Sentencia Definitiva N° 262/2025

TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE PRIMER TURNO SENTENCIA DEFINITIVA N° 262/2025 Montevideo, 8 de octubre de 2025 Ministro redactor Dra. Ana Rivas VISTOS: Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “QUEREJETA COUGN, JUAN ANTONIO C/ GOMEZ GONZÁLEZ, LAURA CONSUELO – ENTREGA DE LA COSA – ART. 396 CGP” – IUE: 317-30/2024 , venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 117-125, por vía principal contra la sentencia definitiva Nº 8/2025 del 11 de febrero de 2025 de fs. 110-114, y con efecto diferido contra la sentencia interlocutoria dictada en audiencia el 23 de setiembre de 2024 (fs. 78), ambas dictada por la Sra. Juez Letrado de Primera Instancia de Fray Bentos de 2º Turno, Dra. Analía Brito Criado. RESULTANDO: 1) Por Sentencia Interlocutoria dictada en audiencia celebrada el 23 de setiembre de 2024 (fs. 76-79), se dispuso no hacer lugar a la prueba por informe atento a ser manifiestamente innecesaria por haberse admitido los documentos agregados por la parte demandada. Por la sentencia definitiva – a cuya relación de antecedentes procesales útiles se hace remisión por ajustarse a las resultancias de autos – se desestimó el excepcionamiento incoado y en su mérito mantuvo firme el decreto inicial Nº 251/2024 del 11 de abril de 2024 y el decreto Nº 336/2024 del 9 de mayo de 2024. Sin especial condena en costas y costos. 2) Contra la referida providencia se alzó en tiempo y forma la parte demandada, quien en escrito de fs. 117-125 manifestó que le agravia la interlocutoria que desestima un medio de prueba que constituye uno de los fundamentos de la defensa: la agregación del expediente IUE 381-846/2001 caratulado: “BANCO COMERCIAL FONDO DE RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO BANCARIO C/ BILBAO, VICTOR – EJECUCIÓN HIPOTECARIA”, tramitado ante el Juzgado de Mercedes de 2º Turno. Se disiente con que dicha prueba sea innecesaria en tanto se agregó la cesión de derechos pero la génesis de las irregularidades se inicia en ese expediente, que jamás fue revisado pese a las solicitudes de esta parte. Al oponer excepciones, uno de los fundamentos fue la excepción de inhabilidad de título, pretendiendo acreditar que el actor Querejeta no era acreedor de Bilbao y, por consiguiente, su título en que fundó su acción resultó inexistente. Estimó que excluir este expediente de la litis cercena los derechos de ofrecer prueba de la demandada cuando incluso el mismo fue nombrado por la parte actora. El hecho de que se haya admitido la prueba documental no determina que esta prueba sea innecesaria en tanto no se pretende acreditar los mismos hechos con cada una de las pruebas. La cesión de derechos acredita las prestaciones realizadas por los otorgantes mientras que el expediente como prueba trasladada acredita que una de esas prestaciones (la realizada por Querejeta) es inexistente porque se atribuye un derecho de crédito del que no es titular (sino que la titularidad pertenece al Fondo de Recuperación de Patrimonio Bancario -en adelante, FRPB-). Quejereta no era acreedor de Bilbao, sino que era cesionario de los derechos de mejor postor en un remate. No se advierte la existencia de una manifiesta innecesariedad y la sentenciante no expresó los fundamentos por los cuales llegó a esa conclusión y rechazó el medio probatorio, lo que determina que la recurrida no fue debidamente motivada. Por otro lado, sostuvo que le agravia la sentencia definitiva en tanto omite pronunciarse sobre la inhabilidad de título invocada porque no observó el vicio insubsanable que tiene el título del acreedor y desechó la excepción razonando respecto al régimen de nulidades procesales sin advertir las nulidades sustanciales existentes e invocadas (las nulidades procesales en cascada no fueron sino una consecuencia de las nulidades civiles absolutas e insubsanables). En la medida en que este fue el fundamento de la defensa, la hostilizada resulta incongruente porque no se pronunció con arreglo a las pretensiones deducidas (art. 198 del CGP). Analizó que el Banco Comercial FRPB era acreedor de Bilbao y le inició una ejecución hipotecaria (IUE 381-846/2001), rematándole el inmueble Padrón XX de Fray Bentos. El mejor postor fue el