Sentencia Definitiva N° 229/2025

Sentencia Nro. 229/2025 - IUE: 2-117688/2023 Montevideo, 08 de octubre de 2025 Ministra Redactora: Dra. Cecilia Schroeder Rius Ministras Firmantes: Dra. Analía García Obregón Dra. Gabriela Rodríguez Marichal Dra. Cecilia Schroeder Rius VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia, estos autos caratulados: “CLAISE S.A. C/ ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES ELÉCTRICAS – DAÑOS Y PERJUICIOS” IUE: 2-117688/2023, venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud de los recursos de apelación y adhesión interpuestos por las partes (demandada y actora respectivamente) contra la sentencia definitiva No. 107/2024 dictada por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 1er Turno, Dr. Gabriel Ohanian Hagopian. RESULTANDO: I. Por el referido pronunciamiento del 9 de diciembre de 2024 (fojas 627 - 639), en lo que interesa a la instancia se falló: “I.- Acogiendo parcialmente la demanda y condenando a la UTE a pagarle a CLAISE S.A las sumas de $ 126.144 y $ 104.920 con más los reajustes desde que cada una se devengó y el interés legal desde la presentación de la demanda. II.- Desestimando la demanda en lo demás.” II. Contra dicha decisión se alzó la demandada, interponiendo recurso de apelación en escrito obrante de fojas 642 - 645, agraviándose, en lo medular, por considerar que el sentenciante no valoró correctamente los hechos, ni aplicó adecuadamente el Derecho. Sostiene que no existió una relación contractual directa entre CLAISE S.A. y UTE que pudiera dar origen a la responsabilidad imputada; que el servicio de suministro de energía eléctrica es inherente a su naturaleza de empresa pública, y que la relación con el abonado se rige por normas de Derecho Público, cuestión que no fue tenida en cuenta al momento de atribuirle responsabilidad. Expresa que su accionar se enmarcó dentro del debido procedimiento y de la normativa vigente. Entiende que la accionante no acreditó la existencia de un acto ilícito que genere responsabilidad, no probó la concurrencia de los presupuestos esenciales de la responsabilidad, a saber, la existencia de un daño, un nexo causal y una conducta antijurídica o ilícita por parte de UTE. Alega que lo emergente del informe de URSEA fue fundado en indicadores ideales pero no fue tenida en cuenta su actitud diligente. En definitiva, expresa que no se ha probado un acto ilícito imputable a UTE, ni existe prueba suficiente del daño, del nexo causal o de una conducta antijurídica por parte del Ente; las fallas imputadas se fundan en el informe de URSEA basado en indicadores teóricos, sin considerar que UTE actuó con diligencia al restablecer el servicio en el menor tiempo posible, lo cual evidencia ausencia de culpa o negligencia. Solicita que se revoque la sentencia definitiva N° 107/2024 y, en su lugar, se desestime la demanda en todos sus términos, con expresa condena en costas y costos a la parte actora, dada su actitud temeraria al haber entablado una demanda contra UTE a sabiendas de su improcedencia. III. Sustanciada la impugnación deducida, a fojas 650 - 655 comparece la accionante, CLAISE SA, evacuando y adhiriendo al recurso de apelación en traslado, expresando que la demandada no cumple con la carga de fundamentar agravios concretos contra la sentencia impugnada, reiterando, de forma genérica y casi textual, argumentos ya invocados en su contestación de demanda, sin describir cómo y por qué la valoración de la prueba o el análisis de la sentencia respecto al incumplimiento contractual y al valor probatorio de los informes de URSEA sería inadecuada o improcedente. Señala que la sentencia realizó una correcta valoración de la prueba diligenciada en autos, la cual confirmó el incumplimiento contractual por parte de UTE. Expresa que la prueba testimonial, incluyendo las declaraciones de empleados del Ente (Héctor Figueroa, Carlos Ravechi y Enrique Pellejero), así como los informes de incidencia, acreditaron que los desperfectos que ocasionaron los cortes de energía se produjeron en subestaciones propiedad de UTE. Expresa que la valoración del a quo fue ajustada a las reglas de la sana crítica y consistente con el resto del acervo