde adicionar el interés moratorio del 1,2% mensual, produciéndose la caída en mora en forma automática. A diciembre de 2022, el interés de mora de las facturas asciende a un total de U$S 7 .783,86. Señala el promotor que a la fecha el demandado no ha devuelto 10 tablets, por lo que en aplicación de la cláusula 11ª del Contrato, adeuda a la actora la suma de U$S 19.500 más IVA como precio de las tablets no devueltas. A lo anterior corresponde agregar que fueron devueltas dos tablets rotas, por lo que corresponde abonar la suma U$S 3.900 más IVA. En la cláusula 11ª del Contrato se acordó que “En caso de atraso en el pago de dos o más facturas por parte de TUR, ALUTEL tendrá la potestad de cortar el sistema, impidiendo su 'funcionamiento, hasta tanto no se regularicen los pagos.”. Además, se previó que “Si la rescisión de este contrato se produce por razones atribuibles a TUR, ésta deberá pagar una multa equivalente al precio que resta abonar hasta la finalización del plazo contractual”. Ante el atraso en el pago, Altimec procedió, en primer lugar, a restringir el acceso de Tur-Este al sistema y luego a “comunicar la rescisión por falta de pago” (fs.39 vto). Señala que “El contrato se rescinde por incumplimiento de Tur-Este el 30.06.2022, restando cuatro meses y medio para su vencimiento. “La última factura emitida fue por U$S 7.411,50, que multiplicado por 4, 5, nos da la suma de U$S 33.351,75, en concepto de multa por incumplimiento” (fs. 40). En definitiva, reclama se condene a Tur-Este y al fiador solidario, el Sr. Washington Dardo Sosa a abonarle: (i) U$S 75.177 por las facturas impagas, más U$S 7.783 por intereses moratorios pactados; (ii) la suma de U$S 28.548, por concepto de tablets no devueltas y por las devueltas con averías; (iii) la suma de U$S 33.351 concepto de multa por la rescisión imputable al incumplimiento del demandado. Total, del reclamo U$S 144.861, más intereses, costas y costos. En fs. 169 y siguientes, comparecieron Tur-Este S.R.L. y el Sr. Washington Dardo Sosa, a fin de contestar la demanda y plantear reconvención. Explicitan que, a comienzos del año 2020, con motivo del proyecto de construcción de la planta procesadora de celulosa en Pueblo Centenario, departamento de Durazno (UPM II), se llevó a cabo un procedimiento licitatorio para la contratación del servicio de transporte del personal hacia la planta, el que obtuvieron. El pliego de condiciones establecía determinados requisitos técnicos vinculados al control y registro del transporte de los trabajadores, la trazabilidad de los traslados y la compatibilidad con los sistemas de acceso y control de la empresa contratante. A efectos de cumplir con tales exigencias, la empresa UPM II indicó a las empresas transportistas la contratación del proveedor de servicios informáticos que gestionaba el sistema de control de ingreso mediante molinetes, así como el acceso al comedor del personal, esto es, la firma Altimec S.A. (nombre comercial Alutel), responsable además de la plataforma central de base de datos que integraba toda la información relativa al personal vinculado al proyecto UPM II. Se expresa que la contratación de Alutel, si bien no fue impuesta por UPM II, fue recomendada por ésta por permitir la integración del sistema de transporte con el de acceso a planta, posibilitando al trabajador utilizar una misma tarjeta para ambos fines. En consecuencia, suscribieron contrato con Altimec SA; (Alutel), el 25 de abril de 2020, con inicio el 2 de mayo siguiente. Tur-Este sostiene haberlo aceptado bajo presión ante la inminencia del comienzo de la obra. Alega, además, que el contrato contenía cláusulas abusivas predispuestas por Altimec y que, durante su ejecución, se registraron continuos inconvenientes en el funcionamiento del sistema y del hardware. Sostienen los accionados que “El motivo del no pago fue el incumplimiento permanente y contumaz de Altimec con sus obligaciones y, fundamentalmente, que la facturación que realizaba no se ajustaba a la realidad del servicio” (fs. 172). Agrega que “El problema radicó en que la cantidad de tablets en uso nunca fue correctamente determinada por Altimec. Sistemáticamente intentaba cobrar por más tablets de las que efectivamente estaban en uso (...) Pese a que Altimec sobrefacturaba, cobrando mucho más de lo que correspondía, Tur-Este no tenía otra opción que ir pagando las facturas porque la opción de discontinuar el servicio determinaba que no pudiera, a su vez, facturar por sus servicios a sus clientes, UPM II y las diversas empresas subcontratistas de la obra (...) Altimec jamás cumplió con su obligación básica, establecida en la cláusula novena numeral 3 del contrato: ‘Prestar adecuadamente el servicio técnico que le sea requerido.” (fs. 172). En cuanto a la reconvención, muy resumidamente, sostuvieron que corresponde se le indemnicen a Tur-Este los daños y perjuicios producidos por el incumplimiento contractual imputable a la parte actora. En lo sustancial, refiere a “disfuncionalidades” del sistema informático “...que claramente no estaba preparado para el desafío de permitir el funcionamiento automatizado de un complejo sistema de transporte de trabajadores de varias empresas de más de una localidad (Paso de los Toros, Durazno, etc.) a la obra de construcción de la planta industrial de UPM II, produjo problemas permanentes de admisión en ómnibus y de contabilización de los trabajadores a los efectos de realizar la facturación correspondiente a cada empresa que pagaba por los viajes respectivos.