propio Banco Comercial FRPB, quien cedió sus derechos a Querejeta -y este se hizo del inmueble-. Como el remate no cubrió la totalidad del crédito, la ejecución continuó, trabándose embargo genérico (que caducó por su no reinscripción). Es decir: el acreedor de Bilbao por el saldo era el Banco Comercial FRPB y no Querejeta porque el Banco cedió los derechos de mejor postor y no cedió el crédito. Querejeta se atribuyó un crédito que no le pertenecía a él (un crédito falso) y a merced de esto, obtuvo que Bilbao le cediera los derechos que tenía en la partición con su ex cónyuge. La mentada cesión no es otra cosa que la documentación de un pago, y el nomen iuris negocial no vincula en modo alguno al intérprete, quien debe desentrañar la naturaleza jurídica del negocio y analizar las prestaciones en juego. Claramente no estamos ante un negocio jurídico con aptitud para crear obligaciones sino ante un modo de extinguir obligaciones: la paga (art. 1448 Código Civil). La a quo no dedicó una sola línea a analizar toda esta situación. En virtud de lo expresado, estima que Bilbao realizó un pago de lo indebido, es decir, pagó a quien no era su acreedor y por ende no detentaba derecho de crédito alguno en su contra. Hay un pago que la doctrina denomina como pago indebido objetivo ya que existe un error en la persona del acreedor. El accipiens no tiene derecho alguno a obtener, ni del solvens ni de nadie, la prestación recibida. Para que exista pago válido se requiere la causa, y si está no existe el acto está viciado por nulidad absoluta (o hay vicio de inexistencia negocial, si seguimos la posición de Cafaro y Carnelli). La mentada cesión de derechos carece de toda eficacia jurídica (es inexistente) porque jamás se produjo el desplazamiento patrimonial: Querejeta no adquirió ningún derecho que le cediera Bilbao ya que no era su acreedor, no había causa. El pago no extinguió obligación alguna preexistente. Agrega que hay otra nulidad en tanto la “cesión de derechos” documentó un pago sin cumplir con la solemnidad requerida. Analizando la naturaleza jurídica del negocio, nos encontramos ante una “paga por entrega de bienes” (art. 1490 del Código Civil). Querejeta no recibió dinero sino un “derecho” que le pertenecía a Bilbao, sin que exista una relación crédito-deuda (pues Bilbao siempre fue el titular del 50% pro indiviso del inmueble objeto de la partición). Debemos acudir a las reglas del contrato de compraventa para juzgar las relaciones generadas por este negocio, porque el hecho de que “lo producido será lo abonado a Quejereta” es un dato de la realidad, pero no es el derecho cedido. Lo que se cedió fue el derecho que Bilbao tenía sobre el 50% del inmueble. El artículo 1664 del Código Civil exige escritura pública cuando se realiza una compraventa de inmueble, porque es negocio solemne; por lo que hay nulidad por falta de solemnidad. Sostiene que las nulidades relevadas han tenido consecuencias procesales, pues Querejeta jamás adquirió el derecho al 50% del inmueble ni el derecho a cobrar la cuota parte que a Bilbao le correspondía en el remate. Querejeta no cumplió con abonar la totalidad del precio del remate (abonó sólo 50%), y en realidad no existió desembolso alguno de la totalidad del precio. Es una mera ficción para cobrar una orden de pago por el 50%, lo que jamás debió suceder. La no integración del precio determina que el remate es nulo (art. 390 del CGP). Admitir que las nulidades pueden convalidarse implica desconocer el régimen de nulidades establecido por el artículo 1561 del Código Civil. Continuó expresando que la A quo no relevó por qué nadie exigió a Querejeta que acreditara por qué era titular de los de derechos de Bilbao, siendo que existió un grosero e inexcusable error del Actuario interviniente que fue omiso en controlar y frenar una enorme catarata de nulidades. La compraventa judicial es nula porque el comprador no integró el precio. Querejeta nunca fue titular de los derechos de Bilbao, y corresponde relevar los vicios de nulidad que determinan la inhabilidad del título en autos. 