probatorio. Respecto a los informes de la URSEA, señala que no son vinculantes para la determinación de la responsabilidad civil ni se pronunciaron sobre los daños y perjuicios, pero sí probaron la "conducta antijurídica" de UTE, es decir, su incumplimiento en la prestación del servicio; el sentenciante no tomó los informes de URSEA como prueba determinante de la responsabilidad civil en su totalidad, sino como un elemento probatorio del incumplimiento, siendo los demás elementos (daño y nexo causal) acreditados por otros medios. En cuanto a lo expresado por la demandada, respecto al período razonable de corte del servicio, entiende que fue determinado por la propia URSEA, y que los informes del organismo son relevantes a ese efecto. Asimismo, expresa que la carga de probar la debida diligencia recae sobre UTE, y no sobre la actora. Manifiesta que cumplió con su carga probatoria demostrando el incumplimiento, el nexo causal y los daños, y que bajo ese estándar probatorio la sentencia de primera instancia falló adecuadamente. Adhiere al recurso de apelación, en cuanto a la desestimación del daño emergente, por lo abonado por servicio de cargadora de vidrio y para el restablecimiento de su servicio informático, como resultado del corte de energía sufrido el 6 de enero de 2020, entendiendo que sobre estos puntos el sentenciante no valoró correctamente la prueba. IV. A fs. 659 – 662, comparece UTE, evacuando el traslado conferido, aboga por la confirmatoria respecto al daño emergente objeto de agravio de la accionante, señala que la sentencia de primera instancia valoró correctamente la prueba sobre este punto, en tanto fue acreditado que el restablecimiento del servicio se produjo en pocas horas (5:54 horas), resultando un tiempo prudente y no evidencia incumplimiento en la prestación del servicio; asimismo entiende que el hecho que la empresa actora se mantuviera cerrada durante la licencia de la construcción, es un hecho ajeno al servicio brindado por UTE y que no puede generar responsabilidad para la Administración. Cualquier daño sufrido en este período es atribuible a la inactividad de la empresa y no a la actuación de UTE. Además, señala que los documentos presentados por la actora no prueban de forma concluyente que los montos supuestamente desembolsados estuvieran directamente relacionados y fueran consecuencia de los cortes de suministro. En definitiva, comparte la valoración de la sentencia que desestimó este rubro, indicando que la accionante no logró acreditar que el breve corte de luz fuera la causa directa del desperfecto, o que la ausencia de personal debido a la licencia de la construcción no influyera en el daño. Señala además la existencia de una discordancia en lo expresado por la actora, en tanto, en la demanda el gasto vinculado a AXIS S.A. se relacionó con el segundo corte y en el alegato final se lo vinculó con el primer corte. El decisor no puede alterar el contenido de la pretensión deducida en la demanda, debiendo pronunciarse sobre las cosas litigadas con arreglo a las pretensiones originales, lo cual imposibilita imputar ese costo a un evento distinto del contenido en la demanda. V. Franqueada la alzada (fojas 664), el expediente fue recibido en esta Sala (fojas 667 vuelto), pasando los autos a estudio el 2 de junio de 2025, culminado el cual, en sesión del 29 de setiembre de 2025, se acordó sentencia por unanimidad, designándose redactora. CONSIDERANDO: I. El Tribunal, por decisión anticipada adoptada al amparo de lo establecido por el artículo 200.1 del Código General del Proceso, confirmará la recurrida, por los fundamentos que se exponen a continuación. II. En el sublitem, compareció CLAISE SA, empresa dedicada a la industria del vidrio con subestación propia conectada a la red de UTE, promoviendo acción indemnizatoria contra la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas por tres cortes de energía sufridos en enero de 2019, 2020 y 2021, los que habrían distorsionado su producción, provocando gastos extraordinarios, pérdida de horas de trabajo y rotura de maquinaria. Detalló un primer corte en diciembre de 2019, por el cual reclamó US$ 4.730 por lucro cesante y $ 126.144 por daño emergente; un