- En tal sentido corresponde se indemnice a Tur-Este por los boletos que dejó de cobrar a UPM II y a las múltiples empresas subcontratistas de la obra (los clientes) por: a. Trabajadores que subían a los ómnibus y no funcionaba correctamente la tableta que les habilitaba a viajar pero viajaban igualmente para no incumplir los contratos de transporte celebrados con los clientes de Tur-Este y después no se podían cobrar por no constar en el reporte emitido por el sistema. b. Trabajadores que viajaban sin problema pero la información quedaba sin poder extraerse en el reporte del sistema por defectos de éste. c. Trabajadores que viajaban sin problema, pero fallas posteriores del sistema falseaban el número final” (fs. 181 vto.). En definitiva, solicitan los accionados se desestime la demanda en todos sus términos y se acoja la reconvención condenando a Altimec al pago de los daños y perjuicios producidos por el incumplimiento cuantitativo y cualitativo de las obligaciones que asumiera en el contrato de autos, difiriendo la liquidación de las diferencias que reclama al procedimiento del art. 378 del C.G.P. Se sustancio la reconvención, compareciendo el representante de Altimec S.A., evacuando el traslado conferido. (fs.286/299). En lo sustancial, manifiesta: Que corresponde el rechazo de la reconvención deducida, con expresa condena en costas y costos. Que Altimec resultó adjudicataria en la licitación convocada por UPM, constituyéndose en la empresa responsable de instalar el hardware y software de control de acceso a la planta de UPM II en Paso de los Toros, así como el sistema de cámaras de videovigilancia y otros servicios. Que las quejas formuladas por Tur Este comenzaron únicamente al momento de recibir las facturas mensuales. Adjunta como prueba testimonios notariales de telegramas colacionados intimando pago, correos electrónicos notificando restricción de servicio por atrasos y comunicación de rescisión contractual. Que UPM exigió a las empresas tercerizadas contar con un sistema de identificación de trabajadores autorizados, a cuyo efecto Altimec desarrolló un sistema integral de tabletas, software e interfase con UPM, que cumplió con dichos objetivos. Que Tur Este recibió la cotización en febrero de 2020 y el contrato se suscribió el 4 de mayo de 2020, tras un proceso de negociación, descartándose la existencia de contrato de adhesión o de cláusulas abusivas. Que la prueba acredita el correcto funcionamiento del sistema, destacando la existencia de 284 facturas que demuestran que Tur Este pudo facturar y cobrar a subcontratistas gracias a la información provista por el sistema. Que el contrato se renovó automáticamente el 4 de mayo de 2022 por seis meses (cláusula 7ª) y fue rescindido el 27 de julio de 2022 por incumplimiento de Tur Este en el pago. La renovación constituye prueba de la voluntad de seguir utilizando el sistema, lo que ratifica su correcto funcionamiento. Que se brindó en todo momento soporte técnico adecuado, surgiendo de los correos electrónicos acompañados la atención constante de los reclamos. Refiere que los problemas alegados derivaban de la falta de capacitación informática y desorden administrativo de Tur Este, sumado a conductores que no cargaban las tabletas, las vandalizaban o utilizaban una misma en varios buses. Que Altimec instaló a su costo dos puntos wifi para suplir fallas de conectividad, lo que demuestra su diligencia. Que el sistema resultó útil durante la pandemia de Covid-19, permitiendo a UPM identificar contactos estrechos. Que Tur Este no devolvió 10 tabletas, generando obligación indemnizatoria conforme contrato. Que el daño alegado por la contraria es inexistente, ya que no todos los trabajadores ingresaban a la planta mediante los buses de Tur Este; muchas empresas utilizaron transporte propio u otros medios, lo que se acredita con prueba documental y fotografías. Que Tur Este no presentó toda su facturación, acompañando facturas con numeración salteada, lo que acredita omisiones. En definitiva, solicita se rechace la reconvención, con expresa condena en costas y costos. Se convocó a las partes a la audiencia de precepto, (fs.304), se recibió la declaración de los testigos ofrecidos, diligenciada la prueba y concluida la causa por Sentencia definitiva No.142/2024, del 6 de diciembre de 2024, se amparo parcialmente la demanda y se desestimó la reconvención introducida. (Resultando I), esto fue apelado por la perdidosa, según agravios reseñados ut supra. (Resultando II) III. Ingresando al estudio de los agravios esgrimidos, la Sala se avocará en primer lugar al análisis sobre le existencia o no de incumplimiento por parte de la accionante, elemento esencial en sede de responsabilidad contractual. En lo medular la accionada considera que la recurrida no valoró adecuadamente la prueba, de la que a su entender se desprende que quien no cumplió con las obligaciones asumidas fue la accionante. Ante ello opone la “excepción de contrato no cumplido”, admitiendo su falta de pago, pero justificándolo por el indebido funcionamiento del sistema, que le implico pérdidas económicas cuantiosas. A la luz de las resultancias de obrados, resulto admitido que conforme surge del testimonio del contrato agregado a fs. 4 a 9 vta., con fecha 4 de mayo de 2020 las partes suscribieron un Contrato de Arrendamiento de Servicios, por el cual la actora ALTIMEC S.A. arrendó a la demandada TUR-ESTE SRL los