3) La parte actora evacuó el traslado de la apelación conferido en escrito de fs. 130-135 vto. manifestando que los fundamentos de la apelación carecen de fundamentos para conmover la impugnada. La verdad de fondo emerge con prístina claridad desde la observación lógica e imparcial de los hechos probados en autos, y duele advertir tanta habilidad argumental al servicio de una maniobra dilatoria que genera daños de gran magnitud al actor. En cuanto a los agravios relacionados a la sentencia interlocutoria, manifestó que la apelante, al oponer excepciones, pretendía asentar su posición atacando directamente la validez de la cesión de derechos efectuada por su ex cónyuge a al actor, lo que fue debidamente analizado por la Oficina Actuaria al tiempo de efectuarse el remate en el expediente particionario. El ataque al negocio jurídico libremente celebrado entre Bilbao y el compareciente no afecta en nada la validez de las actuaciones relativas al remate. La apelante intenta desplazar la atención de lo que realmente importa: el inmueble objeto de este juicio fue adquirido por el Sr. Querejeta en su condición de mejor postor en subasta pública, mediante compraventa judicial de dicho bien, habiéndose cumplido todos los requisitos esenciales para su validez. Que el propio accionante haya referido al expediente para explicar la cesión de derechos no implica que ésta última haya obedecido exclusivamente a su condición de cesionario de los derechos de mejor postor. En nada incumbe a la Sra. Laura Gómez el adeudo que su ex cónyuge y copartiente Víctor Bilbao mantenía con el dicente al tiempo de cederle su 50% en el producido del remate. El Sr. Bilbao podía ceder su derecho a quien quisiera siempre que lo hiciera con libre voluntad, y así lo hizo, sin lesionar el derecho de nadie. Destacó que la Sra. Gómez percibió su 50% de lo producido en el remate al culminar el proceso particionario, mediante el efectivo cobro de la orden de pago librada por la Sede a su nombre. En una abusiva postura, continúa ocupando el inmueble en un claro perjuicio para el accionante. La cesión de derechos entre Bilbao y Querejeta se hizo a partir de un acuerdo de partes arribado conforme al principio de libre contratación que rige en el Derecho Civil, correspondiendo desestimar el medio probatorio como correctamente hizo la A quo. En relación a la sentencia definitiva, manifestó que la misma analiza la defensa de la contraria esgrimiendo todo el desarrollo de la argumentación. La pretendida inhabilidad de título no es tal porque consta en las respectivas actuaciones del remate el riguroso examen de todos los recaudos, el pago de los impuestos y, muy especialmente, la propia escritura judicial de compraventa. Destaca que el compareciente integró la totalidad del precio oportunamente, tal como consta de los informes de Oficina Actuaria; y el hecho de que la cesión de derechos efectuada por el Sr. Bilbao determinada el justo libramiento de una orden de pago por el 50% para Querejeta, no afecta en lo más mínimo la validez de la compraventa ni produce la nulidad del remate. La Sra. Gómez cobró su 50% tal como luce del expediente sin cuestionar la orden de pago librada ni ninguna de las actuaciones judiciales que concluyeron en el libramiento de las respectivas órdenes de pago y cobro de las mismas. Incluso la demandada fue participar de la puja y realizó la segunda mejor oferta, tal como consta del acta de remate. 4) Franqueada la alzada por Decreto Nº 175/2025 del 3 de abril de 2025 (fs. 142), se asignó esta Sala (fs. 147) y recibidos los autos en el Tribunal el 29 de abril de 2025 (fs. 148 vto.), tras el estudio de precepto, se resolvió emitir decisión anticipada al amparo de lo dispuesto por el art. 200.1 del CGP. CONSIDERANDO: I) El Tribunal, con la voluntad conforme de todos sus integrantes naturales , habrá de confirmar las sentencias interlocutoria y definitiva apeladas, con costas y costos a cargo de la demandada, por los fundamentos que se expondrán. II) Apelación en vía diferida de la sentencia interlocutoria (23/9/2024 ) Se agravia la recurrente porque la Sra. Juez a quo no hizo lugar al libramiento de oficio al Juzgado Letrado de Primera Instancia de Mercedes de 2° Turno, a efectos que se agregara el expediente individualizado con el N° 381-846/2001. En primer lugar, no asiste razón a la recurrente cuando alega que la providencia dictada en audiencia, por la que no se