segundo en enero de 2020, que implicó asistencia técnica especializada por US$ 3.872; y un tercero en enero de 2021, con una erogación de $ 104.920 en insumos y jornales. Afirmó haber solicitado sin éxito el reembolso a UTE y promovió denuncia ante URSEA, que si bien recomendó compensación, remitió a la vía judicial. Solicitó en total $ 336.533 y US$ 8.602 por concepto de daños, con los correspondientes reajustes, intereses, costas y costos. La demandada, UTE, compareció controvirtiendo la demanda en su totalidad, oponiéndose a los daños reclamados, tanto en su existencia, entidad y monto. Sostuvo que los cortes no fueron de la entidad ni duración invocadas, y que no se configuraron los requisitos de responsabilidad estatal conforme al artículo 24 de la Constitución. Alegó correcto funcionamiento del servicio, inexistencia de tensiones anómalas o reclamos de otros usuarios, mal estado de las instalaciones internas de la actora, y ausencia de nexo causal. En relación con la denuncia ante URSEA, manifestó que no se analizaron a fondo las causas técnicas y que su pronunciamiento no configura reconocimiento de responsabilidad civil. III. La demandada UTE, afirma en su contestación de demanda -e insiste sobre ello al impugnar la decisión de primera instancia- que no fue acreditado por la accionante, un acto ilícito imputable a UTE, ni existe prueba suficiente del daño, del nexo causal o de una conducta antijurídica por su parte. Sin embargo, nada expresa respecto a los motivos o razones técnicas que hubieran justificado de alguna forma la demora en la reposición del servicio, correctamente relevada por el a quo respecto a los dos eventos por los que condenó a UTE a resarcir los perjuicios sufridos. Era UTE quien se encontraba en mejores condiciones de aportar prueba respecto a que el tiempo en que el cliente permaneció sin energía en dichas oportunidades fuera el insumido en la reparación y no lo hizo. Por otra parte el agravio esgrimido por la accionante, respecto al rechazo de su reclamo vinculado al corte de electricidad sufrido el 6 de enero de 2020, también es de rechazo. El sentenciante expresó lo siguiente: “En el presente caso, la UTE debe responder de los daños y perjuicios causados a CLAISE S.A por la demora en resarcir el servicio eléctrico en los dos casos en que ello ocurrió (cortes del 26/12/2019 y 4/1/2021), dado que en ambos la causa del corte obedeció a la sub estación de la demandada (y por tanto ajena al dominio de la accionante) y por la demora en restituir el servicio en cada ocasión. ... En relación al corte del 6 de Enero de 2020, el decisor no advierte demora alguna en cabeza de la UTE, porque tal como señala la URSEA y fue colacionado supra, el tiempo útil para retomar el servicio comienza a computarse no desde el acaecimiento del cese del suministro, evento desconocido para el ente autónomo, sino desde la puesta en conocimiento por el usuario de la incidencia.” Esta Sala comparte el criterio del a quo en cuanto a que la obligación de UTE, en el marco del contrato de suministro eléctrico, es una obligación de medios y no de resultado. Ello implica que el ente no puede ser considerado responsable por el mero acaecimiento de un corte de suministro, dada la complejidad técnica y las variables externas que inciden en la prestación del servicio. Sin embargo, dicha obligación de medios impone a la Administración el deber de actuar con la debida diligencia en el mantenimiento de la red y, fundamentalmente, en la celeridad y eficacia del restablecimiento del servicio una vez producida la interrupción. La responsabilidad de UTE, en estos casos, surge de la omisión de la debida diligencia en el restablecimiento del servicio, es decir, de una demora injustificada que supere lo razonablemente esperable según las circunstancias. La demandada no expresó los motivos por los cuales, en dos oportunidades, la demora en el restablecimiento del servicio se prolongó por 21:17 y 18:20 horas. Alegó que la accionante no manifestó con exactitud cuál sería el tiempo razonable para el restablecimiento del servicio, lo que tampoco fue acreditado por su parte. En cuanto a lo que pueda considerarse razonable o no en términos del restablecimiento del servicio, no surge acreditado por parte de la demandada que la demora de 21:17 y 18:20 horas, resulte razonable, y que durante ese tiempo hubiese actuado con la máxima diligencia posible. Refiere a la declaración del testigo Figueroa, y de la presentación de los funcionarios de forma casi instantánea una vez conocida la situación, extremo que no surge de la declaración referida, donde se expresó lo siguiente: “Una vez tomado conocimiento de la interrupción fue personal de CMD y posteriormente la incidencia fue derivada a mantenimiento, en las tres interrupciones el servicio quedó con tensión.”