Sentencia Interlocutoria N° 437/2025

Sentencia No. 437/2025 Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Segundo Turno Ministro redactor: Dra. Rosario Sapelli Ministros Firmantes: Dr. Pablo Benítez, Dra. Patricia Hernández y Dra. Rosario Sapelli Montevideo, 8 de octubre de 2025 V I S T O S: Para Sentencia interlocutoria en segunda instancia en estos autos caratulados: “RODRIGUEZ PIRIZ DINORA Y RODRIGEZ PIRIZ, CARLOS ALEXIS C/ BPS (BANCO DE PREVISION SOCIAL) LIQUIDACION DE SENTENCIA DE CONDENA FIRME.” IUE: 110-3/2025, venido a conocimiento de este Tribunal en mérito al recurso de apelación interpuesto por la parte actora incidental contra la resolución No. 810/2015 de 4 de abril de 2025, dictada por el Señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 2º Turno, Dr. Alejandro Martínez y R E S U L T A N D O: I.- La apelada (fs. 69-75), a cuya exacta relación de antecedentes procesales útiles se hace remisión y en lo medular a esta alzada, fija las sumas líquidas objeto de condena por el rubro daño patrimonial según lo fallado en el principal 2-51104/20, con la debida actualización a febrero de 2025, en el total indicado en su Considerando VI. II.- Contra la misma se alza la accionante incidental y expresa agravios a fs. 76-79 v.; en síntesis, manifiesta que, en lo atinente a los rubros honorarios profesionales y timbres judiciales, se malinterpreta la sentencia de conocimiento dictada oportunamente por esta Sala en relación con el punto de partida de la actualización del crédito, el que debe correr de consuno con el art. 1º Dec. Ley 14.500, el cual es de orden público. Expone que la intelección de la recurrida es ilegítima porque desconoce dicha disposición legal. Solicita revocatoria de la hostilizada y acogimiento de su liquidación. III.- Se contestaron los agravios (fs. 83-85 v.) y se franqueó la alzada (No. 1033/25 de fecha 30/IV/25). IV.- Recibido el proceso en el Tribunal, los autos se giraron a estudio en forma sucesiva y en acuerdo celebrado a los efectos (art. 203.4 in fine y 204.2 CGP –red. Ley 19090-), por unanimidad de votos se resolvió el dictado de decisión anticipada (art. 200 CGP –red. Ley 19090-). C O N S I D E R A N D O: I.- El Tribunal, con el voto coincidente de sus miembros naturales (art. 61 Ley No. 15.750), se pronunciará por revocar la resolución en recurso y hacer lugar al agravio conforme la fundamentación que subsigue. II.- A fs.4, comparece el representante de la parte actora en el principal IUE 2-51104/2020, manifestando que viene a acreditar la legitimación activa de sus representadas en su calidad de herederos de la Sra. Dinorah Piriz, y promoviendo proceso de ejecución de sentencia de condena firme contra el Banco de Previsión Social (B.P.S.). En síntesis, expresa: Que, en los autos IUE 2 – 51104/2020 se presentó la Sra. Dinorah Ramona Píriz a fin de promover demanda reparatoria patrimonial contra el Banco de Previsión Social (BPS), la demanda fue amparada parcialmente por sentencia de primera instancia N.º 97, de fecha 6 de noviembre de 2023 (fs. 580 a 598). Dicha decisión fue confirmada parcialmente por la sentencia definitiva N.º 283 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2.º Turno, dictada el 25 de setiembre de 2024 (fs. 648 a 657). Por esta decisión, el Tribunal redujo el monto indemnizatorio reconocido por concepto de daño moral, fijándolo en U$S 5.000, y diferió la liquidación de los restantes rubros amparados —actualización, intereses legales, tributos judiciales y honorarios profesionales— para la etapa de ejecución. Que la accionante falleció, por lo cual la sucedieron sus hijos. Consecuentemente acompaña certificado de resultancias de autos inscripto de la sucesión de la Sra. Dinorah Píriz, mediante el cual acredita la calidad de sucesores de Carlos Rodríguez Píriz y Dinorah Rodríguez Píriz y en cumplimiento de lo dispuesto por la Sentencia de segunda instancia, iniciaron el proceso incidental de liquidación de sentencia definitiva. (acordonado IUE 110-77/2024). Dichas actuaciones culminaron con el dictado de la Sentencia Interlocutoria N.