servicios y el sistema de ALUTEL, especificados en las cláusulas Tercera y Cuarta, por el precio establecido en la cláusula Quinta, pagadero en la forma prevista en la cláusula Sexta. El codemandado, Sr. Washington Dardo Sosa, se constituyó en fiador solidario, liso y llano pagador de las obligaciones de Tur-Este, garantizando el fiel cumplimiento del contrato, y fue intimado por TCC/PC al pago ahora reclamado. (fs.233) Dicho contrato, se negoció con abogados por ambas empresas, la demandada valoró otras ofertas e incluso alego que la propuesta de la accionante era la más onerosa, pero dado que UPM ya contaba con dicha empresa para controlar el ingreso del personal a la planta, opto por tener la misma. UPM, no le exigía la contratación de esta empresa, fue una elección libre basada en criterios de conveniencia. El contrato fue pactado por un plazo de dos años, renovable automáticamente por períodos de seis meses salvo comunicación en contrario cursada con sesenta días de antelación (Cláusula Séptima). Consecuentemente el actor promueve una acción ordinaria por responsabilidad contractual, emergente del contrato celebrado el 4 de mayo del 2020 (agregado en autos de fs. 4 a 9), el que rescindió en julio del 2022, por lo que impetra el cumplimiento de las obligaciones asumidas e incumplidas por el contrario; pagos por los servicios prestados durante la vigencia de la relación contractual. Por su parte los accionados, imputan al reclamante el incumplimiento del CONTRATO cuyo cobro pretenden, que entienden justifica su no pago. ALTIMEC, le atribuye a Tur Este SRL y al Sr. Washington Dardo Sosa no haber cumplido con el pago mensual asumido. Estos últimos le imputan a ALTIMEC, que el sistema no funcionaba correctamente, textualmente argumentan que “…El motivo del no pago fue el incumplimiento permanente y contumaz de Altimec con sus obligaciones y, fundamentalmente, que la facturación que realizaba no se ajustaba a la realidad del servicio” (fs. 172). Es en razón, de estas circunstancias que TUR- ESTE SRL y el Sr Sosa, oponen la excepción de contrato no cumplido. “Sobre la excepción de contrato no cumplido, tal como enseña el Maestro GAMARRA (Trat, t. XVIII, vol. 2º, 4ª ed. actualizada, p. 107 y 108) se trata de una defensa (excepción) que rige en el ámbito del contrato bilateral sinalagmático, consiste en un derecho potestativo de resistir la demanda de cumplimiento paralizando de esta forma transitoriamente el derecho del adversario se trata de una causa de justificación del incumplimiento que legitima la resistencia a cumplir del demandado. Técnicamente hablando es una excepción dilatoria que se puede oponer en juicio que no supone cuestionar el derecho del adversario, ni pretende extinguirlo ya que el excepcionante lo que pretende es diferir el cumplimiento de su prestación hasta tanto la contraparte no cumpla con la suya o demuestre estar pronto a hacerlo. Sabido es que los requisitos para que pueda ejercitarse la excepción de contrato no cumplido son: 1) que se trate de un contrato bilateral; 2) que la contraparte no haya cumplido con su obligación recíproca e interdependiente; 3) que el contrato no imponga al excepcionante el deber de cumplir en primer término; 4) que la excepción se ajuste al principio de la buena fe (GAMARRA, op. cit., p. 97; de la Sala: Sentencia T.A. Civil No. SEF-0005-000117/2014-2 y Sentencia T.A. Civil No. 213/017-2, entre muchas otras).” (publicada en BJN) Además, corresponde tener presente que “...es condición para oponer la exceptio que la obligación de la contraparte este vigente. (destacado pertenece a la SALA) Cuando ésta se extinguió, por imposibilidad superviniente, le excepción de incumplimiento no corresponde...” (Prof. Jorge Gamarra, “Tratado de Derecho Civil Uruguayo”, Tomo XVIII, 1977, pág. 99). En el caso, el contrato celebrado entre las partes se encuentra extinguido, según hecho admitido, por correo electrónico cuyo testimonio surge agregado a fs. 18 a 19, la actora Altimec SA, comunicó a la representante de Tur-Este SRL, con fecha 27 de julio de 2022, la rescisión del contrato de arrendamiento de Servicios y de Sistema de fecha 4 de mayo de 2020 en virtud del incumplimiento de las mensualidades acordadas, según facturas detalladas en el mismo. Fue probado también que la demandada contrato a una nueva empresa en su lugar. Consecuentemente, dado que la excepción de contrato no cumplido tiene como presupuesto que la obligación estimada incumplida por la contraparte pueda ser honrada por el deudor, y tal posibilidad ya no es posible, dicha defensa resulta inadmisible. El demandado contó con instancias claras para oponerse al supuesto cobro “ilegítimo” de la contraparte y no lo hizo. Así, pudo —sesenta días antes del vencimiento del contrato, en mayo de 2022— manifestar su voluntad de no renovarlo, invocando los presuntos incumplimientos de la actora, conforme lo previsto en la Cláusula Séptima (Plazo), que establecía la renovación automática por períodos de seis meses salvo comunicación en contrario con una antelación mínima de sesenta días. Sin embargo, no lo hizo. Posteriormente, y ante la comunicación de rescisión del contrato efectuada por la actora en julio de 2022, tampoco formuló objeción alguna Las conductas asumidas por la parte demandada se revelan manifiestamente contradictorias con las afirmaciones vertidas en su escrito de contestación de demanda. En dicha oportunidad, el demandado fundamentó la suscripción del contrato