(fs. 599) Resultó acreditado, tanto por los informes de la URSEA como por la prueba testimonial producida en autos, declaraciones de los dependientes de UTE, que la causa de los cortes de suministro del 26 de diciembre de 2019 y 4 de enero de 2021 radicó en desperfectos de la subestación propiedad de UTE. Así lo expresó el testigo Figueroa: “Las fallas en los equipos pueden suceder; la frecuencia exacta no puedo decirla, por año solemos tener una o dos fallas en 300 clientes de media tensión. Pasó un caso similar en Molino Americano (ParaguayPacheco), les pasó lo mismo, en tres ocurrencias la falla de los equipos de medida de la celda de media tensión.” (fs. 599 vto). El testigo Ravechi expresó: “Los cortes se debieron a defectos en equipamientos instalados en el local nuestro contiguo a la planta de CLAISE. El defecto en sí fue en lo que oficia de frontera que nosotros a esa parte le llamamos puesto de medida. En los tres casos fue lo mismo.” (fs. 600) En puridad la atribución de la responsabilidad, tal como acertadamente lo expresó elquo, no reside en la existencia de los cortes en sí, sino en la demora excesiva en la restitución del servicio. La sentencia de primera instancia valoró los tiempos de duración de los cortes, especialmente el del 26 de diciembre de 2019 (21:17 horas) y el del 4 de enero de 2021 (18:20 horas). La recurrente, reiteró en su libelo recursivo, que su actuar fue con la diligencia debida, pero no aportó elementos probatorios contundentes que desvirtúen la conclusión del a quo sobre la falta de la celeridad debida en el restablecimiento en esos casos específicos. Esta omisión en acreditar que los tiempos de restablecimiento fueron los mínimos posiblesexigibles según los estándares de la buena técnica y la diligencia debida, ante una falla en su propia infraestructura, habilita la imputación de responsabilidad, sellando así su suerte. Respecto al corte del 6 de enero de 2020, este Tribunal comparte el criterio de la sentencia de primera instancia en cuanto a la ausencia de responsabilidad de UTE, dado que el restablecimiento del servicio se produjo en un plazo que puede considerarse razonable (5 horas y 54 minutos) una vez que el ente tomó conocimiento fehaciente del mismo, no pudiendo imputársele los desperfectos de equipos que la actora alega, los cuales podrían ser consecuencia del largo período de inactividad de la planta por licencia de la construcción y no directamente del breve corte de suministro, ya que nada probó al respecto. IV. La sentencia recurrida fue correctamente fundada; hizo referencia al informe técnico de la URSEA, organismo técnico especializado con competencia específica en la materia (art. 25 numeral 1 de la Ley N° 17.598), cuyas conclusiones, obtenidas tras una pormenorizada instrucción administrativa, no fueron desvirtuadas por otros medios de prueba aportados a la causa. La carga de la prueba de la diligencia en el restablecimiento, ante un corte originado en su propia infraestructura y con una duración objetivamente extensa, recaía en UTE, y esta no la cumplió en grado suficiente para desvirtuar la conclusión del decisor de primer grado. V. En adhesión a la apelación contraria, la parte actora se agravia en cuanto a la desestimación del daño emergente por lo abonado por servicio de cargadora de vidrio y para el restablecimiento de su servicio informático, como resultado del corte de energía sufrido el 6 de enero de 2020, entendiendo que sobre estos puntos el sentenciante no valoró correctamente la prueba. El sentenciante de primer grado expresó: “Interpretando la demanda de