º 3195/2024, por la cual se fijó el monto líquido del crédito relativo al rubro actualización e intereses legales sobre las sumas indebidamente retenidas por el B.P.S., en el total de $ 280.855,77, actualizado a noviembre de 2024. Expone la parte actora que, encontrándose todos los rubros objeto de condena plenamente líquidos, corresponde su ejecución conforme a los siguientes parámetros: a) Actualización e intereses legales: $ 280.855,77 (a noviembre de 2024), más reajuste e intereses legales por el tiempo transcurrido, ascendiendo a $ 287.766,86; b) Tributos y paratributos (timbres judiciales): $ 10.000, con actualización desde su exigibilidad e intereses legales desde la interposición de la demanda (7/12/2022), totalizando $ 19.554,45; c) Honorarios profesionales: $ 170.800, con reajuste desde su desembolso e intereses legales desde la demanda, lo que arroja un total de $ 267.661,76; d) Daño moral: U$S 5.000, más intereses legales desde la demanda, alcanzando un total de U$S 5.652,50. En consecuencia, la parte actora sostiene que la condena líquida actualizada a febrero de 2025, con la aplicación de los intereses legales correspondientes, asciende a un total de $ 574.983,07 (pesos uruguayos) y U$S 5.652,50 (dólares estadounidenses). En definitiva, solicita que se apruebe la liquidación formulada, y se ordene el depósito de las sumas relacionadas en la cuenta bancaria denunciada en autos. Conferido el traslado de la liquidación promovida, comparece el representante del BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL, (BPS) quien se opone parcialmente a la liquidación presentada, por el contrario. En relación con el rubro honorarios profesionales, señaló que la divergencia radica en el punto de partida del cómputo de la actualización, la cual —a su entender— debe efectuarse desde la fecha de interposición de la demanda (7/12/2022), ascendiendo el monto resultante a $ 216.236. Por su parte, respecto a los timbres judiciales, sostuvo que el total adeudado asciende a $ 12.660, conforme los fallos emitidos en el principal. En cuanto al daño moral, estimó el rubro en U$S 5.646, atendiendo a lo resuelto por el Tribunal y al modo en que corresponde calcular su actualización. Ofreció prueba y solicitó, en definitiva, se apruebe la liquidación efectuada por el organismo, que arroja un total de $ 516.713 y U$S 5.646. Conferido traslado de la oposición fue evacuado por la parte actora, quien se remite a los fundamentos expuestos en su liquidación inicial, no oponiéndose expresamente a la observación formulada por la demandada en cuanto al rubro daño moral, reiterando lo sostenido en lo demás. Sustanciado el proceso, por Sentencia Interlocutoria No. 810/2025, del 4 de abril de 2025, se dispuso: “I) Fijar las sumas liquidas objeto de condena por los rubros de daño patrimonial y daño moral, según lo fallado en el principal IUE 2-51104/2020 caratulado ‘Rodríguez Píriz, Dinora y Rodríguez Píriz, Carlos Alexis c/ B.P.S. - Cobro de Pesos’, con la debida actualización a febrero de 2025, en el total indicado en el Considerando VI, comunicándose la naturaleza jurídica de los rubros liquidados. II) Oficiar al B.P.S. de acuerdo con lo preceptuado por el art 401 del CGP por el monto de la liquidación establecida teniendo presente la cuenta bancaria denunciada a fs. 54 – 54 vto. Esto fue recurrido por el actor incidental, quien en lo medular le agravia lo decidido en cuanto considera que se realizó una errónea lectura de la sentencia de condena en ejecución, en cuanto al punto de partida que corresponde establecer para la actualización del crédito en aplicación del Decreto – Ley 14.500. III: En virtud de los agravios esgrimidos, corresponde referirnos a lo dispuesto por la Sentencia de condena en cuanto al cómputo de los reajustes, punto objeto de debate. Así, por Sentencia Definitiva de primera instancia N.º 97/2023, de fecha 6 de noviembre de 2023, se resolvió: “I) Amparar parcialmente la demanda instaurada y, en su mérito, condenar a la parte demandada Banco de Previsión Social a pagar los rubros de daño patrimonial y daño moral con el alcance establecido en los Considerandos III, IV y V, teniendo presente lo indicado en el Considerando V in fine...” (fs. 598). En lo que aquí interesa, y específicamente respecto del rubro “honorarios profesionales en vía administrativa y jurisdiccional ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo”, el Juez a quo dispuso: “A dicha suma corresponde adicionar el reajuste del Decreto-Ley 14.500 y los intereses desde la presentación de la demanda (art. 1348 del Código Civil) hasta el efectivo pago” (fs. 593). La referida sentencia fue recurrida por la parte demandada Banco de Previsión Social, sin que en su recurso expresara agravios en relación con el régimen de reajustes e intereses aplicable al rubro “honorarios profesionales en vía administrativa y jurisdiccional ante el T.C.A.” (fs. 601 y sgtes.). Por su parte, la parte actora formuló adhesión al recurso de apelación (fs. 622 y sgtes), limitando su agravio exclusivamente al “dies a quo” para el cómputo de los intereses legales sobre los distintos rubros que componen la condena reparatoria (fs. 622 del acordonado), sin cuestionar la forma en que en primera instancia se estableció la aplicación de reajustes conforme al Decreto-Ley N.º 14.500. A su vez, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2.