con la actora en el apremio derivado del inminente inicio de las obras de UPM, sosteniendo que se vio compelido a aceptar condiciones contractuales impuestas por Altimec S.A. que reputa abusivas. Alegó, asimismo, que tales condiciones fueron redactadas unilateralmente por la actora y remitidas a Tur-Este con anterioridad a la suscripción del contrato, configurando —según su postura— una situación de desequilibrio contractual que se habría mantenido durante toda la ejecución del vínculo, circunstancia que, a su juicio, se habría visto reflejada en la modalidad empleada por la actora para rescindirlo. Sostuvo además que, durante la ejecución contractual, el sistema informático y el hardware provistos no funcionaron adecuadamente, lo que generó múltiples intercambios de correos electrónicos entre técnicos y empleados de ambas empresas. De dichas comunicaciones —que acompañó a los autos— surgiría, a su entender, que las partes concluyeron que no existía un método claro ni preciso para la facturación de los servicios a las empresas contratistas, destinatarias finales del sistema implementado. Adujo también que el contrato suscrito con UPM preveía sanciones por el traslado de pasajeros que no fueran trabajadores efectivamente habilitados. En ese contexto, refirió que cuando un trabajador aparecía “en rojo” en la tableta por error del sistema, debía igualmente ser trasladado ante la duda de tratarse de una falla técnica. No hacerlo —afirma— implicaba incurrir en incumplimiento contractual con UPM II y/o con la subcontratista correspondiente. Dicha circunstancia, según su alegato, impedía facturar el servicio de transporte, ocasionándole perjuicios económicos directos. Por último, expresó que la cotización presentada por Altimec S.A. resultaba desproporcionadamente onerosa en comparación tanto con otros proveedores de sistemas informáticos consultados por Tur-Este como con el actual prestador del servicio que asumió dicha función tras la rescisión del contrato. (Conf. Contestación de demanda obrante a fs. 170/171, numerales 10 a 29). De acuerdo con el cúmulo de contrariedades descriptas por la demandada, cabe preguntarse las razones por las cuales optó por mantener su vinculación con la actora, pese a contar con instrumentos contractuales y amparos legales suficientes que le hubieran permitido legítimamente desvincularse. De acuerdo con lo manifestado en su propia contestación, los supuestos inconvenientes se habrían evidenciado desde el inicio mismo de la relación contractual, esto es, desde el año 2020. Es plausible admitir que, ante la premura generada por el inminente comienzo de la obra y la necesidad de garantizar el transporte de los trabajadores, los demandados optaran por contratar de forma urgente los servicios ofrecidos por la actora. Sin embargo, tal circunstancia inicial no justifica que, habiendo transcurrido dos años bajo la alegada ineficiencia y el supuesto incumplimiento del proveedor, los mismos hayan consentido en prorrogar el contrato. Durante ese extenso lapso, los demandados tuvieron la posibilidad cierta y concreta de contratar con otros prestadores —según afirman, disponibles, más eficientes y económicamente más convenientes—, extremo que reconocen haber materializado recién luego de que fuera la propia actora quien decidiera rescindir el vínculo. De lo que antecede se desprende, con acierto, la valoración efectuada por la Sra. Jueza “a quo”, en cuanto señaló la evidente incongruencia y falta de coherencia en la conducta de los demandados, quienes sostuvieron durante el proceso una versión incompatible con su comportamiento contractual previo. Pretenden ahora tildar de irregular e inexacta una relación que mantuvieron activa durante un prolongado período, beneficiándose de sus efectos y prorrogándola voluntariamente. Tal proceder resulta abiertamente reñido con el principio general de la buena fe que debe regir toda relación obligacional (art. 1291 del Código Civil) y se encuentra comprendido dentro de los alcances de la teoría de los actos propios, conforme la cual nadie puede válidamente asumir una conducta contradictoria con sus propios actos anteriores, cuando éstos generaron en la otra parte una expectativa legítima de coherencia. En consecuencia, la postura asumida por los demandados deviene jurídicamente inadmisible, y su defensa, carente de sustento, mereciendo el más absoluto rechazo. Así lo ha sostenido reiteradamente la doctrina y jurisprudencia nacional (Conf. Gelsi Bidart, “Teoría del acto propio”, Revista Jurídica Estudiantil, Nº 5, págs. 11 y ss.; LJU Nº 12.470), al establecer que la contradicción entre los actos y las declaraciones de una misma parte, en perjuicio de la confianza suscitada, comporta una infracción al principio de buena fe objetiva, con las consecuencias que ello apareja en el marco de un proceso judicial. En punto a esto, la accionada se agravia que en el caso se convocara por la Sede la teoría de los actos propios, argumento que dice, no fue incluido en los actos de proposición de la contraria y, por ende, respecto del cual no hubo posibilidad de defensa por parte de los accionados. Si bien, la teoría de los Actos Propios (o venire contra factum proprium non valet) no tiene consagración legal expresa en nuestro sistema legal, el mismo resulta de una construcción jurisprudencial y doctrinal como una manifestación del principio general de la buena fe (artículos 1291 y 1292 del Código Civil), como regla de conducta. La Teoría