hizo lugar al medio probatorio, adolece del vicio de nulidad porque no está fundada. Ciertamente que las sentencias deben ser motivadas. Al respecto, Fernando de la Rúa expresa: “ La falta de motivación debe ser siempre de tal entidad que el fallo resulte privado de razones suficientes, aptas para justificar el dispositivo respecto de cada una de las cuestiones de la causa. Puede ser total o parcial, según que falte la motivación para todas las cuestiones o que el defecto sea atinente solo a algunas de ellas” (“El Recurso de Casación”, p. 154) “...la sentencia que aparezca destituida de fundamentos legales viola la garantía constitucional de la defensa en juicio; en su virtud, ha considerado arbitraria, en general, a las sentencias que son expresión de la sola voluntad de los jueces que las suscriben, las que se dictan prescindiendo de la prueba o son contrarias a la ley...” (Ob. cit., p. 387). A poco que se analice el dispositivo atacado, se advierte que no existe ausencia de motivación, sino que la Sra. Juez a quo expuso las razones por las que consideró que debe hacerse lugar al libramiento de oficio para agregar el expediente individualizado con el IUE 381-846/2001 (fs. 78). La mayor o menor extensión de la fundamentación no hace incurrir a la sentencia en el vicio que se le imputa. Con total claridad la sentenciante del grado anterior fundó su decisión en la circunstancia que se trataba de prueba manifiestamente innecesaria porque la contraria ha admitido los documentos agregados por la parte demandada. Se podrá estar de acuerdo o no, pero la Sra. Juez a quo fundó su decisión. En segundo lugar, en cuanto al fundamento por el que negó la agregación del expediente de marras, es absolutamente comprensible. De acuerdo a la sistemática legal (arts. 24, 144.1 y 341 num. 6 del CGP), es posible rechazar las pruebas inadmisibles, así como las manifiestamente innecesarias, las manifiestamente inconducentes y las manifiestamente impertinentes. Los hechos que pretende acreditar la demandada han sido admitidos por la parte actora, esto es, la cesión de derechos del Sr. Víctor Bilbao al Sr. Juan Querejeta, la ejecución hipotecaria del FDRP contra el Sr. Bilbao, la cesión de derechos de mejor postor del FDRP al Sr. Querejeta, en el remate del inmueble empadronado con el N° XX y que FDRP, trabó embargo genérico por el saldo restante, ya que el producido del remate resulto insuficiente para cubrir la totalidad de la deuda. De manera que, ante este panorama, la agregación del expediente no aporta nada nuevo, por lo que se comparte la calificación de manifiestamente innecesaria, por sobreabundante. III) Apelación de sentencia definitiva El actor adquirió el inmueble en un remate judicial. Está acreditado que integró totalmente el precio y se escrituró a su favor ( fs. 11-15). Solicita en base a este título, la entrega de la cosa al amparo de los arts. 364 y 396 del CGP. Por su parte, la demandada, sostiene que el título por el que se reclama la entrega del bien es inhábil. Para ello se funda en que la compraventa es nula, porque el remate es nulo, ya que se integró parte del precio con una cesión de derechos que es nula. Así planteadas las cosas, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 396 del CGP, que establece que “en este proceso no se podrán oponer más excepciones que las que surjan de derechos que provengan de actos jurídicos debidamente registrados o se puedan probar documentalmente, si dicha documentación tuviera fecha cierta anterior al embargo” , la excepción de inhabilidad de título resulta inadmisible. De acuerdo a las resultancias del acordonado, el remate se llevó a cabo sin observaciones, el mejor postor integró la totalidad del precio y se procedió a realizar la compraventa, la que fue inscrita en el registro pertinente. De tal forma, que no surge de ninguno de los actos registrados ni de los documentos agregados al proceso, nulidad de clase alguna. Ahora bien, la apelante centra su pedido anulatorio en actos anteriores al remate y que emergerían de expediente de Ejecución Hipotecaria , cuya agregación se denegó. En efecto, la demandada, justifica la nulidad de la compraventa y del remate, en la nulidad absoluta de la cesión de derechos de celebrada entre