º Turno, por Sentencia Definitiva N.º 283/2024, de fecha 25 de setiembre de 2024, resolvió: “Confírmase la sentencia de primera instancia, salvo en cuanto: (A) al monto de la condena dispuesta por el rubro actualización e intereses de las sumas indebidamente retenidas, lo que se revoca, difiriendo su cuantificación al procedimiento incidental del art. 378 del C.G.P., de acuerdo con las pautas establecidas en el Considerando IV de la presente decisión; y (B) al monto de la condena por daño moral, el que se establece en la suma de U$S 5.000 (cinco mil dólares estadounidenses). Desestimando el recurso de apelación y la adhesión al mismo, en lo demás. Sin especial sanción procesal en el grado...” (fs. 656/657). De la lectura de dicho pronunciamiento surge con absoluta claridad que el fallo de segunda instancia no introdujo modificación alguna respecto del cálculo del reajuste dispuesto en primera instancia para los rubros “gastos y honorarios profesionales en vía administrativa y jurisdiccional ante el T.C.A.”. Ello es así, aun cuando debe reconocerse que la redacción consignada en los párrafos finales del Considerando V de la sentencia de alzada —en los que se transcribió: “reajuste e interés legal desde la presentación de la demanda reparatoria (art. 1348 C.C.) hasta el efectivo pago” (fs. 655)— pudo no haber sido del todo feliz, ya que podría, en una lectura literal, inducir a error, al hacer pensar que tanto el reajuste como los intereses legales se computan desde la fecha de interposición de la demanda reparatoria. Sin embargo, un análisis sistemático del pronunciamiento y de las citas expresas realizadas por el Tribunal, en particular la del artículo 1348 del Código Civil, permite concluir que lo que corre desde la presentación de la demanda es el interés legal, mientras que el reajuste aplicable es el previsto en el Decreto-Ley N.º 14.500, que tiene naturaleza autónoma y opera desde la fecha de exigibilidad de la obligación. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1.º del Decreto-Ley N.º 14.500, “para liquidar el valor de las obligaciones que se resuelvan en el pago de una suma de dinero, directamente o por equivalente, cuyo cumplimiento fuere objeto de una pretensión deducida en un proceso jurisdiccional o arbitral por una persona privada, física o jurídica, se tendrá en cuenta la variación en el valor de la moneda ocurrida durante el tiempo que mediare entre la fecha de su nacimiento y la de su extinción...”. De todo lo que viene de decirse, corresponde amparar los agravios y en ese sentido, el monto a liquidar comprende: a) el reajuste correspondiente, esto es, el que surge de la aplicación del Decreto-Ley N.º 14.500, y b) el interés legal que corre desde la presentación de la demanda, conforme al citado artículo 1348 del Código Civil. IV) Resta precisar, en lo atinente a la determinación del momento de exigibilidad de los honorarios profesionales cuyo reintegro fue objeto de condena, que dicha exigibilidad no se configura con la mera prestación del servicio, sino desde el momento en que la parte actora efectuó efectivamente el pago de dichos honorarios, asumiendo el perjuicio patrimonial que da origen a la indemnización. De las constancias de autos surge que el actor abonó honorarios profesionales en dos oportunidades: la suma de $ 100.000 con fecha 1.º de setiembre de 2020 (fs. 322), y la suma de $ 70.000 con fecha 10 de junio de 2019 (fs. 323), conforme factura emitida a crédito. En consecuencia, la actualización conforme al Decreto-Ley N.º 14.500 deberá efectuarse desde las fechas de pago indicadas, esto es: desde el 10/6/2019 por el monto de $ 70.000, y desde el 1/9/2020 por el monto de $ 100.000, tal como fuere establecido por la actora incidental (fs.5 y ss), aplicándose sobre cada suma el interés legal desde la presentación de la demanda reparatoria, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1348 del Código Civil. Por todo lo expuesto, se ampararán los agravios aprobándose la liquidación presentada por la parte actora a fs. 5 y 5 vto., por ajustarse a derecho y reflejar correctamente la actualización que impone el régimen legal aplicable y a las sentencias dictadas y firmes. V.- La solución acordada y la correcta conducta procesal de las litigantes en el grado, imponen que las costas y costos de la presente instancia deban sufragarse por su orden. Por los fundamentos expuestos y normas citadas, el Tribunal, R E S U E L V E: Revócase la recurrida y en su lugar, apruébase la liquidación formulada por la reclamante /FS.5 y 5vto), en el punto objeto de agravio. Sin especiales sanciones procesales en el grado. Ejecutoriada, devuélvase. Patricia Hernández Ministra Rosario Sapelli Ministra Pablo Benítez Ministro