del Acto Propio constituye una manifestación de la lealtad y la corrección que debe presidir la conducta de las partes. Así, el Juez está facultado, e incluso obligado, a calificar jurídicamente los hechos probados por las partes (iura novit curia), lo cual incluye determinar si una conducta procesal o material posterior es contradictoria e incompatible con una conducta anterior válida y eficaz, afectando la confianza legítima de la contraparte. Por tanto, su aplicación no depende necesariamente de que las partes la invoquen expresamente, pueden ser aplicados de oficio por el juez, siempre que los hechos que la configuran surjan del expediente y no se no alteren la causa petendi ni los hechos articulados; se funden en hechos notorios o probados en autos; y tiendan a preservar la coherencia y la lealtad procesal. (Conf. Entre otra TAC 2.º Turno, Sent. N.º 155/2009 y TAC 4.º Turno, Sent. N.º 112/2011) De todo lo expuesto se concluye que la demandada ha admitido su incumplimiento, el cual carece de justificación para oponer válidamente la excepción de contrato no cumplido, por no resultar aplicable en el caso de autos, y bien pudo haberse defendido oportunamente de los supuestos incumplimientos de la contraparte, lo que no hizo. IV. Sin perjuicio de lo ya expuesto, y aun admitiendo el incumplimiento al pago por parte de la demandada, corresponde precisar que recae sobre la actora la carga de acreditar la existencia, y cuantía del crédito reclamado (artículo 139 del Código General del Proceso). En esa línea, la pretensión de cobro exige la comprobación de los hechos constitutivos del derecho invocado, sin que la eventual conducta irregular u omisiva de la contraparte exima al reclamante de su deber probatorio. Bajo tales premisas, corresponde ingresar al análisis de la procedencia del cobro pretendido, habida cuenta de los agravios expresados por la recurrente, quien sostiene que las facturas emitidas por Altimec/ Alutel no pueden considerarse fuente válida de obligación, por cuanto nunca fueron conformadas y fueron sistemáticamente objetadas. Alega, además, que se ha soslayado la existencia de sobrefacturación en el número de tablets entregadas, trasladando indebidamente la carga de la prueba a quien niega la existencia del crédito, lo que implicaría exigir la demostración de un hecho negativo. Asimismo, aduce que los cálculos de Alutel, que toman como punto de partida el mes de abril de 2021 (factura N.º 4148), desconocen que desde el inicio mismo de la relación comercial existieron divergencias entre las partes respecto del número real de tablets entregadas, por lo que dicho punto de partida no puede reputarse un hecho admitido. Cuestiona, además, la determinación de la fecha de rescisión del contrato efectuada por la Sede de primera instancia —27 de julio de 2022—, señalando que la propia actora había fijado la expiración del vínculo contractual, en el 30 de junio del mismo año, lo cual impide considerar la factura emitida el 6 de julio de 2022 como referida a servicios efectivamente prestados. A los efectos del examen de los agravios formulados por la parte recurrente, corresponde efectuar una reseña ordenada de los principales elementos probatorios incorporados al proceso. Surge, en primer término, del contrato agregado a fs. 4 a 9, que el mismo fue celebrado entre las partes, dio comienzo efectivo a su ejecución y se procedió a la entrega de las “tablets” que constituían el insumo central del sistema objeto del vínculo. A fs. 10 a 17 obran las facturas emitidas por la actora, cuyo cobro constituye el objeto de la presente demanda. Asimismo, constan en autos numerosas comunicaciones electrónicas intercambiadas entre las partes, de las que se desprende la existencia de cuestionamientos relativos a la facturación, aunque —pese a tales discrepancias— la demandada procedió a abonar los importes correspondientes, en ocasiones con demoras, pero sin desconocer su obligación de pago. Así, por ejemplo, en correo electrónico de fecha 6 de abril de 2021 (fs. 210 vto.), el Sr. Carlos Acevedo, en representación de Tur-Este S.R.L., expresa: “Recibimos las facturas y apenas me confirmen el pago te hago llegar los comprobantes. Mil disculpas por la demora”, lo que evidencia una aceptación tácita de las prestaciones y de las sumas facturadas. A fs. 218 obra constancia de que el 18 de enero de 2022 se mantuvo intercambio de comunicaciones tendientes a evacuar dudas sobre la remisión de las “tablets” y la deuda existente con la actora. Posteriormente, el 16 de marzo del mismo año, la actora intimó al cumplimiento de las obligaciones pendientes, advirtiendo sobre la posible aplicación de sanciones contractuales (fs. 219). En respuesta, el 18 de marzo la actora reconoció haber recibido un pago parcial, pero señaló un saldo impago de USD 30.000 (fs. 220). Es precisamente a partir de esta instancia que surge la controversia en torno a la existencia de dicho saldo pendiente. La demandada, en comunicación de la misma fecha (fs. 221, 18 de marzo de 2022, hora 14:24), sostiene que tales montos “no están pendientes de pago, sino que forman parte de un acuerdo comercial entre las partes, en el que se decidió conjuntamente dejarlo a expectativa debido a las pérdidas económicas que Tur-Este ha tenido en base al mal funcionamiento y demás temas conversados oportunamente”. Sin embargo, apenas horas más tarde, a las 17:44, Alutel respondió categóricamente que “no hubo acuerdo alguno” y ratificó la