Juan Querejeta y Víctor Bilbao, este último en su calidad de titular de la mitad indivisa del bien inmueble objeto de autos. La demandada pretende la nulidad de esta cesión de derechos, por entender que se trató de una dación en pago por parte del Sr. Bilbao, para lo cual se desprende de su derecho sobre el inmueble rematado. La Sala no comparte la interpretación que realiza la demandada respecto del negocio jurídico celebrado entre el actor y el Sr. Bilbao. Claramente , estamos ante una cesión de derechos, ya que el objeto de la misma no fue el derecho real sobre la mitad indivisa del inmueble, sino el producido total del remate que hubiere correspondido al Sr. Bilbao, esto es un crédito (fs. 26-18). En este marco y contra la opinión de la recurrente, la cesión de derechos de un crédito, no requiere ser extendida en escritura pública. Por lo tanto, no se advierte la nulidad alegada. En consecuencia, al no revestir nulidad absoluta la cesión de derechos realizada entre el actor y el Sr. Bilbao, carece de legitimación activa la Sra. Gómez, para impugnar el negocio que, por otra parte, no le afecta en lo más mínimo. IV) Finalmente, corresponde señalar que la demandada participó del proceso particionario (expediente acordonado), fue notificada de cada instancia y fue partícipe activa del remate (en el que ofertó), y cobró el monto que le correspondía como resultado del mismo. En ninguna de las instancias la demandada planteo oposición o impugnación alguna a lo actuado en dicho expediente. . Es por ello que, a criterio del Tribunal, corresponde aplicar la teoría del acto propio, pues el accionar de la demandada es contradictorio. En sentencia N° 187/2020 del 9 de octubre de 2020, la Sala estableció, al respecto: “…la teoría de los actos propios “afirma - delineada por la dogmática alemana y con amplia acogida en la nuestra - que no es admisible “venire contra factum propium” o sea que cada sujeto debe ajustar su conducta a la coherencia con sus acciones anteriores y, en consecuencia, no le está permitido sostener actitudes contradictorias con las precedentes o previas, en la medida en que éstas eran para los terceros con quienes se relaciona, síntomas eficaces de un modo determinado de comportamiento (Conf. Adolfo Gelsi Bidart “Acerca de la Teoría del Acto Propio” en Revista Jurídica Estudiantil Año III tomo 5, pág. 18; Laura Barbieri “La doctrina de los actos propios en nuestra jurisprudencia” en A.D.C.U. tomo XXX pág. 767). Es claro que el fundamento de dicha teoría se encuentra en el principio de buena fe, con raigambre constitucional (artículos 7, 72 y 332 de la Carta), así lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia (Sentencia S.C.J. No. 41/007, en A.D.C.U. tomo XXXVII c. 1063 pág. 599). “ De acuerdo con este principio no es aceptable hacer valer un derecho en contradicción con una conducta anterior que indica objetivamente una actitud de renuncia y a la vez, impide adoptar una posición y cambiarla arbitrariamente sin una justificación suficiente (Conf. Enneccerus y Nipperdey “Tratado de Derecho Civil” Parte General tomo I volumen 2, pág. 482; Sentencia T.A. Civil No. 213/007-1 en A.D.C.U. tomo XXXIV nota 1026; Sentencia T.A. Civil No. 80/005-1 y Sentencia T.A. Civil No. 91/005-1 en A.D.C.U. tomo XXXVI nota 1092; Sentencia T.A. Civil No. 187/008-1 en A.D.C.U. tomo XXXIX nota 964; Sentencia T.A. Civil No. 91/004-1, entre otras de la Sala).”. Se reitera , la demandada, en el expediente de liquidación de la sociedad conyugal, no cuestionó ninguna actuación, no se opuso a la aprobación del remate, y lo que es más significativo, cobró el 50% del producido del remate (deducidos los gastos, naturalmente). Y ahora, en una actitud totalmente contradictoria, en este proceso, pide la nulidad del remate y de la compraventa. V) La condena en costas y costos es preceptiva (art. 358.4, 363 y 364 del CGP). Por los fundamentos expuestos y normas citadas, el Tribunal FALLA: CONFÍRMANSE LAS SENTENCIAS INTERLOCUTORIA Y DEFINITIVA APELADAS. COSTAS Y COSTOS A CARGO DE LA DEMANDADA. HONORARIOS FICTOS 3 BPC. NOTIFÍQUESE Y OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE. Dra. Beatriz Venturini – Dra. Ana Rivas – Dr. Álvaro Messere MINISTROS Esc. Rosario Fernández SECRETARIA