obrados, la pretensión le endilga a UTE responsabilidad por la existencia de los cortes de energía y por la demora excesiva en reestablecer el servicio (demanda fs. 237 mitad a final, fs. 237 vto. mitad, fs. 238 mitad, fs. 241 supra a mitad y vto. final), es decir, no se limita a pretender el incumplimiento del contrato por el hecho objetivo de los cortes en sí mismos considerados, sin además, por el retardo en devolver el suministro. En este punto corresponde afirmar que la UTE no responde civilmente con el usuario en términos de obligación de resultado, es decir, no puede ser condenada por la existencia de un corte del suministro, siendo imposible que el ente autónomo garantice la regularidad del servicio en todo momento, sino que se obliga a prestar el servicio en forma permanentediligente (sin incurrir en conductas culposas) y a reintegrarlo en caso de corte con la mayor celeridad”. (fs. 633) En función de estos parámetros, se consideró que “UTE debe responder por los dañosperjuicios causados a CLAISE SA por la demora en resarcir el servicio eléctrico en los dos casos en que ello ocurrió (cortes del 26/12/2019 y 4/1/2021) dado que en ambos la causa del corte obedeció a la subestación propiedad de la demandada (y por tanto ajena al dominio de la accionante) y por la demora en restituir el servicio en cada ocasión.” La parte actora entendió que bajo el estándar probatorio considerado en la sentencia de primera instancia, se falló adecuadamente. Sin embargo, no concuerda con que, con los mismos criterios, el Sr Juez a quo hubiera desestimado el resarcimiento por los gastos incurridos en el corte ocurrido el 6 de enero de 2020, noticiada UTE el mismo día. Resaltó el sentenciante de primer grado que, respecto al corte del 6 de enero, el primer contacto con la firma BOTTERO de Brasil ocurrió el 13 de enero de 2020, lo que significa que anteriormente la empresa no notó el mal funcionamiento o permaneció cerrada. “Con respecto al dinero pago a la firma AXIS consultores (fs. 17) por valor de U$S 1.712,90, se verificó el pago el día 20 de enero de 2020, por lo que vale igual conclusión que lo anterior, es decir, el accionante no logra acreditar que haya sido el breve corte de luz la causa del desperfecto;bien, la ausencia de p personal hasta el fin de la licencia de la construcción.” En este punto, el decisor anota una discordancia entre la fórmula contenida en la demanda, donde el gasto vinculado a la contratación de AXIS SA se relaciona al segundo corte (fs. 239) y el contenido en el alegato de CLAISE donde lo relacional al primero (fs. 616 mitad). ... En definitiva el decisor afirma que no hay en el corte de luz de 6 de enero de 2020 ninguna demora en el restablecimiento del servicio que haga incurrir en responsabilidad a la UTE y los desperfectos en la máquina cargadora de vidrio y en el sistema de facturación, tienen un origen diverso (cierre de la empresa por licencia de la construcción).” La Sala comparte el razonamiento del a quo, desde que la desestimatoria de la pretensión respecto a los ítems que fueron objeto de adhesión del actor, refieren a la falta de prueba del nexo causal que hubiera generado la responsabilidad de la demandada en el resarcimiento de los daños, aspecto que incumbe a la carga de la prueba de la parte actoraque no satisfizo, debiéndose fallar según dicha regla. VI. La conducta procesal de los litigantes ha sido correcta, por lo cual no se impondrán sanciones procesales (artículo 56 del Código General del Proceso y artículo 688 inciso 2o del Código Civil). Por todo lo expuesto y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 197, 198, 200, 256257 del Código General del Proceso y demás normas concordantes y complementarias, el Tribunal, FALLA: I) Confírmase la sentencia impugnada, sin especial condenación procesal. II) Establécese en la suma de $ 30.000 los honorarios por el patrocinio letrado de cada parte gravada en la segunda instancia, a los solos efectos fiscales. III) Notifíquese personalmente a las partes y devuélvase con copia para el Sr. Juez Actuante. Dra. Analía García Obregón Dra. Gabriela Rodríguez Marichal Dra. Cecilia Schroeder Rius Ministras Esc. Mónica Falótico Secretaria Subrogante