exigibilidad de las sumas facturadas, señalando que la contraria se había comprometido a pagar “puntualmente el precio mensual”, lo que, afirma, no ocurrió. Pese a este intercambio y al desacuerdo manifiesto sobre la existencia de dicho saldo, la conducta ulterior de la demandada —que continuó la relación contractual y permitió incluso su prórroga automática demuestra una aceptación de hecho del vínculo, incompatible con la alegada existencia de incumplimiento. Tal proceder refuerza la apreciación de que la demandada no ejerció en tiempo y forma sus eventuales supuestos derechos, manteniendo la relación y beneficiándose de las prestaciones contratadas. En consonancia con lo que viene de decirse, corresponde ingresar al análisis del valor jurídico de las facturas agregadas a los autos y cuyo cobro constituye el objeto de la presente acción. Doctrinariamente, la factura ha sido definida —en términos clásicos— por el profesor Capitant como un “documento de contabilidad en el que se da el detalle de las mercaderías entregadas o de los trabajos ejecutados, con indicación del precio de cada objeto o servicio” (Conf. Revista de Derecho Comercial y de la Empresa, Nº 3-4, julio de 1977, Israel Creimer, “La Factura”, pág. 37). Como destaca el autor citado, la factura representa esencialmente la afirmación de una deuda a cargo del cliente. Su emisión por el acreedor importa una manifestación unilateral que, sin embargo, adquiere fuerza probatoria y valor de reconocimiento del crédito cuando media aceptación expresa o tácita del destinatario. Tal aceptación puede deducirse tanto de la falta de impugnación oportuna como de la conducta ulterior del deudor, especialmente cuando éste realiza pagos parciales, continúa la relación comercial o utiliza los bienes o servicios facturados, sin formular reparos inmediatos o concretos sobre su contenido. (Ob. cit., pág. 38). Desde esta perspectiva, la factura no constituye por sí sola título suficiente para demostrar la existencia de la obligación, pero sí puede adquirir eficacia probatoria plena cuando concurren actos de conformidad o comportamientos del deudor que permitan inferir su reconocimiento, conforme a las reglas de la buena fe y la normalidad de los usos mercantiles. En el caso, será necesario ponderar si las facturas cuya ejecución se pretende fueron oportunamente impugnadas, o si por el contrario, la conducta de la demandada —al recibirlas, conservarlas, y en varios casos abonarlas— importó su tácita aceptación, consolidando así la existencia del crédito reclamado. En lo que refiere a la aceptación tácita de las facturas, el autor sostiene que la misma puede configurarse por el simple silencio del destinatario durante un plazo de diez días, aunque aclara que puede verificarse incluso con anterioridad al vencimiento de dicho término, si de las circunstancias del caso surgen actos inequívocos de conformidad. Cita a Cloquet, quien definió la aceptación tácita como aquella “que resulta de cualquier hecho que no sea del lenguaje directo”, y ejemplifica señalando que se configura, entre otros supuestos, por el pago total o parcial del importe facturado, o por la disposición o utilización de las cosas o servicios objeto de la factura (ob. cit., pág. 34). Concluye el autor que la factura puede generar derechos y obligaciones aun cuando no se encuentre firmada por las partes, debiendo valorarse su eficacia probatoria conforme a los principios generales del derecho y las reglas de la experiencia, especialmente en lo que refiere a facturas emitidas por servicios (ob. cit., pág. 64). A la luz de todo lo que viene de exponerse, y de las constancias documentales incorporadas a la causa, se advierte que las facturas agregadas a autos reflejan fielmente los servicios pactados y efectivamente prestados en el marco del contrato suscrito entre las partes. Su recepción fue expresamente admitida por la demandada, y los eventuales cuestionamientos formulados en su momento culminaron, en la práctica, con acuerdos de pago y cancelaciones parciales que confirman la existencia y legitimidad del crédito reclamado. La demandada alega que las facturas “...fueron sistemáticamente (desde la primera factura) objetadas” (fs. 561 vto.) y que “...han sido rechazadas” (fs. 568 vto.); sin embargo, de la abundante prueba documental acompañada con la contestación de la demanda (fs. 54 a 168) no surge acreditación alguna que permita concluir, con rigor y seriedad, que los importes consignados en las facturas no correspondan a los servicios efectivamente brindados por la actora. Por el contrario, las comunicaciones electrónicas obrantes de fs. 138 a 166 vto. evidencian únicamente diferencias o ajustes puntuales sobre lo facturado, que fueron objeto de intercambio y resolución entre las partes, culminando con el pago de las sumas reclamadas y el compromiso de un cumplimiento más ordenado en adelante. En consecuencia, no existen elementos de convicción que desvirtúen la validez y, autenticidad de las facturas con los servicios efectivamente prestados, por lo que las mismas conservan pleno valor probatorio y respaldan la pretensión de cobro deducida por la actora. Vinculado a lo anterior, se comparte plenamente el criterio de la Sra. Jueza de primera instancia cuando sostiene que “no existe prueba alguna respecto de la sobrefacturación del número de tablets entregadas por la parte actora” (fs. 554 vto.). En efecto, la parte demandada se limitó a formular alegaciones genéricas y carentes de respaldo probatorio, sin aportar documentación, colaborar cuando la contraria realizó las verificaciones, que permitieran concluir la existencia de una facturación en exceso. Por el contrario, la prueba incorporada a la causa —especialmente la documental y las comunicaciones electrónicas cruzadas entre las partes— corrobora la efectiva entrega y recepción del equipamiento informado. Cabe subrayar que las diferencias o discrepancias inicialmente esgrimidas por la demandada dieron lugar a verificaciones y relevamientos conjuntos, instancias en las cuales no se constató irregularidad alguna, ni se labró constancia de rechazo o de devolución. Establecido lo anterior, a criterio de esta Sala, de la valoración conjunta y razonada del acervo probatorio reunido en autos se desprende que el desenvolvimiento del contrato no estuvo exento de dificultades para ambas partes, configurándose situaciones de cumplimiento inexacto y disfuncionalidades operativas que generaron las controversias que hoy se ventilan. No obstante, ello, no se advierte incumplimiento esencial alguno que justifique la conducta de la demandada ni que habilite a desconocer las obligaciones asumidas. En efecto, los distintos medios de prueba —documentales, testimoniales y electrónicos— revelan que, a pesar de los inconvenientes surgidos en la ejecución, la empresa TUR ESTE logró prestar efectivamente el servicio de transporte convenido, cumpliendo con la finalidad económica del contrato. Resulta especialmente significativo que UPM, no haya formulado queja ni aplicado sanción alguna durante la vigencia del vínculo, lo que evidencia que el servicio, aun con demoras o contratiempos, fue prestado de manera regular y satisfactoria. Debe ponderarse además el contexto temporal en que se desarrolló la relación contractual, coincidente con la etapa de mayor afluencia de personal obrero hacia la planta de UPM, esto es, el período de plena construcción de la obra. Ello supuso, naturalmente, una mayor presión logística y un incremento exponencial en las exigencias de coordinación, control y respuesta operativa, tanto para la actora como para la demandada. Sin embargo, ambas partes lograron sostener la prestación del servicio, sin que de la prueba surja afectación relevante a su ejecución ni incumplimiento susceptible de liberar al demandado de las consecuencias jurídicas del contrato. Resulta además de particular relevancia, que los testimonios rendidos en obrados coinciden en lo sustancial: el servicio efectivamente se prestaba, aunque presentaba dificultades operativas recurrentes, las cuales —según los propios deponentes— podían ser superadas mediante la intervención de técnicos especializados o incluso a través de soluciones manuales implementadas por el personal de TUR ESTE. El examen conjunto de las veintiuna declaraciones testimoniales incorporadas a la causa, aun considerando que varias provienen de dependientes de una u otra parte, permite llegar a la convicción, en cuanto a que los problemas técnicos del sistema no obedecían exclusivamente a deficiencias imputables a ALTIMEC S.A., sino a una concurrencia de factores heterogéneos, muchos de ellos ajenos al control directo del proveedor. Entre estos, destacan la intermitencia en la señal de conexión, el factor humano vinculado a la manipulación y correcta inicialización de los dispositivos, así como la variabilidad de las condiciones operativas del transporte y del personal a cargo de su ejecución. A ello se sumó —no sin relevancia causal— la coyuntura excepcional generada por la pandemia de COVID-19, que coincidió con el período de mayor flujo de trabajadores hacia la planta de UPM, generando un contexto de presión y complejidad operativa extraordinaria. Si bien puede admitirse que los servicios prestados por la actora no alcanzaron la perfección técnica esperada, tampoco surge acreditado que los contratiempos obedecieran exclusivamente a su obrar. Antes bien, existen indicios suficientes de que la propia demandada no contaba con la estructura ni los recursos humanos adecuadamente preparados. En definitiva, ALTIMEC S.A. cumplió con la entrega de los equipos, prestó asistencia técnica durante la ejecución, emitió las facturas correspondientes al servicio brindado, y las mismas fueron recibidas y abonadas parcialmente por TUR ESTE S.R.L., quien brindo el servicio de traslado de pasajeros sin objeciones por parte de UPM. Por todo lo expuesto, y no existiendo prueba idónea que desvirtúe la correlación entre las facturas reclamadas y los servicios efectivamente prestados, corresponde concluir que las mismas representan créditos legítimos a favor de la actora. El servicio contratado, con mayor o menor precisión técnica, cumplió la finalidad económica y operativa pactada entre las partes, razón por la cual se confirmará la condena impuesta en primera instancia. V) Por último el demandado se agravia, por la desestimación de la reconvención deducida por daños y perjuicios. Dicha contrademanda, tal como fue planteada, se presenta excesivamente genérica y carente de precisión en cuanto a los hechos concretos generadores del supuesto daño. Ni siquiera la propia Tur Este S.R.L. logra determinar con claridad en qué medida o por qué concepto habría resultado perjudicada, limitándose a invocar —en términos meramente hipotéticos— que habría dejado de percibir el cobro de boletos por defectos del sistema informático provisto por la actora. No existe, sin embargo, prueba alguna que acredite tales extremos. No se demostró que el sistema haya presentado fallas técnicas imputables a Alutel que no se hubiesen solucionado, que la eventual falta de registro de determinados trabajadores haya tenido incidencia económica comprobable. Tampoco se ha probado que los supuestos errores del sistema hubieran impedido efectivamente la facturación o el cobro de servicios prestados. De todo lo que viene de exponerse en esta sentencia, no puede concluirse siquiera que los demandados tuvieran cabal certeza acerca de si efectivamente sufrían o no pérdidas. Ellos mismos cuestionaban los datos, los cálculos y las facturaciones, pero no lograron definir ni acreditar la veracidad de sus afirmaciones. En definitiva, sostuvieron la existencia de errores en la facturación y de perjuicios derivados de éstos, pero sin aportar los elementos objetivos que permitieran corroborarlo. En cambio, la accionante, comunicaba los datos, enviaba los números de los equipos, enviaba a los técnicos a realizar los relevamientos, sin obtener resultados satisfactorios, siendo quien termino el vínculo contractual por incumplimiento. Por tanto, la imposibilidad de “...saber cuántos ‘boletos’ ‘quedaron trancados’ en el sistema de Alutel...” (fs. 181 vto.) que denuncian los demandados al reconvenir, claramente no fue superada con el advenimiento al proceso de prueba idónea que permitiera tener por acreditado el daño alegado. Fue objeto de agravio el hecho que no se hiciera lugar a la prueba pericial, la que cual a criterio de los recurrentes hubiera podido probar estos extremos. Sostienen que les causa agravio que la Sra. Jueza a quo haya justificado —según afirman— “la obstaculización de la prueba pericial dispuesta en autos, realizada por la parte actora en violación del deber de colaboración y buena fe procesal” (fs. 561 y 564). Del examen de las actuaciones se desprende que la prueba pericial informática fue efectivamente dispuesta en autos a solicitud de la parte demandada (fs. 184 y 305 vto.), habiéndose designado a la Ing. Amparo Mary como perito actuante (fs. 418). La profesional aceptó el cargo y requirió a las partes —en particular a Altimec S.A.— los insumos técnicos necesarios para la realización de la pericia (fs. 424). De acuerdo con el informe presentado a fs. 465, la perito manifestó que, por carecerse de la versión del software central utilizada durante la ejecución del contrato, así como de los equipos de hardware, backups de bases de datos y logs del sistema, no era posible recrear el ambiente operativo al momento de los hechos, resultando inviable cumplir con las pruebas solicitadas por Tur Este S.R.L. Conferida vista, la actora explicó en fs. 482/484 vto. las razones técnicas que impedían el cumplimiento del requerimiento, entre ellas la discontinuidad de la versión de software AMS 6.0 y las restricciones impuestas por UPM, que impedían el acceso o conservación de información y tarjetas de su personal por parte de Altimec S.A. (“…no son de pertenencia de Altimec, son de UPM y nosotros no tenemos acceso físico a ellas, ni las gestionamos”, fs. 484). En tales condiciones, no puede atribuirse a la actora conducta obstructiva ni violación del deber de colaboración procesal, como correctamente razonó la Sra. Jueza de primera instancia. Por el contrario, surge acreditado que las limitaciones obedecieron a causas técnicas y contractuales ajenas a su voluntad, vinculadas a la evolución del hardware y software empleados, y a la imposibilidad de reproducir condiciones tecnológicas de años anteriores. Aun cuando se hubiera podido llevar adelante la pericia, no es posible concluir que su resultado hubiera permitido probar el incumplimiento alegado por la demandada, toda vez que la cuestión en debate no radicaba en un defecto técnico puntual del sistema, sino en la existencia o no de un incumplimiento contractual relevante y demostrable por otros medios de prueba. La pericia informática, en el mejor de los casos, hubiera podido constatar limitaciones operativas de un sistema ya discontinuado, pero no la existencia de una omisión contractual o una pérdida económica derivada de ella. Por otra parte, los demandados tampoco explicaron de manera razonada y fundada por qué motivo la actora debía haber conservado indefinidamente la versión del software y los equipos utilizados, una vez finalizado el contrato. Si entendían que tal conservación era indispensable para eventuales reclamos, debieron adoptar en su oportunidad las medidas necesarias para salvaguardar la prueba o solicitar su preservación, lo que no hicieron. En consecuencia, el agravio no resulta de recibo. La resolución recurrida valoró adecuadamente las circunstancias del caso, y la ausencia de la prueba pericial no puede imputarse a incumplimiento alguno de la actora, ni menos aún entenderse que, de haberse practicado, hubiera variado el sentido de la decisión. VI La correcta conducta procesal de los contendientes en el presente grado, impone que las costas y costos de la presente instancia deban sufragarse por su orden (arts. 56 y 261 del C.G.P. y art. 688 del Código Civil). Por los fundamentos antes expuestos y de conformidad con las normas de derecho citadas; el Tribunal FALLA: CONFIRMASE LA RECURRIDA, SIN ESPECIAL SANCIÓN PROCESAL EN EL GRADO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE A LA SEDE DE ORIGEN CON LAS FORMALIDADES DE ESTILO. Patricia Hernández Ministra Rosario Sapelli Ministra Pablo Benítez Ministro